Columnista Abogada Gloria Yaneth Velez Perez

¿Decisión de la Contraloría sobre responsables de Hidroituango, un fallo con fallas? Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez. Twitter: @JuridicaAsesora

11/28/2021

¿Decisión de la Contraloría sobre responsables de Hidroituango, un fallo con fallas?

Por: Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
Twitter: @JuridicaAsesora

Muchos temas se presentaron en esta semana de cierre del mes de noviembre del año 2021 que son material propicio para un análisis jurídico y uno de ellos es la confirmación que, en segunda instancia, hizo la Contraloría General de la República del fallo de responsabilidad fiscal mediante el cual, 26 personas, entre naturales y jurídicas, fueron declaradas responsables fiscales solidarias por las fallas, de diferente índole, del proyecto Hidroituango. La decisión está contenida en Auto número 263 del 25 de noviembre de 2021.

La declaratoria de responsabilidad fiscal fue a título de culpa grave y tal y como lo reveló el Periódico EL TIEMPO “En todo el proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría señaló que en Hidroituango se implementó un 'plan de aceleración' en medio del cual se tomaron decisiones que generaron la contingencia de 2018, cuando se derrumbó uno de los túneles de desviación -la galería auxiliar de desviación- que generó un riesgo ambiental, fiscal, y que hizo que debiera desviarse el agua del río Cauca a través de la casa de máquinas para evitar un daño mayor.

Por ese motivo, para el órgano de control, las acciones u omisiones de los sancionados conllevaron a un daño al patrimonio del Estado por las mayores inversiones injustificadas que se hicieron, "resultado de haber tomado decisiones improvisadas omitiendo el principio de planeación, y comprometiendo los recursos del erario sin tener en cuenta el deber que les asistía de mantener indemne el patrimonio público".

Las circunstancias que llevaron a la implementación de un plan de aceleración o planes de aceleración continuos se debieron a retrasos con los que venía la obra casi desde su comienzo.”[1]

De lo que se lee es claro que no fue una, ni fueron dos, fueron tres y hasta más, las decisiones que se tomaron en torno a la aceleración del proyecto y que como ha sido de público conocimiento, todo ello redundó en un ajuste en los diseños, con aprobación o sin ella, pero para cualquier neófito es claro que un cambio sustancial de la obra modifica los diseños iniciales, aspecto de alta importancia para determinar la responsabilidad de una persona, ya que mal se haría que una obra falle por las modificaciones futuras y se sancione a alguien que si bien pudo tener parte en diseños previos, no participó con decisiones en los diseños actualizados y ejecutados y esto es justo lo que parece ha sucedido con el Exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos que hace parte de la lista de los sancionados. Y parece que esto sucedió a partir de lo que se lee en el comunicado que publicó en su cuenta de twitter el Exgobernador y que a continuación cito para el análisis: https://twitter.com/luisalfreramos/status/1464297498642628612?s=21

Como bien se lee en el comunicado, el Exgobernador dejó claro cuál fue su período, esto es, 2008 al 2011, admite haber liderado el proyecto Hidroituango, pero también aclara cuál fue su participación en la Junta de EPM, esto es, ninguna.

Ahora bien, ¿por qué estimo importante realizar un análisis jurídico en relación con lo que ha expuesto el Exgobernador? Lo hago porque llama la atención, desde lo que es la responsabilidad de un servidor público, el que fuese o fuere, que éste sea llamado a responder por decisiones futuras fruto de rediseños y ejecuciones de obra en la que no participó.

Y cierto es que la Contraloría está en el deber constitucional de ejercer el control fiscal, pero también está el deber de tomar decisiones jurídicas, armónicas con las situaciones fácticas analizadas y probatorias, porque la responsabilidad fiscal no puede extender sus brazos como un pulpo para incluir en su voraz apetito a servidores públicos que en nada hayan tenido que ver con la situación fáctica concreta y que haya sido la verdadera causa de las fallas en la obra. Y esta reflexión se hace porque si lo que afirma el Exgobernador es cierto, la decisión de la Contraloría sería un fallo con fallas, ya que si bien es de público conocimiento que el problema de Hidroituango es de diseños y que siendo así esto implica pensarse hasta en los que idearon el proyecto y que hasta fallecidos pudiesen estar, eso no quiere decir que quienes en su momento tuvieron que ver con diseños previos tengan que responder posteriormente si de esos primeros diseños ya no queda absolutamente nada.

La responsabilidad, se cree, no puede dispararse como perdigones para pegarle con ellos a cuanta persona se haya untado de Hidroituango, porque muchas veces un daño realmente puede estar provocado por nuevas decisiones: técnicas, financieras y políticas.

De hecho, se considera que en tratándose de problemas en los diseños, debe decirse en cuáles diseños, de qué época y en qué parte del diseño, porque hablar en abstracto de todos los diseños, deja un importante vacío probatorio.

La sociedad espera que haya responsables por la "destrucción del valor presente del proyecto en cuantía de 3,1 billones de pesos y por el lucro cesante de 1,1 billones" que es la conclusión fiscal de la Contraloría, pero espera también que esos responsables sean los que son y cómo es. Naturalmente, que ya serán los jueces de la república de lo contencioso administrativo quienes tengan la última palabra, pero si las situaciones fácticas, jurídicas y probatorias, son como el Exgobernador las expuso, se augura una nulidad de un fallo por fallas.

Referencias:

[1] COLOMBIA. PERIÓDICO EL TIEMPO. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/hidroituango-contraloria-confirma-fallo-fiscal-635027

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Colombia y el maltrato a la sentencia de Nuremberg. Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez. Twitter: @JuridicaAsesora

11/21/2021

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Colombia y el maltrato a la sentencia de Nuremberg

Por: Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
Twitter: @JuridicaAsesora

El 20 de noviembre es y será una fecha histórica porque permite recordar que un día como ese, pero en 1945, se dio inicio a los juicios de Nuremberg cuyo objetivo central fue investigar y enjuiciar a los principales criminales de guerra que tuvieron como nicho ideológico el Nazismo (nacional socialismo) y de líder nato a Adolf Hitler a quien no solo siguieron, sino que idolatraron, enlistándose en sus macabras filas y ejecutando sus planes que dejaron como resultado, entre otros, la comisión de uno de los mayores genocidios de la historia: el asesinato de alrededor de 6 millones de judíos, pero también de la moral, la ilusión y la esperanza de muchas personas que quedaron muertas en vida por los perversos sucesos.

Y es que todos sabemos, o al menos deberíamos saberlo, que la segunda guerra mundial fue un acontecimiento nefasto para la humanidad, no solo por los millones de muertes que se presentaron, cuya estadística jamás tendremos exacta, sino porque desveló el extremo del mal al que pueden llegar personas ávidas de poder, o mejor dicho enfermas, deseosas y sedientas de poder, que las vuelve capaces de destruir lo construido, acabar con quienes creen que no son sus iguales y ponerle un blanco en la espalda a todo aquel que se le oponga a sus planes de conquista.

En relación con los juicios de Nuremberg y como lo señala en su texto el Profesor José Luis Pérez Triviño: “El proceso empezó el 20 de noviembre de 1945 en la gran sala de la audiencia del Palacio de Justicia de Nuremberg y se hicieron 402 vistas públicas a lo largo de diez meses. Las sentencias fueron leídas el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1946. Después de una breve introducción del presidente del Tribunal, el inglés Geoffrey Lawrence, los fiscales hicieron una lectura de las actas de acusación. Al día siguiente se pidió a los acusados que se declarasen culpables o inocentes. Entre los fiscales destacó el norteamericano Robert Jackson. En su primera intervención presentó un discurso en el que resumió elegantemente los principales objetivos que se perseguían con el juicio: “El privilegio de inaugurar, por primera vez en la historia, un proceso por crímenes contra la humanidad impone una grave responsabilidad. Los crímenes que nos preparamos a condenar y castigar han estado premeditados, han tenido consecuencias nefastas y ruinosas que la civilización no puede ignorar porque no podría sobrevivir si todo eso se repitiese”[1](resaltado fuera del texto).

Como sujetos de investigación y juzgamiento, no solo estuvieron miembros del gobierno nazi, sino también los jueces que conocieron hechos atentatorios contra la dignidad humana y supremos valores de justicia, pero que bajo el falaz principio de que “eran la boca de la ley” no dispensaron justicia, sino que impusieron sello a las injustas leyes y actos nazistas con decisiones judiciales, todo lo cual les implicó el reproche y cuestionamiento al final de los juicios de Nuremberg y no era para menos. Por eso, si un Juez no quiere ser cuestionado por sus decisiones, debe tomar buenas decisiones y tomarlas en Derecho, sin usar el derecho para fines políticos o turbios, propios o de terceros, porque el cargo no convierte ni en jurídica, ni en justa, una decisión tomada por fuera del orden jurídico, aunque la apruebe la mayoría y eso ha quedado muy claro en la historia con la sentencia de Nuremberg.

