Lejos en la historia quedan el Ágora griega y el Foro romano, como tiempos-espacios, para la “conciencia de sí mismo del hombre” y de la “conciencia de sí mismo del Estado”, respectivamente.
 
A útil semejanza, las plazas de nuestros pueblos y posteriores ciudades, si bien fueron el núcleo de la fundación, en cuyo proceso urbanizador los españoles adoptaron el damero de los romanos, es rica su significación no solo por su geometría, sino por la remarcación de ser el espacio público preeminente en que habrían de hallarse los principales edificios públicos sedes de las autoridades y del culto y esencialmente por haberse privilegiado como espacio para el encuentro ciudadano y para el debate  público.
 
Era en la plaza pública, en la que los ciudadanos, egregios paladines de la democracia y de viva voz, abrían el debate público, sobre las cosas públicas.
 
Era la plaza pública, la cuna de nacimiento de no pocos líderes, muchos de ellos faltos de instrucción académica, pero a reventar de sentido común, de coherencia, de esa “sabiduría popular” en los que el valor y el sentido de lo público común se mantenía incólume y a prudente distancia de lo privado.
 
Allí tronaban: la crítica pública a los contradictores, a las decisiones de los gobiernos a todos sus niveles y en ella se exponían, en contexto, los “programas de gobierno” hechos de materiales muy ligeros, pero tan cercanos a ese indefinible querer o sentir popular respecto de los cuales podría afirmarse que eran guiados “por la estrella de oriente” de auténtico bien común y además sometidos a examen auténticamente público.
 
Impacta saber como E. Bernays sobrino de Freud y llamado el “padre de la propaganda y las relaciones públicas” expresó en su libro “Propaganda” que: “las personas se comportarán de manera irracional si se logra vincular los productos (o las políticas) con sus emociones”. 
 
Así, Bernays en 1928 es contratado por la Compañía Americana de Tabaco para que publicitara en el desfile de Pascua en New York sus cigarrillos Lucky Strike, con un mensaje dirigido a las mujeres quienes hasta entonces tenían prohibido fumar en lugares públicos o en medios públicos.
 
Bernays, preparó a cerca de una veintena de mujeres modelos de aquella época y en el desfile de Pascua de New York, todas ellas posando a muchos fotógrafos posaron con sus cigarrillos en la mano y encendiéndolos bajo el estribillo de estar encendiendo: “Antorchas de libertad”. Seguidamente, las “antorchas de libertad” hicieron su revolución y en los periódicos empezaron a aparecer las pautas publicitarias de mujeres fumando, pero con especial énfasis en las películas de cine americano y así no solo las mujeres se incorporaron al ejército de fumadores, sino que permitieron a la Compañía Americana de Tabaco, salir airosa de la crisis económica de 1929 y la gran depresión de los años 30 del siglo pasado.
 
Desde Bernays, saltamos a M. McLuhan quien agregó que: “El medio es el mensaje” y llegamos, saltando no poca literatura hasta A. Gore con su obra: “El ataque a la razón”, que devela nuevamente como la publicidad, el marketing, de manera especial la TV., las pseudociencias entre ellas la neurociencia, el neuro marketing, la desviada politología, el coaching, etc. han propiciado no solo la publicitación de productos-mercancías, sino que a sus “catálogos de ventas” han agregado sui generis mercancías nuevas como la pseudopolítica, los pseudopolíticos y la pseudodemocracia y sin vergüenza ninguna exprimiendo el principio de Bernays que dice que: “las personas se comportarán de manera irracional si se logra vincular los productos (o las políticas) con sus emociones”, debilitando la democracia de EE. UU., cubriendo a sus ciudadanos de “miedo, secretismo y fe ciega”.
 
Finalmente, Bernays también significó que cada estadounidense necesitaba un coche, en su ámbito de libertad, propiciando el desuso de los tranvías y trenes, de lo cual Colombia hoy se arrepiente, sin encontrar el rumbo, mucho más complejo en el presente.
 
Vivencias actuales y muy cercanas en nuestro país, nos permiten concluir sin equivocación alguna, que en torno al principio de Bernays y con las agregaciones propias de nuestra “malicia indígena”, la política, la democracia, la configuración del gobierno y sobre todo a nivel territorial son hoy producto exclusivo de mercaderistas-publicistas-marquetineros-politólogos-coaching, etc., que además han logrado cautivar numerosos devotos en sus “escuelas de liderazgo para la democracia” forjando “líderes desde sus propios ADN”, de tal modo que con sus industrias vaciaron la plaza pública y “…desierta queda la universidad…”.
 
En lugar de la plaza pública, vino la TV. y luego las redes sociales y los “like” y los tuites y retuites y luego los “premios internacionales” otorgados por la nube y las métricas de unos y otros y las encuestas…
 
Así, desde un hombre ilustrado o un ignorante, un pillo, un borracho, etc. con suficientes recursos, tienen la alta potencialidad de ser elegidos a cualquier corporación o cargo público, pues como el mal producto de la Compañía Americana de Tabaco, podrá ser convertido en “antorchas de libertad” y sin quede nada que hacer cuando empiecen a aparecer sus estragos en el “organismo social”.
 
Nos duele como abogados, leer y ver y escuchar de todas esas vertientes de mercaderistas-publicistas pseudodemócratas, la manipulación mediática y en redes sociales no solo de las personas naturales, sino de los ciudadanos a quienes definitivamente convierten en “masa lista para hacer torillas” y llegando hasta ilegítimamente a ofrecer sus “teorías del Estado” y no contentos, hasta atreverse a criticar decisiones judiciales, exhibiendo con gala su ignorancia supina, logrando que quienes leemos, vemos y escuchamos sus “disertaciones”, en no pocas veces sintamos pena ajena.
 
