PETRO, esperando por la lira. Columna del Abogado Nelson Hurtado Obando
Red X @abogadohurtado
La afirmación, que el presidente Petro exhibe un espíritu autocrático es innegable, respaldada por una serie de discursos y acciones que ponen en riesgo la institucionalidad y la democracia en Colombia.
Desde antes de su llegada al poder, Petro ha reiterado que le “me gustaría retroceder treinta (30) años a mi juventuT”, forma discursiva que no ha tenido su análisis profundo por parte de la inteligencia democrática de Colombia y ni siquiera por la “inteligencia del Estado”.
El designio de Petro, [que no un deseo] de regresar 30 años a su juventud, implica todos los episodios de su discurrir subversivo, entre ellos el más pérfido y deshumanizante, el incendio del Palacio de Justicia en 1965 y la muerte a plomo y fuego de numerosos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de numerosos civiles y guerrilleros y auxiliadores infiltrados.
Desde antes de y posterior a su elección Petro en su vileza trazó la línea discursiva y de hecho por medio de la cual divide la unidad nacional del pueblo colombiano entre “su pueblo petrista” y el resto de ciudadanos ya casi parias por su línea política de redomado marxista, redomado guerrillero y redomado embustero, especializado con el plus de contar y argumentar sólo la mitad de la historia que le conviene, como severo manipulador.
Primero empezó su gobierno con un ataque frontal a los empresarios privados, al aparato productivo, al sistema de salud, al régimen laboral y sus permanentes ataques directos e indirectos a la administración de justicia, especialmente a sus órganos de cierre.
Desde entonces, Petro no pierde oportunidad de convocar a su "su pueblo", a una tarea específica: “salir a las calles a impedir y defender su gobierno progresista, para el cual cuatro (4) años de mandato son insuficientes” sin que nadie repare que es la declaración explícita de que llegó al poder para quedarse personalmente o para hacerlo en “cuerpo ajeno”.
Del discurso a la acción son muchos los eventos que se registran bajo el desgobierno de Petro: toma por parte de sus “milicias” de fincas e incendio de estas, retenes en las carreteras, vandalismo en los centros poblados de las ciudades colombianas a través de “movilizaciones sociales de su pueblo en defensa de su gobierno.
Significativa la primera “movilización social de su pueblo” como grupo de presión contra “su propio Congreso” en presión para la aprobación de la llamada reforma a la salud, para la cual se trasladó a cientos de indígenas desde el lejano Cauca a Bogotá.
Del discurso y las acciones no queda duda que Petro se ha desligado de la lealtad jurada y debida a los principios democráticos y el respeto y acatamiento a la Constitución y a las leyes y a las instituciones. El neoconstitucionalismo decolonizador, puso el poder en manos de Petro, para justificar su desprecio por las instituciones y la división de poderes.
La tensión entre democracia y Constitución es inherente a cualquier sistema político, pero Petro por “principios” y dura hechura marxista es evidente que no puede amar y menos abrazarse a la democracia, a la justicia, ni a la administración de justicia.
Las acciones del presidente Petro contra la institucionalidad colombiana son alarmantes y no deben ser pasadas por alto. Desde sus ataques directos a la Corte Suprema de Justicia, insinuando su vinculación con la mafia, hasta su desacato a las decisiones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, Petro muestra un desdén preocupante por el estado democrático de derecho y la separación de poderes y en especial por la independencia judicial.
El intento de influir en la elección de la fiscal general de la Nación, presentando una terna compuesta por personas afines a sus intereses políticos y familiares, revela una clara intención de subvertir el curso normal de la justicia en beneficio propio y de sus allegados.
Y preguntamos: ¿cuál es el afán contra la Corte Suprema de Justicia?
¿Qué es lo sustancial e inmanente: el Fiscal o la institución como parte esencial de la administración de justicia en un Estado social de derecho, democrático?
Que Petro llame a "su pueblo" para que defienda su gobierno en las calles y presione a la Corte Suprema de Justicia a que elija la Fiscal entre tres conmilitonas, no deja duda ninguna que su afán no es la Fiscalía como institución democrática y parte de la administración de justicia de Colombia, sino la elección de la fiscal conmilitona.