Nunca sabremos lo suficiente sobre lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, pero al menos sabemos lo necesario como para dejar claro que no se debe tolerar ningún crimen contra La Paz. También sabemos que no hay justificación para tanto horror y para tanta crueldad, por ello todo símbolo que le haga apología al crimen y que reviva sin consideración el dolor que tantos han padecido, debe ser censurado. Pero si se tiene que exhibir, por alguna razón, que dicha razón sea para decir a viva voz que se rechaza toda discriminación y todo acto que de forma directa, camuflada o disimulada, atente contra la memoria de las víctimas o contra la verdad que deben saber las nuevas generaciones.

Así entonces y dado el título de la columna, oportuno es señalar que es muy infortunado que justo cuando se conmemoraba el inicio de los juicios de Nuremberg para sentir que se logró sentencia condenatoria en contra de quienes participaron de los exterminios cometidos por los nazis y también en contra de los jueces alemanes que habiendo debido juzgar bien, no lo hicieron, en Colombia se hubiese realizado un evento por parte de la Escuela de Policía de Tuluá, usando símbolos nazistas que lo único que encierran son muerte, discriminación, agresión, vejámenes, torturas, crueldad al extremo y vergüenza. Este bochornos episodio no solo debe estar acompañado de la decisión de haber destituido al director de la Escuela, sino que debe apoyarse en decisiones que impliquen mejorar el proceso de formación de los miembros de la fuerza pública, para que comprendan que el llamado vocacional al que se les invita como parte de la institución, no es para hacer apología a quienes hicieron guerras de agresión, sino para defender la vida al extremo y con ella la dignidad, la igualdad, el pluralismo y la libertad.

Referencias:

[1] PÉREZ TRIVIÑO, José Luis. Los Juicios de Nuremberg. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/111646/6/Los%20juicios%20de%20Nuremberg%20CAST.pdf

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La indagatoria no tiene juez constitucional que vele por las garantías, la imputación sí lo tiene y es una trascendental diferencia entre Ley 600 y Ley 906. Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez. Twitter @JuridicaAsesora

11/14/2021

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La indagatoria no tiene juez constitucional que vele por las garantías, la imputación sí lo tiene y es una trascendental diferencia entre Ley 600 y Ley 906

Por: Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
Twitter @JuridicaAsesora

Colombia hizo un cambio de sistema para investigar y juzgar todo acto que se considere criminal y dicho cambio implicó pasar de lo inquisitivo a lo acusatorio, todo lo cual no fue por un aspecto meramente formal, toda vez que “de antaño, el mundo conoce dos estructuras integrales de juzgamiento: inquisitiva y acusatoria, las que en su devenir han experimentado múltiples adaptaciones. En lo sustancial, son metodologías heterogéneas de escuelas antagónicas de organización judicial, con dos figuras de juez, dos estilos de descubrir la verdad y dos arquetipos de juicio.”[1]

Pero las diferencias entre un sistema u otro no obedecen solo a lo teórico o de organización, sino que a ellas se le suma lo relacionado con el tipo de Estado en el que cada sistema (inquisitivo o acusatorio) se realiza mejor o, al menos, a cuál Estado materializa de manera más conveniente uno u otro sistema dado su antagonismo y lo que el tipo de Estado persigue. Esto para afirmar que en un Estado constitucional y democrático, como es Colombia desde 1991, el sistema inquisitivo no debe tener cabida si, además, se tiene en cuenta que parte del origen de este sistema se encuentra en las monarquías absolutistas, por lo tanto, tener un sistema inquisitivo o restos o rezagos de él en el Estado constitucional, debilita la democracia. Con el sistema acusatorio, en cambio, el Estado constitucional se fortalece, porque su dinámica ya no obedece a un sistema de investigación y juzgamiento en cabeza de un juez, con tarifa legal y basado en su íntima convicción y con el pernicioso principio de la permanencia de la prueba, sino que el sistema acusatorio, al menos en Colombia y conforme a la Ley 906 de 2004 tiene unas importantes características y al respecto la Corte Constitucional ha dicho:

“De la interpretación teleológica y sistemática del Acto Legislativo número 3 de 2002 y de la Ley 906 de 2004, la jurisprudencia y la doctrina coinciden en sostener que dentro de las características claras del sistema penal acusatorio se encuentran, entre otras, las siguientes: i) Separación categórica en las etapas de investigación y juzgamiento. Como consecuencia de ello, desaparece la instrucción como fase de la instancia procesal encomendada al juez y se convierte en una etapa de preparación para el juicio. De esta forma, al juez penal se le encomienda el control de las garantías legales y constitucionales y el juzgamiento mediante el debido proceso oral. ii) El rol del juez en el sistema penal acusatorio está centrado en el control de los actos en los que se requiera ejercicio de la potestad jurisdiccional o que impliquen restricción de derechos o calificación jurídica de los hechos. Así, el control judicial no sólo debe concretarse en el cumplimiento formal de los requisitos sino en la efectividad de los derechos sustanciales en juego. iii) La actuación judicial solamente procede a petición de parte. Así, de acuerdo con el artículo 250 de la Constitución, el ejercicio de la acción penal está a cargo de la Fiscalía, quien puede solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad. Esa misma autoridad tiene a su cargo la presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento, la solicitud de la preclusión de las investigaciones y las medidas necesarias para la protección de las víctimas (250- 4, 5, 6 y 7). iv) El proceso penal es, por regla general, oral, contradictorio, concentrado y público”[2](resaltado fuera de texto)

Vista esta cita jurisprudencial, se confirma que una de esas diferencias sustanciales del sistema penal inquisitivo con respecto al sistema penal acusatorio, está en la presencia del Juez constitucional en la audiencia de imputación propia del sistema acusatorio, es decir la presencia de ese Juez con funciones de control de garantías, que no está en la indagatoria que pertenece al sistema inquisitivo, de allí que asimilar una indagatoria a una imputación en dos sistemas sustancialmente contrarios (inquisitivo vs acusatorio), propios de tipos de Estado contrarios (constitucional vs absolutista) equivale a restarle derechos no a una persona que esté vinculada a un proceso penal (sea quien fuese o fuere), sino a toda la sociedad confiada en el Estado constitucional y en el nuevo modelo de investigación y juzgamiento y equivale a debilitar el debido proceso y con él las formas propias de cada juicio y el principio de confianza legítima.

Es que si lo inquisitivo vs lo acusatorio demandan la presencia de “dos figuras de juez, dos estilos de descubrir la verdad y dos arquetipos de juicio”[3] mal hizo la mayoría de la Sala Plena de la Corte Constitucional en mantenerle al exsenador Álvaro Uribe Vélez la condición de imputado al proceso penal que se inició en la Corte Suprema de Justicia bajo la égida de la Ley 600 de 2000, pero que se vio frenado (la Corte perdió la competencia) por la decisión del procesado de renunciar a su condición de aforado y someterse al nuevo sistema de investigación y juzgamiento consagrado en la Ley 906 de 2004, que tiene en su estructura la presencia de un investigador (fiscal) que en todo caso no es un Juez; que tiene además un Juez de control de garantías que funge como juez constitucional y que no es el que investiga o juzga, y que es una figura propia del Estado constitucional y democrático de la que carece el sistema inquisitivo.

Cada sistema penal (inquisitivo y acusatorio) tiene sus formas propias para hallar la verdad y forzar una similitud entre dos momentos procesales (indagatoria e imputación) con el argumento de una equivalencia funcional, no da seguridad jurídica ni al sistema inquisitivo, ni al sistema acusatorio.

Recuérdese que una de las desventajas del sistema inquisitivo era que no estaba separada la función de investigar, ni existía la oportunidad para el procesado de que sus derechos constitucionales fundamentales fuesen garantizados por un Juez de la República, (constitucional) diferente del que investiga y practica la indagatoria, todo lo cual se procuró resolver con la Ley 906 de 2004 al regular un sistema adversarial con tendencia acusatoria, de allí que era deber de la Corte Constitucional obrar conforme a la esencia de los dos sistemas penales y en tal sentido, con venda en los ojos, mantener la claridad de que se trata de dos sistemas penales diferentes, que le responden a dos modelos de Estado diferentes, porque para mantener la equivalencia entre uno y otro sistema mejor hubiese sido quedarse con el anterior, para no terminar dando la sensación de que no hay realmente un cambio, sino que se está al frente “del mismo perro con distinto collar” frase que significa “el desencanto que produce la aparente renovación de una situación cuando en realidad se mantienen los mismos defectos y vicios que se pretendían desenterrar”[4] y que en lo que reflexiono en esta columna quiere decir que contamos con el mismo sistema inquisitivo disfrazado en la ley 906 de 2004 de sistema adversarial con tendencia acusatoria.

PD: En todo, la objetividad y la imparcialidad se podrán garantizar si las decisiones no se toman por ser vos quien sois.

