Se hizo viral una reciente noticia  según la cual, la  Universidad Sergio Arboleda perdió la acreditación institucional multicampus porque el Ministerio de Educación Nacional ordenó para ese ente universitario, medidas preventivas según la resolución  015755 del 05 de agosto de 2022. De forma concreta lo que se indicó como causa de la pérdida de la acreditación institucional es que el Ministerio aplicó el Artículo 51 del Acuerdo 02 de 2020 expedido por el CESU (Consejo Nacional de Educación Superior) que literalmente prescribe: “Si durante la vigencia de la acreditación en alta calidad institucional o de programa académico, la institución fuere objeto de medidas preventivas o de vigilancia especial, o de sanción por parte del Ministerio de Educación Nacional, el acto administrativo de otorgamiento o renovación de la acreditación en alta calidad del programa académico o institucional perderá su fuerza ejecutoria. El decaimiento del acto de acreditación operará una vez se encuentre en firme el acto administrativo que ordenó la medida o impuso la sanción sobre la institución, sin que para ello se requiera de acto administrativo posterior proferido por parte del Ministerio de Educación Nacional o del Consejo Nacional de Acreditación – CNA que declare tal situación. La institución deberá cesar todo tipo de publicidad en la que se haga referencia a la condición de acreditación en alta calidad del programa académico o de la institución.”[1]
 
Dado lo anterior y siendo el CESU un organismo creado por la Ley 30 de 1992 y como una autoridad académica de la educación superior que es, nada de raro se pensaría con respecto a que, por lo que dispuso en el Acuerdo 02 de 2020, pueda una Institución de Educación Superior (IES) que haya sido destinataria de medidas preventivas, perder la acreditación institucional del alta calidad. No obstante, al reflexionar jurídicamente sobre el asunto, lo cierto es que el CESU excedió sus competencias en el Artículo 51 del Acuerdo mencionado porque allí estableció una causal de pérdida de ejecutoria del acto administrativo en virtud del cual una IES haya recibido la acreditación institucional y, cuando el Ministerio de Educación Nacional se apoya en lo señalado en ese artículo 51 para retirar una acreditación, también equivoca o excede su competencia y a continuación se explica jurídicamente las razones.
 
En primer lugar es importante recordar que el CESU o Consejo Nacional de Educación Superior, fue creado en el artículo 34 de la Ley 30 de 1992, así: 
 
“ARTÍCULO 34. Créase el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de carácter permanente, como organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría.” (resaltado fuera de texto).
 
Como se lee en la disposición jurídica citada, las funciones del CESU son de “coordinación, planificación, recomendación y asesoría” y de forma especial y específica, en el artículo 36 de la misma Ley se le indica como funciones concretas: 
 
“ ARTÍCULO 36. Son funciones del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) proponer al Gobierno Nacional: 
 
a) Políticas y planes para la marcha de la Educación Superior. 
b) La reglamentación y procedimientos para: 
1. Organizar el Sistema de Acreditación. 
2. Organizar el Sistema Nacional de Información. 
 3. Organizar los exámenes de estado. 
4. Establecer las pautas sobre la nomenclatura de títulos. 
5. La creación de las instituciones de Educación Superior. 
6. Establecer los requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos. 
c) La suspensión de las personerías jurídicas otorgadas a las instituciones de Educación Superior. 
d) Los mecanismos para evaluar la calidad académica de las instituciones de Educación Superior y de sus programas. 
e) Su propio reglamento de funcionamiento. 
f) Las funciones que considere pertinentes en desarrollo de la presente Ley”

En ese hilo conductor, se ve claramente que ni en el artículo 34, ni en el artículo 36, se le fijan funciones al CESU para restringir u ordenar la pérdida de la acreditación institucional y menos la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo que la haya reconocido, porque eso es función de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, esto es, el código de procedimiento administrativo y de o contencioso administrativo (CPACA).  

Igualmente, el CESU tampoco tiene la facultad de restringir u ordenar la pérdida de la acreditación institucional y menos la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo desde lo dispuesto en los Artículos 53 y ss de la misma ley 30 de 1992 en los que se crea el sistema de acreditación para las Instituciones de Educación Superior y el Consejo Nacional de Acreditación y en los que expresamente se indica:

“ARTÍCULO 53. Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de Educación Superior cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. 

Es voluntario de las instituciones de Educación Superior acogerse al Sistema de Acreditación. 

La acreditación tendrá carácter temporal. Las instituciones que se acrediten, disfrutarán de las prerrogativas que para ellas establezca la ley y las que señale el Consejo Superior de Educación Superior (CESU). 

ARTÍCULO 54. El Sistema previsto en el artículo anterior contará con un Consejo Nacional de Acreditación integrado, entre otros, por las comunidades académicas y científicas y dependerá del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el cual definirá su reglamento, funciones e integración. 

ARTÍCULO 55. La autoevaluación institucional es una tarea permanente de las instituciones de Educación Superior y hará parte del proceso de acreditación. 
El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), cooperará con tales entidades para estimular y perfeccionar los procedimientos de autoevaluación institucional.”

En segundo lugar, y además de lo anterior, el CESU tampoco tiene facultades de restringir u ordenar la pérdida de la acreditación institucional y menos la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo desde la Ley 1740 de 2014 que reguló la inspección y vigilancia de la educación superior, que solamente se refiere a ese organismo una sola vez en todo el texto y solo lo hace en el parágrafo 1 del artículo 17 para darle la específica competencia de emitir concepto cuando se trate de algunas sanciones que decida imponer el Ministerio de Educación Nacional, NO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, sino a los directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, o cualquier persona que ejerza la administración y/o el control de la institución de educación superior, que sean investigados, lo cual quiere decir, que el CESU no puede intervenir en relación con todas las sanciones que pudiere imponer el Ministerio. El parágrafo mencionado es claro tal y como se lee a continuación:
 
“Parágrafo 1: Las sanciones establecidas en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5  Y 1.6 del presente artículo, serán impuestas por el Ministerio, previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, mediante resolución motivada, una vez adelantado y concluido el correspondiente proceso administrativo, con observancia de la plenitud de sus formas propias.”
 