El modelo rueda, nos cubre y los que monetizan las debilidades humanas aprovechadas por Bernays, para hacer “candidatos ganadores, líderes de imagen, de papel, de propaganda”, pasan a cobrar sus honorarios y a esperar la próxima campaña electoral, sin importar que la entidad real, el “ser ahí”, de no pocos elegidos, empecemos a descubrirla los ciudadanos en los estragos sobrevinientes a sus posesiones como: incapacidad, incoherencia, sectarismo, “administración pública de enemigo”, improvisación, encuesta-imagen, nepotismo, “discurso de la pobreza”, corrupción.
 
Una cosa es reforzar las virtudes, cualidades, aptitudes y capacidades de un ciudadano-líder y otra muy diferente que, a partir de la atadura de los ciudadanos a sus propias debilidades humanas, se fabriquen “líderes” (mercancías) que exactamente aparezcan a decirles: “lo que quieren oír y lo que quieren hacer”.
 
Desde esta perspectiva, los ciudadanos coherentes y en especial los abogados, tenemos mucho más que aportar a la humanidad, a la sociedad, a la democracia; nuestra tarea no se agota solo en la docencia y mucho menos en las gestiones judiciales profesionales.
 
Este es tiempo de impostores e imposturas como “antorchas de libertad”, a lo cual el medio lo hace mensaje…y sin darnos cuenta. @abogadohurtado
 
 
 

Son innúmeras las visiones que a nivel filosófico, político y económico se han dado respecto del cambio.
 
Desde pequeños, no es que vayamos a la escuela, no; se nos envía a la escuela, porque existe en cada uno de nosotros como una innata necesidad de cambio para la que se nos ofrece como posibilidad de concreción la inserción en los procesos educativos, la aprehensión de saberes y unas lúdicas para la determinación de estructuras y componentes de la compleja trama del relacionamiento social, entre las cuales hallamos y por lo pronto y subyacentes las relaciones de poder.
 
Tendemos pues al cambio, “por necesidad”, de otro modo, una tendencia propia de un estado de no-libertad, una quimera, en cuanto el sentido y el valor que se le asigna al cambio se vincula al bien, a la bondad, al desarrollo, al progreso, como si esos sentidos y valores, per se, fueran la piedra que pule nuestras carencias y nuestras aristas y completan nuestra perfecta incompletitud de seres humanos.
 
Vamos cada vez más de prisa por el cambio, como en un eterno correr detrás de nuestras propias sombras, que apenas sí puede significarnos que el sol siempre ha estado a nuestras espaldas; pero insistimos en correr detrás del cambio, sin conocerlo y apenas sí, en su aprehensión aleatoria de significar bien, bondad, ventura como si nosotros mismos y en el relacionamiento con el mundo fuésemos apenas expresiones de precariedad.
 
Plausible que el cambio y desde el “estado de necesidad” del que surge, tenga sentido y valor; lo que no es plausible es la inmanente incertidumbre que en torno a él se agolpa: las dinámicas humanas y sociales han demostrado que el cambio, per se, tanto puede realizar sentidos y valores humanos y sociales plausibles, como realizar sentidos y valores contrarios, no queridos; el cambio diríamos que no es una construcción eminentemente técnica y mucho menos que esté exenta de incertidumbre y libre de error.
 
Así, “estado de necesidad” e “incertidumbre” son afirmaciones de nuestra condición humana de “no-libertad” expresadas en la incesante tendencia al cambio; por más logros que se alcancen, de algo y en todo momento nos hallaremos siempre esclavos.
 
En la compleja trama del relacionamiento social y en torno de las relaciones de poder, asistimos a un proceso, (exacerbado por la pandemia) de autoritarismo en ascenso en el cual y en términos antidemocráticos se apela a la legitimidad, en el origen de la elección mayoritaria (guarismos electorales), como si la misma legitimara los actos abusivos, arbitrarios, caprichosos y subjetivos de ejercicio del poder y de la autoridad para la materialización del rescate, del salvamento prometidos a una masa inconsistente de entes en “estado de no-libertad” y de “incertidumbre”, para la cual se anuncia la pronta llegada al oasis que supera todo anterior desierto, al valle, la “tierra prometida”.
 
Es el cambio, del antiguo “The King can do not wrong” (el rey no puede equivocarse) al moderno “mesianismo” con que irrumpen las neoreligiones políticas.
Es el cambio; y abajo y arriba, más que la división, se realizan singulares “apartheid”, no importa si entre iguales, desiguales o si entre estos y aquellos, en medio de todo lo cual sucumbe y perece el quimérico destino común de la familia humana.
 
En nombre del bien común, del destino común de la familia humana, la incertidumbre de todo cambio o para la superación de diversas crisis, (positivo-negativo; plausible-no plausible), si bien puede conllevar a regulación de libertades y garantías, no legitima su reducción a punto de aniquilarlas y mucho menos invocando legitimidad electoral que jamás podrá conducir al ejercicio arbitrario, abusivo, caprichoso y subjetivo del poder y de la autoridad. Recién dice el exmagistrado y constitucionalista José Gregorio Hernández Galindo que: “Imagen no es autoridad”.
 
