¿Patria de majaderos? Columna del Abogado Nelson Hurtado Obando. Red social “X” @abogadohurtado
En el vasto escenario de la historia y la literatura, hay figuras que trascienden su época, su contexto y su mera existencia física para convertirse en arquetipos, en símbolos de ideales, luchas y sueños. Jorge Robledo Ortíz, con su aguda pluma, nos legó la noción de los "Tres majaderos": Cristo, Bolívar y El Quijote. Sin embargo, en nuestro escenario contemporáneo, esta trinidad necesita la adición de dos nuevos nombres, no por mera vanidad, sino por la fuerza de su acción y su simbolismo inherente.
Nos unimos a este selecto grupo como auténticos majaderos, dos más que han desafiado los límites establecidos y han luchado contra las injusticias con la pluma y la ley como armas. Pero, más allá de las propias modestias, debe otorgarse un lugar de honor a mi colega Gloria Yaneth Vélez P., quien encarna la fuerza y la perseverancia de la "ley de cuotas colombiana", como una voz que rompe barreras y desafía estereotipos arraigados.
Nos encontramos en un momento crucial, donde la lucha por la justicia y la democracia se entrelaza con las tramas de la vida cotidiana. Horas interminables se han dedicado a la defensa de un principio fundamental: el derecho del pueblo a decidir su propio destino, a través de las distintas acciones constitucionales y legales soportadas en el principio fundante de la dignidad humana, un bastión de legitimidad, consagrado tanto por la constitución como por la ley y por el humanismo.
En el tejido mismo de nuestra sociedad, se alzó la figura de un alcalde, Daniel Quintero Calle, cuya sombra hoy oscurece los horizontes de la esperanza y la prosperidad. Troglodita cruel y cínico, su mandato se erige como un monumento a la perfidia, a la megalomanía y la desfachatez. Sin embargo, más que un simple gobernante, Quintero Calle encarna la negación obstinada de los valores democráticos y la moralidad pública.
La revocatoria de su mandato se convirtió en un faro de esperanza para los ciudadanos de Medellín, una oportunidad para restaurar la fe en la justicia y la voluntad popular. Sin embargo, el camino hacia la redención se vio obstruido por las maquinaciones de la Registraduría del Estado Civil delegada para Medellín, que optó por el desacato flagrante a la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que destrabó y dio vía libre a la revocatoria.
Este acto de desafío no solo constituye un presunto fraude a la resolución judicial, sino que también revela una profunda disonancia entre el deber institucional y la ética pública. En el crisol del deber, la omisión y la extralimitación en el ejercicio de las funciones, se forja una responsabilidad que trasciende lo meramente legal para adentrarse en el terreno de lo moral y lo humano.
En el vasto panorama del horizonte jurídico-legal, se vislumbran sombras ominosas, señales de un terreno movedizo donde las pérdidas de investidura se perfilan como probables desenlaces. El caso del señor William Yeffer Vivas, quien emergió en la cúspide de la lista de elegibles para el cargo de personero, plantea interrogantes cruciales. ¿Cómo es posible que, tras recibir calificaciones encomiables por parte de los concejales, ahora se invoque la "objeción de conciencia"? ¿Y qué motivos, ya sean morales o "religiosos partidistas", esgrimen aquellos que objetan, ignorando las evidentes denuncias de corrupción que rodean la gestión de Quintero, sin eco ni respuesta por parte de la personería?
Como ciudadanos comprometidos con la justicia y la transparencia, nos alzamos como "ciudadanos majaderos" y proponemos una medida que emerge como una posibilidad viable: la no elección de William Yeffer Vivas como personero de Medellín para el próximo período mediante el ejercicio de una acción popular. Sea cual sea el desenlace que los nuevos concejales decidan, es innegable que han desviado el curso del destino y han labrado un horizonte cuyas sombras amenazantes no serán disipadas por el simple soplo del viento.
En un giro de los acontecimientos que hiela la sangre, observamos actos de una felonía mayúscula perpetrados por el señor Gustavo Petro. Al ignorar deliberadamente una resolución que suspende en su cargo al Canciller Leyva, Petro viola flagrantemente la Constitución y las leyes de la República. A esto se suma su llamado a "su pueblo de de-votos petristas" a tomar las calles, una insubordinación que desafía la autoridad bajo el pretexto de que a un "presidente progresista no se le puede dar golpe de Estado".
Petro juró solemnemente cumplir con la Constitución y las leyes, pero jamás especificó a cuál Constitución y a cuáles leyes sujetaba su lealtad. No fue una locura ni una herejía afirmar mucho antes de su elección como presidente, que la Constitución de 1991 era apenas "el premio de montaña" de la avanzada izquierdista en Colombia. Así, nos vemos enfrentados a una pregunta crucial: ¿qué Constitución rige hoy en Colombia?
Nos enfrentamos, pues, a dilemas que van más allá de la política o la ley. Es un llamado a la conciencia colectiva, a la solidaridad y al compromiso con los principios que nos definen como sociedad. La lucha por el derecho y la justicia no puede ser confinada a los tribunales y las salas de audiencias; debe ser un eco constante en las calles y los corazones de aquellos que sueñan con un mundo más justo y equitativo.
A la espera estamos de que el CNE certifique si la campaña presidencial excedió los topes o tuvo fuentes de financiación ilícita para proponer una variante legítima, constitucional y legal por un camino distinto al trámite por Comisión de acusaciones Cámara y Senado.