De manera concreta, las sanciones con respecto a las cuales debe conceptuar el CESU, según el Artículo 17 de la Ley 1740 de 2014, son: 
 
“ARTÍCULO 17: SANCIONES. El Ministerio de Educación Nacional podrá imponer las siguientes sanciones administrativas, previa observancia del debido proceso señalado por la Ley 30 de 1992, especialmente en sus artículos 51 y 52, así como en esta ley:
 

1. A los directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, o cualquier persona que ejerza la administración y/o el control de la institución de educación superior, que sean investigados: 

 
1.1  Amonestación privada.  
1.2 Amonestación pública.  
1.3 Multas personales de hasta quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.   
1.4. Suspensión en el ejercicio del respectivo cargo, hasta por el término de dos (2) años.  1.5. Separación del cargo.  
1.6. Inhabilidad de hasta diez (10) años para ejercer cargos o contratar con Instituciones de Educación”
 
Es claro que el CESU no tiene facultades legales para restringir u ordenar la pérdida de la acreditación institucional de una Institución de Educación Superior y menos la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que la reconoció y cuya expedición es competencia del Ministerio de Educación Nacional. De otro lado, el Ministerio de Educación Nacional tampoco tiene la competencia para restringir u ordenar la pérdida de la acreditación institucional y menos la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo por virtud de una disposición que en un Acuerdo haya fijado el CESU, porque como ha quedado demostrado el CESU por virtud de la ley que lo creó (ley 30 de 1992) solo tiene funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría y desde la Ley de Inspección y Vigilancia (LEY 1740 DE 2014), solamente puede conceptuar con respecto a las sanciones que se le impongan a las personas naturales que ocupen diferentes cargos en las IES y NO en relación con las Instituciones de Educación Superior como personas jurídicas, porque en relación con ellas, las sanciones las impone el Ministerio de Educación Nacional y son las siguientes según el numeral 2 del mentado artículo 17 de la Ley 1740:
 
“ARTÍCULO 17: SANCIONES. El Ministerio de Educación Nacional podrá imponer las siguientes sanciones administrativas, previa observancia del debido proceso señalado por la Ley 30 de 1992, especialmente en sus artículos 51 y 52, así como en esta ley:…
 
2. A las instituciones de educación superior investigadas: 

2.1.       Multas institucionales de hasta mil (1000) salarios mínimos legales  
mensuales vigentes.  
2.2.       Suspensión de programas académicos, registros calificados, o nuevas  
admisiones, hasta por el término de dos (2) años. 
2.3.       Cancelación de programas académicos o de registros calificados.  
2.4.       Suspensión de la personería jurídica de la institución.  
2.5.       Cancelación de la personería jurídica de la institución.”
 
Obsérvese que en las sanciones mencionadas para las Instituciones de Educación Superior, no se encuentra que alguna de ellas sea el que se le pueda restringir u ordenar la pérdida de la acreditación institucional y menos la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que se la reconoció y no es facultad del Ministerio de Educación Nacional y menos del CESU, inventarse una nueva sanción porque ello vulneraría principios tales como: legalidad, taxatividad de las sanciones y el de reserva de ley porque se estaría usurpando la función del legislador.
 
En ese orden de ideas y teniendo como caso de análisis lo sucedido con la Universidad Sergio Arboleda a la que el Ministerio de Educación Nacional le ordenó medidas preventivas y a la que le ha quitado la acreditación institucional de alta calidad multicampus, con fundamento en el artículo 51 del Acuerdo 02 de 2020 expedido por el CESU, se agrega que tanto el Ministerio de Educación, como el CESU, no tienen facultad para quitar la acreditación conforme a todo lo que se ha indicado, pero, además, porque las medidas preventivas impuestas a la Universidad NO SON SANCIONES que contemple con ese alcance la Ley 1740 de 2014 y como NO SON SANCIONES, el CESU no puede conceptuar siquiera sobre su procedencia. 
 
Las medidas preventivas que el Ministerio impuso a la Universidad Sergio Arboleda son la elaboración de un plan de mejoramiento y como no es una sanción, sino eso: una medida preventiva con fines de mejora y cuidado del servicio público, se itera que por tal motivo, el CESU no era competente para afectar, creando “normas” vinculantes, en el Acuerdo 02 de 2020, la acreditación institucional, porque su competencia, como ya se dijo es desde el ejercicio de funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría y de conceptuar sobre algunas sanciones a personas naturales y no las jurídicas. 
 
De hecho, el CESU no es, como Organismo, el competente para conceder la acreditación, porque al respecto su única competencia es reglamentar condiciones de calidad, verificar su implementación y conceptuar si se cumple con ellas y la única entidad competente para otorgar la acreditación es el Ministerio de Educación Nacional mediante acto administrativo, por lo tanto, es contrario a la Constitución y la Ley 30 de 1992 y la 1740 de 2014, que el CESU haya indicado en el Acuerdo 02 de 2020, artículo 51 que: “Si durante la vigencia de la acreditación en alta calidad institucional o de programa académico, la institución fuere objeto de medidas preventivas o de vigilancia especial, o de sanción por parte del Ministerio de Educación Nacional, el acto administrativo de otorgamiento o renovación de la acreditación en alta calidad del programa académico o institucional perderá su fuerza ejecutoria. El decaimiento del acto de acreditación operará una vez se encuentre en firme el acto administrativo que ordenó la medida o impuso la sanción sobre la institución, sin que para ello se requiera de acto administrativo posterior proferido por parte del Ministerio de Educación Nacional o del Consejo Nacional de Acreditación – CNA que declare tal situación. La institución deberá cesar todo tipo de publicidad en la que se haga referencia a la condición de acreditación en alta calidad del programa académico o de la institución.”

Por lo anterior, se concluye que la acreditación de una Institución de Educación Superior no puede afectarse por una medida preventiva y que el CESU excedió sus competencias en el artículo 51 del Acuerdo 02 de 2020 al pretender que la acreditación se pierda por tales causas, así como y de forma concreta, el Ministerio de Educación Nacional también excedió sus competencias al acoger la disposición del CESU en el caso concreto de la Universidad Sergio Arboleda.
 
Referencias:


[1] COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIO CESU. Acuerdo 02 de 2020. 

Si algo constituye la oportunidad de tener un Estado democrático de derecho en el que el pueblo cuente con posibilidades reales de ser representado en una de las instituciones más significativas, porque es la que toma decisiones dirigidas a establecer el orden y prescribir conductas para que haya justicia, paz, seguridad, igualdad, libertad, bienestar de la comunidad y prosperidad general, es contar con un Congreso de la República y la elección democrática y representativa de los senadores y representantes a la cámara.  Sin esto, como mínimo, no se puede hablar de Estado democrático. Ahora bien, la elección, per se, no es suficiente, sino que se requieren senadores y representantes a la cámara: probos, íntegros, respetuosos de la institucionalidad, estudiosos, con sensibilidad social y con una preocupación insuperable por el interés general para que la remuneración que se les provee por sus servicios legislativos, valga la pena.
 
Lo anterior, es un ideal que se ha teorizado desde que fueron instituidos los Estados democráticos, no obstante, lo que se ha venido presentando en Colombia, como una costumbre, no son elecciones de funcionarios idóneos con propósitos sociales nobles, sino ávidos por presumir el cargo y desde el cargo y usarlo para su propio interés y para satisfacer sus apetitos con los recursos públicos que se le entregan para remunerar, no sus servicios, sino, infortunadamente, sus malos servicios.
 