El cambio, pues, en términos de sentido y valor, presenta entidad ambigua: muchas veces, el cambio sujeto a planes, programas, métodos, evaluaciones, etc. deviene en fracaso, como contrariamente, cual serendipia, lo impensado, lo no planeado, no programado, no metódico, suele procurar orden, bondad, belleza, como para no perder toda esperanza y de manera excepcional. No obstante, lenguaje, palabra, signos y símbolos de nuestro humano discurrir, nos permiten percibir que el ruido viaja a velocidad superior a la de la luz, cual si se tratara de creciente de un río tormentoso.
 
Así, esa condición del cambio fue genialmente determinada por el príncipe de Lampedusa, al decir: “Que todo cambie para que nada cambie”, que podría ser “piedra angular y primer mandamiento” de la neoreligiones políticas, las que congregan actualmente el mayor número de “fieles devotos”, para soporte de toda “normalidad democrática”.
 
A la ambigüedad e incertidumbre del cambio, sumamos la existencia de su referente antónimo, el descambio. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Propendemos por el cambio, incierto o propendemos a descambiar, a deshacer un cambio? En términos de Derrida, ¿es valioso deconstruir desde el cambio? O ¿Es valioso y plausible deconstruir a partir del descambio?
 
En nuestra parroquia, hechos recientes de hondo calado y repercusión social general y que ya afectan a las personas en sus proyectos de vida y que siguen sin ser clausurados, prenden las alarmas, pues en lo más profundo de ellos se alcanza a percibir, no la deconstrucción conceptual del “bien común, el interés general”, no su “cambio o descambio plausible”, sino la tergiversación en su sentido y valor, en la tendencia de superposición de intereses, en cuanto podrían redituar en menor medida al  “bien común, y el interés general”.
 
De este modo, el cambio o el descambio, de uno y otro, de los que nada sabemos nosotros los profanos ciudadanos, no puede ser real, ni verosímil a punta de estribillos y consignas de separación, de “apartheid” y bajo los “cantos de sirena” de “defensa de lo público”, de defensa de la “joya de la corona”, de determinar y establecer mediante “juicios de opinión” responsabilidades que no han sido esclarecidas y determinadas por los órganos competentes del Estado y sus autoridades, en las que inmensa mayoría de conciudadanos seguimos teniendo fe, confianza y esperanza y mucho menos al vaivén de episodios de “epilepsia ideológica”, cuyas trazas sobre la institucionalidad no dejan duda de sus manifestaciones en lenguaje, palabras y hechos, que es la otra pandemia que azota al mundo y en especial a la que sentimos en el que es, como: “todo un inmenso jardín eso es América”.
 
Consideramos que la ingente tarea de quienes han aceptado echar a rodar soluciones, a la crisis parroquial, no es tarea de corto plazo; es trabajo, como en la ciencia jurídica, de pasado, de reconstrucción, de investigación, de un continuo rehacer, no es hallazgo simple de conformidad o disconformidad con las formas legales; no se limita a recomendar o decidir si se continúa o no con el trámite de diligencia de conciliación, sobre cuya competencia dudamos en tanto comporta “actos de disposición” de bienes o recursos públicos del orden de 10 billones de pesos, sobre los cuales y que es lo más grave, se han echado a rodar, en actos previos del conocimiento científico-técnico causal, juicios de responsabilidad objetiva contrarios a la Constitución y con suplantación del juez natural, además de insistir en la sui géneris y muy probable circunstancia de caducidad de acciones contencioso-administrativas.
 
Si del cambio predicamos ambigüedad e incertidumbre; si la noción del cambio nos ha arrastrado igual a estados de máxima grandeza, como a estados de horrorosas tragedias, una vez más, por lo menos en asuntos de Estado y de gobierno de nuestra parroquia, podemos postular que: cuán lejos estamos del destino común de la familia humana, arropada bajo el principio fundante de dignidad humana.
 
Aquí afuera, los legos ciudadanos, febriles, alucinantes, los que nuestra mayor cercanía con la “joya de la corona” es el grifo, el suiche y la factura mensual que no pocos pueden pagar o que se nos lleva cada vez más parte de nuestros alimentos, vestuario, diversión, etc., terminamos como “conejillos de indias”, instrumentalizados en una confrontación que siendo nuestra, nos resulta ajena.
 
Vuelven a nuestra memoria palabras dichas por algunos personajes que fueron concejales de esta parroquia, que apenas si alcanzan a trazar la silueta de la profunda crisis de civismo, civilidad, sentido y valor que hoy nos abruma: “Es que los ricos de…, si quieren vivir mejor, que paguen por ello…si no pueden pagar que busquen dónde puedan ir a vivir”.
 
El artículo 1° de nuestra Constitución, no queda a merced de ser modulado por las autoridades territoriales al amparo de la legitimidad de abundante o exigua cosecha electoral, ni por las organizaciones de ciudadanos bajo la consideración que la “soberanía reside en el pueblo”.
 
De otro modo, con Stendhal, estaríamos reviviendo la escena de la esposa sorprendida por su marido, en acto infiel, bajo el rigor de sus palabras: “Cómo has de dar mayor crédito a lo que ven tus ojos, que a la sinceridad de lo que te dicen mis palabras”.
 
