Los prostitucionalistas. Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez: Twitter: @JuridicaAsesora.
En los años 60 el mundo vio el surgimiento de una nueva forma de ver, entender y aplicar el derecho por el auge que tomó el derecho constitucional con ocasión de la fuerza vinculante que a la Constitución le fue dada, ya que dejó de ser una carta programática que podía ser cumplida, o no, por los políticos que conquistaran el turno para gobernar. Este encumbramiento de la Constitución le dio mayores réditos al pueblo porque se erigió con el poder soberano del cual emana el poder público. Así ocurrió en diferentes Estados y Colombia no fue la excepción al adoptar la constitución política de 1991 y hacer, al menos en el papel, el tránsito de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho (constitucional y democrático).
Las ventajas de un Estado social, constitucional y democrático, entre otras, son la positivización de los derechos fundamentales, que los hace más fácilmente exigibles, pero también de los fines y de la priorización de los presupuestos públicos para programas sociales, aunque la participación y la visibilidad de la población desde su pluralismo, es factor protagónico en las cartas políticas que se adoptaron reconociendo al Estado como social, constitucional y democrático. Con esto se procuró que se legislara para el pueblo y no para los partidos y los repartidos y superar, también, la idea y práctica inveterada según la cual el juez era la boca de la ley porque la única justicia que podía dispensar era repetir en la decisión judicial la injusticia que estuviera plasmada en la ley si dicha ley había gozado de validez en su expedición, así lo que en ella se ordenara violara la dignidad humana. Esto justamente es lo que el constitucionalismo combate y de allí la importancia del derecho constitucional y de los constitucionalistas estudiosos y garantes de no dar pasos en reversa.
Para que se comprenda mejor, sobre todo por los que recién adquieren la mayoría de edad y cuya historia aún no les ha sido fielmente contada, antes de 1960 lo que primaba era el derecho formalista, en la línea y bajo la égida de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, uno de los autores más emblemáticos de esta corriente del positivismo jurídico cuya continuidad mantuvo Hart y sus seguidores que ahora parecen multiplicarse mientras otros, considerados constitucionalistas, enmudecen, pareciera que con una complicidad política, porque no se puede alegar en su favor ignorancia sobre el retoño o resurgimiento del formalismo jurídico. Esto se afirma porque se han venido implementando cambios no a la medida de la constitución, sino de los odios, resentimientos, venganzas y ambiciones de grupos y eso ha enfocado sus acciones en quitarse y debilitarse mutuamente, mientras la canasta familiar, la seguridad, la salud, el transporte y otros servicios públicos, se transforman en globos de helio que se elevan sin control ni posibilidad de ser alcanzados por la sociedad que se supone es la que detenta el poder soberano en el Estado constitucional.
Por lo expuesto, no es exagerado afirmar que la Constitución está perdiendo la fuerza que adquirió después de los años 60. Ella es un comodín, un objeto, un mueble que suma al inventario de fuentes del derecho, pero de esos muebles inservibles porque muchos la usan a su amaño, antojo e interés, la manosean, exponen, disponen, y venden y revenden desde toda suerte de ideologías para justificar acciones que empañetan de sociales, visten de legales y ejecutan para sus particulares intereses y, lo peor, es que lo hacen con el silencio de los que se han mostrado como constitucionalistas en libros y columnas y hasta en las aulas y que sorprenden con sus im-“posturas” cuando justifican y defienden, agregando falacias, la institucionalización de los antivalores que tanto daño causaron en la época del nacional socialismo, en dónde, el gobernante de turno prometía el cielo tan querido, mientras instituía el infierno tan temido por elevar a leyes y decretos disposiciones jurídicas para un solo uso, el del Presidente, pero que fue la expresión del abuso en el estricto contexto constitucional. A los de ese proceder, he osado llamarlos prostitucionalistas, cuenten o no, con formación jurídica y tengan, o no, poder político para decidir los cambios normativos, esto porque los que actúan marginando la Constitución para crearse el poder de no acudir a ella, sino de disponer mediante leyes y decretos que le ordenan a un juez lo que debe hacer, encajan en dicho rol y los otros lo hacen por la omisión y pasividad mientras ese estado de retroceso constitucional se impone y se les impone. De ese grupo hacen parte los llamados y encumbrados académicos que transitan de la derecha a la izquierda y viceversa y que poco se indignan con el decaimiento del Estado Constitucional y Democrático
Los prostitucionalistas hoy están colados, en todas las latitudes, en los Congresos de la República fungiendo como “Cenadores” de lo público porque el conocimiento y compromiso para legislar como Senadores del Estado Social de Derecho no lo poseen, sino que su único mérito es acumular un número de seguidores en redes sociales a través de las cuales han adquirido popularidad y propagado su ignorancia con la misma rapidez con la que una enfermedad contagiosa se convierte en pandemia. Pero, también hay prostitucionalistas, y no pocos, en la rama ejecutiva, en la rama judicial y en los órganos y organismos de control.