Referencias:

[1] FERNÁNDEZ LEÓN, Whanda. ¿Inquisitivo o acusatorio?. Ámbito jurídico. 2016. Tomado de: https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/penal/inquisitivo-o-acusatorio

[2] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-144 de 2010

[3] Op, cit

[4] https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/el-origen-de-la-frase-son-los-mismos-perros-con-distintos-collares/

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Por no contar con seguros contra todo riesgo en el proyecto Hidroituango, Gerente y Directivas de EPM estarían incursos en falta disciplinaria. Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez. Twitter @JuridicaAsesora

11/6/2021

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Por no contar con seguros contra todo riesgo en el proyecto Hidroituango, Gerente y Directivas de EPM estarían incursos en falta disciplinaria

Por: Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
Twitter @JuridicaAsesora

En varios medios de comunicación se publicó la noticia según la cual “El gerente de EPM, Jorge Carrillo, reconoció que Hidroituango lleva más de seis meses sin seguros de todo riesgo pues la vigencia de la póliza iba hasta el 31 de marzo de 2021.

El directivo explicó que si bien las pólizas han cubierto la contingencia y se han pagado 350 millones de dólares, Hidroituango está sin seguros contra riesgos desde el 1 de abril por las dificultades para contratarlos después de todo el siniestro de 2018.”[1]

Los seguros contenidos en pólizas son una forma de mitigar los riesgos que la mega obra encierra y permiten cubrir responsabilidades y daños y si contando con ellos no es posible recuperar todo el capital cuando se presentan siniestros, piénsese en ¿qué pasará si los otros riesgos se concretan y no se cuenta con seguro alguno? Por supuesto que el dinero para cubrir daños y responsabilidades tendrá que salir del erario público, todo lo cual agravará la situación financiera no solamente del proyecto, sino de la empresa EPM que es la titular del mismo.

La noticia ha generado reacciones sobre todo de tinte político. Sin embargo, con esta columna quiero llamar la atención en relación con que un asunto tan importante debe merecer una consideración o análisis desde lo jurídico y desde la eventual responsabilidad que tal hecho podría contener, dado que se está en presencia de una posible omisión que alcanza a tocar los elementos de la responsabilidad disciplinaria propiamente dichos, toda vez que no son pocas las normas generales, especiales e internas de EPM que obligan a contar con amparos y a gestionar de forma integral el riesgo para la empresa, tal es el Decreto 2012-DECGGL-1864 por el cual se adoptó el “Manual de Reglas de Negocio para la Gestión Integral de Riesgos” que se incorpora como parte integrante de este decreto.”[2]

En el Decreto mencionado se encuentran los deberes funcionales de los servidores públicos de EPM en relación con la gestión del riesgo, pero ello debe armonizarse también con las disposiciones jurídicas reguladoras y reglamentarias de la contratación conforme al régimen que le es aplicable a EPM y, también, conforme a la normativa de derecho público de la cual no están exentos los servidores públicos.

Dado lo anterior, es claro que hay un expreso deber funcional de gestionar integralmente los riesgos que pudieren afectar a EPM y no es un asunto opcional, ni discrecional, sino deberes claros y concretos que persiguen la mitigación de los daños y la salvaguarda de los recursos públicos. Y éste deber funcional, armonizado con el Artículo 6 de la Constitución que es claro en establecer que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y la Ley y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, lleva a la conclusión de que el Gerente y las Directivas de EPM estarían, eventualmente, incursos en una falta disciplinaria que lejos está, al menos a mi juicio, de ser culposa, máxime que no se ha dado cuenta de la forma cómo, ante los riesgos que le crea que Hidroituango no cuente con seguros, se protegerá EPM de los riesgos que por tal hecho le surgen.

¿El no contar con póliza a todo riesgo para el megaproyecto Hidroituango vulnera el deber funcional? Particularmente y como ejercicio académico respondo inicialmente que sí, no solo por lo que indiqué en renglones precedentes en relación con que existe un deber funcional de gestionar integralmente los riesgos en EPM, sino porque la Ley 734 de 2002 que es la que contiene el Código Disciplinario Único para los servidores públicos, señala en el Artículo 34, entre otros deberes, los que a continuación cito:

“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.”

A estos deberes se suma el artículo 122 de la Constitución Política que establece que “ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y de desempeñar los deberes que le incumben.” (el resaltado es mío).

En ese contexto, teniendo claro el deber funcional contenido en el Decreto de Gestión Integral del Riesgo, además de que la Ley 734 establece como deber de los servidores públicos cumplir los deberes contenidos en la Constitución y ello armonizado con el Artículo 6 también constitucional, que indica que el servidor público es responsable por las omisiones, en concordancia con el 122, se acepta sugerente, hasta ahora, que la omisión en le gestión integral del riesgo es susceptible de ser analizada en el contexto de los elementos de la responsabilidad disciplinaria: tipicidad de la conducta, culpabilidad e ilicitud sustancial.

1. La tipicidad de la conducta

Sobre la tipicidad de la conducta el Consejo de Estado ha dicho que “El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable y la efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez, una relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido.”[2]

De acuerdo con esto parto de afirmar que en relación con la situación de EPM (Gerente y Directivas) existe una descripción típica en la ley en la que se puede subsumir su comportamiento (la no gestión integral del riesgo), tal y como lo precisé ab initio, ello en estrecha relación con el artículo 23 de la Ley 734 de 2002 que señala que constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, entre otros, la incursión del servidor público en cualquiera de las conductas o comportamientos que conlleve incumplimiento de deberes, y como se vio en el Artículo 34 de la Ley mencionada, uno de esos deberes es “cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.”

Así entonces, en el caso concreto resulta evidente que el Gerente y las Directivas de EPM tenían el deber de gestionar integralmente los riesgo y ellos dados sus cargos, conocen la Constitución, la Ley y sus deberes funcionales. Recuérdese que al interior de la Junta Directiva hay una gran constitucionalista.

2. Culpabilidad.

Aunque este ejercicio que hago es académico, y que será la Autoridad Disciplinaria quien se refiera de manera definitiva al elemento de la culpabilidad y los otros, tengo para señalar y en una consideración de culpa gravísima y ella ha sido definida en el parágrafo del artículo 44 del Código Disciplinario Único de la siguiente manera: “Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”, así entonces, es una desatención del deber funcional que no se realice una gestión integral del riesgo y eso es no aplicar el deber mínimo de diligencia que les demanda el ejercicio de la función pública.

Claro que tendrá que esperarse la  justificación correspondiente.

3. Ilicitud sustancial

Otro elemento de la responsabilidad disciplinaria es la ilicitud sustancial consagrada en el Artículo 5 de la Ley 734 de 2002, y la precisa así: “La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna” y sobre el particular ha señalado el Consejo de Estado que:

“A diferencia del derecho penal, el derecho disciplinario no protege bienes jurídicos en estricto sentido. Lo que sanciona el derecho disciplinario es la infracción de deberes, que la conducta indebida haya afectado las funciones que impone el Estado Social de Derecho, pues se debe velar por la garantía de la función pública, y salvaguardar principios constitucionales como lo son la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 734 de 2002.

Para que se estructure la responsabilidad disciplinaria, es necesario que se haya realizado una conducta típica, antijurídica (ilicitud sustancial) y culpable (a título de dolo o culpa)…

De lo anterior se desprende que la ilicitud sustancial debe ser entendida como la afectación sustancial de los deberes funcionales sin ninguna justificación y en consecuencia, el incumplimiento de dichos deberes es el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria.”[3] (el resaltado es mío)

Como se infiere de la declaración brindada a los medios de comunicación por el actual Gerente de EPM, en relación con que “Hidroituango está sin seguros contra riesgos desde el 1 de abril por las dificultades para contratarlos después de todo el siniestro de 2018”, es claro que los riesgos para EPM aumentan, sin embargo, nada exhibió sobre la gestión integral del riesgo para salvaguardar la Empresa, por lo tanto, hasta ahora, esto permite inferir que se afectó el deber funcional sin justificación alguna.

Concluyo que se deduce, en principio, una falta antijurídica del comportamiento omisivo del Gerente y las Directivas de EPM que afecta el Estado Social de Derecho, que pone en riesgo la estabilidad de la empresa, por cuanto al no tener los seguros para el megaproyecto Hidroituango, en ella, como empresa, se aumentan los riesgos, lo cual no debería ser excusable sobre todo en un momento histórico en el que EPM ha recibido también una calificación negativa de la Superservicios, no solamente por Hidroituango, sino por otros aspectos propios de su objeto y que dicho organismo considera como incumplimientos, tal es que indicaron en el informe:

“incumplimientos a la regulación en aspectos relacionados con instalación y cobro de medidores en el servicio de acueducto, indicadores de calidad en los servicios de energía eléctrica y de acueducto, y fallas en los reportes del servicio de gas a nuestro Sistema Único de Información (SUI), entre otros.

En cuanto al gobierno corporativo, la Superservicios alertó porque desde el 2016 la compañía ha distribuido el 55 por ciento de los excedentes financieros anuales, un hecho relevante ya que por regla general, según sus estatutos, debe distribuir máximo el 30 por ciento, y dichos repartos adicionales los ha avalado el Concejo de Medellín.