Lo anterior lo menciono con ocasión del reciente, bochornoso e ilegal comportamiento del ciudadano Alex Flórez que mientras Colombia sufría por la muerte violenta de Policías, líderes sociales y jóvenes, él como el “cenador” de lo público que es, se exhibía borracho y orinado, maltratando y calumniando a Policías que llegaron a un hotel de Cartagena en el que él, además, ya había tratado también mal a empleados. Y como lo reportó EL COLOMBIANO: No es la primera vez del polémico Alex Flórez, sino que hay otras escenas bochornosas que ha protagonizado,[1] pues recuérdese que Alex Flórez es un cartagenero que se radicó en Medellín, llegando a ser concejal, pero no un buen concejal, ni una buena persona, porque en el poco tiempo que estuvo en ese cargo público, con respecto al cual el Consejo de Estado le confirmó la pérdida de investidura, lo aprovechó para dar todo el mal ejemplo posible porque se vio involucrado en dos accidentes en los que resultaron destruidas dos camionetas del Concejo de Medellín. Ha sido señalado por machismo y por presunto maltrato a una mujer porque al parecer se negó a abortar. Con la Universidad de Medellín también tuvo dificultades porque pretendió que le otorgaran el título de Abogado sin cumplir con todos los requisitos académicos que se requieren y así lo informó ese claustro universitario.
 
Lo infortunado de todo, es que en lugar de un castigo político para el ciudadano Alex Flórez, lo que se le dio fue un premio y escudo de inmunidad por parte de la coalición política Pacto Histórico que lo incluyó en una lista cerrada y en las elecciones para el Congreso de la República, fue elegido senador y él tomó posesión de ese cargo el 20 de julio de 2022 y juró cumplir la constitución y la ley. Pero ni jurar le ha servido al ciudadano Flórez, que no se contiene y entre más asciende parece sentirse más autorizado para hacer público su mal ejemplo y denigrar de la institucionalidad y hasta afirmar que a él no lo eligieron para dar ejemplo.
 
Las palabras del ciudadano Alex Flórez según las cuales no lo eligieron en el Congreso para dar ejemplo, lleva a pensar que con esa lista cerrada que apoyó la coalición política Pacto Histórico, parece que no eligieron senadores sino “cenadores” de los recursos públicos, que no prestan servicios que valgan la pena, sino que dan pena, como pena da también su comportamiento, ya que el ciudadano Alex Flórez que se presenta como adalid de una nueva generación de jóvenes políticos, no es, definitivamente, un senador de una nueva generación, sino un “cenador” degenerado. 
 
El “cenador” ha demostrado que no tiene la capacidad para ser un Senador de la República, porque no es capaz de poner en primer lugar a Colombia, a las instituciones y a la sociedad. El “cenador” Alex Flórez ha preferido poner en primer lugar de su agenda, no a la sociedad, sino la suciedad de su comportamiento, con el agravante de que hay otros “cenadores” de lo público que han salido a apoyar su nefasto comportamiento porque, infortunadamente, son los antivalores lo que los habita.
 
Un verdadero Senador, de esos que requiere un Estado social y democrático de derecho, debe estar en capacidad de posponerse a sí mismo, de aplazar sus voraces apetitos y retorcidos placeres y ocuparse ya no de cenar de lo público, sino de legislar para materializar el Estado social de derecho y si no está dispuesto a ese sacrificio, es mejor que renuncie y si no lo hace, que el pueblo le exija la renuncia. 
 
 
Referencias:

[1] EL COLOMBIANO. No es la primera vez del polémico Alex Flórez: las otras escenas bochornosas que ha protagonizado. https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/escandalos-del-senador-alex-florez-del-pacto-historico-petrismo-GK18565641
 

Recientemente terminó en Colombia el nombramiento de todos los ministros que junto al presidente de la república conformarán lo que constitucionalmente se conoce como gobierno. Nombrar a los ministros es un derecho del presidente de la república porque es con ellos y ellas, con quienes puede lograr darle formas a las reformas y cumplirle a los electores las promesas de campaña que, para el caso concreto, es el inicio del cambio prometido, esto es: vivir sabroso, y ¿quién no quiere vivir sabroso?
 
Al frente de cada cartera ministerial fue puesto y puesta una persona del interés, con interés, por interés e interesada en el “vivir sabroso” y valga manifestar que las promesas de campaña es un vivir sabroso de la población, no de los ministros y ministras. Es un cambio que garantice vida digna, honra, bienes y libertad, que son cuatro pilares de una vida plena y garantía de una paz estable y duradera, ya que, al menos a mi juicio, ningún conflicto social tendría que suscitarse si estos cuatro pilares se erigen de tal manera que toda persona, sin distingo de edad, raza, género, ideología política o religiosa, inclinación sexual y nivel educativo, sienta que tiene esos soportes. ¿Qué más podría agregarse para vivir sabroso? Ya con esto, seguro, tendríamos un gran avance.
 
Ahora bien, ¿qué tanto hay que cambiar, transformar, reformar, derrumbar, derribar, reconstruir y edificar para poder vivir sabroso? Cada persona puede ofrecer una respuesta, no obstante, en particular, considero que si bien existen profundas brechas de inequidad (desigualdad) y de iniquidad (injusticia o maldad), ello no significa que no haya nada que salvar, rescatar, mantener, conservar y fortalecer y eso en todos los ámbitos. Y porque considero que esto es así y estimo que lo es porque hay hechos notorios que lo demuestran, pero también fundamentos técnicos y científicos que lo prueban, es mi interés en este escrito plantear para el debate jurídico, social y académico, pero también del sentido común, que nada que esté bueno, funcione y sea útil al propósito del Estado social de derecho, al menos como lo he resumido: vida digna, honra, bienes y libertad, debería ser objeto de intervención por los gobernantes, so pretexto de cumplir el cambio prometido. Esta reflexión la realizo a partir de retomar lo que se entiende por Non reformatio in pejus y espero que esto no sorprenda al lector versado en asuntos procesales porque, de ninguna manera pretendo modificarle su uso, pero sí, valerme de su esencia.
La no reformatio in pejus o reformatio in peios, es un principio que tiene su asiento natural en asuntos de administración de justicia y consiste en que el juez superior tiene prohibido empeorar, agravar o perjudicar la situación del apelante único y pronunciarse sobre asuntos que no se trataron en la apelación. En otras palabras, significa que aquel que interpone un recurso no puede ser puesto en una posición más desfavorable que la que tendría en caso de no haberlo interpuesto.[1]Claro que no significa que el alcance de este principio cree un derecho absoluto para el apelante, porque, al menos en Colombia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han dejado claro que en ocasiones y de forma “excepcionalísima, el juez superior o ad quem “puede entrar a estudiar cuestiones propias del debate jurídico así no hayan sido objeto del recurso de apelación cuando encuentre que la decisión de primera instancia es manifiestamente ilegítima. Dicho de otra manera, un funcionario judicial, al advertir que se están consolidando situaciones jurídicas en abierta contradicción del ordenamiento jurídico, no puede rehusarse a efectuar algún tipo de pronunciamiento solo bajo la consideración de que fue un asunto que no se planteó en el escrito de apelación.”[2]
Sin duda, el alcance del principio de non reformatio in pejus es bastante interesante porque en su sentido y significado encierra elementos de consideración hacia otro que ha sido vencido en juicio y que lo que menos esperaría luego de apelar, es que su situación se agrave o empeore y no entraré en discusión con tal aspecto y con la excepción que mencioné porque, en primer lugar, estoy de acuerdo con lo que el principio traduce, prohíbe y permite y, en segundo lugar, porque mi pretensión en esta columna no es tanto el principio como tal en un proceso judicial, sino tomar su esencia para, en relación con ella, manifestar que eso que el principio de non reformatio in pejus establece, es lo que debería tenerse como presupuesto y elemento de la gestión pública de los gobernantes de turno, sea cual fuere la ideología política. Es decir, ellos, ellas, los, las, gobernantes, deberían tener prohibido hacer reformas que empeoren la situación de la población destinataria de sus decisiones así lo que hayan prometido sea un cambio del statu quo bajo premisas reforzadas de que el estado o situación de ciertas cosas, como la economía, las relaciones sociales, la cultura, la calidad de vida, la democracia, la seguridad y la naturaleza están en crisis. 
 
