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La esperanza está en los Jueces. Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez @JuridicaAsesora

1/31/2021

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La esperanza está en los Jueces
 
Por:  Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

Al mundo entero lo aqueja una pandemia devastadora causada por el COVID-19 que ha cobrado un altísimo número de vidas sin distinción de sexo, raza, género, ideología política o religiosa, condición económica o estatus social, en fin… el virus ha asumido lo que la humanidad no ha podido: garantizar igualdad, por su puesto, esta no es la igualdad que se anhela y con respecto a la cual se escribe y demanda, pero no se practica.

Pero la pandemia no solo ha cobrado vidas, también se ha tomado la economía llevando a la quiebra, la zozobra, la incertidumbre, el miedo y la desesperanza a un número mayor de los que han perdido la vida y eso no ha sucedido por el virus mismo, sino por las decisiones de los gobernantes en todos los órdenes que encerraron a las personas y les ordenaron cerrar sus negocios, empresas y cuanta actividad económica llevaran a cabo y acto seguido inventaron una suerte de activismo administrativo, según ellos, dirigido a evitar el contagio masivo del COVID-19, cuando lo que se producía realmente, era una quiebra masiva o al menos una afectación económica que le cambió la calidad de vida a un alto número de personas por una reducción y para otros desaparición, del mínimo vital.

Lo singular de todo esto, es que fue el poder Ejecutivo, nacional y local, el que tomó el control de la población y de la economía, so pretexto de controlar el virus.  Fue el ejecutivo quien diseñó las decisiones y se las abrogó en solitario, sin contar con nadie, sin consultar con los otros poderes con lo cual desconoció el principio de colaboración armónica de que trata la Constitución, pero sobre todo el principio democrático.  Y ese poder ejecutivo tampoco contó con la sociedad como era su deber, según lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, lo cual quiere decir que la sociedad fue sometida y perjudicada porque esas decisiones han traído más pobreza, no han generado más salud, ni más confianza, ni menos contagios, pero sí han causado más desesperanza y una merma en el patrimonio.

En esta pandemia por causa del activismo del ejecutivo, controlador, autoritario, dictatorial, en lugar de tomar auge el Estado Social, Constitucional y Democrático, lo que se presentó fue un legislador ocioso, marginado, un tanto noqueado para defender el Estado Social, pero eso sí, bastante conveniente para conservar sus beneficios salariales que sin reparo recibió y cobró, aunque ellos carecieran de causa. Los órganos de control tampoco han tenido protagonismo alguno y poco o nada han intervenido con medidas provisionales para evitar el desmedido, desproporcionado y equivocado actuar de muchos servidores públicos con rol de gobernantes, que además se ofenden y ofenden si en algo se les hace una crítica o un llamado a una mejor gobernanza.

Los Jueces tampoco han sido los más activos, propositivos e intervinientes para conjurar la crisis, humanitaria si se quiere, que las decisiones del poder ejecutivo han causado, escudadas en la falsa promesa del cuidado. De hecho, los jueces parecieron mostrar más preocupación por sus competencias digitales, que en sus facultades  constitucionales para dispensar justicia.  Sin embargo, la esperanza está en los jueces. Porque un Estado Social, Constitucional y Democrático tiene en sus jueces depositada la confianza de la reparación, del resarcimiento, de la reivindicación, del reconocimiento, de la protección, de la restauración. Pero ese juez, no puede ser, ni de cerca, a un Exmagistrado que recién leí, y que con sus comentarios justificó las decisiones judiciales, especialmente derivadas de la acción de tutela, en un imposible económico, mostrando con ello no un pensamiento de juez, sino de administrador. (¿Cómo serían sus decisiones durante su praxis?).

Los jueces del Estado social, constitucional y democrático, tienen el deber de empezar a valorar, como en justicia corresponde, la afectación de la sociedad en esta época y no sumarse a la justificación que ya muchos noveles gobernantes han empezado a declarar públicamente en relación con que todo era muy nuevo para ellos, seguramente ya se dieron cuenta que nos dimos cuenta de sus improvisadas, insostenibles e infundadas medidas.

Los jueces serán los protagonistas de lo que seguirá al restablecimiento de la normalidad, porque en ellos está la esperanza de recuperar el cauce del Estado social, constitucional y democrático y devolverle a la sociedad la dignidad humana, su mínimo vital y la esperanza.

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¿Vacuna para el COVID-19 y Tutela son dos caras de la misma moneda, pero con V el gobierno gana y con T el ciudadano pierde? Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez @JuridicaAsesora

1/24/2021

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¿Vacuna para el COVID-19 y Tutela son dos caras de la misma moneda, pero con V el gobierno gana y con T el ciudadano pierde?
 
