Abogados, en pandemia permanente
Por: Abogado Nelson Hurtado Obando
Diríamos que, en toda sociedad, (la mayoría de las veces), no logramos conocer el verdadero socio, sino hasta el momento de la distribución de pérdidas.
Digamos que la pandemia ha sido una severa auditoría a la humanidad, como individuos y como sociedad y nos ha dejado al descubierto en un desnudo no tan artístico, ante el cual las primeras voces, más insufladas por el temor que por lo plausible, hicieron eco a la necesidad de reinventarnos. ¡Dios nos libre de repetirnos!
Que la humanidad está soportando enormes cargas de incertidumbre, de necesidad, de temor, de miedo y diríamos que, en una relación de máxima igualdad perceptible, nadie puede negarlo.
Así, hemos sabido de agresiones a médicos y personal de salud; de médicos que por razón de su servicio han sido contagiados y otros que han fallecido y hemos sabido que no son casos aislados los de aquellos que llevan trabajando sin recibir el pago de sus salarios y honorarios de varios meses.
Pero, si por el sector salud llueve, por la orilla de los abogados no escampa.
Singular y por causa de la pandemia, es la eclosión que en materia de administración de justicia y del ejercicio profesional de abogado se ha desatado: opiniones y contrastes, sentimientos encontrados, propuestas, críticas plausibles y otras no tanto, acciones decididas y otras tantas de cuerpo de bomberos, al final un maremágnum, una barahúnda de santo y señor y con el agregado de sobredosis letales de importantes eventos académicos virtuales, que al mejor estilo de Platón, termina creando un estado de ignorancia “no por carencia, sino por llenura”, a lo que se suman las diversas opiniones sobre digitalización de las actuaciones de la administración de justicia, confundida y no infundadamente con la cercana “justicia digital”, aspecto este, como en otras áreas del quehacer humano, en que la novedad desplaza, oscurece y niega los contraestudios existentes de todo orden respecto del destino y fin de la humanidad dominada por la tecnología, el dataísmo, la relativización, la eficiencia y la competitividad y la configuración de elites.
Dejemos entonces a un lado la administración de justicia y veamos en contexto de la pandemia, la profesión del abogado, su ejercicio y su cara a cara con las crisis presentes y las por llegar.
Hacia el año 2002, en una crisis particular del Colegio Antioqueño de Abogados, (que para entonces presidía) y de la mano de los doctores Fabio Naranjo Ochoa, Luis Carlos Madrid G, Gonzalo Pérez Luna y otros miembros del consejo directivo, debió venderse la sede tradicional situada en El Palo con Ayacucho y con el salvamento, (del naufragio a que muchos apostaban) se adquirió en propiedad una nueva sede en el sector de Patio Bonito en el barrio El Poblado de Medellín. Allí empezamos a soñar: con forjar el Gran Colegio General de Abogados, sin dependencia, ni vínculo alguno con el Estado en muchas de las gestiones relacionadas con el ejercicio profesional, construir un edificio aprovechando las ventajas inmobiliarias del sector, crear una emisora, evaluar y dar principio a la cooperativa de abogados, proyectar una póliza de garantía de pago de honorarios, póliza de responsabilidad, la seguridad social para los abogados independientes, el apoyo y financiación para estudios postprofesionales, la adquisición de oficina, vivienda etc. y de manera singular, elaboramos un proyecto de regulación del ejercicio profesional desjudicializado, como sucede en los países de más desarrollo y sobre todo que significara no la agrupación como de mero gremio, ni la rejunta de abogados, sino la construcción de una verdadera común unión de los profesionales del derecho.
Durante más de una década defendimos el patrimonio de “Colegas” y su sede en El Poblado, hasta que un grupillo de “interesados líquidos” y en una negociación no muy clara, procedió a enajenar nuestro patrimonio y a finalmente y de chiripa comprar para nueva sede del Colegio, “dos celdas” en el espurio proyecto urbano “Naranjal”, donde muy probablemente y como están las cosas, asistiremos a sus honras fúnebres después de cerca de 60 años de existencia.