“El incumplimiento del Convenio Marco de Relaciones entre EPM y el municipio de Medellín afecta la calificación crediticia y el acceso a ciertos productos financieros como seguros y nuevos créditos, tal como lo reflejan los comentarios de las firmas calificadoras de riesgo”

Asimismo, tras analizar la información del proyecto Hidroituango y realizar una visita, la superintendente Avendaño recalcó que el cronograma de entrada en operación de las dos primeras unidades de generación de esta hidroeléctrica, proyectado por EPM para julio y octubre de 2022, tiene un margen muy estrecho para el manejo de posibles imprevistos o crisis que se puedan presentar.

“De ocurrir alguna eventualidad, se pondría en riesgo el cumplimiento de obligaciones de energía firme a cargo de EPM y su sostenibilidad financiera”, dijo la funcionaria.

Igualmente, sobre la prestación del servicio de energía eléctrica de EPM, se evidenció que la firma tuvo una duración promedio de interrupciones superior a la establecida en el indicador Saidi para su mercado de operación y que algunos activos sobrepasan las horas máximas de indisponibilidad permitidas, tanto para el sistema de transmisión nacional como regional. Incluso, en algunas subestaciones no se cumplen los valores de tensión esperados.

Sobre los servicios de acueducto y alcantarillado, la Superservicios encontró que, presuntamente y en algunos casos, EPM contravino normas sobre el retiro, revisión, reposición y cobro de medidores establecidas en la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Al respecto, se encontró que algunos medidores fueron cobrados por adelantado en la factura del usuario, en otros casos fueron cobrados y no suministrados; y al parecer EPM no efectuó la debida revisión en laboratorio del estado de los medidores retirados, para determinar si efectivamente debían ser reemplazados.

Además, de acuerdo con las muestras de la vigilancia, se encontró que EPM suministró agua no apta para consumo humano en los municipios de Envigado, con incumplimiento de cloro residual en diciembre de 2019; en Girardota con la presencia de coliformes totales en julio de 2019; y Sabaneta y Barbosa con el incremento de color y turbiedad en agosto de 2019 y febrero de 2020, respectivamente.

En relación con el servicio de gas combustible, se identificaron fallas en el reporte de información técnica al SUI. “El prestador no aportó licencias de intervención y ocupación de espacio público, gestionadas ante las autoridades municipales para la instalación y ocupación de las redes de distribución de gas combustible.”[3]

Estos aspectos desvelan que la gestión integral del riesgo era necesaria por el aumento de los mismos con ocasión, no solo del proyecto Hidroituango, sino de que dicho proyecto lleve ya seis meses sin un seguro contra todo riesgo.

De otro lado oportuno es recordar para los que buscarán la justificación del Gerente y las Directivas “que en materia disciplinaria, no es necesario que la conducta desplegada por el funcionario produzca algún resultado, toda vez que la naturaleza del derecho disciplinario es encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas. En consecuencia, la ausencia de un resultado material no impide que se estructure la falta disciplinaria"[5].

Termino reiterando que este escrito es un ejercicio académico y que será la Procuraduría quien tenga la última palabra.

Referencias:

[1] COLOMBIA.  BLURADIO. https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/gerente-de-epm-reconocio-que-hidroituango-lleva-mas-de-seis-meses-sin-seguros

[2] EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN.  Decreto 2012-DECGGL-1864 por el cual se adoptó el “Manual de Reglas de Negocio para la Gestión Integral de Riesgos” que se incorpora como parte integrante de este decretohttps://www.epm.com.co/site/Portals/0/documentos/proveedores/normas-basicas-contratacion-V7.pdf#page83

[3] PERÍODICO EL TIEMPO.  https://www.eltiempo.com/economia/empresas/la-alerta-por-varias-fallas-en-epm-que-encontro-la-superservicios-629929

Fuente jurrisprudencial

[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de mayo de 2018, expediente 2552-13, magistrado ponente: William Hernández Gómez.

[3] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 2 de mayo de 2013, Expediente n.º 0976 – 2010, Magistrado ponente: Alfonso Vargas Rincón.

[5] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 2 de mayo de 2013, Expediente n.º 0976 – 2010, Magistrado ponente: Alfonso Vargas Rincón.

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Clasificación de las leyes a propósito de la modificación de la ley de garantías. columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez. Twitter @JuridicaAsesora

10/31/2021

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Clasificación de las leyes a propósito de la modificación de la ley de garantías

Por: Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
Twitter @JuridicaAsesora

Los Abogados muchas veces olvidamos lo fundamental del derecho, como lo es, por ejemplo, la clasificación de las leyes y los principios de legalidad y de reserva de ley. Y es que estamos tan ocupados en asuntos políticos, de institucionalidad, de imagen en las redes sociales y del procedimiento de cada juzgado o lidiando con la arbitrariedad administrativa estatal y privada, que la esencia del derecho y de las fuentes del derecho no solo las hacemos a un lado, sino que las evitamos y, esto es comprensible porque, a veces, no es fácil ocuparse de ese tema. Sin embargo, en ocasiones ciertas circunstancias nos obligan a recordar el derecho del derecho, para poder hacer un juicio en derecho, sobre las leyes que se han aprobado contrariando el derecho, tal es el caso, por ejemplo, de la Ley de Presupuesto en la que se encierra la suspensión parcial del “parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías, referente a la prohibición de celebrar convenios interadministrativos en el periodo de elecciones a la presidencia de la república.”[1]

Por el olvido de lo fundamental del derecho, pero también por desconocimiento y hasta por desinterés, dejamos pasar y toleramos como Abogados que el mismo Congreso de la República, que debe ser un pilar de legalidad y del Estado Social de Derecho porque es el que tiene la competencia de expedir las leyes, vulnere el ordenamiento jurídico mediante la expedición de leyes que regulan o se ocupan de una materia, que no deben regular o de la que no deben ocuparse, por ser una materia objeto de regulación de un tipo particular de ley, porque no todas las leyes son iguales, ni regulan lo mismo, ni se tramitan igual para la regulación de lo que les corresponde y en este importante y aparente trabalenguas está el control a la arbitrariedad y la defensa del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

Por lo anterior, aporto en esta columna lo atinente a la clasificación de las leyes, una de las fuentes del derecho de envergadura porque por virtud de ella logra materializarse ese Estado constitucional y democrático. Y es que comprendiendo las clases de leyes que existen y de qué se ocupa cada una, podrán todas las personas valorar la función del Congreso y reprocharla cuando corresponda, esto es, cuando el Congreso se ocupe, por ejemplo, de tratar mediante una ley ordinaria un asunto que debe ser tratado por la vía de una ley estatutaria.

Esta clasificación de las leyes encuentra sustento en el objeto que regulan y en la jurisprudencia, lo cual, pedagógicamente, permite comprender mejor su alcance:

1. Las leyes cuasiconstitucionales

Son leyes, producto del procedimiento legislativo, desde el punto de vista orgánico, pero desde el punto de vista material, estas leyes cumplen un papel que tiene que ver con la primera tarea del Estado que es la organización fundamental, por lo tanto, desde el punto de vista material, ellas tienen que ver con la organización fundamental del Estado, es por ello que esas leyes tienen que ocupar un nivel jerárquico cercano al constitucional, si el papel es el de una norma constitucional, tiene que ocupar el nivel jerárquico de la norma constitucional y puede esa razón modificar disposiciones constitucionales, siendo una Ley, ejemplo:  el Artículo 378 de la Constitución dice que el Congreso puede expedir una Ley para convocar un referendo para modificar la constitución, lo que hizo el entonces Presidente Uribe para modificar la constitución, pero como la ciudadanía dijo no, se le dijo no a la ley y si se hubiese dicho si, lo que se hubiese dicho era sí a una reforma constitucional.  El contenido de esa ley es una norma constitucional.

El Artículo 98 habla de la ciudadanía, pero no la define.  Mientras la Ley no decida otra cosa, la ciudadanía será de 18 años.  Quiere decir que si el Congreso decide otra cosa, mediante una ley se podría reformar el parágrafo del Artículo 98 atinente a la mayoría de edad.

2. Leyes aprobatorias de tratados internacionales sobre derechos humanos:

La Constitución colombiana hace parte de todo el movimiento de los derechos humanos, al punto que los derechos humanos no son solo un enunciado, sino que se convierten en un punto de referencia para la interpretación constitucional y por lo tanto de lo que se planifique y haga en el Estado por las Autoridades Públicas.

3. Leyes aprobatorias de tratados internacionales sobre asuntos políticos y económicos

Estas leyes tienen un claro objeto y así mismo se infiere de las facultades del Congreso.

