Existen varias formas de resolver los conflictos y, entre ellas, se resalta: la autodefensa o autotutela, la autocomposición y la heterocomposición y para ilustrar un poco el contexto, recuérdese que “la autocomposición es la solución del problema por las mismas partes y sin que una imponga a la otra su voluntad. Por su parte, la heterocomposición “supone la solución del conflicto por un tercero que interviene con el fin de provocar un arreglo, aparece desde los albores de la humanidad y da lugar a diferentes formas de solución. El elemento de imparcialidad debe caracterizar a los terceros que tienen la misión de resolver el conflicto; es también denominado por la doctrina como elemento de la terceridad. Y como ejemplo de heterocomposición tenemos: la mediación, la conciliación, el arbitraje y está la forma de terceridad por excelencia, que es el proceso judicial como la manera de solucionar conflictos que brinda el Estado, mediante el ejercicio de la función jurisdiccional. El tercero es el Estado por conducto del juez.”[1]
 
La autodefensa, contrario a la autocomposición y a la heterocomposición, “consiste en la defensa que de su propio derecho hace el titular. Vestigios de ella se mantienen todavía en los sistemas jurídicos; piénsese por ejemplo en la legítima defensa, en el derecho de retención, en el de huelga, en la posibilidad de cortar árboles o plantas del vecino, la exceptio non adimpleti contractus (una parte puede negarse al cumplimiento de la obligación mientras la otra no cumpla la suya) y, en el ámbito del derecho internacional, en la guerra como última ratio. El Estado reconoce la autotutela como solución, cuando su propia actividad no llega a determinados asuntos y en caso de que llegara sería ya tarde para la defensa del derecho. La reacción del ordenamiento jurídico es tardía, lo cual se explica por su propia estructura compleja. Se caracteriza así la autotutela por dos notas esenciales: la ausencia de un tercero distinto a las partes que pueda resolver el conflicto y la imposición de la decisión, de una de las partes a la otra.”[2]
 
La autodefensa o autotutela, entonces, se refiere a una forma de solución del conflicto en la cual el titular del derecho asume su propia defensa. Es lo que se conoce popularmente como “hacer justicia por mano propia”, tomar la ley en sus manos y buscar castigar a otro sin darle las garantías de un debido proceso. Hace parte de esa justicia por mano propia el acoso y los linchamientos, pero también los señalamientos o retención de personas y sometimientos a prácticas de interrogatorio por fuera de un sistema jurídico y sus garantías.
 
Es claro, por lo que significan, que estas formas de resolver un conflicto no son asunto de poca importancia, sino que devienen en fundamentales si lo que se pretende es tener una sociedad justa, ordenada, legítima, válida y en un estado de convivencia pacífica. Igualmente, si se pretende un gobierno también legítimo, válido y capaz de procurar la justicia, el orden y la convivencia pacífica. Porque si esas no son las pretensiones, entonces la autotutela o autodefensa, ese sálvese quien pueda y el linchamiento en cualquiera forma de expresión, estarán permitidos, sea cual fuere el escenario y circunstancias y con mayor razón si quienes acuden a la autodefensa o autotutela son los servidores del Estado que dan ese ejemplo y además se esfuerzan en justificarlo como práctica válida.
 
Esta columna y el contexto que he planteado surgió por la reciente noticia que se hizo viral, publicada por la Revisa Semana, y que intituló: “Me sentí secuestrada-Merelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, revela que, tras la pérdida de un maletín con plata de la jefa de gabinete del Gobierno Petro, fue llevada a un sótano al frente de la Casa de Nariño. Allí, según ella, vivió una pesadilla.” La nota agregó:
 
“Según la niñera, fue Sarabia quien le advirtió que debía someterse al polígrafo. “Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, relata la mujer, de 51 años, quien vive en un humilde barrio del sur de la capital del país.

Ese día, Harold Rondón, un conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) al servicio de Sarabia, fue a buscar a Meza a su casa. SEMANA tiene en su poder cinco audios que él le envió a la mujer cuando estaba esperándola afuera de su lugar de residencia. “Hola, Mary, cómo me le va. Estoy ya aquí afuerita”, le dice. Luego, ante la demora, le insiste: “Hola, Mary, te estoy esperando”. Por último, le advierte: “Chúcele, chúcele a eso, porque toca estar allá antecitos de las dos”.

Meza se subió al vehículo hacia la una de la tarde y fue conducida al palacio presidencial. Allí ocurrió otro hecho relevante, ya que no ingresó por las puertas oficiales de acceso. No pasó por los controles ni el detector de metales y tampoco hubo un registro. Nadie le pidió la cédula ni le dieron escarapela o contraseña, como es habitual. Es decir, no quedó una sola huella en el sistema de visitantes.”[3]

La noticia anterior no fue negada por la Jefa de Gabinete del actual gobierno, pero sí fue justificada bastante y hasta por la misma Presidencia de la República que emitió un comunicado oficial con la pretensión de darle legitimidad y validez a la forma irregular como la señora Merelbys Meza fue tratada, trasladada de su lugar de trabajo a otro que no lo era, interrogada sin protocolos y sometida, incluso, a un polígrafo. Con el comunicado de la presidencia se invocaron incluso varios Decretos como el 2647 de 2022 y el 1066 del 2015 y lo hicieron como forma de arropar jurídicamente el proceder y darle el contexto de que se actuó por razones de seguridad de un alto funcionario del Estado. Aunque se supone que los empleados de los altos funcionarios del Estado ya deben tener un estudio de seguridad previamente hecho, máxime que en el caso concreto, se trataba de una Niñera a quien se le tenía confiada la vida de un menor, de allí que ya ella era de confianza.
 