De todo esto nos queda una carga de papeles, un sabor amargo, un océano de dudas, nada nuevo en el horizonte que no sea incertidumbre, desánimo y justificada desconfianza.
A raíz de esta pandemia, -lo que apoyo y respeto-, se crearon dos nuevos colegios de abogados en Colombia: el de abogados penalistas liderado por los doctores Iván Cancino, Francisco Bernate, el maestro Nodier Agudelo y otra larga lista de prestantes profesionales en derecho penal y el colegio de abogados administrativistas liderado por el doctor Mauricio Rodríguez, figura joven y ya eminente del derecho administrativo e igual larga lista de prestantes profesionales de esta área.
En mi sentir, la tendencia a la colegialización del ejercicio profesional de abogado, exacerbada por la pandemia y aunque es plausible, no es la respuesta a la crisis, ni a los efectos y exigencias futuras, todo ligado al modelo de administración de justicia que se avecina y con orígenes prevalentemente de orden económico mundial.
Es imposible, por múltiples caracterizaciones del ejercicio profesional en Colombia, lograr que en los colegios de abogados penalistas, administrativistas, civilistas, de familia, laboralistas, de seguridad social, tributaristas, etc. tan siquiera se agrupe un número significativo de la totalidad de abogados, sin consideración a las especialidades, es decir que erradique la concepción de gremio, de especificidad, de especialización, de particularización.
En mora estamos en Colombia de forjar el Gran Colegio General de Abogados, como ente rector, colegio donde estemos todos los abogados y desde el cual administrativamente tenga la gestión respecto de las distintas especialidades.
Así como lo imaginamos en “Colegas”, un gran colegio general de abogados, es en primer lugar un escenario democrático desde el cual participar en la vida nacional, un ente rector llamado no solo a hacer visibles a los abogados, sino su labor profesional en una Nación de precaria conformación, que necesita con urgencia volver por los cauces de la civilidad, el derecho y la justicia. En un país donde la anomia y la anemia cívica y humanista debilitan cada nuevo día las fuerzas vitales de nuestro cuerpo social, los abogados, no los técnicos y expertos de la legalidad-finanzas estamos convocados desde nuestras propias conciencias a ser luz en medio de tanta oscuridad.
Es como si el diploma de abogado nos desarraigara, que nos inhibiera de “ser ahí” y como si la existencia personal, profesional y social, quedara reducida a “anuncios comerciales” y al brillo ante las cámaras de TV., opinando bagatelas o a ser presumidos de altos cocientes intelectuales, por las tramas con que muchos especulan en el mercado en consideración a precios cliente/negocio y no por razón de valores.
Un Gran Colegio General de Abogados, por la dignidad humana y profesional, en escenarios de democracia y de no-necesidad y de no-temor para ejercer la profesión; por la seguridad jurídica, por la solidaridad y la cooperación y por el derecho a crear y contar con las garantías para forjar calidad de vida. Así, volvemos a ofrecer un proyecto estatutario de esta gran colegiatura elaborado hace varios años con el apoyo de entidades similares de Europa y un proyecto de ley que nos acerque como profesionales del derecho al juez natural, como existe para otras profesiones. La administración de justicia dejó de ser una función esencial del Estado, para pasar a ser un servicio público en términos del mercado y susceptible de ser prestado por privados, lo que además ha favorecido la formación de “monopolios de trámite administrativo” de asuntos de impecable derecho, a asuntos de mera consideración coste/beneficio.
Un Gran Colegio General de Abogados, que no sea plataforma de lanzamiento de “cohetes políticos o burocráticos”, sino un escenario de ciencia, disciplina y virtud que forje ciudadanos-abogados dispuestos a servir los más caros intereses de la patria, la administración de justicia, la sociedad, los conciudadanos y la profesión de abogado
Muchas más cosas quedan en el tintero que no caben en esta columna, pero es desgraciada, ingrata e inhumana, la actitud indiferente del Estado por causa del coronavirus o covic-19 respecto de los profesionales del derecho; es como si reiterara a la Nación que, los abogados en Colombia, en pandemia siempre hemos permanecido.