Sea cual fuere la verdad y en cualquiera de las orillas en que se halle, ni incluso establecida con grado de verosimilitud, ha de ser principio que aliente discursos de vindicta, de segregación, de estigma y mucho menos desde las funciones públicas bajo un discurso que apela a falsas nociones o del bien común, el interés general o la misma seguridad, con profusión de lenguaje, palabra-hecho, como si el objetivo fuese consolidar el apotegma: ¡”Divide y serás rey”!  Twitter: @abogadohurtado 
 
 
 

Es probable que, para muchos conciudadanos, la crisis de EPM sea solo eso “la crisis de EPM”, que exacerba la crisis de la institucionalidad y la democracia, así en abstracto y más en concreto el denominado gobierno corporativo de las empresas.
 
Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa; una cosa es el gobierno corporativo de las empresas y otra bien distinta es la pretensión del Estado corporativo o el Estado fiduciario para otros, pretensión que algunos noveles políticos empiezan a legitimar desde el lenguaje con referencias a los entes administrativos territoriales: concejo y asamblea, como las “juntas directivas del municipio y del departamento” y a sus alcaldes y gobernadores como sus “gerentes”.
 
La crisis en EPM, en nuestro sentir, es una crisis institucional y democrática, mucho más profunda, crisis que en EPM apenas sí hace irrupción visibilizándose y punzando las fibras más sensibles de la institucionalidad, si se quiere altamente sensibles, no de la “raza paisa”, pero sí de la idiosincrasia de los antioqueños; y es que la institucionalidad no tiene su génesis, ni su parto en decretos; ella se forja a voz bellísima del código civil por el “…lento e imperceptible…” devenir de nuestra humanidad, de nuestras personas, de nuestros conciudadanos en la forja diaria de sus proyectos de vida que trascienden lo privado para la construcción de lo público.
 
No es que, así, a rajatablas, en Antioquia prevalezca dizque la cultura “del vivo vive del bobo”, la que dio en pasado cercano a “profundas reflexiones filosóficas”, mismas reflexiones que a la hora presente no se reescriben en el caso de EPM, por lo menos no las hemos escuchado con tanta vehemencia y despliegue.
 
Sentimos que el alcalde de Medellín, en términos de institucionalidad y democracia, apenas si alcanza a ser el estopín que inflama simultáneamente no pocos polvorines, sin método, sin plan, sin programa, sin ideal, sin norte, sin un concepto institucional y democrático del bien común, del interés general, pues es inocultable que en sus acciones tiende a pergeñar, su propio “sello de gobierno”, lo que ahora algunos pseudocientíficos denominan su “marca”, la que para desgracia ha sido puesta en el “cuerpo social” con hierro candente.
 
La crisis de EPM, deja al descubierto no solo su propia crisis, sino la crisis profunda de la elección popular de alcaldes, respecto de la cual y desde 1986-87 expresamos nuestras reservas y puntualizamos su estructura artificiosa, pero con la clara esperanza de su corrección y perfeccionamiento con el transcurso del tiempo.
 
Así, con la promulgación de la Constitución de 1991 y con la consagración expresa en el artículo 259 del “voto programático” y su aparejada consecuencia constitucional de la “revocatoria del mandato”, creímos asistir a un sano proceso de maduración de la institucionalidad, de la democracia y de la práctica electoral ciudadana, a la que se sumaba el fortalecimiento de los municipios con un poco más de autonomía (no descentralización como opinan muchos) y con más definidas fuentes de ingresos para acometer sus procesos de desarrollo económico y social y el desarrollo físico y la planeación de sus propios territorios.
 
Pero, sin perder aún la esperanza, en la práctica presente y desde 1991 es altamente probable poder afirmar que pocos, muy pocos alcaldes no han estado incursos en causal de revocatoria de sus mandatos; sus programas de gobierno finalmente solo encuentran asilo político en evaluaciones de “percepción de imagen”, estadísticas, en la “métrica de redes sociales”, en reportajes prepago-pospago en la prensa nacional e internacional y en no pocos “premios nacionales e internacionales”, que más son como un “recordarnos a los ciudadanos lo felices que nos hace un mago con sus conejos”.
 
No sabemos desde el programa de gobierno, si el alcalde de Medellín podría estar incurso en causal de revocatoria de su mandato, pero, lo que si es ostensible es que su discurso en campaña es extrañamente diferente y contradictorio al discurso que ha dejado conocer en estos ocho meses de gobierno y de manera especial con la crisis que institucional y democráticamente afecta al ente municipal en su núcleo y a no pocas entidades del nivel descentralizado.
 
Ahora bien, más allá de la alegría que nos produce hablar de nuestras “hazañas antioqueñas”, nunca hemos padecido, -como padecen muchos- de la virulencia de ese llamado regionalismo o de creernos la “raza antioqueña” y nunca jamás para fundar actos de discriminación contra conciudadanos de otras ciudades o departamentos, de los cuales nos alegran sus logros personales de mujeres y hombres en lo científico, lo cultural, lo deportivo, lo empresarial etc., tal que en Antioquia hemos tenido gobernadores nacidos en Pereira, Magistrados de nuestros Tribunales nacidos en Pereira, que nos honran diciendo que son paisas porque “los paisas somos tan verracos, que nacemos en cualquier parte del país”, como también personas antioqueñas hechas empresarios en otras ciudades y departamentos, pero de ahí a discriminar es mucha la diferencia.
 