Ahora bien, ¿en dónde está lo reprochable del proceder de la alta funcionaria del gobierno que fue víctima de un hurto en su propia casa? Lo reprochable no está en la cantidad de dinero que tenía en efectivo y si se trataba de pesos colombianos o de dólares. Ella está en libertad, a mi juicio, de manejar su dinero en efectivo o a través del sistema bancario, allá ella, al fin y al cabo es la propietaria y no está en discusión su fuente. Lo reprochable sí es que siendo ella una servidora pública y, además de alto nivel, haya acudido a la autodefensa o autotutela como forma de resolver el conflicto. Esa forma de autodefensa, pero revestida de presunta legalidad y validez porque los que intervinieron para apoyar ese proceder fueron servidores públicos, es lo reprochable. 
 
Es que obsérvese que al contrastar lo sucedido con las dos notas fundamentales de lo que significa o representa la autodefensa o autotutela, la primera no se cumple en el caso de Laura Sarabia y su Niñera, porque no se presentó, para justificar el actuar de la Servidora Pública “la ausencia de un tercero distinto a las partes que pueda resolver el conflicto” siendo ese tercero el Estado y aunque ella era y es representante de ese Estado, decidió abusar de esa condición y de la autoridad que la inviste y, al obrar sin competencia, materializó la segunda nota de la autotutela, esto es, “la imposición de la decisión, de una de las partes a la otra” y lo hizo al llevar a un sótano a su Niñera, someterla a la prueba del polígrafo para provocar de ella la confesión de un presunto delito de hurto de un dinero de su propiedad.  Esto, sin duda, y aunque se afirme lo contrario, fue hecho sin protocolos válidos, con violación de los derechos laborales de su Niñera, pero sobre todo, de los derechos humanos y fundamentales de ella como persona.  Para ella no hubo presunción de inocencia muy a pesar de que ya gozaba de la confianza, porque lo que tenía confiado en sus responsabilidades era el cuidado de la vida de un menor.
 
La autodefensa o autotutela está prohibida y no puede ser el camino que se elija en una sociedad que busca la paz y si bien esa forma de resolver los conflictos consagra entre sus excepciones el derecho de retención, ese derecho alude es la retención de objetos y no de sujetos, porque retener sujetos en contra de su voluntad puede llegar a constituir secuestro.
 
Cierro indicando que la gravedad en lo que hizo la señora Laura Sarabia es que acudió, a mi juicio, a la autodefensa o autotutela usando de manera indebida los recursos y bienes del Estado y no se excusó, sino que se justificó, todo lo cual, infortunadamente, envía varios mensajes negativos: el primero es que no es necesario un sistema jurídico y menos garantista para resolver los conflictos en una sociedad civilizada; y el segundo es que no hay problema si un servidor público acude a la autotutela o autodefensa siempre que lo considere un acto válido. Pero lo pernicioso de estos mensajes, sobre todo del segundo, es que ese servidor público, no podrá después pretender que las personas del común no hagan lo mismo. 
 
¿En qué quedaría la paz que buscamos si el camino que se sugiere es la autodefensa o autotutela?. Si se va a considerar legítima y válida, instituida ya está.
 
Referencias:

[1] QUINTERO, Beatriz.  PRIETO, Eugenio.  Teoría General del Proceso. Editorial TEMIS, Tomo I. pág. 8 y 9

[2] ibidem. pág. 8.

[3] REVISTA SEMANA.  https://www.semana.com/politica/articulo/laura-sarabia-primero-dijo-que-tenia-en-el-maletin-del-robo-3500-o-4000-dolares-ahora-se-planta-en-7000-dolares-estan-son-las-preguntas-que-surgen/202320/

El 12 de mayo de 2023 se fundó el Colegio Colombiano de Abogados en Derecho Sancionatorio y tuve la fortuna de ser invitada como parte de sus integrantes y, también, me fue concedido el honor inmerecido de dar una de las conferencias inaugurales. Y digo que fue un honor inmerecido porque sabemos muy bien que contamos con grandes maestros del derecho sancionador a quienes estudiamos con sereno juicio y, en ocasiones, con un buen fundado prejuicio.
 
No niego que me preocupé bastante en relación con lo que sería mi intervención ante los Colegas dedicados al estudio y/o praxis del Derecho Sancionador porque era lógico que no tendría nada nuevo que decir sobre lo que ya hemos construido y teorizado, sobre todo, desde la jurisprudencia y la praxis más relevante. Pero como me caracteriza, a pesar de lo tímida que soy, una rebelde osadía que me lleva a decir lo que, tal vez, no guste, al menos no de inmediato, opté por hacer una intervención disruptiva en relación con el derecho sancionador y de ello previne a su actual Vicepresidente Doctor Sergio Luis Mondragón, para evitarle la sorpresa.
 
En ese cometido, empecé mi intervención diciéndole al público presente: Se esperaría que un día como hoy en el que se funda el Colegio Colombiano de Abogados en Derecho Sancionatorio, se inicie hablando de la evolución del derecho sancionatorio,  o que empecemos por referirnos a esa potestad sancionadora del Estado y cómo se han aumentado y fortalecido, por ejemplo, las funciones de la administración desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.  Y se esperaría, a mi juicio, porque es pacífico el consenso en relación con que “la potestad sancionadora del Estado se desenvuelve en diversos ámbitos, en los cuales cumple diferentes finalidades de interés general. Así, por medio del derecho penal, que no es más que una de las especies del derecho sancionador, el Estado protege bienes jurídicos fundamentales para la convivencia ciudadana y la garantía de los derechos de la persona. Pero igualmente el Estado ejerce una potestad disciplinaria sobre sus propios servidores con el fin de asegurar la moralidad y la eficiencia de la función pública.”
 