Digamos que la pandemia ha sido una severa auditoría a la humanidad, como individuos y como sociedad y nos ha dejado al descubierto en un desnudo no tan artístico, ante el cual las primeras voces, más insufladas por el temor que por lo plausible, hicieron eco a la necesidad de reinventarnos. ¡Dios nos libre de repetirnos!
Que la humanidad está soportando enormes cargas de incertidumbre, de necesidad, de temor, de miedo y diríamos que, en una relación de máxima igualdad perceptible, nadie puede negarlo.
Así, hemos sabido de agresiones a médicos y personal de salud; de médicos que por razón de su servicio han sido contagiados y otros que han fallecido y hemos sabido que no son casos aislados los de aquellos que llevan trabajando sin recibir el pago de sus salarios y honorarios de varios meses.
Pero, si por el sector salud llueve, por la orilla de los abogados no escampa.
Singular y por causa de la pandemia, es la eclosión que en materia de administración de justicia y del ejercicio profesional de abogado se ha desatado: opiniones y contrastes, sentimientos encontrados, propuestas, críticas plausibles y otras no tanto, acciones decididas y otras tantas de cuerpo de bomberos, al final un maremágnum, una barahúnda de santo y señor y con el agregado de sobredosis letales de importantes eventos académicos virtuales, que al mejor estilo de Platón, termina creando un estado de ignorancia “no por carencia, sino por llenura”, a lo que se suman las diversas opiniones sobre digitalización de las actuaciones de la administración de justicia, confundida y no infundadamente con la cercana “justicia digital”, aspecto este, como en otras áreas del quehacer humano, en que la novedad desplaza, oscurece y niega los contraestudios existentes de todo orden respecto del destino y fin de la humanidad dominada por la tecnología, el dataísmo, la relativización, la eficiencia y la competitividad y la configuración de elites.
Dejemos entonces a un lado la administración de justicia y veamos en contexto de la pandemia, la profesión del abogado, su ejercicio y su cara a cara con las crisis presentes y las por llegar.
Hacia el año 2002, en una crisis particular del Colegio Antioqueño de Abogados, (que para entonces presidía) y de la mano de los doctores Fabio Naranjo Ochoa, Luis Carlos Madrid G, Gonzalo Pérez Luna y otros miembros del consejo directivo, debió venderse la sede tradicional situada en El Palo con Ayacucho y con el salvamento, (del naufragio a que muchos apostaban) se adquirió en propiedad una nueva sede en el sector de Patio Bonito en el barrio El Poblado de Medellín. Allí empezamos a soñar: con forjar el Gran Colegio General de Abogados, sin dependencia, ni vínculo alguno con el Estado en muchas de las gestiones relacionadas con el ejercicio profesional, construir un edificio aprovechando las ventajas inmobiliarias del sector, crear una emisora, evaluar y dar principio a la cooperativa de abogados, proyectar una póliza de garantía de pago de honorarios, póliza de responsabilidad, la seguridad social para los abogados independientes, el apoyo y financiación para estudios postprofesionales, la adquisición de oficina, vivienda etc. y de manera singular, elaboramos un proyecto de regulación del ejercicio profesional desjudicializado, como sucede en los países de más desarrollo y sobre todo que significara no la agrupación como de mero gremio, ni la rejunta de abogados, sino la construcción de una verdadera común unión de los profesionales del derecho.
Durante más de una década defendimos el patrimonio de “Colegas” y su sede en El Poblado, hasta que un grupillo de “interesados líquidos” y en una negociación no muy clara, procedió a enajenar nuestro patrimonio y a finalmente y de chiripa comprar para nueva sede del Colegio, “dos celdas” en el espurio proyecto urbano “Naranjal”, donde muy probablemente y como están las cosas, asistiremos a sus honras fúnebres después de cerca de 60 años de existencia.