Por:  Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

La acción de tutela se encuentra consagrada en la Constitución Política de la siguiente manera:  “ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
 
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
 
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
 
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.
 
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”
 
La acción de tutela si bien es para proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, no es el medio ordinario para lograr siempre ese amparo.  De hecho, en la sentencia C-590 de 2005[1] la Corte Constitucional habla de su carácter subsidiario y advierte que “Conforme con el artículo 86 de la Carta y el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela circunscribe la procedencia del amparo a tres escenarios: (i) la parte interesada no dispone de otro medio judicial de defensa; (ii) existen otros medios de defensa judicial, pero son ineficaces para proteger derechos fundamentales en el caso particular, o (iii) para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[2].”
 
Claro este punto, recordemos que con ocasión de la pandemia que ha provocado el COVID-19, son varios los derechos constitucionales fundamentales que se han visto afectados por la acción y la omisión de diferentes servidores públicos que tienen la función de gobernar y de hacerle frente a la crisis.  Ellos con sus decisiones han generado una merma en el patrimonio de muchos y no solo el económico. (¿a qué medio de defensa judicial se deberá acudir?).
 
Los derechos más afectados son el trabajo, la libertad de locomoción, la igualdad, la intimidad y la libertad de expresión. Y los de mayor riesgo: la salud y la vida. De hecho, con el pretexto de cuidar la salud y la vida, se afectaron e impactaron los otros derechos, infortunadamente sin demostrar la relación causal entre la afectación y merma de unos con la mayor satisfacción y garantía de los otros (salud y vida).
 
Pero, más allá de lo planteado, lo cierto es que hay dos derechos en riesgo para la mayoría e infortunadamente para otros ya el riesgo se concretó sin solución a la vista y que si bien fueron tratados, ello se hizo sin “un tratamiento aprobado científicamente para mitigar o curar el COVID-19”, porque ese tratamiento no existe según lo afirmó la Presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Doctora Lina María Triana Lloreda en carta que le dirigió al señor Javier Fernández con ocasión de algunas declaraciones que él brindó cuestionando la labor médica. Ahora bien, que el tratamiento no existe es una realidad todavía en Colombia, pero no así en otros países en los que la vacuna descubierta ya está siendo aplicada con la esperanza de que tenga eficacia y mitigue el riesgo de contagio y también de complicaciones si éste ocurriere.
 
Esa vacuna que en otras partes está y en Colombia en ninguna parte está, es hoy requisito sine quanon para garantizar la salud y la vida de las personas, como también lo es la acción de tutela que tiene como propósito la protección inmediata de los derechos fundamentales, condición que ostentan la vida y la salud. Vacuna contra el COVID-19 y Tutela son, con respecto al cuidado y protección de la vida y la salud, dos caras de una misma moneda.  Esa moneda que se lanza al aire por virtud de alguna apuesta con la pretensión de ganar algo si cae por el lado escogido, no obstante ¿qué cara escoger?
 
Seguramente todos escogeríamos la vacuna sin dudarlo, ya que ella parece ser más efectiva para sacar a cada ser humano de la incertidumbre con respecto a un posible contagio y acabarle con el miedo, la inseguridad y la zozobra. Pero ¿cómo elegir una vacuna inexistente en el país? ¿cómo optar por ese camino que solo está prometido en un plan que ya pasó de febrero a marzo? ¿cómo mantener el ánimo sobre la proximidad de una vacuna cuyas formas de selección y por qué, de negociación y adquisición y por qué, se desconocen? Este panorama voltea la moneda y hace surgir la posibilidad de elegir la acción de tutela para procurar la protección de los derechos constitucionales fundamentales a la vida y a la salud.  Pero, si de acuerdo con lo que ha interpretado la Corte Constitucional “la acción de tutela circunscribe la procedencia del amparo a tres escenarios: (i) la parte interesada no dispone de otro medio judicial de defensa; (ii) existen otros medios de defensa judicial, pero son ineficaces para proteger derechos fundamentales en el caso particular, o (iii) para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable” ¿Qué tan procedente es acudir a este medio de protección?
 
Cada lector podrá hacer el test y sacar sus conclusiones, particularmente y de forma osada planteo lo siguiente:

1. (i) la parte interesada no dispone de otro medio judicial de defensa
 

Una persona infectada con COVID-19 que vive en estado de hacinamiento con su grupo familiar o solo y requiere la vacuna, pero no hace parte del grupo poblacional previamente elegido por el gobierno ¿dispone de algún otro medio judicial para lograr el amparo de sus derechos a la salud y a la vida? Sin duda la respuesta es no, para mí, por su puesto, en el caso hipotético concreto.