Y es que ya es pacífico entender que el derecho sancionatorio se despliega o manifiesta en varias especialidades:
 

• Derecho Penal
• Derecho de policía
• Derecho Disciplinario 
• Derecho sancionatorio ambiental
• Derecho de la responsabilidad fiscal
• Derecho Tributario
• Derecho contravencional o de tránsito automotor
• Derecho deontológico

 
Lo anterior, entre otros, porque creo que es pacífico comprender que lo que implique sancionar hace parte del derecho sancionador.
 
Agregué que, seguramente, también esperaban que en la intervención pudiera haber una referencia a todo lo que hemos acumulado en un poco más de treinta (30) años en relación con el derecho sancionatorio y de allí poder identificar, incluso, las varias etapas o mejor dicho lo que yo llamo ciclos, esto es: Del año 1991 al año 2000 haber contado, por ejemplo, con la ley 200 de 1995, complementada con la ley 190 del mismo año, asemejada a las formas e instituciones del derecho penal para el derecho disciplinario, pero al tiempo se pudo reconocer en esta época que no habían realmente procedimientos sancionatorios garantistas claros, salvo en relación con la ley 200, pero para lo demás poca claridad.  Todo lo cual implicó exigir el surgimiento de procedimientos desde el órgano competente por aquello del principio de reserva de ley que había sido ignorado por la administración porque ella se abrogó esa competencia reguladora.  Y esto nos llevó a un segundo ciclo del derecho sancionatorio, esto es, la década del 2000 y con el nuevo milenio se expidió la ley 734 de 2002 y la 906 de 2004, entre otras. Luego en el ocaso de la segunda década del 2000, fue expedida la Ley 1952 de 2019 e iniciando la tercera década, una nueva reforma  en materia disciplinaria se presentó con la Ley 2094 de 2021.
 
Dije incluso que, también coincidimos hoy en que el derecho sancionatorio tiene unos principios a los que no puede sustraerse y son:
 

• Principio de Legalidad 
• Principio de Tipicidad
• Principio de Antijuridicidad (ilicitud sustancial)
• Principio de Culpabilidad
• Responsabilidad Subjetiva 
• Responsabilidad Objetiva
• Responsabilidad Sin Culpabilidad
• Reserva de ley

 
Y señalé que, ante tanta coincidencia, para qué colegiarnos si, estemos dónde estemos, estaremos coincidiendo con estos aspectos.
 
Así que en esa pretensión de hacer una intervención un tanto disruptiva y luego de haber manifestado lo anterior, les indiqué que: Considero que el valor de este encuentro de profesionales con tanta experticia como ustedes, porque me declaro aprendiz eterna, está en que le demos cabida en el derecho sancionatorio, para seguir construyéndolo y edificándolo, a otros principios y actores que no se están viendo con claridad, al menos no de forma activa y, naturalmente, no a mi juicio.  Con esto quiero irrumpir el statu quo y el modo piloto automático en el que la normativa vigente suele ponernos o nos ha puesto y eso lo aterricé indicando que de manera puntual quería referirme a algunos retos y desafíos del derecho sancionador:
 
1. Darle cabida al principio democrático porque este posibilitará materializar la participación de la sociedad que, leída en un contexto de teoría del Estado y teoría política, pero también constitucional, aunque es poder soberano, se encuentra marginada de las actuaciones de corte sancionador. 
​
La sociedad es parte ausente del derecho sancionatorio, aunque paradójicamente es ella misma la población como elemento del Estado y poder soberano en un Estado que se ha erigido como Social de Derecho y ha redefinido la fuente de la soberanía y del poder público. Si analizamos bien, el verdadero protagonista del derecho sancionatorio es la población porque es la que espera el buen obrar.
 
Se considera que hay razones constitucionales suficientes para pensar que la población debe hacer parte del ejercicio del ius puniendi del Estado ya que, si la soberanía empezó a residir en el pueblo y de él emana el poder público como lo establece claramente el Artículo 3 de la Constitución Política de 1991, eso tiene que significar mucho para el derecho sancionatorio y para los que de una u otra forma lo estudiamos, practicamos, lideramos y defendemos. Que el pueblo sea el soberano indica que hay jefe, un jefe social que ha sustituido en todo y con todo a los jefes políticos del derecho sancionatorio.
 
Y cierto es que bien puede decirse que, en el proceso penal, como manifestación del derecho sancionatorio,  ese principio democrático ya tiene acogida porque la sociedad encuentra representación en el Procurador Judicial, sin embargo, objetivamente hablando, el rol de éste está en desconexión de esa sociedad que supuestamente representa y de allí que dicha figura, bajo el postulado de incorporar el principio democrático, debe requerir una redefinición en su nombramiento y responder más a una figura de elección democrática: Principio democrático como un principio más del derecho sancionador.
 
