La esperanza está en los Jueces
Por: Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
Al mundo entero lo aqueja una pandemia devastadora causada por el COVID-19 que ha cobrado un altísimo número de vidas sin distinción de sexo, raza, género, ideología política o religiosa, condición económica o estatus social, en fin… el virus ha asumido lo que la humanidad no ha podido: garantizar igualdad, por su puesto, esta no es la igualdad que se anhela y con respecto a la cual se escribe y demanda, pero no se practica.
Pero la pandemia no solo ha cobrado vidas, también se ha tomado la economía llevando a la quiebra, la zozobra, la incertidumbre, el miedo y la desesperanza a un número mayor de los que han perdido la vida y eso no ha sucedido por el virus mismo, sino por las decisiones de los gobernantes en todos los órdenes que encerraron a las personas y les ordenaron cerrar sus negocios, empresas y cuanta actividad económica llevaran a cabo y acto seguido inventaron una suerte de activismo administrativo, según ellos, dirigido a evitar el contagio masivo del COVID-19, cuando lo que se producía realmente, era una quiebra masiva o al menos una afectación económica que le cambió la calidad de vida a un alto número de personas por una reducción y para otros desaparición, del mínimo vital.
Lo singular de todo esto, es que fue el poder Ejecutivo, nacional y local, el que tomó el control de la población y de la economía, so pretexto de controlar el virus. Fue el ejecutivo quien diseñó las decisiones y se las abrogó en solitario, sin contar con nadie, sin consultar con los otros poderes con lo cual desconoció el principio de colaboración armónica de que trata la Constitución, pero sobre todo el principio democrático. Y ese poder ejecutivo tampoco contó con la sociedad como era su deber, según lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, lo cual quiere decir que la sociedad fue sometida y perjudicada porque esas decisiones han traído más pobreza, no han generado más salud, ni más confianza, ni menos contagios, pero sí han causado más desesperanza y una merma en el patrimonio.
En esta pandemia por causa del activismo del ejecutivo, controlador, autoritario, dictatorial, en lugar de tomar auge el Estado Social, Constitucional y Democrático, lo que se presentó fue un legislador ocioso, marginado, un tanto noqueado para defender el Estado Social, pero eso sí, bastante conveniente para conservar sus beneficios salariales que sin reparo recibió y cobró, aunque ellos carecieran de causa. Los órganos de control tampoco han tenido protagonismo alguno y poco o nada han intervenido con medidas provisionales para evitar el desmedido, desproporcionado y equivocado actuar de muchos servidores públicos con rol de gobernantes, que además se ofenden y ofenden si en algo se les hace una crítica o un llamado a una mejor gobernanza.
Los Jueces tampoco han sido los más activos, propositivos e intervinientes para conjurar la crisis, humanitaria si se quiere, que las decisiones del poder ejecutivo han causado, escudadas en la falsa promesa del cuidado. De hecho, los jueces parecieron mostrar más preocupación por sus competencias digitales, que en sus facultades constitucionales para dispensar justicia. Sin embargo, la esperanza está en los jueces. Porque un Estado Social, Constitucional y Democrático tiene en sus jueces depositada la confianza de la reparación, del resarcimiento, de la reivindicación, del reconocimiento, de la protección, de la restauración. Pero ese juez, no puede ser, ni de cerca, a un Exmagistrado que recién leí, y que con sus comentarios justificó las decisiones judiciales, especialmente derivadas de la acción de tutela, en un imposible económico, mostrando con ello no un pensamiento de juez, sino de administrador. (¿Cómo serían sus decisiones durante su praxis?).
Los jueces del Estado social, constitucional y democrático, tienen el deber de empezar a valorar, como en justicia corresponde, la afectación de la sociedad en esta época y no sumarse a la justificación que ya muchos noveles gobernantes han empezado a declarar públicamente en relación con que todo era muy nuevo para ellos, seguramente ya se dieron cuenta que nos dimos cuenta de sus improvisadas, insostenibles e infundadas medidas.