2. (ii) existen otros medios de defensa judicial, pero son ineficaces para proteger derechos fundamentales en el caso particular  

En el mismo caso hipotético ¿cómo demostrará el afectado que si bien existen otros medios de defensa judicial, son para su caso concreto ineficaces y qué nivel de ética le cabe al mandatario y al juez del caso para defender, de un lado,  y decidir, del otro lado, el caso concreto aunque ello implique que su vacuna en particular se pueda retrasar?. Hay aquí, sin duda, un dilema que, al menos a los Abogados, ostentemos el rol que fuese, nos corresponde no solo pensar, sino resolver y pronto (Seremos capitanes o tripulación).

3. (iii) para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable
 

En el caso expuesto, que no es tan dramático, porque en Colombia la realidad supera la ficción, sería innegable que una persona contagiada de COVID-19 que vive en estado de hacinamiento con los otros miembros de su grupo familiar, los contagiará de forma inminente si no se presenta una protección inmediata a los derechos constitucionales a la vida y a la salud. Pero, ¿quién decretará esa protección cuando un reciente primer fallo abrió la compuerta con un no, al tiempo que se produjo un intento de injerencia del gobierno en la independencia judicial al conversar tal asunto desde la preocupación política y de gestión con el Presidente de la Corte Constitucional en quien la preocupación debe ser la justicia, los derechos y el Estado Social de Derecho?.
 
Definitivamente, hoy los colombianos con ocasión del COVID-19 no tenemos la posibilidad de acceder a ninguna cara de la moneda, es decir, ni a la vacuna, ni a la tutela. A la primera porque en Colombia la vacuna es inexistente y lo que nos muestran como posible parece más un holograma o un espejismo, al menos por ahora. Y a la segunda, la tutela, porque sus causales genéricas de procedibilidad no parecen ser útiles en estos casos de COVID-19 para proteger la vida o la salud de las personas, pese a la acción o la omisión en la adquisición oportuna de las vacunas, que por supuesto nos lleva a concluir: ¿Vacuna para el COVID-19 y Tutela son dos caras de la misma moneda, pero con V el gobierno gana y con T el ciudadano pierde?

 
 Referencias:


[1] Corte Constitucional. MP. Dr. Jaime Córdoba Triviño

[2] Corte Constitucional. Sentencia T-036/17. MP. Dr. Alejandro Linares Cantillo
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No es con un toque de queda “quemarropa” que se evitarán más contagios, sino con planificación, concertación y aplicación de medidas saludables​. Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez @JuridicaAsesora

1/17/2021

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No es con un toque de queda “quemarropa” que se evitarán más contagios, sino con planificación, concertación y aplicación de medidas saludables
​

Por:  Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

La Real Academia de la Lengua Española señala que “quemarropa. a quemarropa. Debe entenderse y usarse así:  Como locución adverbial, en referencia a la acción de disparar, ‘desde muy cerca’: «Un joven dispara a quemarropa a otros dos hombres» (Tiempo [Col.] 4.9.96). También se emplea, especialmente con el verbo preguntar, con el sentido de ‘de modo brusco e inesperado’: «De pronto, le preguntó a quemarropa: ¿Eres virgen?» (Jodorowsky Pájaro [Chile 1992]). Puede usarse como locución adjetiva: disparo a quemarropa. Hoy solo está vigente la grafía en dos palabras, por lo que no debe escribirse a quema ropa.”[1]

Lo citado es el marco que le da el sentido a la reflexión que realizo en esta columna, la cual no es política, sino jurídica en el contexto del Estado Social de Derecho que con pandemia o sin ella, propugna en su artículo 2 por el bienestar general y la prosperidad, fines que no se contraponen, que es necesario pensarlos de consuno y que requieren para ello planificación de filigrana, porque la improvisación, la administración basada en la embarrada, en las creencias, prejuicios, intereses y miedos a nada benéfico conducen.

Desde que la pandemia fue decretada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud OMS, su Director General manifestó con claridad con respecto a sus efectos que "Esta no es solo una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos los sectores, por lo que cada sector y cada individuo deben participar en la lucha. Desde el principio, afirmé que todos los países debían de adoptar un enfoque coordinado entre gobiernos y sociedad, construyendo una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y minimizar el impacto"[2]. Y esto quería decir que las decisiones y medidas para contener y superar tan grave riesgo no eran, ni son, del resorte exclusivo de ningún gobierno, ni gobernante, nacional o local, sino que requería un enfoque coordinado con la SOCIEDAD.