De todo esto nos queda una carga de papeles, un sabor amargo, un océano de dudas, nada nuevo en el horizonte que no sea incertidumbre, desánimo y justificada desconfianza.
A raíz de esta pandemia, -lo que apoyo y respeto-, se crearon dos nuevos colegios de abogados en Colombia: el de abogados penalistas liderado por los doctores Iván Cancino, Francisco Bernate, el maestro Nodier Agudelo y otra larga lista de prestantes profesionales en derecho penal y el colegio de abogados administrativistas liderado por el doctor Mauricio Rodríguez, figura joven y ya eminente del derecho administrativo e igual larga lista de prestantes profesionales de esta área.
En mi sentir, la tendencia a la colegialización del ejercicio profesional de abogado, exacerbada por la pandemia y aunque es plausible, no es la respuesta a la crisis, ni a los efectos y exigencias futuras, todo ligado al modelo de administración de justicia que se avecina y con orígenes prevalentemente de orden económico mundial.
Es imposible, por múltiples caracterizaciones del ejercicio profesional en Colombia, lograr que en los colegios de abogados penalistas, administrativistas, civilistas, de familia, laboralistas, de seguridad social, tributaristas, etc. tan siquiera se agrupe un número significativo de la totalidad de abogados, sin consideración a las especialidades, es decir que erradique la concepción de gremio, de especificidad, de especialización, de particularización.
En mora estamos en Colombia de forjar el Gran Colegio General de Abogados, como ente rector, colegio donde estemos todos los abogados y desde el cual administrativamente tenga la gestión respecto de las distintas especialidades.
Así como lo imaginamos en “Colegas”, un gran colegio general de abogados, es en primer lugar un escenario democrático desde el cual participar en la vida nacional, un ente rector llamado no solo a hacer visibles a los abogados, sino su labor profesional en una Nación de precaria conformación, que necesita con urgencia volver por los cauces de la civilidad, el derecho y la justicia. En un país donde la anomia y la anemia cívica y humanista debilitan cada nuevo día las fuerzas vitales de nuestro cuerpo social, los abogados, no los técnicos y expertos de la legalidad-finanzas estamos convocados desde nuestras propias conciencias a ser luz en medio de tanta oscuridad.
Es como si el diploma de abogado nos desarraigara, que nos inhibiera de “ser ahí” y como si la existencia personal, profesional y social, quedara reducida a “anuncios comerciales” y al brillo ante las cámaras de TV., opinando bagatelas o a ser presumidos de altos cocientes intelectuales, por las tramas con que muchos especulan en el mercado en consideración a precios cliente/negocio y no por razón de valores.
Un Gran Colegio General de Abogados, por la dignidad humana y profesional, en escenarios de democracia y de no-necesidad y de no-temor para ejercer la profesión; por la seguridad jurídica, por la solidaridad y la cooperación y por el derecho a crear y contar con las garantías para forjar calidad de vida. Así, volvemos a ofrecer un proyecto estatutario de esta gran colegiatura elaborado hace varios años con el apoyo de entidades similares de Europa y un proyecto de ley que nos acerque como profesionales del derecho al juez natural, como existe para otras profesiones. La administración de justicia dejó de ser una función esencial del Estado, para pasar a ser un servicio público en términos del mercado y susceptible de ser prestado por privados, lo que además ha favorecido la formación de “monopolios de trámite administrativo” de asuntos de impecable derecho, a asuntos de mera consideración coste/beneficio.
Un Gran Colegio General de Abogados, que no sea plataforma de lanzamiento de “cohetes políticos o burocráticos”, sino un escenario de ciencia, disciplina y virtud que forje ciudadanos-abogados dispuestos a servir los más caros intereses de la patria, la administración de justicia, la sociedad, los conciudadanos y la profesión de abogado
Muchas más cosas quedan en el tintero que no caben en esta columna, pero es desgraciada, ingrata e inhumana, la actitud indiferente del Estado por causa del coronavirus o covic-19 respecto de los profesionales del derecho; es como si reiterara a la Nación que, los abogados en Colombia, en pandemia siempre hemos permanecido.
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