Lo anterior lo planteo, no bajo la idea o expectativa de que no se realicen u operen cambios, sino bajo la objetiva apreciación y convicción de que llevar a cabo transformaciones mediante rupturas que modifican el statu quo en todas las estructuras sociales para improvisar, no implementar, la teoría del “vivir sabroso, porque hace parte del cambio prometido, se puede convertir en el infierno tan temido si se hace sin mesura. No siempre hay que desbaratar para demostrar o mostrar que es artífice de algo, sino que muchas veces hay más mérito en reconocer el valor y utilidad de lo que existe, siempre que lo tenga y sea útil, y emprender la gestión de fortalecer y hacer crecer la cobertura de beneficios sociales.
 
 
Referencias:

[1] Real Academia de la Lengua Española: 
'No reformar a peor'.
Principio de interdicción de reforma en perjuicio del recurrente. Quien interpone un recurso no puede ser colocado en una posición más desfavorable que la que tendría en caso de no haberlo interpuesto. La regla procesal no se aplica cuando ese recurso concurre con otro de la parte contraria cuya estimación puede colocarle en una posición más desfavorable. Fuera de ese caso, el tribunal tiene vedado agravar la condición del recurrente aun encontrando motivos bastantes para hacerlo, como ocurrió en la STS, 2.ª, 25-II-2015, rec. 1243/2014: el tribunal reconoce no poder agravar la pena por ser el penado el único recurrente.
https://dpej.rae.es/lema/non-reformatio-in-peius

[2] Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia AC 11001031500020150228101, Ene. 19/1. (C. P. Stella Jeannette Carvajal). Ámbito Jurídico: https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/procesal-y-disciplinario/el-principio-de-non-reformatio-pejus-no-es-un-derecho

Los tributos y gravámenes representados en impuestos, tasas, contribuciones, participaciones y otras rentas, son fuente importante para cumplir con los propósitos y objetos sociales porque, la concepción de todo tributo es que sea destinado a la satisfacción de las necesidades sociales en una relación de contrapartida y por eso no me opongo al pago de impuestos, tasas, contribuciones y participaciones (hasta de las inútiles estampillas) y no me opongo porque creo, genuinamente, que todos tenemos el deber de contribuir con el sostenimiento del Estado, pero no para sostener una vacía e innecesaria burocracia, ya que particularmente, soy una defensora del Estado social y democrático de derecho que es al que se le debe responder sea cual fuese o fuere la ideología política de los gobernantes de turno pues como lo he mencionado en otros escritos (artículos y columnas) en el Estado social de derecho está la representación y esperanza de: vida digna, honra, bienes y libertad, que por razones obvias, no se logra materializar automáticamente, ni desde discursos románticos, sino que requiere el aporte colectivo en la justa medida y desde sus posibilidades. 
 
Refuerzo lo anterior desde lo que considero es el derecho y deber de las personas a contribuir y que lo fundamento citando los artículos 2 y 95 de la Constitución Política, que establecen dentro de su texto que es un derecho de la persona el participar en la vida económica y administrativa de la Nación y que es un deber de la persona y del ciudadano: contribuir al funcionamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Por lo tanto, estimo que, entre todos, todas y todes, podemos lograr que se establezca un equilibrio en los ingresos, los tributos y las formas de vida digna para que nadie se lamente de que le faltan los mínimos para una congrua subsistencia. Algo así como el conocido juego en el que todos ponen (ponemos), pero con la precisión de que no a partir de que los gobernantes en ese juego tengan la opción de: toma todo, de todos, incluso de los que no puedan poner.

Con lo dicho, introduzco lo que pretendo reflexionar en esta columna en relación con la reforma tributaria que en 7 días de gobierno ya fue radicada en el Congreso de la República y que en varios aspectos ya se torna escandalosa y como fue también la reforma que pretendió en el año 2021 el ahora expresidente Iván Duque, la actual presentada por el Presidente Gustavo Petro, también se torna escan-DOLOSA y esto lo afirmo por lo que se pretende gravar con el impuesto al valor agregado IVA que afecta directamente a la población más vulnerable, aunque quienes la lideran defiendan y argumenten  lo contrario. A continuación, explico, someramente, el porqué de mi percepción (no como un absoluto, pero sí como un aporte a la reflexión y debate en lo social y lo jurídico, aclarando que solamente me centraré en comentar lo atinente al IVA que se le cargará a nuevos productos de la canasta familiar).
 
En ese orden de ideas, parto de señalar que “Cuando los consumidores compramos un producto o recibimos un servicio, el pago que entregamos a cambio incluye un tributo, el cual aporta buena parte de los recursos que el Estado necesita para sostenerse. Al ser un impuesto que está presente en las transacciones de nuestro día a día, es fundamental tener claro qué es el IVA en Colombia, cómo se calcula su tarifa y cuáles son los bienes que están exentos de pagarlo.”[1] Así, entonces, la pregunta: ¿Qué es el IVA? se resuelve indicando que IVA traduce Impuesto al Valor Agregado y es “una tarifa que se le suma al valor bruto de un bien o servicio. Cuando hablamos de valor bruto, nos referimos al precio que el productor le ha puesto a aquello que ofrece; dicho precio debe cubrir los costos de producción y generarle alguna ganancia que le permita sostener su negocio. Es preciso anotar que el IVA se aplica en todos los momentos del ciclo económico, tales como la producción, distribución, comercialización e importación.”[2]

De lo anterior se deben resaltar varias palabras clave: tarifa adicional al valor bruto que se paga por el consumidor de un bien y/o servicio y que sirve para que el Estado se sostenga. Ahora bien, debe entenderse que en un Estado social de derecho, no es para sostener la insulsa burocracia, sino para cerrar brechas sociales, pero sin crear más brechas al tratar de cerrar las abiertas y en este sentido, coherente es lo que indicó el Presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión: "La igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza para todos y todas, y si somos capaces de distribuirla más justamente. Por eso proponemos una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento. Y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia". Y nada cuestionable hay en estas sublimes, conmovedoras e inspiradoras palabras, sin embargo, si se lee bajo esas premisas la reforma tributaria en relación con el IVA que se le impondrá a ciertos alimentos de la canasta familiar por ejemplo el salchichón, las obleas, el dulce de leche, el chocorramo, la conocida fritanga, el mekato y las gaseosas o bebidas azucaradas, entre otros, no se percibe la prometida generación de justicia desde la praxis de la tributación a la que se aspira y no se percibe porque gravar, “en primera” lo que ha sido por años la cultura nutricional de la mayoría de la población, sin prever siquiera una nueva educación en la alimentación, ni una forma de complementarles el presupuesto para adquirir otros productos, no solamente es desconsiderado, sino alejado de toda teoría de la justicia.