¿En qué y cuándo ha sido tenida en cuenta la sociedad? La respuesta a esta pregunta es contundente, nunca la sociedad ha sido tenida en cuenta, al contrario, ha sido ignorada totalmente y sometida a medidas de corto, mediano y largo plazo y otras como el toque de queda “quemarropa” que más que beneficiarla, la han perjudicado y le han ocasionado otra merma en su patrimonio y en su salud física y mental, lo cual es una flagrante vulneración a las medidas de coordinación que recomendó desde el inicio la Organización Mundial de la Salud.

Y es que desde que fue decretada la pandemia, ella ha implicado una suerte de decisiones gubernamentales infortunadas, porque parecen más el ejercicio de la improvisación y el enfoque en intereses políticos y económicos para algunos, que en el interés general y en hacerle frente a semejante situación tan perjudicial para la salud humana que no se cura con la muerte de la economía, así muchos de forma osada salgan a decir en redes que es más importante la vida que el bolsillo. Claro que seguramente lo dirán porque no han visto, ni les importa, el bolsillo de los vendedores ambulantes que viven de la venta de los Cheetos, el vive100, la sopa de letras, el aguacate (que no aguanta un toque de queda), Bonice y el Crem helado.

Los mandatarios, a espaldas de la sociedad, han tomado decisiones cual monarcas, que han implicado cuarentenas (encerronas), suspensión de la economía con los cierres de empresas, establecimientos educativos, fábricas, cese en actividades independientes, empresas transportadoras, artes, oficios y mucho más. Al infortunio se le suma que también tomaron medidas que han expuesto al contagio.

Unas y otras decisiones no han sido para nada democráticas, sino más bien autoritarias, impositivas a pesar de la incoherencia notoria, no obstante, lo han hecho con el pretexto de cuidar la vida de todos, pero cuyos resultados hoy no las respaldan. Vida sin bolsillo lleno, es como bolsillo lleno, pero sin vida. Del aire contaminado y el agua, a cuentagotas, no se vive, ni se sobrevive, durante una pandemia en la que no hay un plan en el que todos ponen, sino en el que los mandatarios imponen, pero no componen.

Y lo singular es que hoy no hay una sola evidencia científica que indique que al imponer el jaque a una economía que ya no era buena y casi darle mate a los que la sostenían, generaba como consecuencia menos contagios o la curación del COVID-19. Ese camino definitivamente no ha sido acertado, sino un sofisma con una clara premisa falsa que implica necesariamente que la conclusión también lo sea. Responde a la falacia del antecedente que como lo indica Ricardo García “se comente cuando en un argumento condicional se niega el antecedente”. 

La hoja de ruta para contener la pandemia estaba clara, porque, además de la indicación de que se debía coordinar con la sociedad, el Director de la OMS, recordó "a todos los países la necesidad de activar y ampliar sus mecanismos de respuesta de emergencia para frenar el coronavirus Covid-19. Aconsejamos que estén en permanente contacto con su población de riesgo y les alerten de cómo pueden protegerse. También deben de localizar, aislar, y diagnosticar cada caso de coronavirus Covid-19, siguiendo su contacto”[3]

Las palabras clave están allí: 
​
  1. “Coordinar entre gobiernos”
  2. “Coordinar con la sociedad”
  3. “activar y ampliar sus mecanismos de respuesta de emergencia para frenar el coronavirus Covid-19”

Pero un breve balance de cara a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, da como resultado que se han tomado decisiones autoritarias sin contar con la sociedad y sin la osadía y determinación necesaria,  que según el concepto experto,  implicaba fortalecer el sistema de salud con Unidades de Cuidados Intensivos UCI, en la cantidad suficiente con base en los datos, predicciones y proyecciones de contagio que ya se tienen, acto seguido aumentar el talento humano de la salud y estimularlo y mantener contacto permanente con la población en riesgo alertándola en el rigor de sus cuidados para evitar contagios. Además, el aislamiento de los contagiados.

Pero lo que se hizo fue bajo la égida de una lógica muy diferente, con imposición de  medidas restrictivas a actividades económicas y a la calidad de vida, cuando lo que se debió hacer fue destinar el presupuesto para crear realmente, no un anuncio, sino cuanta UCI hubiese sido posible y lo sea con vocación de permanencia, ellas nunca sobrarán, y no estar dedicados a perjudicar la economía y la vida digna de las personas con encierros a la sociedad que nada resuelven y menos sin contar con ella, para que participe de las decisiones. 