Así, lo que no queda claro para Medellín y Antioquia, es cómo en este suelo, pródigo no solo para toda especie de criminales, sino para la solidaridad, el altruismo, la ciencia, la cultura, el empresariado, la dirigencia económica y política, en esta tierra de la que Alberto Lleras Camargo dijo: “Por Antioquia pasa el meridiano político del país”, el alcalde Quintero no halle ciudadanos de gran valía para que ocupen una silla en las juntas directivas, ya no solo de EPM, sino de otros entes, pues la institucionalidad en Medellín y Antioquia, no son más que nuestros propios hechos sociales, depurados, nuestra idiosincrasia, son la expresión de la existencia de las conexiones vitales de nuestras raíces con la tierra, hecho reconocido constitucionalmente al definirse el municipio como la “…entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado…”, su célula primigenia, ese espacio donde los actos de encuentro entre ciudadanos-Estado-autoridades es sui géneris y de tal modo actos fundantes de una próspera nación.
 
¿Qué es lo que no halla Quintero en los líderes y empresarios de Medellín, para ser miembros de junta directiva de EPM? ¿De qué carecen o en qué se exceden?
 
Y es que aquí no vale que “cada torero que sale al ruedo, lleva su cuadrilla”. Es claro y eso lo sabemos: los empresarios de Medellín, no solo tienen intereses en la ciudad, los tienen y los evalúan respecto de otras ciudades y de otros países; los empresarios de Medellín y sus gremios participan y deliberan respecto de instrumentos tan cruciales como el POT, los programas de gobierno de cada candidato a alcalde y finalmente su materialización en los Planes de Desarrollo económico y social, en la planeación de infraestructuras y hasta de megaproyectos y su financiación etc., obvio es entonces que, per se, por ser dirigentes del sector económico privado no deben ser inhabilitados y excluidos, por una abstracta inhabilidad para ser miembros de juntas directivas de empresas del Estado, pues es claro que su aporte en ellas, en razón de sus actividades económicas se cruzan y ha de reportarles beneficio en el contexto y con el límite del bien común. Otra cosa es que los dirigentes privados, miembros de una junta directiva de una empresa o entidad estatal, consoliden de facto el llamado “Estado secuestrado” o pretendan la concreción del “Estado mínimo”, no interventor, no regulador, no respetando los deberes de confidencialidad, la información reservada y todo lo que comprometa la seguridad del Estado en sus distintos ámbitos, eventos ante los cuales deberán responder no solo patrimonialmente, sino ante la justicia, camino a los tribunales que no podrá ser obviado por la cobertura de ninguna póliza.
 
El discurso del alcalde, no es que sea ambiguo; ambiguo es el discurso de todos nosotros los ciudadanos, que repetimos el estribillo insulso del alcalde de la “defensa de lo público”, la defensa de “la joya de la corona”, pues de ser así, ha de ir más allá y ha de descorrer cualquier velo que se extienda sobre la recién renunciada junta directiva de EPM y de sus antecesoras y ha de dejar claro ante los conciudadanos si sus miembros incurrieron en actos de deslealtad o se hallaron incursos en presuntos actos delictuales.
 
No de otra manera ha de dejarse y permitirse que se propalen las voces que apuntan al GEA, en nuestro sentir el mayor empleador en Antioquia y que soterradamente, bajo el comodín del “sí, pero…” se arraigue la duda en la gran masa inculta respecto de la honestidad de muchas personas, bajo un discurso moralista cuyo principio fundante es el “YO, el alcalde, creo que…”.
 
Jamás expresaremos veto a ningún miembro de junta que designe el alcalde y por razón de ser bogotano, caleño, chocoano, santanderiano, etc., pero sí nos asiste el derecho a saber, cómo en Medellín y en Antioquia no encuentra el alcalde Quintero, ocho personas decentes, cívicas, empresarios, dirigentes gremiales, académicos, honrados, que integren la junta directiva de EPM. Si esto es así, en Medellín y Antioquia, no tenemos futuro, porque el alcalde además de enfrentar “escasez”, también ha entregado el mensaje encubierto de “actos en exceso”, que debe puntualizar públicamente y porque en ambos casos el alcalde envía frente a los conciudadanos de Medellín y de Antioquia el mensaje de no ser dignos, ni merecedores de confianza.
 
Percibimos en los hechos presentes y reafirmamos muchas de nuestras referencias anteriores sobre la elección popular de alcaldes, de ser acto de formalismo electoral, asunto de “verbena popular”, a través del cual, quien lo creyera, se legitiman discursos que en su acto, terminan siendo esa “marca” de los modernos pseudoteóricos del Estado, marca propia registrada por el “Rey sol”, traducida al “idioma paisa” como “el alcalde soy yo y punto” y no solo con referencia al alcalde Quintero, sino a muchos de sus antecesores en Medellín, de tal modo que cada cuatro años, de facto y de modo “veladamente público”, nos dejan señalados, al ocaso de sus “principados”, su sucesor y hasta sus candidatos a congreso, asamblea y concejo y la lista de beneficiarios de “contratos de prestación de servicios” o nómina paralela y los apreciados contratos de infraestructura pública, asesoría de imagen, gerentes de redes sociales, programadores de software para el “gobierno abierto online”, etc.
 
Ojalá en el inventario de “obras elefantes blancos” que he tenido noticia que se confecciona en el país, logren incluir los “elefantes blancos” que quedan de gran parte de la trillada “inversión social”.
 
En el entramado del poder en Medellín bajo el alcalde Quintero, los ciudadanos comunes y silvestres apenas si alcanzamos a sentir como si estuviéramos atrapados en una sola telaraña económico-politiquera, que tejen simultáneamente muchas arañas, para las que nada cuenta el peso de la institucionalidad y la democracia, por precaria que sea. 
 
