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El país no aguanta más. Columna del Abogado Nelson Hurtado Obando. Red X: @abogadohurtado

2/18/2024

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El país no aguanta más. Columna del Abogado Nelson Hurtado Obando. Red X: @abogadohurtado

Como abogado, mi enfoque no se centra en el ejercicio del derecho penal. Esta elección no me coloca en una posición de menor valía dentro de la profesión legal. El hecho de que no me dedique al derecho penal no implica que no lo estudie ni que no lo analice desde diversas perspectivas filosóficas, antropológicas, sociológicas, económicas y políticas, dentro del vasto contexto del universo cultural al que pertenece. El derecho, esa joya forjada en el crisol de la historia del dolor de la humanidad, como  el más alto logro de la civilización, merece ser contemplado desde diversas  ópticas críticas.
 
Es posible considerar el derecho, esa estructura moldeada por los infortunios históricos de la humanidad, desde una perspectiva distinta. Podría interpretarse como un símbolo del fracaso inherente a la humanidad, al humanismo y a la civilización misma. Su existencia, más allá de sus deterioros teóricos y legales, podría atribuirse a la incapacidad de la humanidad, la cultura y la civilización para dominar las pulsiones más primarias del ser humano, a pesar de su dotación de razón, racionalidad e inteligencia. Además, no podemos ignorar los "defectos de fábrica" que abordan disciplinas como la psicología, la psiquiatría y la neurología.
 
No resulta convincente afirmar que estas tendencias sean simplemente "asuntos de ADN". Tampoco es admisible argumentar, bajo “la carpa del circo”, que el derecho esté divorciado de la ética, o que el derecho, incluido el derecho penal, se reduzca exclusivamente a un conjunto de normas legales. El estudio del derecho, en todas sus facetas, trasciende las limitaciones de las normativas jurídicas y debe ser abordado con la profundidad y la amplitud que merece.
 
Hablar de "desprisionización" o de la posibilidad de que el Estado brinde el servicio público de alojamiento de condenados en cárceles y prisiones de propiedad privada es tema discutible desde lo plausible, pero, para lo que no hay razón es que corrientes doctrinales como el "garantismo" y el "buenismo" y ahora "el derecho de la izquierda" sigan promoviendo exacerbadamente  la "prisión intrafronteras" y a cielo abierto en cada país, pero, quien lo creyera, prisión para sus ciudadanos no delincuentes o en remota probabilidad de serlo.
 
Gran número de ciudadanos, no delincuentes y ciudadanos cuya probabilidad de delinquir es por lo menos remota, son ahora prisioneros de la "industria criminal" bajo la "vigilancia de sus delincuentes", sea que estén en prisión extramural, en "casa por cárcel" o aún en "prisión intramural", pero, disfrutando de todos los servicios tecnológicos para la "prosperidad de sus emprendimientos criminales", sin fronteras, sin barreras, dominando el mundo exterior. 
 
Ese postulado de "la libertad es la norma, su privación es la excepción" es divisa inamovible del "garantismo", del "buenismo" y ahora de "el derecho de la izquierda".
 
Este postulado, nutrido por los fundamentalismos presentes en ciertas cortes internacionales, ha llevado a que en muchas constituciones nacionales se encierre una falacia inherente al dogma del llamado "bloque de constitucionalidad", una transferencia del ethos nacional a un poder externo y foráneo. La aplicación de estas doctrinas ha resultado en una distorsión de la justicia y una pérdida de soberanía en la interpretación y aplicación de las leyes dentro de las fronteras nacionales.
 
Al paso que crece la "desprisionización" [en aras de un Estado austero y respetuoso de los DD.HH.] quedan sujetos los ciudadanos no sólo de la inseguridad, sino prisioneros de un doble estado de no-libertad por la "necesidad-temor", el primero, por la justicia del Estado y el segundo, por el paraestado de la justicia criminal, esto es, ciudadanos sin libertad y sin autonomía.
 
Existe la percepción y el sentir entre los ciudadanos, que, en caso de ser autores de la comisión de un delito en aras de defender su propia vida, su libertad, sus bienes, deben comparecer y comparecen ante la justicia que los juzgará del modo que enseñó “el juez Bolaños: En Colombia las pequeñas causas se juzgan con severidad mientras los grandes crímenes se negocian".
 