4. Leyes Orgánicas

Las Leyes Orgánicas tienen como rol, en sentido estricto, no la regulación de una conducta, sino que le corresponde ser una ley procedimental, es decir, que fija procedimientos que debe expedir el Congreso para expedir otras leyes como por ejemplo la ley orgánica del presupuesto que en su contenido le dice al Congreso qué debe hacer para expedir el presupuesto y esa ley orgánica del presupuesto le dice también al Congreso qué debe hacer para expedir la Ley del Plan, así también, la Ley Orgánica del Congreso le indica cómo debe proceder para expedir otra Ley.

La jerarquía de estas leyes depende de la jerarquía de la ley a que se refiere la ley orgánica

5. Leyes Estatutarias

Las leyes estatutarias son las que regulan los derechos fundamentales, tienen un procedimiento especial y tienen, además, control previo por la Corte Constitucional.

6. Leyes Marco

Es una especie de ley ordinaria, tiene el mismo nivel jerárquico de la ley ordinaria, solo que la ley marco establece unos parámetros para que dentro de ese marco, el gobierno cumpla el papel de legislador, el ejemplo típico lo trae el Artículo 150 de la Constitución Política numeral 19:  dictar las normas generales

7. Leyes de Intervención

Estas son una especie de leyes marco.

8. Leyes de Planificación

La ley de planificación también es una especie de ley marco, consta de dos partes:  una general y otra especial y se comprende mejor con el Artículo 339 y ss de la Constitución Política. En el 399 se dice que “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal.”

9. Leyes de facultades

Son aquellas por medio de las cuales el Congreso le presta competencias suyas al Gobierno, Artículo 150 – 10 y son las conocidas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley.

El numeral mencionado indica:

“ARTÍCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

… 10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.

El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias.

Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos.”

10. Leyes de autorizaciones Esas leyes son aquellas por medio de las cuales el Congreso le da permiso al gobierno para que el Gobierno desarrolle una competencia que es del Gobierno y así se indica en el Artículo 150-9.

“ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

…9. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales. El Gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso sobre el ejercicio de estas autorizaciones.”

11. Leyes administrativas

Cumplen el papel de un acto administrativo, realmente no cumplen el papel de ley regulatoria de alguna conducta, o que confiera alguna facultad o que fije un marco o conceda una autorización. Estas leyes son prácticamente actos administrativos del Congreso en estricto sentido. Como ejemplo se puede mencionar una ley de honores.

12. Leyes ordinarias

Son todas aquellas que se ocupan de las materias que no se ocupan las leyes especiales.

Visto brevemente lo anterior, retomo lo atinente a la aprobación que tanto la plenaria del Senado y de la Cámara, realizaron del Proyecto de Ley contentivo del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Este nuevo proyecto que surtió todo el trámite para convertirse en ley, no se ocupó solamente del presupuesto, sino que incorporó, una suspensión del parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías, y que se refiere como ya lo indiqué en renglones precedentes, a la prohibición de celebrar convenios interadministrativos en el período de elecciones a la presidencia de la república y ese nuevo proyecto que pretende convertir en ley, lo hace en el Artículo 125, en el que:

“Se suspende para el año 2022, el inciso referente a la prohibición de celebrar convenios interadministrativos del parágrafo del artículo 38.

Estará permitido celebrar convenios administrativos para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación en el periodo electoral del 2022.

Esta modificación aplicará únicamente para las elecciones del año 2022, salvo que se expida una norma que derogue definitivamente o suspenda el inciso suspendido del artículo 38 de la Ley de Garantías.

Se mantienen las siguientes prohibiciones dispuestas en la Ley de Garantías para las elecciones del 2022:

A partir del 29 de enero de 2022 (cuatro meses previos a las elecciones del presidente de la república) se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público.

A partir del 29 de enero de 2021 queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del estado.

Las únicas excepciones en las que se permitirá la contratación directa o la vinculación que afecte la nómina estatal serán:

para defensa y seguridad del estado
contratos de crédito público
los destinados a atender emergencias educativas, sanitarias y desastres
para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, de sastres naturales o casos de fuerza mayor”[2]

En el contexto de la clasificación de las leyes, así como en relación con aquello que cada una regula y la forma como se deben expedir, importante es señalar que la Ley de Garantías es una Ley estatutaria y la Ley del Presupuesto recientemente aprobada por el Congreso de la República, es una Ley ordinaria y a este tipo de leyes no les está permitido regular o tratar asuntos que son de la competencia u objeto de una ley como la estatutaria.

Por lo anterior, estimo, salvo mejor opinión, que el Congreso de la República ha contrariado el ordenamiento jurídico y ha puesto en vilo las garantías electorales.

Referencias:

[1] https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2021/10/congreso-de-la-republica-de-colombia-modifica-la-ley-de-garantaas

[2] Holland & Knight.https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2021/10/congreso-de-la-republica-de-colombia-modifica-la-ley-de-garantaas

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Mis deducciones del juego del calamar. Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez. Twitter @JuridicaAsesora

10/16/2021

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Mis deducciones del juego del calamar

Por: Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
Twitter @JuridicaAsesora

Muchas películas y series nos hacen significativos aportes en todos los aspectos de nuestra vida o en algunos. De hecho, son muchas las que se han creado sobre temas jurídicos y se han convertido en emblemáticas para hallar en ellas inspiración, consejo, alertas, pautas y hasta deseos de ser protagonistas, antagonistas, estudiantes, litigantes, docentes, o no ser nada de esos papeles que quiénes actúan interpretan. Otras, que no son jurídicas, aportan visión estratégica y formas de entender a las personas antes, durante y después de que toman una decisión, como por ejemplo emprender procesos judiciales o proyectos, incluidos los políticos, y que defienden a toda costa aunque en ese cometido dejen en el camino todo lo que no les resolverá sus problemas, sino que se los agrandará.

Y la vida funciona de manera similar, pero la realidad, en múltiples ocasiones, supera la ficción, aunque no cabe duda que realidad y ficción se combinan una gran cantidad de veces como si se complementaran y se llenaran mutuamente los vacíos que hay en una y en otra.

Una de las series más llamativas en lo corrido del siglo XXI y que ha sido producida, rodada y puesta en escena por Netflix en medio de una pandemia, es el juego del calamar. Esta serie está dando de qué hablar y no poco. Ya muchos académicos la han analizado desde sus campos de conocimiento, incluida la teoría política, porque las reglas del juego que en ella se fijan y pactan, son una especie de expresión democrática muy propia del estudio de esta ciencia.

Pero, además del valor académico que se infiere o extrae, se resalta que el juego del calamar se ha posicionado mundialmente como una serie retadora y enigmática, porque propone las soluciones desde lo económico mediante la disposición de unos desafíos que solo conocen sus creadores y que de forma ciega, cual ruleta rusa, asumen los jugadores. Esta serie es una apuesta al todo o nada (el dinero o la vida), pero a mi juicio y como estratega que soy, esta serie, al menos en su primera temporada porque las otras serán de corte policiaco, permite deducir y construir varias estrategias y tácticas que bien pueden ser útiles para muchos para ejercer el derecho, sino para los distintos escenarios que en la vida se despliegan, pero teniendo en cuenta que la utilidad no siempre estará en aplicarlas:

1. El impulso en las decisiones no es buen consejero.

2. En las competencias no debe haber amigos, porque mientras se compita, la ganancia del otro en nada aprovecha, salvo que aproveche antes de llegar a la meta.

3. Si se defienden intereses personales no deben hacerse amigos porque siempre serán expuestos o manipulados para los propios provechos.

4. Si se defienden intereses de alguien, tu competidor que defiende también intereses de otro, no es tu amigo y fiarse de él pone en riesgo lo que se defiende y a quien se defiende.

5. Las alianzas con los competidores solamente se hacen si permite obtener un beneficio para tu interés defendido o para el interés que defiendes de otro.

6. Las decisiones tienen que tomarse para la defensa de los intereses que se defienden y si las decisiones son acertadas no tienen que ser cuestionadas.

7. La información no se retiene si a otro le sirve, pero no si le sirve para mejorar la ventaja sobre la propia ventaja.

8. Cuando lo que se persigue es el premio que cambia el malestar por el ideal de bienestar, no hay colaboración, solo ambición personal. El fin justifica los medios. (¿Solamente Maquiavelo se ha atrevido a tanto?)

9. El que sabe cuando detenerse está a salvo, pero esto no siempre aplica como decisión individual, porque muchas veces se requiere la decisión de la mayoría para poder detener lo que perjudica a todos, sin embargo, si la ambición personal por el premio prometido es más alta, la prioridad jamás será la vida o el bienestar de otros, sino el logro personal aunque eso cueste sacrificarlos a todos. Ese logro personal es a veces de grupos que actúan de consuno.

10. Para el que solo quiere ganar o su propio provecho, los demás no solamente son un medio, tampoco son amigos, ni son de su importancia y muchas veces son un estorbo.

11. La oportunidad de ser bueno y hacer el bien la define el dinero, pero la intención también aunque no alcance o sea suficiente.