En el proceso penal tenemos una sociedad ausente, pero pagando mucho por una representación, a veces, ausente también. Y digo ausente porque es bien sabido que muchos procuradores judiciales brillan por su ausencia, aunque vayan a la audiencia y brillan por su desconexión con los intereses de la sociedad que deben representar, terminando por inclinarse en favor de una u otra parte de la litis, cuando no es ese su rol. Siendo así, es necesario que la figura del Procurador Judicial, el grado que fuese o fuere, se redefina, sobre todo en la forma de su nombramiento, el cual debe dejar de provenir de una autoridad instituida y politizada. Es necesario que los Procuradores Judiciales como figura se mantenga, pero sean elegidos por votación popular y que los Abogados, Abogadas y Abogades, podamos postularnos al cargo y que sea la sociedad quien decida por quién votar según haya sido la praxis y la credibilidad en esa sociedad que es la que va a representar para que aumente la confianza ciudadana. Porque nadie más que la ciudadanía que ha sido cliente directo de un Abogado, Abogada o Abogade, para saber si ese Abogado, Abogada o Abogade, que la representará como sociedad cuenta con la dignidad para asumir tal encargo. Con eso se acabará la indignación que muchos sienten al ver personas indignas de la profesión ocupando cargos en los que el ejemplo de probidad y responsabilidad deben primar en favor de la sociedad, pero no lo hacen.
 
Saber que es la ciudadanía la que hará la elección de ese Procurador Judicial elevará el estándar ético de cada Abogado, Abogada y Abogade, porque no solo contarán los títulos académicos y la experiencia y la intriga política, sino la buena conducta acreditada ante la sociedad que se representará. 
 
En todo cargo que implique praxis sancionatoria y el rigor jurídico, la comunidad debe intervenir en la elección de los que tendrán tan importante encargo cuando de representar a la sociedad se trate, no a la persona individualmente considerada que ya cuenta con la debida representación. 
 
Es que la ciudadanía no puede sentirse amenazada por las instituciones y servidores públicos que deben protegerla en su vida, honra, bienes y derechos humanos y constitucionales fundamentales cuando se impulsa un proceso sancionatorio, el que fuere. Y mucho menos debe sentirse ignorada por quienes se sienten dueños de esas facultades y víctima de los que se han adueñado de ellas y se han puesto a disposición de los políticos que los patrocinan y por virtud de eso han silenciado la función sancionadora.
 
Reitero que esto es por la incorporación del principio democrático que no se resuelve con tener hoy a las personas como veedores o como quejosos por ejemplo en la actuación administrativa sancionadora, ya que, aunque coadyuve a la administración pública, eso no significa que la sociedad esté hallando respuesta.
 
Por eso la población como elemento fundamental del Estado debe tener materializada su participación en las instituciones, no solo en la elección para que luego la sometan y maltraten, sino para contribuir con la corrección cuando ello llegare a ocurrir.
 
Es agregar a esos principios, sin temor, con apertura a redefinir paradigmas, el principio democrático. Los abogados, abogadas y abogades, nos debemos a la sociedad y ella debe legitimar nuestro actuar, sobre todo el ético y no solamente el técnico.
 
La sociedad no debe mantenerse al margen de la facultad sancionadora del Estado, la que fuere.  Ella requiere una participación más activa y ello debe implicar la redefinición de toda la normativa vigente que regula lo sancionatorio.  Resalto por ejemplo la necesidad también de que la sociedad esté representada en las actuaciones administrativas de carácter sancionador hoy en cabeza de una autoridad ambiental politizada que muchas veces los dilata o no los inicia. Y así hay que hacerla partícipe, más allá del rol de quejosa, en el derecho disciplinario, en el derecho de la responsabilidad fiscal, en el derecho contravencional (tránsito y policía). Y esto a manera de ejemplo.
 
Por qué hablo osadamente del principio democrático, porque considero que el Colegio de Abogados en Derecho Sancionatorio no solo debe crearse para hacernos cercanos entre nosotros, sino para que nosotros nos acerquemos a la comunidad, a la sociedad, a la población como elemento esencial del Estado, es decir, para acercarnos en el Estado social de derecho colombiano, al pueblo como detentador de la soberanía y del cual emana el poder público. Los Abogados estamos para servirle a la sociedad porque esa es la esencia de nuestra profesión y no para servirle a un partido político.
 
El debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas debe implicar, entonces, una incorporación del principio democrático.
 
2. Un segundo aspecto es que el derecho sancionador se deje abrigar por el derecho procesal con el fin de pensar cada institución propia del debido proceso desde la disciplina que por excelencia se encarga de su estudio y que, por lo tanto,  podría, con rigor teórico, aportar un constructo de instituciones y garantías para el derecho sancionatorio administrativo con el matiz diferencial del derecho penal y del derecho procesal civil desde donde se han extrapolado los institutos procesales, esto con el fin de llegar a una reforma en la que se expida un solo proceso sancionatorio general de la administración. Esto implica pensar sistémicamente todo el derecho sancionatorio de tal manera que se recojan todos los procedimientos administrativos sancionatorios y se le de vida, evocando al Maestro Jorge Iván Rincón “a una ley de régimen administrativo sancionatorio general en donde se conciban una cantidad de garantías que se acomoden al artículo 29 constitucional y a la convencionalidad y que expliquen las particularidades de cada uno de esos principios”.  
 
3. En tercer lugar, planteé que en virtud de ese principio democrático sugerido, también se han de incorporar otros sujetos de derecho como la naturaleza y los seres sintientes, pero no solo como sujetos de protección, sino como sujetos que deben tener voz en el proceso y en ese sentido contar con quién represente sus intereses  de manera especial y específica y que es un aspecto que no alcanza a resolver y a atender un procurador o un defensor público que escasamente está alcanzado a representar a una persona. Es decir, hoy desde un enfoque ecocéntrico, estos nuevos sujetos también requieren ser representados.  