Cierto es que el argumento que se está brindando desde la exposición de motivos del proyecto de reforma indica que se trata de impuestos saludables, no obstante, nada de saludable hay en encarecer los alimentos tradicionales sin ofrecer los sustitutos con una base científica sólida y garante de que la calidad de vida será mejor con el cambio en segunda, de lo que ha sido la primera opción alimenticia.

De otro lado, se ha esgrimido el argumento de que al gravar con IVA los productos mencionados, entre otros que correrán la misma suerte, ‘no es para conseguir dinero, sino que como hacen daño a la salud de lo que se trata es que la gente deje de consumirlos tanto’[3] se considera que es un argumento falaz, un sofisma que en nada aporta a la justicia y a la redistribución de la riqueza en condiciones justas, máxime que al decir que no es para conseguir dinero, pero se está cobrando al más vulnerable, hace pensar que si no es para eso, entonces, ¿por qué mejor no dejar ese dinero en el bolsillo de los ciudadanos y así no desajustarles su presupuesto de alimentación? Máxime que no hay claridad de su destinación, pero el pobre sí sabe bien en qué invertirlo y cómo administrarlo para llegar al fin de mes. Ahora, si de lo que se trata es de que las personas consuman menos dichos productos porque “hacen daño”, ¿qué sentido tiene castigar a los más vulnerables con impuestos para agravarles ese daño?. 

En el contexto de lo anunciado sobre cómo se IVA a gobernar para generar riqueza para todos y todas y que implica empobrecer al más vulnerable y privarlo de su acostumbrado hábito de alimentación, sin antes proveerle los reemplazos o sustitutos más óptimos, no me es posible visualizar en la reforma tributaria justicia y equidad y sería más coherente, a mi juicio por supuesto, prohibir la producción de alimentos ultraprocesados y otros con respecto a los cuales se tenga la suficiente evidencia científica de que afectan la salud gravemente y crear multas para quienes continúen con su elaboración y producción, porque si se mantiene el argumento de que esos alimentos son tóxicos (dañinos) para la salud, gravarlos por parte del Estado para beneficiarse económicamente desde los tributos, conociendo el daño que hacen, debería crear responsabilidad del Estado y una consecuente indemnización para los afectados, pues no tiene sentido argumentar desde la premisa: Si esos alimentos valen menos hacen daño a la salud y si valen más no hacen daño alguno.

Cierro esta reflexión iterando que no estoy en contra de una reforma tributaria siempre que se base en pilares de justicia y equidad reales y esté clara la destinación social de los recursos que se aportarán sacrificando el presupuesto personal y familiar.
 
Referencias:

[1] Ibidem

[2] Siigo. https://www.siigo.com/blog/empresario/que-es-el-iva/

[3] Palabras del Presidente Gustavo Petro al justificar la reforma tributaria

En una nota publicada por el Periódico el Colombiano se lee: “Pedido de ayuda de San Antonio de Prado no se oyeron y se agrega: "Desde el pasado 7 de abril, tres meses y seis días antes del derrumbe que cobró la vida de dos personas en San Antonio de Prado, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd) ya había recibido un llamado de ayuda por parte de la comunidad de ese corregimiento.En un carta radicada ante el despacho de la directora de esa entidad, Laura Cristina Duarte Osorio, los habitantes pidieron se declarara la urgencia manifiesta y se enviara personal calificado para prevenir una tragedia.

“Le solicitamos desde su despacho promueva la urgencia manifiesta (...) y buscar los recursos en diferentes secretarías, entidades descentralizadas para atender y realizar las obras necesarias y así evitar posibles catástrofes, enviar personal técnico idóneo como geólogos, promotor social y ingeniero (sic) para dar los pronósticos a nivel humano y de infraestructura y sus soluciones”, quedó plasmado en el documento, cuya copia también llegó a los despachos de la Secretaría de Medio Ambiente, Infraestructura y la Personería de Medellín.
 
Dicho documento es tan solo un pedazo de una cadena más amplia de solicitudes entregadas antes del derrumbe ocurrido el pasado miércoles 13 de julio, que ya deja un saldo de 130 viviendas con recomendación de evacuación.”
 
Esta triste noticia que documenta no solo la tragedia por el desastre del cual fue víctima toda una comunidad causa no solamente aflicción y angustia por la situación de vulnerabilidad que los aqueja sino que, causa también, una total indignación por la negligencia y omisión en la que incurrieron servidores públicos de Medellín, entre ellos la Directora del Dagrd, el Secretario del Medio Ambiente y la Personería de Medellín, a quienes de forma directa les corresponde velar por la protección de las personas y sus derechos cuando ellos están conculcados o en riesgo de afectación como era el caso de habitantes del Corregimiento de San Antonio de Prado. La omisión de ellos causa indignación, además, porque lo peor de un desastre es el agravante de no haber contado con la oportuna ayuda y asistencia del Estado, no obstante haberla pedido. 
 
Visto el desastre y la evidencia de que ya había sido alertado para que los servidores públicos actuaran con fines de mitigación del riesgo y así cuidar vidas, es imposible no preguntar ¿Para qué unos servidores públicos de piedra, con corazones de piedra, silentes como una piedra e incapaces de actuar oportunamente para ejecutar las funciones que juraron cumplir al tomar posesión de su cargo?. Imposible no responder que esos servidores públicos son indignos de estar en esos cargos y que deberían ofrecer su renuncia y pedir perdón a la sociedad y a las familias afectadas pero… como eso no va a ocurrir porque seguramente están convencidos que su conducta no es contraria al ordenamiento jurídico, ni a sus deberes funcionales, pretendo en esta columna recordar que en Colombia está vigente desde hace 10 años la Ley 1523 del 24 de abril del año 2012 por medio de la cual adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres, se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictaron otras disposiciones, entre ellas la adopción de una nueva falta disciplinaria en el Artículo 93, que indica: es falta disciplinaria “No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastre en los términos establecidos en la ley”. (resaltado fuera de texto)
 
Pero además de lo anterior, en la Ley mencionada se definieron varios términos en relación con el riesgo de desastres y su materialización. Con respecto a los riesgos se dice en el Artículo 4 lo que se debe entender por: alerta, amenaza y análisis y evaluación del riesgo, esto es:
 
“2. Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos.
 
3. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
 
4. Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.”
 
