Según el Artículo 1 de la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado Social de Derecho, Democrático, Participativo y Pluralista. De acuerdo con el Artículo 3 la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público.  Y conforme al Artículo 95 hallamos como uno de los deberes ciudadanos de ese pueblo soberano “5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país” y dentro de ese cómo hacerlo está su derecho-deber a elegir y ser elegido, pero también a ejercer control, a vigilar por medio de las veedurías y así lo señala el Artículo 270 también constitucional que expresamente indica:  “ARTICULO 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.[1] (resaltado fuera de texto).
 
El Artículo 270 cuenta con varios desarrollos legislativos que le dan alcance, sentido y significado a las veedurías, así como viabilidad u operancia práctica, entre esos desarrollos se resaltan la Ley 850 de 2003 por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas[2] y la 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática[3], la cual le introduce a la Ley 850 modificaciones y adiciones.
 
La Ley 850 de 2003 define en el Artículo 1 las veedurías de la siguiente manera:
 
“Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.
 
Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley…
 
Parágrafo Cuando se trate de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, este control se ejercerá de conformidad con lo preceptuado en la Ley 142 de 1994.”
 
El objeto de la Veeduría lo establece la misma Ley 850 de 2003 en el Artículo 4, de la siguiente manera:
 
“Artículo 4°. Objeto. La vigilancia de la gestión pública por parte de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad.
 
Será materia de especial importancia en la vigilancia ejercida por la Veeduría Ciudadana la correcta aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme a las disposiciones legales y a los planes, programas, y proyectos debidamente aprobados, el cumplimiento del cometido, los fines y la cobertura efectiva a los beneficiarios que deben ser atendidos de conformidad con los preceptos antes mencionados, la calidad, oportunidad y efectividad de las intervenciones públicas, la contratación pública y la diligencia de las diversas autoridades en garantizar los objetivos del Estado en las distintas áreas de gestión que se les ha encomendado.
 
Las veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos.”
 
El procedimiento de lo que podrán hacer las veedurías se encuentra contenido en el Artículo 16 de esta misma Ley modificado por el Artículo 68[4] de la Ley 1757 de 2015 y que bien puede consultar el lector.
 
Visto esto, queda claro como la veeduría ciudadana no es un invento ciudadano que se funda en la nada, de hecho, es un derecho y a la vez un mecanismo de la esencia del ciudadano y del Estado Social y Democrático, no traduce complot y no traduce tampoco partidismo, aunque pertenezcan o adhieran a ella aquellos que hacen parte de algún partido político del gusto o del disgusto para algunos. La Veeduría Ciudadana, se itera, conforme a lo dispuesto en la Ley 850 de 2003, es: “el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. (resaltado fuera de texto).
 
Y conforme a lo establecido en la misma Ley 850 de 2003 los objetivos de la veeduría son: 
 
“Artículo 6º. Objetivos:
 
a) Fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y la contratación estatal;
 
b) Fortalecer los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones, en la gestión de los asuntos que les atañen y en el seguimiento y control de los proyectos de inversión;
 
c) Apoyar las labores de las personerías municipales en la promoción y fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y comunitaria;
 
d) Velar por los intereses de las comunidades como beneficiarios de la acción pública;
 
e) Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función pública;
 
f) Entablar una relación constante entre los particulares y la administración por ser este un elemento esencial para evitar los abusos de poder y la parcialización excluyente de los gobernantes;
 
g) Democratizar la administración pública;
 
h) Promocionar el liderazgo y la participación ciudadana.”
 