En Colombia, por ejemplo, se pueden identificar algunos prostitucionalistas con facilidad porque afirman no haber sido elegidos para dar ejemplo, otros porque consideran que para dirigir una entidad de protección a los menores, nada debe saberse al respecto. Están los que quieren listas cerradas para ser elegidos congresistas y reelección inmediata y ni qué decir de los que creyendo hacer justicia revierten fallos para que los seres sintientes como los toros de lidia se expongan en corridas para satisfacer el placer de unos pocos. Se suman a ellos los gobernantes locales que se creen intocables por haber sido elegidos por voto popular y se respaldan en su derecho a ser elegidos, para lo cual truncan, con apoyo de otros prostitucionalistas, los derechos políticos de los ciudadanos que como poder soberano cuentan con el derecho constitucional a revocar un mandato y retomar un buen gobierno.
Hay prostitucionalistas por activa y por pasiva que se han sumado a un cambio de reglas y un retorno al pasado jurídico y en estatuir un futuro incierto, que en lo único que terminará es en crear más marginación, inequidad, polarización, sometimiento, pobreza, inseguridad y odio social y nos alejarán de poder exigir, con igualdad, el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general y el cuidado, sin sesgo y acepción de personas, de la vida, honra y bienes, además de que hará más lejana la comprensión del respeto y armonía con la naturaleza.
Hay que estar alertas con los prostitucionalistas, pero también, debe cuidarse que no nos convirtamos en uno.
Las ventajas de un Estado social, constitucional y democrático, entre otras, son la positivización de los derechos fundamentales, que los hace más fácilmente exigibles, pero también de los fines y de la priorización de los presupuestos públicos para programas sociales, aunque la participación y la visibilidad de la población desde su pluralismo, es factor protagónico en las cartas políticas que se adoptaron reconociendo al Estado como social, constitucional y democrático. Con esto se procuró que se legislara para el pueblo y no para los partidos y los repartidos y superar, también, la idea y práctica inveterada según la cual el juez era la boca de la ley porque la única justicia que podía dispensar era repetir en la decisión judicial la injusticia que estuviera plasmada en la ley si dicha ley había gozado de validez en su expedición, así lo que en ella se ordenara violara la dignidad humana. Esto justamente es lo que el constitucionalismo combate y de allí la importancia del derecho constitucional y de los constitucionalistas estudiosos y garantes de no dar pasos en reversa.
Para que se comprenda mejor, sobre todo por los que recién adquieren la mayoría de edad y cuya historia aún no les ha sido fielmente contada, antes de 1960 lo que primaba era el derecho formalista, en la línea y bajo la égida de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, uno de los autores más emblemáticos de esta corriente del positivismo jurídico cuya continuidad mantuvo Hart y sus seguidores que ahora parecen multiplicarse mientras otros, considerados constitucionalistas, enmudecen, pareciera que con una complicidad política, porque no se puede alegar en su favor ignorancia sobre el retoño o resurgimiento del formalismo jurídico. Esto se afirma porque se han venido implementando cambios no a la medida de la constitución, sino de los odios, resentimientos, venganzas y ambiciones de grupos y eso ha enfocado sus acciones en quitarse y debilitarse mutuamente, mientras la canasta familiar, la seguridad, la salud, el transporte y otros servicios públicos, se transforman en globos de helio que se elevan sin control ni posibilidad de ser alcanzados por la sociedad que se supone es la que detenta el poder soberano en el Estado constitucional.