Definitivamente y en principio, el juego del calamar crea lo que denomino el rol del exclusivo y el excluyente que son dos caras de la misma moneda. Capitalizar la oportunidad fue lo que algunos pocos hicieron en el juego del calamar, pero lo hicieron para su propio provecho, de allí que el juego si bien hace muchos aportes para lidiar con diferentes situaciones difíciles de la vida, lo que no hace es aportar sobre cuál es la mejor manera de convivir, colaborar, compartir, servir, enmendar y no competir excluyendo, sino sumando para obtener un bien mayor aunque al final haya que prorratear.

En conclusión, el juego del calamar no aporta para ser mejores, sino que desvela las ambiciones.

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De Mendigos a Millonarios. Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez. Twitter @JuridicaAsesora

10/9/2021

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De Mendigos a Millonarios

Por: Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
Twitter @JuridicaAsesora

Hay una película titulada “de Mendigo a Millonario” que, para resumirla, se centra en la apuesta que realizan dos millonarios, empresarios, accionistas, dueños y conocedores del mercado de valores. Esa apuesta consiste en convertir a un mendigo en millonario y a un millonario en mendigo propiciándole a cada uno las condiciones para que adquieran ese rol: al mendigo dándole todo y al millonario quitándoselo y por supuesto que lo logran. Pero esta “ficción” no es exactamente la que deseo reflexionar, al menos, no en la forma como la película trata esa conversión.

En lo que quiero meditar, es en uno de los temas complejos en el campo del derecho sobre todo el comercial y que es el relacionado con los seguros. Si lo meditamos bien, todos tenemos al menos un seguro y poco o nada nos ocupamos de hacer un seguimiento, revisar su alcance, su vigencia y los beneficiarios. De hecho, los renovamos de cualquier manera y firmamos sus renovaciones muchas veces sin entender si los cambios sufridos en ellos convienen, pero sobre todo sin preguntarnos a quiénes realmente le convienen, máxime cuando los seguros convierten a muchos mendigos en millonarios y aunque esta frase pueda sonar un poco fuerte, ella así precisada indica lo que quiero reflexionar y que reflexionen.

Los seguros son un gran atractivo y una necesidad, tanto en el ámbito público como en el privado, ellos permiten cubrir contingencias, salvaguardar patrimonios y garantizar confort, ingresos por incapacidad e indemnizaciones post morten. Ellos son una solución y para muchos un antojo o un buen bocado como ese cuento popular así titulado y que comparto:

“Tres campesinos fueron un buen día al mercado de la ciudad para vender sus productos. Terminaron tan tarde que ya no podían volver a sus casas, así que se dirigieron hacia la posada más cercana, dispuestos a tomar una buena cena y a descansar de la dura jornada.

- La posada está llena - dijo el posadero -, pero intentaré buscaros un sitio para los tres. Lo malo es que para cenar solo me queda esta pequeña hogaza de pan.

Los campesinos se quedaron muy contrariados. ¡Estaban muertos de hambre...! Cuando uno de ellos estaba a punto de partir la hogaza en tres trozos, el campesino más astuto dijo:

- ¡No! No la repartas. Apenas nos tocará unas migajas a cada uno. Mejor, haremos un trato: nos vamos a dormir, y el que en sueños consiga viajar al lugar más lejano se tomará la hogaza entera en el desayuno.

Aunque suene extraño, al resto le pareció una buena idea, así que guardaron el pan y se fueron a dormir.

El campesino astuto esperó a que los otros se durmiesen, luego se acercó a la hogaza de pan sin hacer ruido... ¡y se la comió!

- ¡Mmmm! Este pan está delicioso, la miga está tan tierna y la corteza como me gusta, bien tostadita.

Tras el banquete, el campesino se quedó dormido.

A la mañana siguiente, con el primer canto del gallo, los tres hombres se despertaron.
-¡He dormido como un tronco! - dijo uno de ellos -. Y he soñado que realizaba un largo viaje hasta llegar... ¡a la China!

- ¡La China! Eso está demasiado cerca. Yo soñé que me iba al fin del mundo en barco - replicó el segundo.

Entonces, el campesino astuto, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dijo:

- Veréis, amigos... El caso es que yo soñé que os habíais ido muy lejos y que, por tanto, tardaríais mucho tiempo en volver. Así que pensé que la hogaza podía ponerse dura y... bueno, pues... ¡Me la comí!

Moraleja: no te fíes de aquellos que pretenden hacer tratos que no resultan ventajosos para ti.”[1]

Son tan importantes los seguros que si el Ministerio TIC hubiese controlado adecuadamente al Consorcio Centros Poblados, los recursos se hubiesen recuperado rápidamente y otro hubiese sido el problema. Recuérdese que en este caso la póliza aportada fue falsa.

En el ámbito privado los seguros son tomados por personas que tienen con que pagarlos, pero son cobrados por quienes no los pagan, pero que bien saben cobrarlos, tal es el caso de los SOAT o seguros obligatorios de accidentes de tránsito, los cuales pagan los conductores y/o dueños de los vehículos, pero que los usan y agotan hasta la última gota y hasta más, las víctimas de algún accidente de tránsito, aunque hay muchos que se hacen las víctimas y así lo desveló el Periódico EL TIEMPO el 30 de agosto de 2019 en una nota titulada: 7 de cada 10 reclamos a aseguradoras tienen algún indicio de fraude.[2] En esta nota se dijo, entre otros, que “El gremio de los aseguradores –Fasecolda– estimó en más de 100.000 millones de pesos el costo de los fraudes solo contra el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), lo que puso en jaque a varias aseguradoras, y algunas dejaron de expedir la póliza.”[3]

También están los seguros contra incendios; de vida; contra actos malintencionados de terceros; seguros de autos que amparan riesgos de hurto, accidente, pérdida total y parcial y la responsabilidad civil extracontractual, entre otras gabelas como el conductor elegido, la grúa, el desplazamiento y el vehículo de repuesto.

En fin… muchos son los seguros, aunque algunos vienen sin seguro, es decir, son inseguros, porque terminan beneficiando a muchos que esquivaron todo obstáculo para lograr incluirse en ellos.

Hoy la invitación es a que pongan cuidado a los seguros, revisen cuántos tienen, por qué, para qué y para quién. El día que no se sientan en la capacidad de responder estas preguntas mejor es que los cancelen para que no resulten pagándolos y otros, sin causa, cobrándolos y ustedes con su patrimonio creando y financiando una nueva versión de la película: de Mendigo a Millonario.

Referencias:

[1] Un buen bocado. Cuento Popular. Tomado de: https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/un-buen-bocado-cuento-popular-para-ninos/

[2] PERIÓDICO EL TIEMPO. https://www.eltiempo.com/economia/sectores/el-70-de-los-reclamos-a-las-aseguradoras-tienen-indicio-de-fraude-406712

[3] Ibidem

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Una justicia maquillada es peor que la misma injusticia. Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez. Twitter @JuridicaAsesora

9/25/2021

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Una justicia maquillada es peor que la misma injusticia

Por: Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
Twitter @JuridicaAsesora

Con fecha 20 de septiembre de 2021, varios medios de comunicación hicieron público que la Judicatura de Colombia “celebró millonario contrato para ser reconocida por “decisiones justas”” y el contratista es el periodista Jhon Portela que pactó la prestación de sus servicios por 175 millones de pesos para cumplir con el siguiente objeto contractual: “en un periodo de siete meses, el Periodista Portela debe realizar una asesoría especializada con el fin de que la rama judicial sea reconocida por sus decisiones justas y deberá dirigir su estrategia para que la Rama Judicial sea reconocida a nivel nacional e internacional por su contribución a la sociedad, mediante la celeridad en el desarrollo de los procesos judiciales, con decisiones justas y equitativas.” Como fuente específica de esta noticia se tiene a la WRADIO[1] que dio cuenta de ella en su sitio web. Este mismo medio de comunicación agregó en la nota las 20 obligaciones específicas que deberá cumplir el Comunicador Portela para poder ejecutar cabalmente el objeto contractual. Dichas obligaciones son:

“Obligaciones específicas:

Coadyuvar el diseño de la estrategia de comunicaciones que permita a través de la Planeación estratégica generar el conjunto integrado de opciones e iniciativas coherentes, posicionando colectivamente a la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, para crear una ventaja sostenible en relación con su misión y visión institucional.
Reestructurar y planear el desarrollo y ejecución de las actividades de comunicación que adelante la Nación - Consejo Superior de la Judicatura con fundamento en los objetivos y lineamientos que se determinen y generar el relacionamiento con los diferentes grupos de interés o stake-holders.
Hacer seguimiento de los planes, programas y actividades que se desarrollen a partir de la estratégica diseñada, para lo cual debe coadyuvar en la generación de los insumos necesarios que permitan a la entidad establecer indicadores de gestión para medir el grado de difusión de la gestión y de impacto en términos de efectividad y eficacia, cobertura y participación, a través de los medios de comunicación y su incidencia en la percepción ciudadana sobre la actividad de la corporación.
Apoyar y acompañar el desarrollo de la estrategia de comunicaciones frente a los medios de comunicación y otros de impacto en las diferentes regiones del país, en caso de que se requiera, así como también, en el desarrollo del concepto de imagen institucional y asesorar la definición de una línea oficial de comunicación de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.
Apoyar la coordinación entre los distintos Grupos de trabajo y la Oficina de Comunicaciones, potenciar las especialidades y habilidades de cada uno de sus integrantes para cumplir los objetivos de comunicación frente a las audiencias internas y externas.
Apoyar la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones con los distintos medios de comunicación y las diferentes acciones que se definan para el manejo de redes sociales.
Mantenerse actualizado con la agenda informativa nacional, proponer, asesorar e implementar estrategias, acciones, mensajes, instrumentos de comunicación para coyunturas imprevistas, crisis, situaciones mediáticas o de coyuntura que afecten a la Rama Judicial.
Crear oportunidades mediáticas para que los programas, proyectos y acciones de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura sean incluidos en la agenda de los medios de comunicación.
Responder a los requerimientos informativos de los medios de comunicación y los líderes de opinión y facilitar su acceso a las fuentes de información de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.
Apoyar en el monitoreo, redacción y abastecimiento de contenidos noticiosos, informativos y comunicacionales, con destino a medios Nacionales y Regionales, al Portal de la Rama Judicial, redes sociales y demás fuentes informativas, de acuerdo con las tendencias de coyuntura y con los objetivos estratégicos del Consejo Superior de la Judicatura.
Elaborar reportes de tendencias, actividad y penetración de los mensajes de las cuentas institucionales y recomendar, con base en análisis de datos, estrategias para llegar a los grupos objetivo y mejorar el desempeño de las cuentas.
Recomendar pautas publicitarias en redes sociales y producir material para potenciar los mensajes institucionales que se difundan.
Facilitar la transmisión de información con gran componente técnico o jurídico, en un lenguaje de fácil comprensión para el público.
Proponer, programar y asesorar reuniones con líderes de opinión, acciones de relaciones públicas, campañas publicitarias u otros mecanismos de relacionamiento, a partir de las prioridades institucionales.
Apoyar a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura en la relación y/o enlace con las empresas y entidades del sector público y privado que adelantan temas de interés para el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de contar con una acertada y necesaria comunicación estratégica para la divulgación de la política y acciones de la Rama Judicial.
Apoyar y asesorar en la conceptualización y cubrimiento periodístico de los eventos relacionados con las líneas estratégicas, en los cuales participa la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.
Identificar cambios o resistencias al proceso de modernización institucional y transformación digital y apoyar la implementación de acciones comunicacionales dirigidas a vincular, generar respaldo, reducir resistencias y generar un ambiente favorable a la implementación del proceso entre todos los niveles institucional, político, social y de opinión pública.
Apoyar y asistir cuando sea el caso, el ejercicio de la vocería oficial institucional, en el nivel central y seccional, para comunicar eficaz y estratégicamente bajo una misma narrativa, los mensajes cotidianos y requerimientos informativos en relación con el proceso de modernización institucional y transformación digital, teniendo en cuenta el tipo de audiencia o interlocutor, el formato, escenario o evento de interacción, desde un enfoque integrador y teniendo en cuenta las visiones nacional y territorial.
Asesorar las producciones audiovisuales o campañas publicitarias que, eventualmente, se encarguen a empresas externas.
Apoyar en las políticas de organización, mantenimiento y disposición del archivo gráfico institucional.”[2]

Alto revuelo y sorpresa ha causado este contrato y con justa razón, porque el hecho de encargarle a un Periodista la tarea de ‘realizar una asesoría especializada con el fin de que la rama judicial sea reconocida por sus decisiones justas y que dicha estrategia la dirija para que la Rama Judicial sea reconocida a nivel nacional e internacional por su contribución a la sociedad, mediante la celeridad en el desarrollo de los procesos judiciales, con decisiones justas y equitativas’ crea un gran sin sabor en relación con lo que es la expectativa de justicia que una sociedad tiene confiada en sus jueces y que espera sentir por la decisión misma y no por la propaganda, mercadeo, cuña publicitaria, promoción o maquillaje audiovisual para cumplir por ejemplo con la obligación 17 que le implica al contratista “Identificar cambios o resistencias al proceso de modernización institucional y transformación digital y apoyar la implementación de acciones comunicacionales dirigidas a vincular, generar respaldo, reducir resistencias y generar un ambiente favorable a la implementación del proceso entre todos los niveles institucional, político, social y de opinión pública.” ¿Cómo puede ser reconocida la judicatura por decisiones justas, si acude a una estrategia periodística para vencer la resistencia en las personas y lograr aceptación a partir de un manejo de la comunicación? Particularmente, en el alcance de las obligaciones del Periodista, la 17 por ejemplo, no hallo nada que pueda ser útil para reconocer a la Judicatura por las decisiones justas, de hecho, considero que la Administración de Justicia que busca Periodistas para ayudarse a verse bien, hace que la justicia misma se cuestione y no que se posicione.

Los jueces en pleno deberían oponerse al contrato celebrado para hacer publicidad a la judicatura y mostrarla como justa, porque el real deber está en procurar justicia y lograrla sin tribunas (espectáculo), pero, eso sí, con tribunales (lugar destinado a los jueces para administrar justicia y dictar sentencias[3]) aunque se queden en el anonimato, ya que de contarle al mundo sobre la justeza se ocupará el que justicia recibió.

Montesquieu dijo que "Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, sino que debe ser Ley por el hecho de ser justa" y este apotegma con un poco de adaptación permite manifestar, en el contexto de lo que se analiza, que una decisión de la judicatura no es justa por el hecho de ser una decisión de la judicatura y menos por promocionarla como tal. Debe ser una decisión de la judicatura justa por el hecho de haber sido el producto de un proceso debido, con hechos claros y no opiniones y con pruebas válidas, conducentes, pertinentes y útiles, pero valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, todo lo cual se plasme en una sentencia motivada. Igualmente, su administración será justa, no porque venza la resistencia, sino porque haga lo que corresponde para procurar el acceso a la justicia, porque la sociedad no quiere oír que las decisiones fueron justas, toda vez que lo que las personas quieren es sentir que la decisión fue justa, aunque no haya sido en su favor.

La imagen de la judicatura debe ser cuidada porque hace parte de una de las grandes conquistas de la revolución americana y la revolución francesa. Jhon Locke y Montesquieu bien plantearon la división del poder, muy propia de los Estados liberales, y ello implica reconocer el valor del poder judicial, ese poder que tiene a cargo administrar y dispensar justicia y es por tal poder que se logra que la sociedad no se vea afectada por el absolutismo dejado atrás, por las dictaduras y totalitarismos y por los abusos del poder tanto en lo público, como en lo privado. Pero cuidar la imagen de la judicatura no es tarea de los periodistas, porque valorar si una decisión fue justa no es propio de ese campo del conocimiento, sino de los jueces que obran como en derecho corresponde. Si la judicatura acude al maquillaje el mensaje que mandará será el de los “sepulcros blanqueados” y no el de “aún hay jueces en Berlín”.

Por lo expuesto, se expresa con respecto al inapropiado contrato un no retundo a una judicatura retocada con vericuetos periodísticos para mostrarle al público la justeza en sus decisiones. Los discursos elaborados para contarle a otro que hay decisiones justas, son como esa capa de maquillaje que se hace necesario aplicar para ocultar las imperfecciones, o los filtros que se le ponen a las selfis, esos de nivel de belleza 10, cuando lo cierto es que ignorar las imperfecciones no las elimina. y como ningún maquillaje, retoque o filtro, elimina las imperfecciones, en esa lógica, ninguna agrupación de sentencias o decisiones de la judicatura clasificadas como las más justas y la publicidad que de ellas se haga con estrategias publicitarias las convertirán en justas, si en el fondo… no lo fueron.

Referencias:

[1] COLOMBIA. WRADIO. Judicatura celebra millonario contrato para ser reconocida por “decisiones justas” https://www.wradio.com.co/noticias/judicial/judicatura-celebra-millonario-contrato-para-ser-reconocida-por-decisiones-justas/20210920/nota/4165938.aspx

[2] Ibidem

[3] Real Academia de la Lengua Española. https://dle.rae.es/tribunal

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Colombia con un Ministro de Justicia y del Derecho al que no le gusta el Derecho. Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

9/19/2021

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Colombia con un Ministro de Justicia y del Derecho al que no le gusta el Derecho

Por: Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

Como parte de la organización del Estado colombiano se encuentra la rama ejecutiva del poder público, de la cual hacen parte los Ministros y los Directores de los Departamentos Administrativos.

Para ocupar esos cargos no es mucho lo que se exige por cuanto la Constitución Política de 1991 indica en el Artículo 207 que: “ARTÍCULO 207. Para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren las mismas calidades que para ser representante a la Cámara.” Y para ser Representante a la Cámara, en el Artículo 177 se dice que: ARTÍCULO 177. Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco años de edad en la fecha de la elección.”