Los jueces serán los protagonistas de lo que seguirá al restablecimiento de la normalidad, porque en ellos está la esperanza de recuperar el cauce del Estado social, constitucional y democrático y devolverle a la sociedad la dignidad humana, su mínimo vital y la esperanza.
Pero la pandemia no solo ha cobrado vidas, también se ha tomado la economía llevando a la quiebra, la zozobra, la incertidumbre, el miedo y la desesperanza a un número mayor de los que han perdido la vida y eso no ha sucedido por el virus mismo, sino por las decisiones de los gobernantes en todos los órdenes que encerraron a las personas y les ordenaron cerrar sus negocios, empresas y cuanta actividad económica llevaran a cabo y acto seguido inventaron una suerte de activismo administrativo, según ellos, dirigido a evitar el contagio masivo del COVID-19, cuando lo que se producía realmente, era una quiebra masiva o al menos una afectación económica que le cambió la calidad de vida a un alto número de personas por una reducción y para otros desaparición, del mínimo vital.
Lo singular de todo esto, es que fue el poder Ejecutivo, nacional y local, el que tomó el control de la población y de la economía, so pretexto de controlar el virus. Fue el ejecutivo quien diseñó las decisiones y se las abrogó en solitario, sin contar con nadie, sin consultar con los otros poderes con lo cual desconoció el principio de colaboración armónica de que trata la Constitución, pero sobre todo el principio democrático. Y ese poder ejecutivo tampoco contó con la sociedad como era su deber, según lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, lo cual quiere decir que la sociedad fue sometida y perjudicada porque esas decisiones han traído más pobreza, no han generado más salud, ni más confianza, ni menos contagios, pero sí han causado más desesperanza y una merma en el patrimonio.
En esta pandemia por causa del activismo del ejecutivo, controlador, autoritario, dictatorial, en lugar de tomar auge el Estado Social, Constitucional y Democrático, lo que se presentó fue un legislador ocioso, marginado, un tanto noqueado para defender el Estado Social, pero eso sí, bastante conveniente para conservar sus beneficios salariales que sin reparo recibió y cobró, aunque ellos carecieran de causa. Los órganos de control tampoco han tenido protagonismo alguno y poco o nada han intervenido con medidas provisionales para evitar el desmedido, desproporcionado y equivocado actuar de muchos servidores públicos con rol de gobernantes, que además se ofenden y ofenden si en algo se les hace una crítica o un llamado a una mejor gobernanza.
Los Jueces tampoco han sido los más activos, propositivos e intervinientes para conjurar la crisis, humanitaria si se quiere, que las decisiones del poder ejecutivo han causado, escudadas en la falsa promesa del cuidado. De hecho, los jueces parecieron mostrar más preocupación por sus competencias digitales, que en sus facultades constitucionales para dispensar justicia. Sin embargo, la esperanza está en los jueces. Porque un Estado Social, Constitucional y Democrático tiene en sus jueces depositada la confianza de la reparación, del resarcimiento, de la reivindicación, del reconocimiento, de la protección, de la restauración. Pero ese juez, no puede ser, ni de cerca, a un Exmagistrado que recién leí, y que con sus comentarios justificó las decisiones judiciales, especialmente derivadas de la acción de tutela, en un imposible económico, mostrando con ello no un pensamiento de juez, sino de administrador. (¿Cómo serían sus decisiones durante su praxis?).
Los jueces del Estado social, constitucional y democrático, tienen el deber de empezar a valorar, como en justicia corresponde, la afectación de la sociedad en esta época y no sumarse a la justificación que ya muchos noveles gobernantes han empezado a declarar públicamente en relación con que todo era muy nuevo para ellos, seguramente ya se dieron cuenta que nos dimos cuenta de sus improvisadas, insostenibles e infundadas medidas.
Los jueces serán los protagonistas de lo que seguirá al restablecimiento de la normalidad, porque en ellos está la esperanza de recuperar el cauce del Estado social, constitucional y democrático y devolverle a la sociedad la dignidad humana, su mínimo vital y la esperanza.
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