Por lo expuesto, no es exagerado afirmar que la Constitución está perdiendo la fuerza que adquirió después de los años 60. Ella es un comodín, un objeto, un mueble que suma al inventario de fuentes del derecho, pero de esos muebles inservibles porque muchos la usan a su amaño, antojo e interés, la manosean, exponen, disponen, y venden y revenden desde toda suerte de ideologías para justificar acciones que empañetan de sociales, visten de legales y ejecutan para sus particulares intereses y, lo peor, es que lo hacen con el silencio de los que se han mostrado como constitucionalistas en libros y columnas y hasta en las aulas y que sorprenden con sus im-“posturas” cuando justifican y defienden, agregando falacias, la institucionalización de los antivalores que tanto daño causaron en la época del nacional socialismo, en dónde, el gobernante de turno prometía el cielo tan querido, mientras instituía el infierno tan temido por elevar a leyes y decretos disposiciones jurídicas para un solo uso, el del Presidente, pero que fue la expresión del abuso en el estricto contexto constitucional. A los de ese proceder, he osado llamarlos prostitucionalistas, cuenten o no, con formación jurídica y tengan, o no, poder político para decidir los cambios normativos, esto porque los que actúan marginando la Constitución para crearse el poder de no acudir a ella, sino de disponer mediante leyes y decretos que le ordenan a un juez lo que debe hacer, encajan en dicho rol y los otros lo hacen por la omisión y pasividad mientras ese estado de retroceso constitucional se impone y se les impone. De ese grupo hacen parte los llamados y encumbrados académicos que transitan de la derecha a la izquierda y viceversa y que poco se indignan con el decaimiento del Estado Constitucional y Democrático
Los prostitucionalistas hoy están colados, en todas las latitudes, en los Congresos de la República fungiendo como “Cenadores” de lo público porque el conocimiento y compromiso para legislar como Senadores del Estado Social de Derecho no lo poseen, sino que su único mérito es acumular un número de seguidores en redes sociales a través de las cuales han adquirido popularidad y propagado su ignorancia con la misma rapidez con la que una enfermedad contagiosa se convierte en pandemia. Pero, también hay prostitucionalistas, y no pocos, en la rama ejecutiva, en la rama judicial y en los órganos y organismos de control.
En Colombia, por ejemplo, se pueden identificar algunos prostitucionalistas con facilidad porque afirman no haber sido elegidos para dar ejemplo, otros porque consideran que para dirigir una entidad de protección a los menores, nada debe saberse al respecto. Están los que quieren listas cerradas para ser elegidos congresistas y reelección inmediata y ni qué decir de los que creyendo hacer justicia revierten fallos para que los seres sintientes como los toros de lidia se expongan en corridas para satisfacer el placer de unos pocos. Se suman a ellos los gobernantes locales que se creen intocables por haber sido elegidos por voto popular y se respaldan en su derecho a ser elegidos, para lo cual truncan, con apoyo de otros prostitucionalistas, los derechos políticos de los ciudadanos que como poder soberano cuentan con el derecho constitucional a revocar un mandato y retomar un buen gobierno.
Hay prostitucionalistas por activa y por pasiva que se han sumado a un cambio de reglas y un retorno al pasado jurídico y en estatuir un futuro incierto, que en lo único que terminará es en crear más marginación, inequidad, polarización, sometimiento, pobreza, inseguridad y odio social y nos alejarán de poder exigir, con igualdad, el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general y el cuidado, sin sesgo y acepción de personas, de la vida, honra y bienes, además de que hará más lejana la comprensión del respeto y armonía con la naturaleza.
Hay que estar alertas con los prostitucionalistas, pero también, debe cuidarse que no nos convirtamos en uno.
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