Las personas necesitan sus empleos, sus negocios activos, con más cuidados, claro que sí, pero esa tarea de control, vigilancia y pedagogía es de los mandatarios locales. 

El camino del encierro de personas con hambre, deudas, enfermas o con enfermos, sin empleo y sin un gobierno coherente, conduce a la desesperanza, la inequidad, la extrema injusticia, la violencia y al alejamiento de la anhelada paz.}

Lo que debe hacerse es una labor de verificación permanente, abordando a todo aquel o aquella que usa mal el tapabocas, que no guarda la distancia y que no tiene los medio para procurar la asepsia necesaria como:  agua, jabón, antibacterial, alcohol, guantes, tapabocas o barbijos y caretas. ¿Cómo esperar que quien no tiene para comer, pagar sus servicios públicos y el arriendo, priorice en la compra de alcohol y otros productos, si, además, tiene que encerrarse? ¿Por qué mejor, cada Alcalde no prioriza el presupuesto, en proveer en abundancia kit con los productos de autocuidado para las personas, dado que se han convertido en productos de primera necesidad?

Un toque de queda “quemarropa” como ocurrió en Medellín, inconsulto con los comerciantes y la comunidad, es devastador para la economía, grande y pequeña, antidemocrático y desalentador, porque evidencia una administración de lo público improvisada, del no saber para dónde se va en el manejo de la pandemia, con el nefasto resultado de privar a las personas de su sustento y no es proporcionado aunque se trate de justificar dicho toque de queda continuo en la alta ocupación de las UCI que, infortunadamente, no fueron aumentadas en la cantidad necesaria para responderle a su demanda aunque hubo tiempo para ello. La sanción es para aquellos que no están aplicando los cuidados y no para quienes si lo están haciendo. 

Hoy se requieren medidas que conlleven de forma urgente, no un encierro, sino:


  1. Aumento de la capacidad instalada de la infraestructura de emergencias para atender pacientes con COVID-19
  2. Mejorar el sistema de salud
  3. Aumentar el personal sanitario
  4. Mejorar el sistema de transporte con el aumento de vehículos de servicio público y más rutas
  5. Habilitación de vías para ambulancias y no su disminución que les impida el paso por la improvisación de ciclovías
  6. Cambios de horario laboral y del comercio para procurar la distancia reglamentaria y el comercio activo en diferentes horarios.
  7. Abrir las empresas y aumentar los controles, mediante supervisiones, para garantizar que se aplican los protocolos de bioseguridad.  Esto es un asunto que requiere permear la cultura.

Con absoluta seguridad que si los gobernantes deciden aplicar las directrices de la Organización Mundial de la Salud de contar con la Sociedad, la lista de lo que hay que hacer llegará al óptimo necesario para enfrentar conjunta y concertadamente la pandemia, porque no es con un toque de queda “quemarropa” que se evitarán más contagios, sino con planificación, concertación y aplicación de medidas saludables.
 
 
Referencias:


[1] Real Academia de la Lengua Española.  https://www.rae.es/dpd/quemarropa

[2] https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-pandemia-brote-de-covid-19-nivel-mundial-segun-oms-1895

[3] Ibidem
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¿Censura? Ni para los Demócratas, ni para los Republicanos, ni para sujeto alguno, porque ello puede afectar otros derechos. Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

1/10/2021

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¿Censura? Ni para los Demócratas, ni para los Republicanos, ni para sujeto alguno, porque ello puede afectar otros derechos
 
Por:  Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

Ha vuelto a ponerse sobre la mesa el tema de la censura, una figura que aunque  prohibida y a la que no debería dársele cabida de ninguna clase, y menos de clases, cobra vida y auge de cuando en vez, aunque últimamente ha tenido más frecuencia y lo grave de ello es que muchos que se dicen demócratas y defensores de derechos, encuentran válido que el derecho a la libertad de expresión sea objeto de censura con ocasión de la calidad del censurado, es decir, que apelan a la figura “por ser vos quien sos”, esa figura que relativiza todo y a todos. Es más, parecen deleitarse tanto que el derecho a la libertad de expresión se le quite a algunos, que hasta asusta su postura de dictadores aunque se venden en las aulas, plazas públicas y campañas políticas como liberales.
 