No obstante lo anterior, es decir, el sello de garantía que tienen las veedurías ciudadanas en la Constitución, sello respaldado en 2 leyes de la república: 850 de 2003 y 1757 de 2015, llama la atención como se formó un gran alboroto por el surgimiento de la Veeduría Ciudadana TodosXMedellín, ya que algunos la vieron como plataforma política, otros como un medio capaz de acabar con una administración municipal en cabeza del Alcalde y éste, el Alcalde, la vio tal vez y se dice según se percibe, como un atentado a su ego de salvador de EPM y RUTA N, olvidando que fue con sus decisiones que puso a esas dos entidades en crisis justamente por no haber tenido en cuenta lo obvio que es el principio democrático el cual goza de asiento preferencial en el Artículo 1 de la Constitución Política de Colombia y ello solamente para citar un solo ejemplo.  El Alcalde al parecer no gusta de la democracia, porque según se lee, no ha tenido en cuenta a sus electores a quienes les hizo promesas, sobre todo de hacerlos participes de las decisiones antes de convertirlos en destinatarios de ellas, no obstante, e infortunado, lo que ha venido haciendo es imponerse a sus electores y someterlos a sus decisiones poco democráticas, tal es el caso, se itera, de lo que sucedió con EPM y su Junta Directiva, también con RUTA N y hasta de otras entidades también se ha hablado.

Es claro que los ciudadanos de a pie, electores o no, pero parte de la ciudad sí, no saben qué pasa por la cabeza del Alcalde de Medellín, pero lo que sí se sabe es lo que pasa por sus trinos con poco tino cuando de aceptar críticas y alertas se trata.

Como se ha podido apreciar en las normas constitucionales y en las disposiciones jurídicas citadas, las Veedurías son un mecanismo de participación ciudadana, una expresión clara y concreta de la democracia, es un derecho que le pertenece al pueblo soberano, hace parte del interés legítimo de ese soberano de participar en la gestión de lo público, no obstante e infortunadamente, muchos, el Alcalde entre ellos, salieron a destruir la imagen de la naciente veeduría con sugerentes mensajes que la enmarcan en intereses políticos, intenciones siniestras y ánimo revocatorio del mandato, para lo cual, han acudido a falacias, tales como:   
 

• La falacia del ataque personal: Esta falacia tal y como la explica Ricardo García[5], “es aquella según la cual quien la usa desvía la atención del asunto que se discute hacia la persona del adversario o sus circunstancias. Muchos son dados a acudir a esta falacia en diferentes aspectos sobre todo de la vida política”.

 
La veeduría TodosXMedellín es destinataria de esta falacia ya que no ha faltado quien, haciendo alusión a asuntos de otros exmandatarios, procuran distraer o desviar la atención sobre lo que será la Veeduría TodosXMedellín la cual como lo indica su manifestó tiene por objeto la Gestión y EPM, asuntos que son de interés público y que no cambia dicha naturaleza por el hecho, incluso, de que en el pasado no haya existido una veeduría tan renombrada.
 

• La falacia del Sofisma Patético.  Esta falacia según el autor citado[6], “tiene este nombre porque apela al pathos (emoción) y no al logos (la razón).  Comprende todos lo medios de persuasión no argumentativos que pretenden sostener un punto de vista provocando las emociones del auditorio”.

 
En relación con esta falacia, lo que se ha podido leer en contra de la veeduría es que el Alcalde derrotó al miedo, que es muy joven, que apenas está empezando, que a gobiernos anteriores no se les conformó una veeduría, que ella será para una revocatoria, en fin… Como si los ciudadanos estén en condiciones de esperar una curva de aprendizaje a costa de decisiones equivocadas cuando bien pueden ser evitadas con un buen trabajo colaborativo si la confianza destruye la arrogancia.
 

• La falacia Apelación a la Lealtad[7], “esta es una variedad de sofisma patético porque se apela a las emociones para eludir el razonamiento.  La apelación falaz a la lealtad supone que uno debe estar de acuerdo con los intereses del grupo al que pertenece, independientemente de que dicho grupo tenga razón o de que sus intereses estén justificados”.

 
Esta falacia ha sido usada para apoyar por parte de un grupo la incomodidad del Alcalde sobre la Veeduría naciente y sobre las críticas a algunas de sus decisiones, así él no tenga la razón sobre el propósito de la veeduría y en relación con EPM por ejemplo, de allí que muchos en lugar de mostrarle que ha tomado decisiones equivocadas, se mantienen y lo mantienen en esta falacia.
 

• La falacia de la composición[8] “es la que se produce cuando atribuimos a un conjunto cosas que solamente son ciertas en las partes, Venimos a decir:  como todos los componentes son buenos (o malos), el conjunto ha de ser bueno (o malo)”. 