En esta proposición y desde hace tiempo rechazamos toda expresión de justicia privada o por “manu propria”, la que ha escalado ya como rutina de la vida diaria alcanzando algún grado de “legitimidad”. Primero fue la “paloterapia” a ladronzuelos a los que  jamás se tendrá el derecho de herir y matar y en ese esquema escala posiciones el ataque contra las misma autoridades de policía y ejército por el sólo hecho de intentar cumplir unos “deberes constitucionales y legales”, que son ya física y “presidencialmente” imposibles de cumplir, como también es justicia privada o por “manu propria” los ataques y los “cercos humanitarios” a la Corte Suprema de Justicia, propiciados por las turbas ecolálicas nacionales del petrismo y por la intromisión abusiva de supuestas “cortes y comisiones” internacionales con inocultables sesgos ideológicos, “cortes y comisiones” frente a las cuales crece el hastío en Latinoamérica.
 
Raro, que Zaffaroni y ante la “prisión abierta intrafronteras” impuesta a los ciudadanos no delincuentes o con remota probabilidad de serlo, por la mescolanza o convergencia de todas las formas de criminalidad en el dominio del Estado, no haya considerado que las penas oprobiosas, perversas e infamantes que impone sin fórmula de juicio la “industria político-criminal”, sean una venganza per se alimentadas sólo por obsesiones ideológicas, políticas y de oscuros intereses económicos.
 
ÑAPA: En buen criterio, María Jimena Duzán, si es tanto su patriotismo y sentir democrático debe concurrir mañana ante la Fiscal Mancera [“muero pero no me doblego”] y para que de curso a la Cámara a ratificar la siguiente denuncia que hace hoy en revista Semana contra la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos: "La única razón por la cual la Corte Suprema de Justicia no ha elegido a la nueva fiscal es porque todavía no han podido cuadrar con ninguna de las ternadas cuál es la tajada del ponqué que les toca": @MJDuzan


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PETRO, esperando por la lira. Columna del Abogado Nelson Hurtado Obando. Red X @abogadohurtado

2/10/2024

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PETRO, esperando por la lira. Columna del Abogado Nelson Hurtado Obando
Red X @
abogadohurtado

La afirmación, que el presidente Petro exhibe un espíritu autocrático es innegable, respaldada por una serie de discursos y acciones que ponen en riesgo la institucionalidad y la democracia en Colombia. 
 
Desde antes de su llegada al poder, Petro ha reiterado que le “me gustaría retroceder treinta (30) años a mi juventuT”, forma discursiva que no ha tenido su análisis profundo por parte de la inteligencia democrática de Colombia y ni siquiera por la “inteligencia del Estado”.
 
El designio de Petro, [que no un deseo] de regresar 30 años a su juventud, implica todos los episodios de su discurrir subversivo, entre ellos el más pérfido y deshumanizante, el incendio del Palacio de Justicia en 1965 y la muerte a plomo y fuego de numerosos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de numerosos civiles y guerrilleros y auxiliadores infiltrados.
 
Desde antes de y posterior a su elección Petro en su vileza trazó la línea discursiva y de hecho por medio de la cual divide la unidad nacional del pueblo colombiano entre “su pueblo petrista” y el resto de ciudadanos ya casi parias por su línea política de redomado marxista, redomado guerrillero y redomado embustero, especializado con el plus de contar y argumentar sólo la mitad de la historia que le conviene, como severo manipulador.
 
Primero empezó su gobierno con un ataque frontal a los empresarios privados, al aparato productivo, al sistema de salud, al régimen laboral y sus permanentes ataques directos e indirectos a la administración de justicia, especialmente a sus órganos de cierre.
Desde entonces, Petro no pierde oportunidad de convocar a su "su pueblo", a una tarea específica: “salir a las calles a impedir y defender su gobierno progresista, para el cual cuatro (4) años de mandato son insuficientes” sin que nadie repare que es la declaración explícita de que llegó al poder para quedarse personalmente o para hacerlo en “cuerpo ajeno”.
 
Del discurso a la acción son muchos los eventos que se registran bajo el desgobierno de Petro: toma por parte de sus “milicias” de fincas e incendio de estas, retenes en las carreteras, vandalismo en los centros poblados de las ciudades colombianas a través de “movilizaciones sociales de su pueblo en defensa de su gobierno.
 
Significativa la primera “movilización social de su pueblo” como grupo de presión contra “su propio Congreso” en presión para la aprobación de la llamada reforma a la salud, para la cual se trasladó a cientos de indígenas desde el lejano Cauca a Bogotá.
 
Del discurso y las acciones no queda duda que Petro se ha  desligado de la lealtad jurada y debida a los principios democráticos y el respeto y acatamiento a la Constitución y a las leyes y a las instituciones. El neoconstitucionalismo decolonizador, puso el poder en manos de Petro, para justificar su desprecio por las instituciones y la división de poderes. 
 
La tensión entre democracia y Constitución es inherente a cualquier sistema político, pero Petro por “principios” y dura hechura marxista es evidente que no puede amar y menos abrazarse a la democracia, a la justicia, ni a la administración de justicia.
 