En ese contexto, inicio esta columna citando primero a algunos importantes autores que de forma clara y contundente se han referido a la importancia de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos, al menos a mi juicio, porque lo han hecho de tal manera que se puede reflexionar en lo que representaría no defender los derechos cuando se trata de reconocerle su ejercicio a aquellos que no nos simpatizan, todo lo cual puede, un día, revertirse y tener al que no defendió como el afectado, que tendrá en ese momento el riesgo de que nadie vele por los derechos de los cuales es titular o que nadie pueda hacerlos responsables por y de lo que dicen.
 
Así entonces, empiezo por citar una frase atribuida a Voltaire, pero que se dice que es de la autoría de Evelyn Beatrices Hall, estudiosa de la vida de este gran filósofo y escritor.  La célebre, llamativa y contundente frase es:  “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo” Y ¿cuántos entendemos realmente lo que esto representa para la democracia y la sana convivencia basada en el reconocimiento y respeto de los derechos de los otros?

Sumo a lo anterior, el poema titulado “Por mí Vinieron” creado, dicen unos, por el pastor protestante alemán Martin Niemöller (1892-1984), pero atribuido, dicen otros, a Bertolt Brecht (la autoría no es el centro de la reflexión).  El poema dice así:

“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio,
porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a buscar a los judíos,
no pronuncié palabra,
porque yo no era judío,
Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí,
no había nadie más que pudiera protestar.”


Y acudiendo a Chomsky él por su parte indica que “Respetar a los que piensan como yo es muy fácil. El problema está cuando tienes que respetar y defender a gente que dice cosas que te horrorizan. Pero que tienen todo el derecho a decir, siempre que no crucen la frontera de lo que determina la ley.”

Los autores citados centran la reflexión en la importancia de reconocer derechos y defenderos en cabeza, incluso, de aquellos que no son adeptos, que discrepan, que piensan diferente, que no nos dan la razón y que tampoco se la concedemos, que ven el mundo al revés y lo pintan al derecho y viceversa.  Y es que cuando de defender derechos humanos y fundamentales se trate, el tema tiene que apartarse del sujeto que nos gusta y sobre todo del que nos disgusta, para que ese derecho se mantenga universal y sin el riesgo de que pueda ser relativizado por quienes tengan más poder económico, político, carismático, pastoral, entre otros. Y es que permitir la relativización es ceder la posibilidad de ejercer otros derechos que se afectan con la libertad de expresión.

Allí donde un derecho se vea afectado por quien no es el competente para hacerlo, limitarlo, restringirlo o relativizarlo, se debe levantar una voz de protesta, de rechazo y de reivindicación del derecho en sí mismo, porque no hacerlo es concederle un permiso a unos actos de hecho que puede empezar a echar raíces y extenderse hasta obtener un dominio que no solo limita lo que se puede decir, sino que al tiempo con ello determina qué y qué no se puede escuchar, leer, ver y saber y luego vendrá la imposición sobre lo que se debe y tiene que decir, subordinando con ello al ser humano a un poderío o monopolio de medios de información que ya no serán facilitadores de plataformas para comunicar e informar de forma libre, sino paragobiernos de plataformas que dirán lo que se puede y no se puede, sin que sus decisiones requieran un filtro reglamentario y judicial.

Para aterrizar la columna, retomo el infortunado suceso según el cual “Twitter suspende permanentemente la cuenta de Trump citando “riesgo de una mayor incitación a la violencia””. Y lo llamo infortunado porque esto es una decisión de un empresario privado, no estatal, no calificado para determinar y calificar ese riesgo.  Aclaro que no comparto, ni compartiré jamás, lo que sucedió en el Capitolio de los Estados Unidos, porque fue un ejercicio desproporcionado, abusivo y violento en relación con el ejercicio del derecho a la protesta, pero para ello hay acciones penales y políticas bien instituidas que pueden aplicarse por las autoridades legítimas y no por quien carece de tal categoría como lo son los dueños de multinacionales con vicepresidentes de integridad que no justifican el juicio de valor que llevan a cabo cuando de juzgar la integridad se trata.  Esto se extiende igualmente a los dueños de Facebook y otras redes sociales.

Nada de positivo tiene el ejercicio de la censura por benéfica que algunos o muchos la encuentren y nada de positivo tiene suspender una cuenta donde hay evidencia que puede ser útil en procesos judiciales para reclamar responsabilidad por todo lo que allí se ha dicho.  Es que la libertad de expresión trae responsabilidades y cuando se le censura, más que proteger derechos de unos, mediante la afectación del derecho a la libertad de expresión del censurado, es dejarlos sin la prueba para poder defender derechos afectados en las instancias legítimas que corresponde.  De allí que tampoco puede ser tan simple como que se cierra una cuenta porque quien la usó, en el caso concreto, Donald Trump, a juicio de los dueños de Twitter  y Facebook, lo hizo incitando a la violencia.