Petro no ha sido, ni es un hombre libre; primero prisionero de sus obsesiones y terquedad; segundo, prisionero de sus estados de “necesidad y de temor” surgido por las presuntas ilicitudes ocurridas en su campaña presidencial por desafiar la Constitución y las leyes e cuanto a topes en la financiación de su campaña y la aceptación de fuentes de financiación proveniente presuntamente de toda clase de criminalidad y develadas por sus propios: hermano, hijo Nicolás Petro y su excónyuge y por su propio jefe de campaña A. Bennedetti a quien acaba de nombrar embajador de Colombia ante la FAO en Italia, lo tienen cercano no sólo al juicio político ante el Congreso, sino ante el juez colegiado penal la Corte Suprema de justicia.
El pasado 8 de febrero de 2024 la hueste conmilitona respondió a la convocatoria de Petro de “salir a la calle porque cuatro (4) años son insuficientes para el gobierno progresista” y la turba bajo una nueva forma volvió a “incendiar el Palacio de Justicia” con los magistrados adentro. No fue acto de diez segundos, ni propiciado por tres pelagatos, no, y así lo han reiterado los presidentes de las altas Cortes y los registros de la intentona como regresando a la “juventuT” de 1985.
La turba no se detuvo ni por “el diálogo del comandante de la Policía”, ni por nada parecido, ni por orden del “instrumento FECODE”; la turba que iba para la Corte y contra sus magistrados se detuvo por alguna contraorden que como dijo el ministro de justicia "sobre lo que se sabe no se pregunta” y que debió haber sido dada por alguien con ascendiente directo y autoridad sobre la turba.
Si el Fiscal actual en las investigaciones que adelanta la fiscalía debe compulsar copias, lo hará ante el Congreso para si halla mérito le de el tratamiento penal que corresponde ante la Corte Suprema de Justicia.
Nombrar a Benedetti embajador en Italia es vital para Petro, por lo que le remita en la “valija diplomática”, que con impaciencia espera. ¡No es mero simbolismo!
Desde antes de su llegada al poder, Petro ha reiterado que le “me gustaría retroceder treinta (30) años a mi juventuT”, forma discursiva que no ha tenido su análisis profundo por parte de la inteligencia democrática de Colombia y ni siquiera por la “inteligencia del Estado”.
El designio de Petro, [que no un deseo] de regresar 30 años a su juventud, implica todos los episodios de su discurrir subversivo, entre ellos el más pérfido y deshumanizante, el incendio del Palacio de Justicia en 1965 y la muerte a plomo y fuego de numerosos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de numerosos civiles y guerrilleros y auxiliadores infiltrados.
Desde antes de y posterior a su elección Petro en su vileza trazó la línea discursiva y de hecho por medio de la cual divide la unidad nacional del pueblo colombiano entre “su pueblo petrista” y el resto de ciudadanos ya casi parias por su línea política de redomado marxista, redomado guerrillero y redomado embustero, especializado con el plus de contar y argumentar sólo la mitad de la historia que le conviene, como severo manipulador.
Primero empezó su gobierno con un ataque frontal a los empresarios privados, al aparato productivo, al sistema de salud, al régimen laboral y sus permanentes ataques directos e indirectos a la administración de justicia, especialmente a sus órganos de cierre.
Desde entonces, Petro no pierde oportunidad de convocar a su "su pueblo", a una tarea específica: “salir a las calles a impedir y defender su gobierno progresista, para el cual cuatro (4) años de mandato son insuficientes” sin que nadie repare que es la declaración explícita de que llegó al poder para quedarse personalmente o para hacerlo en “cuerpo ajeno”.
Del discurso a la acción son muchos los eventos que se registran bajo el desgobierno de Petro: toma por parte de sus “milicias” de fincas e incendio de estas, retenes en las carreteras, vandalismo en los centros poblados de las ciudades colombianas a través de “movilizaciones sociales de su pueblo en defensa de su gobierno.