Lo anterior se armoniza, entre otros, con lo que dispone la ley citada en el Artículo 2 sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo, así:
 
“Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.
 
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
 
Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.” (resaltado fuera de texto)
 
Las prescripciones de conducta establecidas en las disposiciones arriba mencionadas, determinan, sin lugar a dudas, las acciones que debe llevar a cabo el servidor público o servidores públicos que tengan en sus funciones lo atinente a la prevención de riesgos de desastres porque la finalidad primordial es prevenir y mitigar desastres, no contribuir a su materialización y que según el Artículo 55 de la Ley 1523 de 2012, “se entiende por desastre el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige al Estado y al sistema nacional ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.”
 
Obsérvese que si se revisa el proceder de la comunidad de San Antonio de Prado que reportó en varias oportunidades a diferentes servidores públicos el riesgo del desastre del cual son ahora víctimas, se puede colegir que la alerta y la amenaza, según el alcance que les da la ley 1523, eran claras, pero con lo que no se contó, por parte de los RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO, fue con EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO y su debida mitigación, siendo ese proceder parte fundamental de los deberes funcionales de esos servidores públicos con ocasión de sus funciones, todo lo cual,  tipifica la falta disciplinaria concreta: “No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastre en los términos establecidos en la ley”, pero, además, con la evidencia que ya es de conocimiento público, según la cual, se recibió en la dependencia correspondiente y por los servidores públicos competentes el reporte de la alerta y la amenaza del desastre, se devela también la ilicitud sustancial y la culpabilidad, como otros elementos de la responsabilidad disciplinaria. Así que, siendo esos elementos ostensibles lleva a afirmar, desde este espacio y escrito académico, que: servidores públicos de Medellín son responsables disciplinariamente por desastre ocurrido en el corregimiento de San Antonio de Prado y que naturalmente será la autoridad disciplinaria quien confirme, algún día, lo que osada pero fundadamente afirmo. Y valga también indicar que otras responsabilidades deberán, igualmente, ser evaluadas, porque hay perdida de vidas humanas que pudieron evitarse si se hubiese cumplido con las funciones de análisis y monitoreo del riesgo y con su mitigación y prevención.

El Presidente electo Gustavo Petro anunció que “transformará” a la Procuraduría por una gran Fiscalía anticorrupción y esto ha levantado una suerte de opiniones de índole político, algunas jurídicas, otras más de política institucional que se cofunden con las dos mentadas, pero también hay otras que se han emitido desde la experiencia que se ha tenido con las funciones que, en diferentes ámbitos, despliega la Procuraduría, entre ello, su participación en los procesos judiciales a los que, A VECES,  acuden quienes ocupan los provocativos, apetitosos, jugosos y bien remunerados cargos de procuradores judiciales, cualquiera sea su grado. El lector leyó bien  “A VECES”, porque es recurrente que al desarrollo de un proceso judicial en el que el Ministerio Público tiene asiento, no asistan siempre los procuradores judiciales que tienen en sus funciones acudir a ellos en defensa de los intereses de la sociedad, pero cuya falta no invalida la audiencia, así que, con esto anticipo una razón importante para ir acercando respuestas a la pregunta que gobierna esta columna: ¿Transformar, suprimir o reformar la Procuraduría está de moda o de mora..do?. Sobre esto volveré.
 
Pero, ¿por qué pensar siquiera en transformar, suprimir, fusionar y/o reformar la Procuraduría, si ella en su diseño tiene fines tan nobles unidos a una estructura de nobleza similar en tanto es un órgano de control autónomo, independiente, con asiento en la Constitución sin dependencia alguna de las ramas del poder y con propósitos claros de contribuir con el mejor funcionamiento del Estado y defensa de la sociedad y los derechos fundamentales, combatir la corrupción y ayudar a crear mayor justicia e igualdad para todos y por eso tiene la facultad disciplinaria y el control preferente en su objeto? 
 
Muchas respuestas se han puesto sobre el debate y entre ellas, una se refiere a que se trata de una venganza del Presidente Electo Gustavo Petro porque cuando fue Alcalde Popular de Bogotá lo sancionó, con destitución, el entonces Procurador Alejandro Ordóñez (sobre esto escribí en su época un artículo que titulé el derecho al derecho en el caso Petro en el que expliqué los errores jurídicos del entonces Procurador con esa injusta sanción).[1] En hechos más recientes también se refuerza el argumento de la venganza y es debido a la suspensión provisional a uno de los simpatizantes más cercanos del Presidente electo, esto es, el Alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, suspensión ordenada por la Procuraduría por haber hecho política en su favor (presuntamente) aunque fue de conocimiento público. (Al respecto, escribí también un artículo en el cual expliqué por qué la Procuraduría sí podía ordenar una suspensión provisional, contrario a lo que escribí en el año 2013, de por qué no podía la Procuraduría destituir al Alcalde y es porque, entre otras, son separaciones del cargo que ocurren en momentos procesales diferentes y con vocación distinta y mientras la suspensión provisional no es sanción es, además, temporal para evitar que se continúe cometiendo la infracción, mientras que la destitución sí es sanción, implica separación definitiva del cargo y por ello vulnera derechos de los electores que no se pueden ver afectados por una autoridad administrativa).[2]
 
Los motivos y motivación desde la venganza, es posible que algo de razón tenga, nadie lo sabe diferente del nuevo Presidente Gustavo Petro, sin embargo, venganza o no, esa no sería una razón de peso, ni de fondo que se sostenga para lograr modificar la constitución en un Estado de Derecho y tocar el corazón de la Procuraduría pero, a mi juicio,  lo que sí pueden ser motivos y motivaciones, son las razones que a continuación listo, no exhaustivas,  y que si bien en esta columna no alcanzo a profundizar, sí tengo la absoluta seguridad que muchos lectores versados en temas disciplinarios de lo público, pero también litigantes consumados o amateurs en estas temáticas podrán confirmar, al menos sino todas, algunas e igualmente lo podrán hacer servidores y exservidores públicos injustamente investigados y sancionados y ciudadanos quejosos que han sido ignorados y burlados en sus justas quejas. 
 
Sea lo primero resaltar lo que anticipé al iniciar este artículo y es el rol de los procuradores judiciales. Estos cargos tienen “funciones preventivas y de control de gestión, disciplinarias, de protección y defensa de los derechos humanos y de intervención ante las autoridades administrativas y judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes…”[3] sin embargo, es bastante frustrante encontrar como la ausencia de los procuradores judiciales en los procesos judiciales es recurrente, cuando lo hacen se llegan a advertir sin preparación, adhiriendo, por ejemplo en penal, a las posturas de la Fiscalía o de víctimas formales, y no a una protección de derechos humanos cuando la víctima es el procesado. Es decir, los procuradores judiciales para el ejemplo citado se comportan más como fiscales adjuntos, aumentando con ello la desigualdad de armas. Lo más grave es que su ausencia no invalida la audiencia, pero su presencia crea desventaja. Esto, ya es una razón suficiente para pensar en una reforma a la Procuraduría que, si bien no alcanza para suprimirla de la estructura del Estado, sí aportaría eficiencia, equilibrio en los procesos judiciales y liberaría recursos del presupuesto de funcionamiento del Estado para ser mejor invertidos en una verdadera defensa de los derechos humanos. Es que no justifica contar con cargos burocráticos que flaco favor le hacen a los procesos judiciales, a la defensa de los derechos humanos porque su ausencia no afecta para nada un proceso y si no lo afecta es porque falta no hace.
 