Este esbozo de retos y desafíos, desatinos para muchos, estaría todo para pensarse desde el principio democrático que no es más que abrir los procesos judiciales y administrativos sancionatorios para que la sociedad encuentre verdadera participación y eficiencia, eficacia y efectividad en su representación.

​El debate queda abierto.

El 02 de marzo de 2023 los colombianos recibimos con sorpresa la sentencia STC1926-2023 en cuyo texto, por los hechos ¿analizados?, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mantuvo a las mascotas, animales de compañía, en la categoría de bienes objeto de embargo y lo hizo con fundamento en frías y formales disposiciones jurídicas del Código Civil que, son la expresión del Estado liberal de derecho dejado atrás con la adopción de la Constitución de 1991 en donde, se acogió el Estado social de derecho, constitucional, democrático, pluralista, ecocéntrico y que reconoce la vida como derecho inviolable, que tiene en conexidad el derecho a la salud.
 
En la sentencia mencionada, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó en claro que las autoridades judiciales sí pueden tomar medidas de embargo sobre animales como perros, muy a pesar de que la tutelante, entre otros aspectos, adujo que ‘su hijo ha desarrollado un lazo de fraternidad con (los perros) ya que desde su nacimiento ellos han estado en su vida y se han convertido en esa compañía con la que todos se entretienen, se brindan amor y compañía, integran una parte importante de la rutina de su hogar; prueba de ello está el avance psicomotriz de su hijo, asimismo como su desarrollo emocional y los vínculos de apego que su hijo y los caninos han generado, por lo tanto sacarlos de su hogar causaría un impacto negativo sobre la salud emocional y afectiva de su hijo’.
 
En primera instancia, un Tribunal negó la tutela asegurando que la mujer podía acudir a otro mecanismo de defensa, como la oposición a la diligencia de secuestro. Y, en segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia dijo que la tutela no procede en este caso en el que la mujer reclama que esto afecta negativamente en su bienestar y que los perritos no pueden ser separados de ella y su hijo.

“Sin embargo, tal como acertadamente coligió el tribunal, en el evento en que se adelanten las diligencias reseñadas, la (mujer) tiene la posibilidad de presentar su oposición para que, en el marco del incidente respectivo, someta a escrutinio del juez de familia las especiales circunstancias aducidas en esta sede –v. gr., la alegada ‘propiedad’ sobre los perros y la existencia de vínculos afectivos–“[1]
 
Sobre el asunto, ya varios juristas y animalistas han expresado el rechazo a la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y han dado como argumentos que dicha decisión vulnera la consideración que tienen los animales como seres sintientes, el concepto de familia multiespecies y la dignidad humana, que son razones para que los Magistrados hubiesen hecho un pronunciamiento sobre el carácter inembargable de los animales de compañía y no reducirlos a unos objetos inertes de disposición negocial, cuando realmente no lo son.  Particularmente, comparto las razones de rechazo a la sentencia y su alcance, pero agrego, además, que lo relacionado con los animales de compañía, mascotas, no pueden tratarse simplemente desde la calidad de bienes, sino que deben ser considerados en el contexto ecocéntrico y lo que como seres vivos significan en la interacción con los seres humanos y es por eso que en esta columna afirmo que la Sentencia STC1926-2023, que permite embargar a las mascotas, viola el derecho a la SALUD y lo hace por lo siguiente:
 
En Colombia la salud es un derecho fundamental, pero no solamente se trata de la salud física, sino que se trata también de la salud mental, la cual encuentra regulación en la Ley 1616 del 21 de enero de 2013 y que en su artículo 3 establece que: “Artículo 3°. SALUD MENTAL. La salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad.
 
La Salud Mental es de interés y prioridad nacional para la República de Colombia, es un derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas.”
 
Obsérvese que en el sentido y significado que se le da a la salud mental en el artículo arriba citado, se le indican unos aspectos de gran importancia, tales son: el emocional y el de las relaciones significativas y se considera componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas.
 
Ahora bien, ¿cómo se mantiene sano el aspecto emocional que es tan necesario para tener una vida plena y feliz? Sin duda, ya todos y todas sabemos que lo afectivo, el amor, la alegría, la gratificación, la valoración y valía personal, así como superar las sensaciones de soledad, hacen parte de lo emocionalmente sano. Pero, ¿por qué estos aspectos sanan?. Muchos expertos, sobre todo los Médicos Psiquiatras, han podido establecer que los seres humanos producimos la hormona de la felicidad que se llama oxitocina y su carencia lleva a la depresión, de allí que recomiendan procurar disminuir niveles de cortisol y adrenalina (que causan vidas amargas) y aumentar la oxitocina. Y ¿Qué es la oxitocina?. Han concluido los expertos que “la oxitocina es una hormona producida en el hipotálamo y almacenada en la neurohipófisis. Debido a su localización, también influye en el sistema central nervioso y puede ser responsable de la transmisión de impulsos nerviosos. Se trata de un nonapéptido formado por nueve aminoácidos con la siguiente estructura: cisteína – tirosina – isoleucina – glutamina – asparagina – cisteína – prolina – leucina – glicina.
 