En el caso concreto de Trump, con mayor razón, se debe defender el derecho a la libertad de expresión y al tiempo, los derechos de los afectados con ello, para que puedan exigir una reparación y probarla, así como la rectificación, ya que como lo dijo Chomsky “Respetar a los que piensan como yo es muy fácil. El problema está cuando tienes que respetar y defender a gente que dice cosas que te horrorizan. Pero que tienen todo el derecho a decir, siempre que no crucen la frontera de lo que determina la ley.” Y ¿cómo se prueba el cruce de esa frontera, si la información es borrada, desaparecida?.

Así las cosas, los dueños de las redes sociales no pueden tener la facultad omnímoda para censurar la libertad de expresión y menos si en dicho ejercicio del mencionado derecho hay evidencia que puede ser útil en un proceso judicial para exigir reparaciones y rectificaciones.  Otorgar tal facultad a dichos empresarios es cederles el Estado de Derecho, es renunciar a la evidencia y a los derechos y es legitimar en un particular una toma de decisiones que sustentan en unos fines, pero que pueden servir a otros muy distintos.

Quien ejerza el derecho a la libertad de expresión debe hacerse responsable, se trate de quien se trate, y no puede simplemente tener la sanción privada de quien le suspende el uso del medio y le hace el favor de eliminarle la información perjudicial, falsa o que incita a la violencia.  Al contrario, tal información debe permanecer fidedigna e inalterable.

Por lo anterior, ¿Censura? Ni para los Demócratas, ni para los Republicanos, ni para sujeto alguno, porque ello puede llevar a afectar otros derechos. Si aceptamos que los dueños de las redes sociales borren, suspendan, desaparezcan lo dicho... que fácil será para los que tiran las piedras y otros les esconden las manos.
 
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Preludio al Año 2021: Identificar los responsables de los daños por las malas decisiones para manejar la pandemia y exigirles la reparación.  Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez @JuridicaAsesora

1/2/2021

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Preludio al Año 2021: Identificar los responsables de los daños por las malas decisiones para manejar la pandemia y exigirles la reparación
 
Por Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

Se ha iniciado el año 2021, infortunadamente, con un cierre de año 2020 que, para muchos, deja saldo en rojo, deja un déficit representado en pérdidas humanas, económicas, laborales, emocionales, de derechos de igualdad y libertad, confianza pública, confianza en las autoridades públicas y con una gran pérdida o, al menos, una fuerte afectación a la democracia.
 
El balance con el cual se cerró el año 2020 es el punto de partida del año 2021, el cual debe tener en sus consideraciones preguntas tales como ¿quiénes son los responsables de la debacle económica? y ¿cuáles serán las acciones que se tomarán para hacerlos pagar por ello?, porque es innegable que las malas decisiones causaron un empobrecimiento en todas las personas y la causa de tal empobrecimiento no es el COVID-19, sino el mal manejo que han venido realizando los gobernantes de turno para hacerle frente al contagioso virus, que va a resultar siendo más bondadoso que las nocivas, improvisadas y poco fundamentadas decisiones estatales para conjurar el virus.
 
Repárese que en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud OMS, declaró la existencia de una pandemia causada por la existencia de un virus contagioso para el que no había, aún, una vacuna, ni tratamiento eficaz conocido, no obstante, si señaló el camino a seguir:  cuidarse con una alta asepsia, barbijos, desinfección y distancia no menor a un metro y medio entre cada persona para evitar que la aspersión de saliva al hablar le llegara al interlocutor y le contagiara, en caso de que el hablante estuviera contagiado. Léase bien:  en caso de que el hablante estuviera contagiado.
 
Es que desde una simple lógica si no hay un contagiado, no puede haber un contagio.  Ahora:  ¿Cuándo nos hicieron pruebas para determinar en cada uno un posible contagio?. La respuesta es contundente y es que esas pruebas nunca se realizaron, sin embargo, fuimos tratados como si lo estuviéramos y de forma autoritaria nos sometieron a un encierro pernicioso, ocioso y destructivo, todo lo cual, reñía con las conclusiones científicas relacionadas con que quienes requerían aislamiento eran los contagiados, no los no contagiados.
 