Un segundo aspecto a mencionar es que el control disciplinario no se ejerce como una unidad, sino de una forma fragmentada porque en cada entidad pública hay una dependencia que ejerce el control disciplinario interno, en ese sentido, carece de verdadero propósito y no otorga un real valor agregado el que exista un órgano independiente tan robusto burocráticamente cuando gran parte del diario vivir disciplinario, está en el seno de la misma entidad pública que si bien reporta a la Procuraduría, el control preferente muchas veces termina siendo un saludo a la bandera. 
 
Sumado a lo anterior, está el hecho de que las quejas que recibe la Procuraduría en contra de algún servidor público abusador del poder, son tratadas con indiferencia o como burla al mismo, remitidas a la misma entidad para que adelante la investigación en contra del servidor público con respecto al cual fue elevada la queja y luego el quejoso es ignorado. Esto, comprueba que ese control preferente no es tal y ni rogado y que se reconoce, con ese proceder, que esas dependencias de entidades, tienen una competencia disciplinaria suficiente para obviar a la Procuraduría.
 
La Procuraduría es un pulpo inmanejable que tiene brazos extendidos en lo administrativo y judicial, que lo hacen burocrático, costoso y poco confiable.
 
Es ineficiente porque hay investigaciones que duermen el sueño de los justos, se activan cuando se acerca la caducidad de la acción y las investigaciones se aceleran, en veces, con el riesgo de vulneración al debido proceso administrativo sancionatorio, además porque una investigación acelerada afecta la investigación integral y la valoración objetiva de la prueba.
 
Está politizada y en ella se encuentra, entre más se asciende en la estructura, a los cercanos del cerrado círculo me eliges, te elijo, pero lo peor: te fijo. Recuérdese que el “yo te elijo, tú me eliges” sirvió de causa para anular el acto de elección del entonces Procurador Alejandro Ordóñez.
 
Además de lo anterior, también será necesario ubicar en la rama judicial la facultad de sancionar, definitivamente, con suspensión o destitución a los servidores públicos elegidos por voto popular en cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue el producto del análisis del caso Petro con ocasión de la destitución de la que fue “víctima” del Procurador Alejandro Ordóñez sin que se contara con la competencia para ello.
 
Transformar, suprimir o reformar la Procuraduría no afecta la naturaleza del derecho disciplinario como podrían algunos sugerirlo y no lo hace, porque el derecho no se debe a la existencia de un órgano u organismo en particular y pensar siquiera que ello es así, es como asimilar el derecho a la ley, el cual correría el riesgo de desaparecer si la ley se deroga.
 
No concluyo categóricamente indicando que la Procuraduría deba ser suprimida de las entrañas del Estado, borrada definitivamente de la Constitución y enviada al más profundo de los olvidos, y no lo hago, porque se requiere un estudio de estructura y análisis institucional serio y profundo, además, porque, como lo indiqué, en su diseño inicial hay fines nobles funcionales y estructurales en dicho órgano como lo son: representar a los ciudadanos ante el Estado. Ser el máximo organismo del Ministerio Público, conformado por la Defensoría del Pueblo y la Personería. Intervenir cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales y hacerlo mediante mecanismos de control tales como:
 
1. Participación en defensa de la integridad Constitucional
2. Vigilancia sobre la Administración Pública
3. Defensa de la sociedad.
4. Defensa del orden jurídico

No obstante la nobleza de esos fines, muchos de ellos no se están cumpliendo por las razones que expuse y que son causas que erosionan a la Procuraduría en sus “zapatas” y eso sí me posibilita argumentar que una transformación, modificación, reforma y eventual supresión de la Procuraduría no es un asunto que esté de moda, sino que está de mora… do.
 

Referencias:

[1] VÉLEZ PÉREZ, Gloria Yaneth. El Derecho al derecho en el caso Petro. Revista Digital VOZ JURÍDICA. https://www.vozjuridica.com/columnista-abogada-gloria-yaneth-velez-perez/el-derecho-al-derecho-en-el-caso-petro
 
[2] VÉLEZ PÉREZ, Gloria Yaneth. Suspensión provisional de Alcaldes por la Procuraduría: ¿se puede o no se puede? Revista Digital VOZ JURÍDICA. https://www.vozjuridica.com/columnista-abogada-gloria-yaneth-velez-perez/suspension-provisional-de-alcaldes-por-la-procuraduria-se-puede-o-no-se-puede-columna-de-la-abogada-gloria-yaneth-velez-perez-twitter-juridicaasesora

[3] Funciones de los Procuradores Judiciales. https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Funciones%20de%20los%20Procuradores%20Judiciales.docx

Empiezo esta columna indicando que no sabemos vivir en democracia y eso es algo bastante infortunado para lograr el bienestar de la comunidad y la prosperidad general. Esta afirmación la sustento en el hecho de que nos regimos bajo la idea de que al perder en unas elecciones presidenciales, de forma inmediata debe activarse una oposición por parte de quienes no fueron electos. Claro que en ocasiones esto puede ser posible, pero no necesariamente en todas las ocasiones o, al menos, no sin haberle dado la oportunidad al nuevo gobernante de mostrar cuál será su “modus operandi”[1] en relación con el modelo de Estado, el modelo económico y su cosmovisión social real versus las promesas realizadas. Esto, porque ¿qué sentido tiene oponerse a propuestas, planes, programas y proyectos que busquen materializar un verdadero estado social y democrático de derecho?. Particularmente considero que no tiene ningún sentido oponerse, siempre que los gobernantes se mantengan en la senda y cauce de ese Estado social de derecho que reconoce la institucionalidad, los derechos de libertad y que propugna por la igualdad real y efectiva en una nación que se reconoce pluralista/diversa, pero parte decisiva y definitoria de esa misma nación.
 
La oposición a un gobierno sí se debe hacer pero, solamente, cuando sea necesario y debe, a mi juicio, surgir del mismo pueblo y no de poderes económicos o solamente partidistas con sesgo ideológico y con una única cosmovisión de lo que debe ser una sociedad. Esto lo afirmo porque la democracia que tiene variadas definiciones, incluye entre ellas la toma de decisiones por la mayoría de personas en relación con determinado asunto, especialmente cuando de elegir gobernantes se trata pero también se define como: “Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes.” Y siendo esto así, el pueblo tiene en sus derechos también hacer control a sus elegidos y por lo tanto, si el pueblo ha depositado la esperanza en unas propuestas y la confianza en un Presidente para que las lidere por determinado período de tiempo, es deber de todos, todas y todes, no iniciar una oposición sin contar, aún, con unos fundamentos serios en relación con lo que serán las nuevas decisiones y dinámicas del nuevo gobierno en los cauces del Estado social de derecho que jurará defender y materializar.
 