 
En la pretensión de derruir la veeduría en su conjunto, se ha dicho por algunos, incurriendo en esta falacia, que como algunos políticos no se tienen por buenos o los tienen por malos y ellos se colaron o adhirieron en la veeduría, entonces todos los que conforman la veeduría son malos, toda la veeduría en su conjunto es mala.
 
Toda la reacción negativa sobre la constitución de una veeduría, se trate de la que se trate, con publicidad, renombre o sin nada de ello, fruto de los gremios o de la población civil adinerada o de escasos recursos, lo que hace es encender alertas sobre la afectación a las banderas de la democracia en un Estado Constitucional y Democrático como es Colombia y lleva a revisar en qué peligro pueden estar esas banderas, ya que como bien lo enseña el Maestro Gargarella[9] “La Democratización del Poder que se promete con una mano, no puede ser contradicha con la otra mano. Hay allí una disonancia.” Y poner en entredicho una veeduría ciudadana luego de haber prometido en el plan de gobierno el trabajo con la gente, lo único que muestra es un falso demócrata disfrazado de oveja con rebaño y todo.
 
Lo cierto es que Colombia en ningún escenario de lo público, ya incluso ni de lo privado, necesita de falsos demócratas vestidos de oveja que subyugan con decisiones autoritarias al rebaño que creen tener y que luego lo monitorean para leer sus balidos. Los electores, el pueblo soberano, no debe ser sometido, subordinado y censurado en una democracia y menos si decide ejercer el derecho constitucional contenido en el Artículo 270 mediante la conformación legítima y válida de una veeduría, la cual no está para perseguir, pero tampoco para ser perseguida, ella está para trabajar en favor de un objetivo:  lo público y dentro de él los más vulnerables. Y es que entre todos vemos más, hacemos más, servimos más, porque JUNTOS CONSTRUIMOS MEJOR.
 
 
Referencias:

[1]COLOMBIA.  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política (4, julio, 1991). Gaceta Constitucional. Bogotá.  no. 116.
 
[2] COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 850 (18, Noviembre, 2003).  Por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.  Diario Oficial.  Bogotá D.C. 2003, no. 45.376.
 
[3] COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1757 (06, Julio, 2015).  Por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.  Diario Oficial.  Bogotá D.C. 2015, no. 49.565.

[4] COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  LEY 1757 DE 2015.  Las Veedurías según el Artículo 68 de la Ley 1757 que modificó el artículo 16 de la Ley 850 de 2003 podrán:
 
a) Intervenir en audiencias públicas en los casos y términos contemplados en la ley;
 
b) Denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos y omisiones de los servidores públicos y de los particulares que ejerzan funciones públicas, que puedan constituir delitos, contravenciones, detrimento del patrimonio público, irregularidades o faltas en materia de contratación estatal y en general en el ejercicio de funciones administrativas o en la prestación de servicios públicos;
 
c) Utilizar los demás recursos, procedimientos e instrumentos que leyes especiales consagren para tal efecto;
 
d) Solicitar a la Contraloría General de la República, mediante oficio, el control excepcional establecido en el artículo 26, literal b) de la Ley 42 de 1993;
 
e) En todo caso, dicha solicitud no puede implicar un vaciamiento del contenido de la competencia de la Contraloría territorial respectiva.”
 
[5] GARCÍA DAMBORENEA, Ricardo.  Diccionario de Falacias.
 
[6] Ibidem,  

[7][7] Ibidem,

[8] Ibidem,

[9] El Constitucionalismo democrático.  La sala de máquinas de la Constitución.  https://youtu.be/zHCMHQdbEuQ

En un Estado de Derecho Constitucional y Democrático, lo que realmente debe ocupar la atención es que se respeten la garantías de todos, a todos y por todos. Lo importante no es en qué jurisdicción se adelanta la instrucción y se lleva a cabo un juicio, lo que debe interesar es que, sea la que fuere, se brinde desde ella la certeza de un comportamiento probo, no sesgado, no politizado y completamente jurídico. Tiene que haber confianza en la imparcialidad, ningún asomo o rastro de duda sobre la afectación a derechos debe dejar la autoridad a quien le corresponda investigar y juzgar sea quien sea el procesado.