En estas circunstancias, pensamos que sea la que sea la junta directiva de EPM, ni por razón de gobierno corporativo, ni porque sea acorde a procedimientos de la Ocde, ni de otros organismos internacionales, le ha de corresponder decidir si se acciona o no ante la jurisdicción, por los fundamentos dados a conocer por el propio alcalde Quintero respecto de Hidroituango. Twitter: @abogadohurtado
 
 
 
 
 
 
 
 

La semana que termina ha sido pródiga en agregar no pocos motivos de pensadera, que suman a los provenientes de la pandemia, cuyo “pico” empieza a ser acicalado por “expertos estadígrafos, creativos de power ponit y render”.
 
Se multiplican los casos de personas que habiendo padecido sus síntomas y actuando oportunamente, no accedieron a la prueba solicitada, sino 20 o 25 días después de hallar recuperación a punta de las aromáticas naturales de la casa de la abuela, “brebajes esenciales” de: saúco, cidrón, romero, menta, manzanilla, jengibre, canela, limón “en nido de miel de abeja”, para hacer presentable la preparación.
 
Que a personas que pasados 28 días desde los primeros síntomas y ya superados, se les practique una prueba cuyo resultado es “positivo para covid-19, paciente recuperado” y por descarte se anuncie telefónicamente que las tres personas que conviven con la persona positiva, sin pruebas, se deben considerar asintomáticos-recuperados ya es un avance tecnoclínico de marca mayor.
 
Pero que luego otra llamada anuncie: “quédense los cuatro en casa que iremos a practicar las pruebas” y que transcurran ocho días más y nadie aparezca al domicilio y que otros ocho días después se repita la llamada a anunciar que hoy 9 de agosto se practicará la prueba, cuando ya al parecer han sido milagrosos los “brebajes esenciales de la abuela” y la dosis de ivermectina que nos “recetó un amigo médico ganadero” y que así y todo por teléfono se nos diga que el estado de los cuatro, es el de “pacientes recuperados”, no nos aleja de la pensadera que, la vida realmente no vale nada y que somos briznas que arrastra el viento.
 
Hemos sido coherentes y lo hemos hecho con mucho amor desde que tenemos uso de razón: ponernos firmes al escuchar las notas del himno nacional, repetir los versos escolares del “Saludo a la bandera”, izarla en los días de celebración de nuestros días patrios y nuestro balcón se engalana y se hace diferente con el tremolar de la bandera nacional en medio del desierto que llega hasta el cielo en las estructuras de “cemento habitable”.
 
Este 7 de agosto de 2020, ha sido diferente; no uno, sino varios torbellinos abatieron nuestros sentimientos patrióticos y arriaron la bandera, que ni siquiera fue izada en el alma, herida, compungida y desecha en el fango de la pensadera que quizás la propia patria siempre nos ha sido ajena.
 
Un “medio torbellino” sumándose al “río grande de la patria, revuelto” lo propicia un profesor de matemáticas que no tiene empacho en sostener desde su “nido del pajarito azul” y casi como una orden, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen la obligación de “explicar paso a paso sus decisiones…”, evidenciando el desconocimiento respecto a que el acto de conocimiento de los entes jurídico-legales es la comprensión y no la explicación, propia de las matemáticas y además proponiendo que “…hay que acabar con 200 años de historia…” patria, mientras celebra en Tunja, a la “ciudad educadora” y patriota.
 
Súmanse a lo anterior, los vientos huracanados por el “calentamiento de las aguas de los mares políticos del trópico”, en consenso o convergencia amorfa con los “ejércitos en tierra” de la “división opinión-razón” del país político y del país nacional.
 
Sabemos los ciudadanos que abrazamos la vocación de ejercer profesionalmente como abogados, que el crisol donde la humanidad ha fundido todo su dolor a través de miles de años de su historia, es el derecho, a través del cual, la humanidad y no ninguna Nación en particular, ha creado una institucionalidad con pretensiones de universalidad en cuanto a dignidad humana, garantías civiles y políticas, juicios justos, garantía plena de presunción de inocencia, no autoincriminación, derecho de defensa, contradicción de la prueba, segunda instancia, etc.
 
Una vez más lo reiteramos: no estamos adscritos a ningún “ismo” o “ista” del escenario político electoral patrio, sin embargo, expresamos con carácter, la solidaridad por el amargo momento que, por primera vez en Colombia, transita un expresidente por los campos del código penal. Ni siquiera antes ocurrió con el asunto de la “separación de Panamá”.
 
Eximios penalistas han propuesto, reiterado  y decantado que la decisión adoptada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, puede ser “exagerada e injustificada” y han hecho relevantes incidentes procesales que en su saber de la dogmática jurídico-penal, podrían significar menoscabo de las garantías, de lo cual poco o nada sabemos los que siendo abogados, no somos penalistas y mucho menos los que son, solo “ciudadanos comunes y corrientes” al decir del doctor Luis Fernando Álvarez.
 
De allí, a proponer en medio de la crispación, la convocatoria de una asamblea “nacional” constituyente, por “consenso” para que se encargue de “reformar la justicia”, es decir, el órgano o aparato de administración de justicia y establecer una sola corte, si es una propuesta peligrosista para la institucionalidad alcanzada en el devenir jurídico-legal de la civilización humana, y en consolidación bajo los estados democráticos. Nada pone límite o freno al poder de una constituyente.
 
No es entonces consecuente solicitar el levantamiento de la reserva sumarial de todo el proceso, “…con el fin de que la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad en general puedan constatar de manera integral, la total inocencia de su proceder…”, como se expresa en el comunicado del abogado defensor del señor expresidente.
 