Tan pocas exigencias dejan claro el por qué Colombia ha contado y cuenta con Ministros y Directores de Departamentos Administrativos que han hecho lo que han hecho o no han hecho lo que debería hacerse o por qué hacen lo que hacen y lo hacen tan mal hecho.

Y aunque ser Ministro o Director de Departamento Administrativo no es cualquier cosa porque conforme a lo establecido en el Artículo 8 también constitucional se precisa que: “ARTÍCULO 208. Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley…” lo cierto es que lo que encontramos es a Ministros como el de Justicia y del Derecho que en lugar de promover que se ejecute la ley, invita a los Jueces y Fiscales a que no se apeguen a ella, tal y como bien se deduce de sus palabras hechas públicas por el medio periodístico Bluradio en nota del 16 de septiembre de 2021 y que es del siguiente tenor:

“Ante los frecuentes casos de delincuentes reincidentes en su accionar, en especial atracadores, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, hizo un llamado este jueves desde Barranquilla a jueces y fiscales del país a que sancionen a estas personas, privándolas de la libertad.

"Los jueces y fiscales de nuestro país no pueden ser tan exegéticos ni pegados a la norma, si hay elementos suficientes para privarlos de la libertad, actúen, porque tenemos los cupos para poder encarcelar a estas personas", dijo el ministro.

Ruiz aseguró que el hacinamiento en el país es del 16%, uno de los más bajos de los últimos años, y se están abriendo más cupos en las cárceles.”[1]

No niego que no controvierto el hecho de que la delincuencia común va en aumento y ello es algo que a todos nos perturba y nos causa angustia, sobre todo cuando somos las víctimas directas y a quién no le ha pasado. Ese es un flagelo que se padece en todos los países, aunque es claro que lo sufren unos países más que otros, porque la pobreza y la miseria no le dejan a algunos una opción diferente a “salir a atracar” a los otros para obtener sus bienes y con ellos satisfacer sus males, que realmente son necesidades y cuando afirmo esto no estoy justificando los asaltos a mano armada, el raponazo, el cosquilleo, el fleteo, el campaneo y demás formas de quitarle a los otros sus pertenencias, porque es claro que estos actos merecen reproche y sanción jurídica para quiénes los llevan a cabo y reinciden.

No obstante, el hecho de que los que cometen actos delincuenciales requieran ser judicializados, no justifica que un Ministro de Justicia y del Derecho promueva, invite e incentive y sin sonrojarse, ni avergonzarse, que Jueces y Fiscales no se apeguen a la norma, porque tal pretensión pone en vilo el objeto del Ministerio que le ha sido confiado y cuyo objetivo principal conforme a sus competencias es “formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo.

El Ministerio de Justicia y del Derecho coordinará las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público, los organismos de control y demás entidades públicas y privadas, para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho.”[2]

Sin duda, un Ministro de Justicia y del Derecho al que no le sirve o gusta el derecho y que invita a no tenerlo en cuenta, lo que hace es promover las vías de hecho, la ley del talión, la violación al debido proceso, el desconocimiento del sistema penal, que no se avance en una adecuada política criminal, ni en la solución de las problemáticas sociales que sirven de causa a la delincuencia común, ni que se promueva la resocialización propia de los fines de la pena. En fin… un Ministro de Justicia y del Derecho al que no le sirve el derecho sino el aumento de los cupos carcelarios para albergar a los delincuentes, deja claro que en sus prioridades no está resocializar, ni prevenir y ello es una forma de deshonrar la función pública encomendada en un Estado Social y Democrático de Derecho.

Referencias:

[1] https://www.bluradio.com/blu360/caribe/ministerio-de-justicia-pide-a-jueces-no-estar-pegados-a-la-norma-y-encarcelar-a-reincidentes

[2] COLOMBIA. MINISTERIO DE JUSTICIAL Y DEL DERECHO. https://www.minjusticia.gov.co/ministerio-co/nuestra-entidad/funciones-del-ministerio

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¿Vivos en medio de tantos muertos? Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez @JuridicaAsesora

9/11/2021

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¿Vivos en medio de tantos muertos?

Por: Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

No son pocos los años en los que relacionamos la frase “vivos en medio de tantos muertos” con la canción de Víctor Heredia titulada razón de vivir. En ella, éste cantautor nos deleita, no solo con su voz, sino con esas increíbles estrofas entre las que están:

“…Para continuar caminando al sol por estos desiertos
Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos
Para decidir
Para continuar
Para recalcar y considerar
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros

¡Ay!, fogata de amor y guía
Razón de vivir mi vida
¡Ay!, fogata de amor y guía
Razón de vivir mi vida”

No obstante, esta columna no se pregunta por ese anhelo y esperanza del cantautor mencionado, sino que a lo que quiero aludir es a esos otros “vivos” a esos “vivos” que viven no solo de los bobos, sino de los muertos. Esos que aprovecharon la pandemia para incrementar sus capitales y no responder por lo que les fue confiado como es el caso de los 70 mil millones que se perdieron en el Ministerio TIC por la absoluta negligencia de todos los que allá tuvieron que ver con el proceso de selección del contratista y de verificación de las pólizas, pero también con la amortización del anticipo mal manejado por el contrato “de un billón de pesos que fue adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados con el fin de instalar internet a colegios públicos de zonas rurales” y cuyos recursos terminaron en un paraíso fiscal.

¡Qué viveza! será la exclamación de muchos, pero infortunadamente no es esa viveza que se define técnicamente como “el que está lleno de vida, de energía y de pasión o que se mueve rápidamente para reaccionar a un ataque” sino esa “viveza” que en el argot popular se traduce como astuto, sagaz, estafador, es decir, avivato que es el que saca provecho personal a partir del engaño a otras personas.

También, hipotéticamente hablando, están esos vivos que programan citas de vacunación a personas que ya fallecieron y las están reportando en los listados como vivas, cuando los “vivos” son ellos. Se le suman los que destruyen lo que está bueno para luego arreglarlo rápidamente mediante la urgencia manifiesta para pasar por alto todo procedimiento democrático de selección de contratistas o que modifican el objeto de las instituciones públicas para que de la noche a la mañana sean aptas para hacer lo que a los vivos se les ocurra.

En lo privado, mucho vivo aprovechado de los otros como son los falsos pastores y falsas pastoras, los falsos y falsas profetas vividores de la fe, que en público tienen como fachada proclamar la palabra cristiana y en privado recaudan fondos para sustentar sus lujos, viajes y comodidades, mientras “sus contribuyentes” deben vivir con absoluta austeridad. Pero también están los que al ver un muerto se “avivan” con el fin de quedarse con los bienes que son de los herederos legitimarios.

Y si estos son, hipotéticamente, algunos vivos, ¿cuáles son los muertos?

Para lo que reflexiono en esta columna no entenderé como muerto a aquellos que han perdido la vida por causas naturales y riesgos inevitables que se materializaron, sino que menciono como muertos:

Aquellos que nunca recibieron un tratamiento o medicamento oportuno por la ambición de los “vivos” de algunas EPS.

Muertos para la academia por no contar con el internet oportunamente para acceder a ella virtualmente.

Muertos para otros lugares geográficos por no tener transporte público apto o puentes habilitados.

Muertos en vida por un sistema penitenciario que no resocializa pero que sí se gasta el presupuesto.

Muertos por la contaminación del ambiente sano, porque muchos “vivos” han cambiado árboles, arbustos, fauna y muchas otras formas de flora, por cemento y vagones contaminadores con su nefasto combustible.

Muertos para la administración pública que se tecnificó y automatizó, sin resolver la tecnificación de los usuarios a los cuáles se debe.

Muertos para la administración de justicia que no se ha tecnificado, ni automatizado para que, al menos los usuarios que ya lo están, accedan a ella.

La lista de muertos en medio y por culpa de tantos “vivos” es larga y el lector podrá complementarla.

Sin duda, pensar en “vivos en medio de tantos muertos” lleva también a considerar que estamos al frente de una sociedad holgazana que defino como esa que tiene desprecio por el trabajo y está llena de amor a lo gratis, a la vida fácil y al deseo de tenerlo todo, sin hacer absolutamente nada. Esa que cree merecerlo todo y que no se supera, que toda exigencia la considera un maltrato y que cualquier trabajo por mínimo que sea le queda grande, pero que de todas formas cobra.

Finalizo con la pregunta que gobierna esta columna: ¿vivos en medio de tantos muertos? Hechos y no opiniones parecen indicar que cada muerto tiene un vivo detrás que le ha tomado la delantera.

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ISSN 2256-5051

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Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

Gloria Yaneth Vélez Pérez Abogada, Especialista en Derecho Público, Especialista en Pruebas, Especialista en Derecho Procesal Penal, Máster en Criminología y Criminalística, Candidata a Magister en Derecho Procesal Contemporáneo, Candidata a Doctora en Derecho

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