Las acciones del presidente Petro contra la institucionalidad colombiana son alarmantes y no deben ser pasadas por alto. Desde sus ataques directos a la Corte Suprema de Justicia, insinuando su vinculación con la mafia, hasta su desacato a las decisiones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, Petro muestra un desdén preocupante por el estado democrático de derecho y la separación de poderes y en especial por la independencia judicial.
 
El intento de influir en la elección de la fiscal general de la Nación, presentando una terna compuesta por personas afines a sus intereses políticos y familiares, revela una clara intención de subvertir el curso normal de la justicia en beneficio propio y de sus allegados. 
 
Y preguntamos: ¿cuál es el afán contra la Corte Suprema de Justicia?
¿Qué es lo sustancial e inmanente: el Fiscal o la institución como parte esencial de la administración de justicia en un Estado social de derecho, democrático?
 
Que Petro llame a "su pueblo" para que defienda su gobierno en las calles y presione a la Corte Suprema de Justicia a que elija la Fiscal entre tres conmilitonas, no deja duda ninguna que su afán no es la Fiscalía como institución democrática y parte de la administración de justicia de Colombia, sino la elección de la fiscal conmilitona.
 
Petro no ha sido, ni es un hombre libre; primero prisionero de sus obsesiones y terquedad; segundo, prisionero de sus estados de “necesidad y de temor” surgido por las presuntas ilicitudes ocurridas en su campaña presidencial por desafiar la Constitución y las leyes e cuanto a topes en la financiación de su campaña y la aceptación de fuentes de financiación proveniente presuntamente de toda clase de criminalidad y develadas por sus propios: hermano, hijo Nicolás Petro y su excónyuge  y por su propio jefe de campaña A. Bennedetti  a quien acaba de nombrar embajador de Colombia ante la FAO en Italia, lo tienen cercano no sólo al juicio político ante el Congreso, sino ante el juez colegiado penal la Corte Suprema de justicia.
 
El pasado 8 de febrero de 2024 la hueste conmilitona respondió a la convocatoria de Petro de “salir a la calle porque cuatro (4) años son insuficientes para el gobierno progresista” y la turba bajo una nueva forma volvió a “incendiar el Palacio de Justicia” con los magistrados adentro. No fue acto de diez segundos, ni propiciado por tres pelagatos, no, y así lo han reiterado los presidentes de las altas Cortes y los registros de la intentona como regresando a la “juventuT” de 1985.
 
La turba no se detuvo ni por “el diálogo del comandante de la Policía”, ni por nada parecido, ni por orden del “instrumento FECODE”; la turba que iba para la Corte y contra sus magistrados se detuvo por alguna contraorden que como dijo el ministro de justicia "sobre lo que se sabe no se pregunta”  y que debió haber sido dada por alguien con ascendiente directo y autoridad sobre la turba.
 
Si el Fiscal actual en las investigaciones que adelanta la fiscalía debe compulsar copias, lo hará ante el Congreso para si halla mérito le de el tratamiento penal que corresponde ante la Corte Suprema de Justicia. 
 
Nombrar a Benedetti embajador en Italia es vital para Petro, por lo que le remita en la “valija diplomática”, que con impaciencia espera. ¡No es mero simbolismo!
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¿Patria de majaderos? Columna del Abogado Nelson Hurtado Obando. Red social “X” @abogadohurtado

2/3/2024

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¿Patria de majaderos? Columna del Abogado Nelson Hurtado Obando. Red social “X” @abogadohurtado

En el vasto escenario de la historia y la literatura, hay figuras que trascienden su época, su contexto y su mera existencia física para convertirse en arquetipos, en símbolos de ideales, luchas y sueños. Jorge Robledo Ortíz, con su aguda pluma, nos legó la noción de los "Tres majaderos": Cristo, Bolívar y El Quijote. Sin embargo, en nuestro escenario contemporáneo, esta trinidad necesita la adición de dos nuevos nombres, no por mera vanidad, sino por la fuerza de su acción y su simbolismo inherente.
 
Nos unimos a este selecto grupo como auténticos majaderos, dos más que han desafiado los límites establecidos y han luchado contra las injusticias con la pluma y la ley como armas. Pero, más allá de las propias modestias, debe otorgarse un lugar de honor a mi colega Gloria Yaneth Vélez P., quien encarna la fuerza y la perseverancia de la "ley de cuotas colombiana", como una voz que rompe barreras y desafía estereotipos arraigados.
 