Como ciudadanos y más como abogados, siempre hemos sostenido que la independencia o autonomía de los jueces, no proviene propiamente de la estirpe o naturaleza de las funciones, competencias y potestades que les atribuyen la Constitución y las leyes, como de su legitimación por sus sentencias; ¡Dios nos libre de los jueces elegidos en votaciones populares! Cuántas veces asistidos de plenas razones jurídico-legales y aun científicas y técnicas y con algún “consenso académico”, obtenemos sentencias que deniegan las pretensiones de “ciudadanos comunes y corrientes”, contra las cuales solo quedan los caminos institucionales y procesales de los recursos ordinarios y extraordinarios y en algunos casos, el dudoso acceso a instancias internacionales.
 
No apreciamos en contexto que estemos en Colombia frente a una versión propia del “Affaire Dreyfus” que dividió en su época a Francia.
 
¡Qué lejos estamos los colombianos de comprender – no de explicar- la verdadera acción final que hizo libertadores y grandes a Bolívar y a Santander como “El hombre de las leyes”!
 
Cuánta necesidad ahora, más que de dividirnos entre “Bolívares” y “Barreiros”, de unirnos todos como los niños soldados patriotas, no reclutados, Pedro Pascasio Martínez (12 años) y el “negro José”, el primero, cuya lección deben recoger todos los jueces de la República, pues al capturar al general Barreiro no hizo más que demostrar y legar a la patria que, el oro deslumbra, pero no alumbra.
 
Tal vez así tenga sentido celebrar las próximas batallas del 7 de agosto, izar la bandera nacional y cantar a todo pecho el himno nacional. De resto estaremos “buscando el ahogao río arriba”, que suele ser el proceder de la opinión por lo general matemáticamente tumultuosa. La justicia como valor y la administración de justicia, conforman el último bastión que le queda a la democracia, que no es consenso, ni mera convergencia o espectáculo mediático.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clarísimo que todo el mundo tiene derecho a opinar, de lo humano y de lo divino, por supuesto y digamos que con algo de exención de toda responsabilidad respecto de las opiniones emitidas.
 
No obstante, existen niveles de opinión y de opinadores. No será lo mismo en sí y en sus consecuencias, la opinión expresada por un conciudadano de escasa formación académica, que la emitida por un conciudadano con una alta calidad en su formación personal, académica y cultural, lo que suele ser apreciable y distinguible prima facie como casi un juicio, por virtud de “autoridad”.
 
Aún no se apaga la opinión respecto a que la extensión de la pandemia es culpa del gobierno; que se necesita confinamiento absoluto, pero que hay que reactivar la economía porque no se pueden matar las empresas y que las personas de menos ingresos, las subempleadas, no se pueden morir de hambre y enfermedad y que hay escasez de UCI y de médicos intensivistas y que el gobierno no ha comprado todavía la anunciada vacuna de Oxford, ni la de Pfizer, ni la china y que muy probablemente habrá necesidad de aplazar las próximas elecciones y preferible al voto electrónico, virtual.
 
Curiosamente, la tendencia a dirimir toda suerte de disputas es llevarlas a los planos constitucionales, legales y políticos y unidos a los últimos, los planos tecnológicos, de “A.I. criolla”, dataísmo, georreferenciación, geolocalización y geoseguimiento satelital, las mediciones de percepción y favorabilidad de imagen de algunas autoridades, tanto así que nada raro sería la creación y otorgamiento del “premio nobel de pandemia” y pasando a segundos niveles la atención a las razones para la evitación del contagio expresadas en los niveles científicos y epidemiológicos.
 
Lo primero que se observa, -al menos en Colombia- es que no tenemos una única constitución política, en tanto que cada ciudadano lleva sus propias constituciones dependiendo de su ideología, el “partido político” al que esté adscrito, el cargo público o privado que desempeñe y lo más notorio, independientemente de que sea o no abogado, constituciones desde las cuales todo se simplifica en los discursos de “mis derechos fundamentales”. Diríase, que cada colombiano es un excelso constitucionalista. Es como ese amor enamorado de un “tú y yo” del noviazgo, que al ocurrir el matrimonio o del arrejuntamiento no logra transformarse en ese “nosotros”.
 
En el contexto anterior, citamos de Manuel Gaona Cruz, su referencia a la Corte Constitucional, que dice: “La Carta manda a la Corte, a que la Corte cuide la Carta y no a que la Corte le haga la corte a los que violan la Carta".
 
Y saltaron algunos constitucionalistas de peso pesado a refutar: “que eso era con la constitución de 1886, no bajo la constitución de 1991…”, sin atinar a referir que entre la constitución de 1886 y la de 1991, no hay una diferencia sustancial, pues inherente a ambas, es ser: pactos políticos y a pesar de sus contextos diferentes. Que hoy la constitución permee todo el ordenamiento jurídico-legal, que pretenda ser lo que en la ANAC dijo Álvaro Gómez Hurtado, “un cuerpo viviente”, más corresponde a la evolución de la filosofía, la sociología, la antropología y economía de la sociedad humana y de la evolución de toda la teoría del Estado, incluida por supuesto la del neoconstitucionalismo con todas sus vertientes y desde todos los puntos cardinales, tanto así que ha dado para que politólogos y toda suerte de “genetistas de imagen” expongan sus <<teorías del Estado, buen gobierno, gerencia de riesgos, cómo “barrer” en elecciones, cómo hacer de lo tribal, lo trivial y lo venal una excelente mercancía o una “arrolladora tesis” además limpiadora de toda debilidad ética o moral en los nuevos “liderazgos”>>.
 