En última instancia, los "Tres majaderos" de Robledo Ortíz y sus contemporáneos son más que, simples figuras históricas o literarias. Son faros de esperanza, recordatorios vivientes de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del derecho y la espada de la justicia y la verdad nunca se apagan. Que su legado inspire nuestra lucha y guíe nuestros pasos en el camino hacia un futuro más humano y digno.
Nos unimos a este selecto grupo como auténticos majaderos, dos más que han desafiado los límites establecidos y han luchado contra las injusticias con la pluma y la ley como armas. Pero, más allá de las propias modestias, debe otorgarse un lugar de honor a mi colega Gloria Yaneth Vélez P., quien encarna la fuerza y la perseverancia de la "ley de cuotas colombiana", como una voz que rompe barreras y desafía estereotipos arraigados.
Nos encontramos en un momento crucial, donde la lucha por la justicia y la democracia se entrelaza con las tramas de la vida cotidiana. Horas interminables se han dedicado a la defensa de un principio fundamental: el derecho del pueblo a decidir su propio destino, a través de las distintas acciones constitucionales y legales soportadas en el principio fundante de la dignidad humana, un bastión de legitimidad, consagrado tanto por la constitución como por la ley y por el humanismo.
En el tejido mismo de nuestra sociedad, se alzó la figura de un alcalde, Daniel Quintero Calle, cuya sombra hoy oscurece los horizontes de la esperanza y la prosperidad. Troglodita cruel y cínico, su mandato se erige como un monumento a la perfidia, a la megalomanía y la desfachatez. Sin embargo, más que un simple gobernante, Quintero Calle encarna la negación obstinada de los valores democráticos y la moralidad pública.
La revocatoria de su mandato se convirtió en un faro de esperanza para los ciudadanos de Medellín, una oportunidad para restaurar la fe en la justicia y la voluntad popular. Sin embargo, el camino hacia la redención se vio obstruido por las maquinaciones de la Registraduría del Estado Civil delegada para Medellín, que optó por el desacato flagrante a la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que destrabó y dio vía libre a la revocatoria.
Este acto de desafío no solo constituye un presunto fraude a la resolución judicial, sino que también revela una profunda disonancia entre el deber institucional y la ética pública. En el crisol del deber, la omisión y la extralimitación en el ejercicio de las funciones, se forja una responsabilidad que trasciende lo meramente legal para adentrarse en el terreno de lo moral y lo humano.
En el vasto panorama del horizonte jurídico-legal, se vislumbran sombras ominosas, señales de un terreno movedizo donde las pérdidas de investidura se perfilan como probables desenlaces. El caso del señor William Yeffer Vivas, quien emergió en la cúspide de la lista de elegibles para el cargo de personero, plantea interrogantes cruciales. ¿Cómo es posible que, tras recibir calificaciones encomiables por parte de los concejales, ahora se invoque la "objeción de conciencia"? ¿Y qué motivos, ya sean morales o "religiosos partidistas", esgrimen aquellos que objetan, ignorando las evidentes denuncias de corrupción que rodean la gestión de Quintero, sin eco ni respuesta por parte de la personería?
Como ciudadanos comprometidos con la justicia y la transparencia, nos alzamos como "ciudadanos majaderos" y proponemos una medida que emerge como una posibilidad viable: la no elección de William Yeffer Vivas como personero de Medellín para el próximo período mediante el ejercicio de una acción popular. Sea cual sea el desenlace que los nuevos concejales decidan, es innegable que han desviado el curso del destino y han labrado un horizonte cuyas sombras amenazantes no serán disipadas por el simple soplo del viento.
En un giro de los acontecimientos que hiela la sangre, observamos actos de una felonía mayúscula perpetrados por el señor Gustavo Petro. Al ignorar deliberadamente una resolución que suspende en su cargo al Canciller Leyva, Petro viola flagrantemente la Constitución y las leyes de la República. A esto se suma su llamado a "su pueblo de de-votos petristas" a tomar las calles, una insubordinación que desafía la autoridad bajo el pretexto de que a un "presidente progresista no se le puede dar golpe de Estado".
Petro juró solemnemente cumplir con la Constitución y las leyes, pero jamás especificó a cuál Constitución y a cuáles leyes sujetaba su lealtad. No fue una locura ni una herejía afirmar mucho antes de su elección como presidente, que la Constitución de 1991 era apenas "el premio de montaña" de la avanzada izquierdista en Colombia. Así, nos vemos enfrentados a una pregunta crucial: ¿qué Constitución rige hoy en Colombia?
Nos enfrentamos, pues, a dilemas que van más allá de la política o la ley. Es un llamado a la conciencia colectiva, a la solidaridad y al compromiso con los principios que nos definen como sociedad. La lucha por el derecho y la justicia no puede ser confinada a los tribunales y las salas de audiencias; debe ser un eco constante en las calles y los corazones de aquellos que sueñan con un mundo más justo y equitativo.
A la espera estamos de que el CNE certifique si la campaña presidencial excedió los topes o tuvo fuentes de financiación ilícita para proponer una variante legítima, constitucional y legal por un camino distinto al trámite por Comisión de acusaciones Cámara y Senado.
En última instancia, los "Tres majaderos" de Robledo Ortíz y sus contemporáneos son más que, simples figuras históricas o literarias. Son faros de esperanza, recordatorios vivientes de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del derecho y la espada de la justicia y la verdad nunca se apagan. Que su legado inspire nuestra lucha y guíe nuestros pasos en el camino hacia un futuro más humano y digno.
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