‪El respeto por las garantías procesales y derechos como el debido proceso, contradicción y defensa, así como del juez natural no deben ser un tema que se resuelva por el color de la piel, la ideología religiosa, la raza o la ideología política y menos desde los fanatismos, ni tampoco por la condición política del linchado de turno, o la simpatía, antipatía o animadversión que se le tenga, sino que debe obedecer a lo que el derecho ha enseñado, estatuido y concertado, también a lo que se ha interpretado y de forma pacífica se ha acogido por la comunidad jurídica.

‪La interpretación normativa plasmada en los precedentes también le aporta a la seguridad jurídica y no deben ellos tratarse desde la liberalidad que se usa para seleccionar el traje que mejor cuadra con la ocasión, de allí que tanto las autoridades judiciales como quienes fungen en los roles de funcionarios de instrucción, así como de defensores y de quienes toman decisiones sobre las pretensiones de ellos, deben estar guiados, permeados y sometidos a lo que son las instituciones jurídicas y a ninguno le es dable un acomodo o manipulación de ellas.

Dado lo anterior se plantea en esta columna que existen instituciones procesales que demandan valiosa atención, ellas conforman o hacen parte de lo que se conoce como la “plenitud de las formas del proceso, los principios de la presunción de inocencia, estricta legalidad penal, juez natural, publicidad, imparcialidad, defensa técnica durante toda la actuación penal, doble instancia y prohibición de doble incriminación, prisión perpetua, destierro y confiscación, entre otros”[1] y aunque no se hará referencia a todas ellas, si se resaltarán dos: la igualdad de armas y la imparcialidad, las cuales deben estar totalmente ajenas a la ideología política porque su necesidad y materialización deben mantener su vocación general y permanente, la excepción, merma o reducción de alguna nada bien le hacen a una sociedad que ve en sus instituciones judiciales y en el derecho, los medios idóneos para procurar justicia y orden, entre otros valores que el lector puede agregar.

Por igualdad de armas se entenderá en este escrito lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-536 de 2008 en la que se indica:

“Es especialmente relevante el tema de la actividad probatoria del imputado dentro de la investigación previa, respecto de lo cual esta Corporación se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa y de contradicción, y con ello la igualdad de armas, en relación con la actividad probatoria que se desarrolla dentro de la etapa preliminar por parte del imputado y su defensor. La Corte se ha pronunciado respecto de la importancia de garantizar el derecho de defensa del imputado en general y específicamente durante la etapa de investigación previa en relación con el material probatorio a ser recabado. En este sentido esta Corporación ha sostenido que la investigación previa es una etapa preprocesal en donde el Estado debe determinar si una conducta ha ocurrido, si está tipificada en la ley penal, si se configura una causal de ausencia de responsabilidad y si la acción penal es procedente, así como la identificación del autor o autores del hecho, etapa durante la cual, dentro del marco del actual sistema acusatorio, no sólo el ente acusador sino también el imputado y la defensa tienen el derecho y la facultad de recaudar el material probatorio que permitan esclarecer estos interrogantes penales. Por las razones anteriores, la etapa de investigación previa reviste especial importancia tanto para el sistema punitivo como para el imputado, razón por la cual durante esta etapa debe protegerse y garantizarse plenamente el derecho de defensa y sus principios, entre ellos la igualdad de armas. En armonía con lo expuesto, es dable afirmar que la Corte ha entendido que el debido proceso y el derecho de defensa, deben garantizarse plenamente en la fase de investigación previa al imputado y su defensa, frente al gran poder que en este sentido tiene el ente acusador, ya que si esta etapa se desarrolla sin la participación activa del imputado y su defensa en relación con las facultades que le son atribuidas respecto del recaudo de material probatorio, el derecho de defensa y la igualdad de armas que no se garantizaron durante esta etapa decisiva, terminará afectando también y de manera directa el resto de etapas dentro del proceso penal.”