Pero su principal función es la de regular ciertas conductas y emociones. La oxitocina es aquella hormona que influye en las relaciones de pareja, el estado anímico, la necesidad de cuidado, la sexualidad, el bienestar, el afecto, el placer, la felicidad… Es decir, en los sentimientos y en ciertos estados imprescindibles para el control de las emociones positivas. Debido a esto, una falta de oxitocina puede acarrear la predisposición de la persona a la depresión o la falta de empatía, además de afectar a sus relaciones sociales.”[2]
 
Siendo esto así, esto es, la relación de la oxitocina con la salud mental y lo que significa un ser sintiente de compañía, mascota, en la vida de un ser humano, es claro que ese ser sintiente contribuye a la salud mental de la persona o personas a las cuales acompaña y que le causa producción de oxitocina, es decir, felicidad, alegría, bienestar y estabilidad emocional y separarlos o poner en riesgo esa posibilidad de estar juntos al dejar el ser sintiente de compañía a la inclemencia de lo embargable y secuestrable, lo que hace es afectar la salud como derecho y vulnerar con ello, incluso, la obligación estatal contenida en la Ley 1751 de 2015 que establece en el Artículo 5° como Obligaciones del Estado, entre otras, lo siguiente: “El Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud; para ello deberá:
 

1. Abstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del derecho fundamental a la salud, de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y de realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas;” (resaltado fuera de texto).”

 
Así las cosas, se itera que la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en relación con no truncarle a los animales de compañía, mascotas, el trato de bienes objeto de embargo, vulnera el derecho fundamental a la salud mental por cuanto perdió de vista que los animales, como seres sintientes, representan en la vida de las personas una suerte de compensación afectiva, de cariño, de compañía y de protección emocional y que son aspectos que llevan a que se produzca la conocida oxitocina, esto es, esa hormona de la felicidad, del afecto, de la alegría y de la satisfacción. 
 
Por lo anterior, afirmo osadamente, que el derecho a la salud se vulnera, no porque los animales sean considerados seres sintientes, sino porque ellos, además de ser seres sientes, son SERES QUE HACEN SENTIR, lo que muchas veces restamos los seres humanos, que es la FELICIDAD.
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Cierro diciendo que necesitamos Jueces y Magistrados renovados y repotenciados en la cultura jurídica constitucional que surgió en los años 60 y que en Colombia se hizo tangible con el Estado social de derecho y el enfoque ecocéntrico que se adoptaron en la Constitución Política de 1991, pero también que entiendan que la salud tiene conexiones con otras especies de la casa común con quienes estamos en mora de aprender a convivir y en deuda de reconocerles todo el bien que al ser humano suman, así que requerimos Jueces y Magistrados que no resten.

Referencias:

[1] https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/mascotas-si-pueden-ser-objeto-de-medidas-judiciales-de-embargo-corte-748040s

[2] https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2020-06-14/alimentos-ricos-en-oxitocina_2054894/

A través de la Revista Semana y otros medios de comunicación,  se hizo pública la información según la cual el ciudadano Nicolás Petro, Diputado en el Departamento del Atlántico e hijo del actual Presidente de la República de Colombia, presuntamente recibió dineros ilícitos y los recibió también de forma ilícita e ilegal. Al parecer también recibió bienes con igual ilicitud e ilegalidad y ha adquirido propiedades y lujos que, por su costo, lejos está de su poder adquisitivo, según sus ingresos como servidor público que es.  Esta información la recibió el medio de comunicación mencionado de una fuente aparentemente confiable que es la excompañera sentimental de Nicolás Petro, quien, además, brindó nombres de los proveedores del dinero así como de lo que sería el quid pro quo entre ellos.
 
Sumado a lo anterior, también se hizo público que el “El nombre del hermano de Gustavo Petro ha sido mencionado en el cartel de abogados que estarían sobornando a los narcotraficantes para obtener beneficios en la política de Paz Total”, al parecer, se trata también de otro quid pro quo.
 
Lo anterior, que no deja de ser muy escandaloso por tratarse de personas muy cercanas al Presidente Gustavo Petro, causa grandes cuestionamientos políticos al Pacto Histórico, una fuerza política de izquierda que se conformó y fue apoyada para ser gobierno, bajo la creencia de que no incurrirían en las prácticas corruptas que han protagonizado otros miembros de partidos y movimientos políticos de la derecha (liberal y conservadora). Y por supuesto, que el cuestionamiento es inevitable porque tanto Nicolás Petro, como Fernando Petro, militan políticamente en el Pacto Histórico y eso hace que se enlode la credibilidad de la causa “moral” y “jurídica” que defienden de cara a cambios sociales para superar las desigualdades que aquejan al 80% de los colombianos.
 
Ahora bien, ¿Qué tanto efecto e impacto causa en el pacto histórico y en el Presidente Gustavo Petro lo que se ha desvelado en relación con Nicolás Petro y Fernando Petro? ¿Alcanza a poner en entredicho al Presidente, a vincularlo con esas malas prácticas de sus más cercanos familiares y a relacionarlo con ellas? O ¿alcanza a vincular a miembros del Pacto Histórico y del gobierno, sin que vincule o relacione por ello al Presidente?.
 
Las preguntas no tendrán, por ahora, una respuesta definitiva porque la información que se ha hecho pública y viral, si bien sugiere actos de corrupción, requerirá que pase por todo el tamiz de una investigación judicial que adelante la Fiscalía y goce de la debida contradicción de la defensa en un proceso judicial. Pero lo que sí se puede citar para llegar a unas primeras consideraciones es que: “El 2 de marzo, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía General de la Nación que, ante los rumores que vinculan a familiares suyos con ofrecimientos a narcotraficantes en las cárceles, investigue a su hermano, Juan Fernando Petro, y a su hijo mayor, Nicolás Gustavo Petro Burgos, para determinar las responsabilidades. Esta petición del presidente revive la polémica que durante su campaña suscitó la visita de Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota”[1]en la que surgió lo que se nombró en su momento como un posible “perdón social”.
 