Fuertes críticas surgieron en contra del gobierno nacional por la “caída parcial” del decreto legislativo que concedía como beneficio a la población de menores ingresos la posibilidad de “diferir el pago de los consumos de servicios públicos a 24 y 36 meses” y no faltaron quienes “saltaron al ruedo” y desde todas las barreras a sostener que se trata de “derechos fundamentales” por lo que la corte debió o modular y/o moldear su sentencia o devolver el decreto para que fuera suscrito por los dos ministros cuyas firmas faltaron.
 
Y preguntamos, que si incluso bajo la “sustancialidad, los principios y reglas, el mandato de optimización, etc.”, se trataba de “derecho fundamental”. Ahora bien, para los prójimos de menores ingresos, mayormente subempleados, los que no salen de esos niveles de pobreza porque les asfalten la calle o les pongan un corresponsal bancario en la tienda del barrio o les adoquinen las riveras de una quebrada y se las devuelvan como “parque”, una gran cantidad de prójimos, especialmente clase media y mes a mes, hacen sus aportes o “subsidio” para el pago de los consumos de sus servicios.
 
No se trata de que la mano izquierda sepa lo que se hace con la mano derecha.
 
Si algo tenemos claro -algunos- es que la lucha contra la pobreza, no debe consistir en rescatar de sus garras a muchos prójimos, sino en lograr que los rescatados no vuelvan a descender a ese nivel y especialmente que quienes se hallan situados en clase media, no caigan en el nivel de pobreza. ¿A cuántos prójimos de clase media, el confinamiento, total o parcial les ha obligado al cierre definitivo de sus fuentes de ingreso?
 
No hemos leído a ningún teórico constitucionalista, ni politólogo, que más allá del discurso de los “derechos fundamentales” y desde la Constitución de 1991, haya planteado el asunto desde ese intrincado instituto del “mínimo vital”, que no se confunde con el salario mínimo, ni con la supuesta “renta básica”, ni con el supuesto “derecho fundamental” a diferir consumos de servicios públicos, pingüe concesión, eso sí, de alto impacto mediático.
 
Que hombres cultivados y formadores culturales, uno constitucionalista y otro no formado en la ciencia jurídica emitan opinión respecto a que la decisión de la Corte Constitucional es fino “santanderismo” y con sacrificio de la sustancia a la forma, no implica nada más y nada menos que el único pacto político -Constitución de 1991- ha sido abrogada por cada una de las sui géneris constituciones personales de cada colombiano.
 
En el mismo sentido, no se compadece que el alcalde de Medellín, haya pretendido, en actitud soberbia, dejar en condición de discapacidad, minusvalía e ilegitimidad al actual gobernador encargado de Antioquia, doctor Luis Fernando Suárez V. Los votos dan legitimidad, es cierto, pero de allí a expresar la duda respecto a que el gobernador encargado no es constitucional, ni legalmente el actual gobernador con todas las atribuciones y competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye, si es cosa de locura, como lo es que otros opinen que por haber sido “designado desde Bogotá” no podía solicitar facultades extraordinarias a la asamblea para adecuar la naturaleza jurídica de la FLA, a empresa industrial y comercial del Estado.
 
La asamblea en el contexto de su autonomía podrá o no, otorgar tales facultades y en su caso archivar el proyecto o el gobernador retirarlo y en nuestro sentir y para efectos de dar cumplimiento a una sentencia que no admite discusión respecto a lo que ordena, consideramos que la asamblea deberá ocuparse de dicha transformación, bajo un nuevo proyecto a iniciativa del gobernador, pues además de los asuntos patrimoniales, deberá proceder con suma inteligencia en la definición y composición de la junta directiva, de los empleos y plantas de trabajadores, régimen de transferencias, etc. En 1994 como diputado escuchamos en ese entonces la necesidad de privatizar la FLA, por razones del mercado internacional de licores; cerramos la fábrica de vinos en San Pedro y con todo ha subsistido la FLA y ahora y como en ese entonces, esas no son, ni deben ser las razones de su transformación, más allá del cumplimiento de una sentencia de Juez de la República.
 
En el mismo sentido podría decirse de EPM; ojalá no termine “fundida” como UNE, con unas cuantiosas inversiones extranjeras, entre las cuales poco se ha dicho de la realizada en México.
 
El discurso de “mis derechos fundamentales” y su vivencia, debe transformarse y transformarnos desde su inmanencia con la dignidad humana y ligados vitalmente a los conceptos constitucionales indeterminados de: bien común, interés general, inversión social y “sensibilina social”, por cuanto se vislumbra y máximamente en esta crisis, que poco o nada nos importan los demás, frente a quienes las “personalísimas constituciones” de cada colombiano, no contienen nada de valores, fines, principios y reglas.
 
Más crudamente que Gaona Cruz, nos atrevemos a decir que en esta crisis se perciben con mayor claridad y en ascenso, discursos y acciones de políticos, de autoridades de todas las Ramas del Poder Público y de diversos sectores, más interesados en considerar a nuestra Constitución Política como un camión volcado en Tasajera o Valdivia.
 
ÑAPAS: Dañadas varias esculturas de Botero en Medellín. Dañado vagón del Metro de Medellín. Investigación exhaustiva…falta de oportunidades…educación gratuita…vigencia plena de la Constitución.
 
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