Significativa la primera “movilización social de su pueblo” como grupo de presión contra “su propio Congreso” en presión para la aprobación de la llamada reforma a la salud, para la cual se trasladó a cientos de indígenas desde el lejano Cauca a Bogotá.
Del discurso y las acciones no queda duda que Petro se ha desligado de la lealtad jurada y debida a los principios democráticos y el respeto y acatamiento a la Constitución y a las leyes y a las instituciones. El neoconstitucionalismo decolonizador, puso el poder en manos de Petro, para justificar su desprecio por las instituciones y la división de poderes.
La tensión entre democracia y Constitución es inherente a cualquier sistema político, pero Petro por “principios” y dura hechura marxista es evidente que no puede amar y menos abrazarse a la democracia, a la justicia, ni a la administración de justicia.
Las acciones del presidente Petro contra la institucionalidad colombiana son alarmantes y no deben ser pasadas por alto. Desde sus ataques directos a la Corte Suprema de Justicia, insinuando su vinculación con la mafia, hasta su desacato a las decisiones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, Petro muestra un desdén preocupante por el estado democrático de derecho y la separación de poderes y en especial por la independencia judicial.
El intento de influir en la elección de la fiscal general de la Nación, presentando una terna compuesta por personas afines a sus intereses políticos y familiares, revela una clara intención de subvertir el curso normal de la justicia en beneficio propio y de sus allegados.
Y preguntamos: ¿cuál es el afán contra la Corte Suprema de Justicia?
¿Qué es lo sustancial e inmanente: el Fiscal o la institución como parte esencial de la administración de justicia en un Estado social de derecho, democrático?
Que Petro llame a "su pueblo" para que defienda su gobierno en las calles y presione a la Corte Suprema de Justicia a que elija la Fiscal entre tres conmilitonas, no deja duda ninguna que su afán no es la Fiscalía como institución democrática y parte de la administración de justicia de Colombia, sino la elección de la fiscal conmilitona.
Petro no ha sido, ni es un hombre libre; primero prisionero de sus obsesiones y terquedad; segundo, prisionero de sus estados de “necesidad y de temor” surgido por las presuntas ilicitudes ocurridas en su campaña presidencial por desafiar la Constitución y las leyes e cuanto a topes en la financiación de su campaña y la aceptación de fuentes de financiación proveniente presuntamente de toda clase de criminalidad y develadas por sus propios: hermano, hijo Nicolás Petro y su excónyuge y por su propio jefe de campaña A. Bennedetti a quien acaba de nombrar embajador de Colombia ante la FAO en Italia, lo tienen cercano no sólo al juicio político ante el Congreso, sino ante el juez colegiado penal la Corte Suprema de justicia.
El pasado 8 de febrero de 2024 la hueste conmilitona respondió a la convocatoria de Petro de “salir a la calle porque cuatro (4) años son insuficientes para el gobierno progresista” y la turba bajo una nueva forma volvió a “incendiar el Palacio de Justicia” con los magistrados adentro. No fue acto de diez segundos, ni propiciado por tres pelagatos, no, y así lo han reiterado los presidentes de las altas Cortes y los registros de la intentona como regresando a la “juventuT” de 1985.
La turba no se detuvo ni por “el diálogo del comandante de la Policía”, ni por nada parecido, ni por orden del “instrumento FECODE”; la turba que iba para la Corte y contra sus magistrados se detuvo por alguna contraorden que como dijo el ministro de justicia "sobre lo que se sabe no se pregunta” y que debió haber sido dada por alguien con ascendiente directo y autoridad sobre la turba.
Si el Fiscal actual en las investigaciones que adelanta la fiscalía debe compulsar copias, lo hará ante el Congreso para si halla mérito le de el tratamiento penal que corresponde ante la Corte Suprema de Justicia.
Nombrar a Benedetti embajador en Italia es vital para Petro, por lo que le remita en la “valija diplomática”, que con impaciencia espera. ¡No es mero simbolismo!
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