Estas eran las medidas y muy claras ellas, las cuales las habíamos podido aplicar desde el principio, con sumo cuidado, como bien se hace ahora.  Infortunadamente, los políticos y gobernantes de turno, en lugar de generar medidas de protección y autocuidado, mediante una reducción diaria, alterna y moderada de personas para no afectar el funcionamiento de las actividades económicas, laborales, académicas y otras relacionadas con la calidad de vida, decidieron, de forma osada y abusiva, paralizar el comercio y encerrar en sus casas de habitación a todas las personas, poniendo con ello en peligro sus vidas dado que el hacinamiento aumentó, además afectándoles su vida laboral y académica, sus actividades de comercio y su congrua subsistencia, porque muchos, miles, perdieron sus opciones de ingreso y si bien esto lo quisieron mitigar con unos mercados, dicha decisión no tuvo una vocación universal, aunque si de clase y de capitalización política.
 
Hay una incoherencia decisional que se halla palpable en la proliferación de normas dictadas durante el Estado de excepción declarado con ocasión de la pandemia.  Dichas normas, cual falacia, en lugar de enfocarse en el fortalecimiento del sistema sanitario, porque el problema es de esa naturaleza, lo que hicieron fue centrarse en medidas restrictivas, injustas y de exposición al contagio como fueron los días sin IVA, que llevaron a días sin vidas y hoy muchos padecen las consecuencias.
 
La perniciosa lógica según la cual: te encierro porque hay un virus contagioso, para el cual no hay vacuna, ni tratamiento y luego te dejo salir cuando estés quebrado, sin empleo, empobrecido, emocionalmente afectado y amedrentado, mientras sigue estando ese mismo virus contagioso, sin vacuna y sin tratamiento, es una estratagema que lo único que ha causado es un claro daño emergente y un lucro cesante, que no puede quedarse en el olvido y en el balance de cada ciudadano y por lo tanto, es necesario impulsar un conjunto masivo de demandas para reclamar los perjuicios causados por irresponsables gobernantes y originados en decisiones improvisadas, inoportunas, exageradas, faltas de toda consideración de justicia, desproporcionadas y autoritarias.
 
También es necesario exigir responsabilidad política a los gobernantes del orden nacional y territorial, quienes usaron a las personas, nunca contaron con ellas, las sometieron a pérdidas con la falsa promesa de estarlas cuidando y con trucos de ilusionistas les generaron pérdidas a su patrimonio, entre otras clases de pérdidas.
 
La responsabilidad médica también será necesario reclamarla por los tratos dados a pacientes diagnosticados como contagiados de COVID-19, sin haberlo padecido, lo cual los llevó a padecimientos emocionales y hasta la muerte.
 
Salvo alguna clase de actividad económica de esas que tienen clasificadas las Cámaras de Comercio, se mantuvo activa, pero la regla tuvo una gran afectación e impacto.
 
Los colombianos necesitan, ahora más que nunca, una comunidad jurídica activa, comprometida con la defensa de los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales, sin descartar otros.  Una comunidad jurídica que de la mano de la comunidad científica se una, solidarice y dirija a buscar la reparación de los daños causados a las personas y a la democracia producto del encierro infructuoso, pero eso sí, dañino para la democracia, la economía y la calidad de vida digna de muchas personas.
 
Es necesario que el miedo no nos pueda, ni nos venza, que nos convenza la ciencia y con ello tomemos conciencia de que nos repondremos no por las decisiones políticas, sino por las acciones científicas y jurídicas que se encaminen a restablecer la normalidad y el patrimonio de cada uno. Es tiempo de identificar los responsables del daño por le mal manejo de la pandemia y exigirles la reparación.  Que el año 2021 no se termine sin haber iniciado la gestión para restablecer el patrimonio de todos.
 
Ñapa 1: Colombia no es un país del subsidio, sino una patria pujante, capaz de haberle hecho frente a la pandemia si hubiesen contado con ella para aportar su dosis de cuidado. Si la hubiesen tenido en cuenta para ser artífice de la salvaguarda de la vida y de sus bienes. 
 
Ñapa 2:  Los ciudadanos no pueden ser tenidos en cuenta solamente para salir a las urnas a elegir gobernantes con planes programáticos que no cumplirán o que realmente no son lo que se necesita para procurar la verdadera prosperidad.
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    ISSN 2256-5051

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    Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

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    Gloria Yaneth Vélez Pérez Abogada, Especialista en Derecho Público, Especialista en Pruebas, Especialista en Derecho Procesal Penal, Máster en Criminología y Criminalística, Magíster en Derecho Procesal Contemporáneo, Candidata a Doctora en Derecho

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