‪Para ninguno de los sujetos procesales y partes interesadas y menos para la sociedad, está bien ver o padecer la vulneración del derecho de contradicción y defensa, no es bueno para la credibilidad de la justicia que un proceso judicial, sensacionalista o no, de mayor interés político o no (aunque qué proceso no es de interés público), carezca de toda la práctica de las pruebas, porque ello deja la sensación de que algo se manipuló y que el interés no es en la justicia, sino en ajusticiar.

‪Los procesos judiciales son los que dan la mínima esperanza en un mundo que cada vez más piensa que dicha esperanza ya no queda.

Ahora, en relación con la imparcialidad estimo válido retomar lo que en columna pretérita señalé y es que: “La imparcialidad alude a la obligación de no ser parte de algo, es decir, de no tomar partido con respecto a dos posiciones que se pongan en su conocimiento, para que al mantener una posición neutra se pueda valorar con cuidado lo que desde cada posición se le presenta y se concluya entregándole la razón a quien la tenga con una decisión en derecho o en equidad, según sea la calidad del Juez.

La imparcialidad no es cualquier deber, sino uno de los fundamentales para poder realizar la justicia como valor y el derecho como ordenamiento válido.

La imparcialidad es una joya de tan alto valor, que el Juez que carezca de ella será de todo, menos un Juez.
En la imparcialidad del Juez está la esperanza de justicia de toda una sociedad y de todo un Estado.

En la imparcialidad descansa la pretensión de verdad y el derecho justo.

El Autor de corte procesalista Adolfo Alvarado Velloso indica en su texto El Juez sus deberes y facultades, que “la equidistancia del juez respecto de las partes, gráficamente objetivada en el clásico triángulo Chiovendano, genera el deber de imparcialidad, como elemento esencial de la jurisdicción.

Ello así, parece fácil entrever que este atributo le es requerido funcionalmente al juez como síntesis omnicomprensiva de todos los demás.

Claro es que imparcialidad (equidistancia, neutralidad) de ninguna manera significa distancia (alejamiento de las partes). Al contrario, el contacto con ellas, la vivencia del caso, la asimilación interior de cada drama procesal, es un factor valioso en la conducta del juez, que tiene su correspondencia óntica en el principio de inmediación.

Desde otra perspectiva, la imparcialidad no puede degenerar en neutralidad axiológica. Un juez portador de una híbrida escala de valores, de seguro prohijará sentencias injustas cuyo común denominador será su abstinencia ponderativa.

Cabe agregar que si bien el deber de imparcialidad tendrá su última expresión en la sentencia, lo cierto es que para que ésta sea justa, es menester un debido proceso dirigido con prolija actitud imparcial.

De la combinación de las conductas parciales de los dos contendientes deberá nacer, en el justo medio, la decisión imparcial, del juez, como síntesis de esas dos fuerzas equivalentes y opuestas.

El deber de imparcialidad está preservado procesalmente por los institutos recusatorio y excusatorio” (leer columna Imparcialidad y Moralidad del Juez: una relación inescindible)

‪De acuerdo con lo expuesto, la confianza en la imparcialidad judicial y la moralidad de toda decisión, libre de prejuicios, debe ser lo que nos conduzca a creer en la democracia y en el Estado Constitucional, porque obrar por prejuicio en un juicio, constituye un grave perjuicio para el Estado Social, Constitucional y Democrático de Derecho.

La justicia no puede ser para la conveniencia del que políticamente se tenga como el linchado de turno, ni para quienes lo están linchando o que abogan por su linchamiento, tampoco puede serlo para quienes tengan el deber de pedirla o dispensarla si lo hacen con ausencia o transgresión de garantías procesales y constitucionalmente consideradas, por eso no es saludable para el derecho y para la confianza en las instituciones jurídicas, hallar Abogados en rol de defensores, magistrados, jueces o fiscales, que comercialmente propugnan por las garantías y en la praxis las pintan de colores políticos o de prejuicios para que se decida conforme a sus particulares intereses. El color que mejor le queda a la justicia es el transparente así la toga sea negra, de allí que lo más saludable para la democracia y el Estado de Derecho es no tratar de vestirla.