No cabe duda de que es muy valiente el prematuro comunicado público del Presidente Gustavo Petro en el que se pronunció con indignación y solicitó que su hijo y su hermano fueren investigados y que si son responsables de afectar un proceso político para lograr la paz, así como de haber incurrido en actos ilícitos e ilegales, respondan ante las autoridades. Es valiente porque no debe ser fácil para ningún Padre, Presidente o no y que no tiene la obligación jurídica de declarar en contra de sus parientes conforme lo dispone el Artículo 33 de la Constitución, pedirle a la Fiscalía que los investigue, máxime cuando puede ser llamado a dar testimonio sobre la información que conozca o le haya sido entregada. Valiente porque con ese comunicado sugiere a la opinión pública que el proyecto político que representa y lo llevó a la Presidencia y lo tiene como líder natural, goza de un significativo peso en sus prioridades e ideales. Sin embargo, con todo eso que el comunicado informa, también muestra un enroque presidencial que lleva a preguntar si ¿ese enroque era necesario o innecesario?, al menos, en un momento tan temprano de la ventilación de la información en medios. 
 
Aquellos que juegan ajedrez saben que “El enroque es un movimiento especial en el juego de ajedrez que involucra al rey y a una de las torres del jugador.1​ Es el único movimiento en el ajedrez en el que un jugador mueve dos piezas a la vez. El enroque consiste en mover el rey dos casillas hacia la torre en la primera fila del jugador, y luego mover la torre al escaque sobre que el rey ha cruzado.2​ El enroque puede hacerse si el rey y la torre involucrada nunca han sido movidos, las casillas entre el rey y la torre involucrados están desocupados, el rey no está en jaque, y ninguna de las casillas por los que el rey pasará, o quedará, esté bajo ataque. El enroque es una de las reglas del ajedrez y es técnicamente un movimiento del rey.3​. El enroque no se puede hacer siempre y puede ser corto o largo. El enroque tiene condiciones, esto es, "es permisible si y solo si se cumplen todas las siguientes condiciones (Schiller 2001:19):

1. El rey nunca se movió.
2. La torre a usar en el enroque nunca fue movida.
3. El rey no está en jaque.
4. Ninguno de los escaques por los que el rey pasará o quedará, está bajo ataque.5​
5. Los escaques entre el rey y la torre estén desocupados.
6. El rey no termina en jaque (válido para cualquier movimiento legal).

Las condiciones del 4 al 6 se pueden resumir con la frase nemotécnica: «Uno no puede enrocar de, a través de, o en jaque»." El enroque es una protección al Rey, pero tiene, como se vio, condiciones, entre ellas, que el rey no esté en jaque, que ninguno de los escaques por los que el rey pasará quedará bajo ataque y el rey no quedará en jaque con el enroque, porque entonces, ese enroque no tendría sentido.
 
Llevando el sentido y significado del enroque en el ajedrez, a la decisión del Presidente Gustavo Petro de emitir un comunicado público solicitando a la Fiscalía que investigue a su hijo y a su hermano antes de que se desvelara que varios de sus ministros (torres) resultaban salpicados en los presuntos actos de corrupción, se cree que ese enroque al que acudió, resultó innecesario o, al menos, inoportuno, y no le brindó la protección esperada, porque haberlo hecho de forma tan prematura, para muchos no ha significado mensaje de transparencia, sino de todo lo contrario y podría ponerlo en jaque.  
 
Referencias:

[1] https://www.infobae.com/colombia/2023/03/02/quien-es-juan-fernando-petro-y-por-que-su-hermano-pide-que-lo-investiguen/

​Referencias:
​
[1] Radicado proyecto de reforma a la salud. https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/4335-radicado-proyecto-de-reforma-a-la-salud

[2] VÉLEZ PÉREZ, Gloria Yaneth. Clasificación de las Leyes a propósito de la modificación de la ley de garantías. Revista Digital VOZ JURÍDICA. ISSN 2256-5051. https://www.vozjuridica.com/columnista-abogada-gloria-yaneth-velez-perez/clasificacion-de-las-leyes-a-proposito-de-la-modificacion-de-la-ley-de-garantias-columna-de-la-abogada-gloria-yaneth-velez-perez-twitter-juridicaasesora

[3]

[4] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-818 de 2011. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-818-11.htm

[5] Ibidem

[6] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 1751 DE 2015, Por la cual se regula el derecho a la salud como derecho fundamental y se dictan otras disposiciones.

En los años 60 el mundo vio el surgimiento de una nueva forma de ver, entender y aplicar el derecho por el auge que tomó el derecho constitucional con ocasión de la fuerza vinculante que a la Constitución le fue dada, ya que dejó de ser una carta programática que podía ser cumplida, o no, por los políticos que conquistaran el turno para gobernar. Este encumbramiento de la Constitución le dio mayores réditos al pueblo porque se erigió con el poder soberano del cual emana el poder público. Así ocurrió en diferentes Estados y Colombia no fue la excepción al adoptar la constitución política de 1991 y hacer, al menos en el papel, el tránsito de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho (constitucional y democrático).