Nos encontramos en un momento crucial, donde la lucha por la justicia y la democracia se entrelaza con las tramas de la vida cotidiana. Horas interminables se han dedicado a la defensa de un principio fundamental: el derecho del pueblo a decidir su propio destino, a través de las distintas acciones constitucionales y legales soportadas en el principio fundante de la dignidad humana, un bastión de legitimidad, consagrado tanto por la constitución como por la ley y por el humanismo.
 
En el tejido mismo de nuestra sociedad, se alzó la figura de un alcalde, Daniel Quintero Calle, cuya sombra  hoy oscurece los horizontes de la esperanza y la prosperidad. Troglodita cruel y cínico, su mandato se erige como un monumento a la perfidia, a la megalomanía y la desfachatez. Sin embargo, más que un simple gobernante, Quintero Calle encarna la negación obstinada de los valores democráticos y la moralidad pública.
 
La revocatoria de su mandato se convirtió en un faro de esperanza para los ciudadanos de Medellín, una oportunidad para restaurar la fe en la justicia y la voluntad popular. Sin embargo, el camino hacia la redención se vio obstruido por las maquinaciones de la Registraduría del Estado Civil delegada para Medellín, que optó por el desacato flagrante a la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que destrabó y dio vía libre a la revocatoria.
 
Este acto de desafío no solo constituye un presunto fraude a la resolución judicial, sino que también revela una profunda disonancia entre el deber institucional y la ética pública. En el crisol del deber, la omisión y la extralimitación en el ejercicio de las funciones, se forja una responsabilidad que trasciende lo meramente legal para adentrarse en el terreno de lo moral y lo humano.
 
En el vasto panorama del horizonte jurídico-legal, se vislumbran sombras ominosas, señales de un terreno movedizo donde las pérdidas de investidura se perfilan como probables desenlaces. El caso del señor William Yeffer Vivas, quien emergió en la cúspide de la lista de elegibles para el cargo de personero, plantea interrogantes cruciales. ¿Cómo es posible que, tras recibir calificaciones encomiables por parte de los concejales, ahora se invoque la "objeción de conciencia"? ¿Y qué motivos, ya sean morales o "religiosos partidistas", esgrimen aquellos que objetan, ignorando las evidentes denuncias de corrupción que rodean la gestión de Quintero, sin eco ni respuesta por parte de la personería?
 
Como ciudadanos comprometidos con la justicia y la transparencia, nos alzamos como "ciudadanos majaderos" y proponemos una medida que emerge como una posibilidad viable: la no elección de William Yeffer Vivas como personero de Medellín para el próximo período mediante el ejercicio de una acción popular. Sea cual sea el desenlace que los nuevos concejales decidan, es innegable que han desviado el curso del destino y han labrado un horizonte cuyas sombras amenazantes no serán disipadas por el simple soplo del viento.
 
En un giro de los acontecimientos que hiela la sangre, observamos actos de una felonía mayúscula perpetrados por el señor Gustavo Petro. Al ignorar deliberadamente una resolución que suspende en su cargo al Canciller Leyva, Petro viola flagrantemente la Constitución y las leyes de la República. A esto se suma su llamado a "su pueblo de de-votos petristas" a tomar las calles, una insubordinación que desafía la autoridad bajo el pretexto de que a un "presidente progresista no se le puede dar golpe de Estado".
 
Petro juró solemnemente cumplir con la Constitución y las leyes, pero jamás especificó a cuál Constitución y a cuáles leyes  sujetaba su lealtad. No fue una locura ni una herejía afirmar mucho antes de su elección como presidente, que la Constitución de 1991 era apenas "el premio de montaña" de la avanzada izquierdista en Colombia. Así, nos vemos enfrentados a una pregunta crucial: ¿qué Constitución rige hoy en Colombia?
 
Nos enfrentamos, pues, a dilemas que van más allá de la política o la ley. Es un llamado a la conciencia colectiva, a la solidaridad y al compromiso con los principios que nos definen como sociedad. La lucha por el derecho y la justicia no puede ser confinada a los tribunales y las salas de audiencias; debe ser un eco constante en las calles y los corazones de aquellos que sueñan con un mundo más justo y equitativo.
 
A la espera estamos de que el CNE certifique si la campaña presidencial excedió los topes o tuvo fuentes de financiación ilícita para proponer una variante legítima, constitucional y legal por un camino distinto al trámite por Comisión de acusaciones Cámara y Senado.
 
En última instancia, los "Tres majaderos" de Robledo Ortíz y sus contemporáneos son más que, simples figuras históricas o literarias. Son faros de esperanza, recordatorios vivientes de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del derecho y la espada de la justicia y la verdad nunca se apagan. Que su legado inspire nuestra lucha y guíe nuestros pasos en el camino hacia un futuro más humano y digno. 

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