Si de oposición se trata, el pueblo debe ser el llamado a hacerla cuando corresponda y mientras eso no ocurra, no encuentro legitimidad alguna para que algún partido o movimiento político se declare en oposición sin haber consultado a los ciudadanos que los apoyan y respaldan como líderes políticos.
 
Seguramente no es fácil para muchos, muchas y muches aceptar y apoyar a un gobernante por el cual no votaron, sin embargo, tal comportamiento es una muestra de no saber vivir en democracia y obrar mas desde la idea de competencia que implica sentir que la pérdida es una derrota, cuando lo que realmente se debe entender es que poder participar en democracia no es una pérdida porque la ganancia misma es haber podido participar. Estar en la banca no es deshonra para ningún jugador exitoso, quien sigue siendo parte del equipo y que aunque no participe de los 90 minutos del partido, no por eso debería oponerse a las estrategias y tácticas de los jugadores mientras lo estén haciendo bien. 
 
Por lo anterior, reitero lo dicho en un artículo intitulado: La democracia no es para un día, sino para todos los días y en el cual afirmé que “Democracia y libertad deben ser la base del desarrollo social, político, económico, cultural, entre otros ordenamientos y un espacio de convergencia y construcción en la diferencia y no de destrucción por la competencia… Si tomamos como ciudadanos la investidura de demócratas, se plantea que el enfoque de demócrata debe ser el progreso en libertad y por la libertad, manteniendo a cada quien en el goce de esos derechos por la tolerancia y la solidaridad, sin el objetivo de destruirlos ni como daño colateral, por eso se itera: La Democracia no es para un día, sino para todos los días”[2] y a esto agrego que debemos superar el hecho de que no sabemos vivir en democracia.
 
Lo que aquí expongo lo sugiero para el caso colombiano que recientemente ha elegido a Gustavo Petro Urrego como Presidente y a Francia Márquez Mina como Vicepresidenta,  quienes tienen en sus banderas liderar un gran diálogo nacional sin exclusión de ideología alguna y desde un ánimo de reconciliación, construcción colectiva y superación conjunta de las brechas de inequidad social, sanar a la naturaleza y procurar un camino hacia la paz tan anhelada en Colombia. Esta actitud y disposición de ánimo de los elegidos para gobernar a Colombia, debe, al menos, tener la consideración de la escucha, el diálogo activo, el debate y los consensos y disensos fundamentados, no una oposición basada en la pérdida en las urnas porque eso no es entender la verdadera democracia.
 
 
Referencias:


[1] Modus operandi: Expresión latina que significa ‘modo de obrar’ y se usa para referirse a la manera especial de actuar o trabajar para alcanzar el fin propuesto. https://dle.rae.es/modus%20operandi
 

[2] VÉLEZ PÉREZ, Gloria Yaneth. La democracia no es para un día, sino para todos los días. https://www.vozjuridica.com/wwwvozjuridicacom/democracia-no-para-un-dia-sino-para-todos-los-dias-a-proposito-de-la-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-democracia-hoy-15-de-septiembre

Según la Real Academia de la Lengua Española – RAE,  la palabra pacto viene del latín pactum y significa, entre otras cualificadas definiciones: “concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado” y en otras palabras significa sociedad entre dos o más (varios y variados). Por su parte, lo impúdico según la RAE viene del latín impudīcus y significa: carente de pudor o de recato. Y uniendo estas dos definiciones, a propósito de lo que reflexiono en esta columna: pacto impúdico es un concierto o tratado carente de pudor o de recato, entre dos o más partes carentes de pudor o de recato, que se comprometen, sin pudor o recato, a cumplir lo estipulado.
 
Esa definición de pacto o sociedad se puede usar para hacer pactos buenos, regulares o malos (impúdicos) o, en otras palabras, hacer sociedades buenas, regulares o malas (impúdicas) y esto lo que indica es que todo pacto versa sobre un objeto, asunto, motivo o propósito (bueno, regular o malo (impúdico)) de y entre los que han pactado porque de lo contrario no sería pacto y, en tanto sociedad, algunas dan la opción de adherir a ellas, es decir, de adherir al pacto y esa adhesión es no solo al pacto, sino a los que pactaron, a lo que pactaron, al cómo lo pactaron y para qué pactaron, de suerte que si el pacto es malo (impúdico) y de malvados, el que adhiere, también lo hace al mal y al malvado o conjunto de ellos y ellas.
 
En materia política, todo es un pacto y aunque muchos pactan sin nosotros, requieren de nosotros para que ese pacto se les pueda realizar, porque cada proyecto político y cada campaña política, son el producto de un pacto previo al que posteriormente adhieren los votantes cuando acuden a las urnas para refrendar y legitimar y, en ese sentido, cada persona apta para votar es la que debe decidir a cuál de esos pactos adherirá y, para eso, debe saber y tener claro que, al decidirlo, se unirá y apoyará lo bueno, lo regular y lo malo de ese pacto. 
 
Aterrizando al caso colombiano que está en el proceso de elegir Presidente en la segunda vuelta, es claro que esa elección está en la facultad de cada persona y no quiero en esta columna opinar en relación con qué pacto considero bueno o malo, porque los regulares ya se quemaron en la primera vuelta, pero lo que sí puedo y quiero hacer, es dejar algunos criterios para que cada persona votante, juzgue lo bueno o lo malo de cada proyecto político y campaña presidencial (recuérdese que todas son pactos) y a partir de lo que concluya, según la información que ha recibido y valorado, decida cuál quiere entronar o encumbrar en rango presidencial, ojalá también pensando:

1. En el bien y en el mal que está dispuesto a apoyar.

2. En la libertad o la dependencia que quiere conservar o adquirir.

3. En la esperanza de una vida productiva o de subsistencia.   

En una democracia es la mayoría la que tiene el poder de elegir y esa mayoría pondrá luz en la oscuridad o apagará la poca que aún queda, si llega a perder de vista que cuando se busca una mejor sociedad:

1. No se hacen pactos con los malos y los perversos. A lo maligno se le combate y se le reprende. 

2. No se hacen pactos para encumbrar y entronar a quienes las obras que les anteceden no respaldan sus promesas. 

3. El cuidado de un jardín no se le encomienda al que no le gustan las flores, ni se le encomienda la huerta a quien nunca ha plantado porque el que nada ha creado, nada nuevo hará, aunque lo prometa. 

4. Al que nunca ha hecho el bien no se le confía la esperanza de bienestar o de la prosperidad porque eso es ingenuidad (del olmo no salen peras, del árbol malo no salen frutos buenos).  

Lo más importante será poder elegir siempre, aunque no siempre elijamos bien, pero el hecho de que siempre podamos elegir, permitirá enmendar y eso hace parte también de lo que se debe considerar para votar: la garantía de poder volver a votar.