Las ventajas de un Estado social, constitucional y democrático, entre otras, son la positivización de los derechos fundamentales, que los hace más fácilmente exigibles, pero también de los fines y de la priorización de los presupuestos públicos para programas sociales, aunque la participación y la visibilidad de la población desde su pluralismo, es factor protagónico en las cartas políticas que se adoptaron reconociendo al Estado como social, constitucional y democrático. Con esto se procuró que se legislara para el pueblo y no para los partidos y los repartidos y superar, también, la idea y práctica inveterada según la cual el juez era la boca de la ley porque la única justicia que podía dispensar era repetir en la decisión judicial la injusticia que estuviera plasmada en la ley si dicha ley había gozado de validez en su expedición, así lo que en ella se ordenara violara la dignidad humana. Esto justamente es lo que el constitucionalismo combate y de allí la importancia del derecho constitucional y de los constitucionalistas estudiosos y garantes de no dar pasos en reversa.
 
Para que se comprenda mejor, sobre todo por los que recién adquieren la mayoría de edad y cuya historia aún no les ha sido fielmente contada, antes de 1960 lo que primaba era el derecho formalista, en la línea y bajo la égida de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, uno de los autores más emblemáticos de esta corriente del positivismo jurídico cuya continuidad mantuvo Hart y sus seguidores que ahora parecen multiplicarse mientras otros, considerados constitucionalistas, enmudecen, pareciera que con una complicidad política, porque no se puede alegar en su favor ignorancia sobre el retoño o resurgimiento del formalismo jurídico. Esto se afirma porque se han venido implementando cambios no a la medida de la constitución, sino de los odios, resentimientos, venganzas y ambiciones de grupos y eso ha enfocado sus acciones en quitarse y debilitarse mutuamente, mientras la canasta familiar, la seguridad, la salud, el transporte y otros servicios públicos, se transforman en globos de helio que se elevan sin control ni posibilidad de ser alcanzados por la sociedad que se supone es la que detenta el poder soberano en el Estado constitucional.
 
Por lo expuesto, no es exagerado afirmar que la Constitución está perdiendo la fuerza que adquirió después de los años 60. Ella es un comodín, un objeto, un mueble que suma al inventario de fuentes del derecho, pero de esos muebles inservibles porque muchos la usan a su amaño, antojo e interés, la manosean, exponen, disponen, y venden y revenden desde toda suerte de ideologías para justificar acciones que empañetan de sociales, visten de legales y ejecutan para sus particulares intereses y, lo peor, es que lo hacen con el silencio de los que se han mostrado como constitucionalistas en libros y columnas y hasta en las aulas y que sorprenden con sus im-“posturas” cuando justifican y defienden, agregando falacias, la institucionalización de los antivalores que tanto daño causaron en la época del nacional socialismo, en dónde, el gobernante de turno prometía el cielo tan querido, mientras instituía el infierno tan temido por elevar a leyes y decretos disposiciones jurídicas para un solo uso, el del Presidente, pero que fue la expresión del abuso en el estricto contexto constitucional. A los de ese proceder, he osado llamarlos prostitucionalistas, cuenten o no, con formación jurídica y tengan, o no, poder político para decidir los cambios normativos, esto porque los que actúan marginando la Constitución para crearse el poder de no acudir a ella, sino de disponer mediante leyes y decretos que le ordenan a un juez lo que debe hacer, encajan en dicho rol y los otros lo hacen por la omisión y pasividad mientras ese estado de retroceso constitucional se impone y se les impone. De ese grupo hacen parte los llamados y encumbrados académicos que transitan de la derecha a la izquierda y viceversa y que poco se indignan con el decaimiento del Estado Constitucional y Democrático
 
Los prostitucionalistas hoy están colados, en todas las latitudes, en los Congresos de la República fungiendo como “Cenadores” de lo público porque el conocimiento y compromiso para legislar como Senadores del Estado Social de Derecho no lo poseen, sino que su único mérito es acumular un número de seguidores en redes sociales a través de las cuales han adquirido popularidad y propagado su ignorancia con la misma rapidez con la que una enfermedad contagiosa se convierte en pandemia. Pero, también hay prostitucionalistas, y no pocos, en la rama ejecutiva, en la rama judicial y en los órganos y organismos de control.

En Colombia, por ejemplo, se pueden identificar algunos prostitucionalistas con facilidad porque afirman no haber sido elegidos para dar ejemplo, otros porque consideran que para dirigir una entidad de protección a los menores, nada debe saberse al respecto. Están los que quieren listas cerradas para ser elegidos congresistas y reelección inmediata y ni qué decir de los que creyendo hacer justicia revierten fallos para que los seres sintientes como los toros de lidia se expongan en corridas para satisfacer el placer de unos pocos. Se suman a ellos los gobernantes locales que se creen intocables por haber sido elegidos por voto popular y se respaldan en su derecho a ser elegidos, para lo cual truncan, con apoyo de otros prostitucionalistas, los derechos políticos de los ciudadanos que como poder soberano cuentan con el derecho constitucional a revocar un mandato y retomar un buen gobierno.
 
Hay prostitucionalistas por activa y por pasiva que se han sumado a un cambio de reglas y un retorno al pasado jurídico y en estatuir un futuro incierto, que en lo único que terminará es en crear más marginación, inequidad, polarización, sometimiento, pobreza, inseguridad y odio social y nos alejarán de poder exigir, con igualdad, el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general y el cuidado, sin sesgo y acepción de personas, de la vida, honra y bienes, además de que hará más lejana la comprensión del respeto y armonía con la naturaleza.
 
Hay que estar alertas con los prostitucionalistas, pero también, debe cuidarse que no nos convirtamos en uno.