Referencias

[1] Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-473/16
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La Minería en Colombia y el mundo es un tema de contrarios, ya que mientras constituye para algunos riqueza, para otros conlleva absoluta pobreza, regulada y bien aplicada implica desarrollo social, pero realizada al margen de toda normativa técnica, jurídica y ambiental, implica devastación. Muchas familias hallan en la minería progreso, mientras que otras encuentran una suerte distinta.

Cada uno de estos contrastes son parte del mismo contexto social, político, económico, cultural y jurídico. La actividad extractiva arrasa por donde pasa, detrás de ella está la deforestación y en general la afectación de los recursos naturales que si no cuenta con la debida regulación y limitaciones, puede poner en riesgo la vida de todos no solo por excavaciones y perforaciones peligrosas, sino además y a título enunciativo, por el uso de sustancias tóxicas como el mercurio y cianuro, de allí la importancia de una minería bien hecha, ajustada a lo técnico, lo jurídico y armónica con el pretendido medio ambiente sano que se haya consagrado en el Artículo 79 de la Constitución Política.

De lo que produce la minería lo disfrutamos todo: joyas, vehículos, teléfonos, ropa, edificaciones, en fin. Gran parte de lo que usamos en la forma como lo conocemos deviene de la práctica minera, sin embargo, llama la atención como siendo este un sector de tanta relevancia para el país, exista, no le digo ignorancia, pero si una alta indiferencia jurídica que hace que el derecho, o mejor la normativa que regula y reglamenta el sector minero, con impacto en lo ambiental y de tanta relevancia social, sea tan poco conocida, estudiada, problematizada, debatida y repensada de mejor manera.

Pero como este escrito es jurídico y sin dejar de mencionar que la minería es un tema de interés interdisciplinario, debe ser el derecho el que tome acción para procurar su adecuada regulación ya que por lo que representa su ejercicio, ello es de absoluto interés para el derecho constitucional, administrativo y lo sancionatorio en penal, contravencional, administrativo y fiscal). Por ello, valga recordar que la minería en Colombia cuenta con una normativa que la regula y la reglamenta, tal es la Ley 685 de 2001, la Ley 1382 de 2010 (declarada inexequible), Ley 1150 de 2011, Ley 1753 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Minero 1073 de 2015, la Ley 1955 e 2019 y otra suerte de Decretos y Resoluciones que se expidieron con posterioridad al año 2013, lo cual denota como avanzó el trabajo normativo (legislativo y reglamentario) en menos de 10 años y que se complementó con resoluciones y normas de derecho blando durante la época de pandemia.

Toda esta normativa, en su conjunto, se ocupa de todo el ciclo minero en sus fases de prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte, comercialización, abandono el cierre y de forma particular la Ley 1753 de 2015 intervino la fase de cierre al prescribir en el Articulo 24 que “El Gobierno Nacional establecerá las condiciones ambientales, técnicas, financieras, sociales y demás que deberá observar el titular minero al momento de ejecutar el plan de cierre y abandono de minas, incluyendo el aprovisionamiento de recursos para tal fin y/o sus garantías. Adicionalmente se establecerá el procedimiento para la aprobación del mencionado plan y el cumplimiento de esta obligación.

El Plan de cierre y abandono debe establecerse desde la etapa de la explotación incluida la etapa de construcción y montaje. Esta obligación se extiende a los titulares de autorizaciones temporales.”

Pero a lo anterior se le sumará una reforma más, una reforma que toca el ciclo minero y que aunque no me detendré en toda la extensión de dicha reforma, si plantearé la reflexión en relación con uno de sus tópicos a efectos de resaltar lo que abordo desde el título de esta columna sobre la indiferencia jurídica en el que el sector minero está inmerso.

Y ¿cuál es la nueva reforma? El 21 de julio se radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca endurecer las penas con la pretensión de erradicar la explotación ilícita de minerales, ello implicará aumento de la pena, la inclusión de agravantes y la tipificación de la tenencia, comercialización y uso de mercurio, lo cual lleva a la pregunta de ¿por qué los Abogados Penalistas y Administrativistas no han salido a pronunciarse sobre si realmente es necesario reformar el código penal o si lo que se necesita son mejores políticas públicas, más pedagogía e intervención administrativa desde los POT o EOT y demás planes de desarrollo local, para combatir y corregir malas prácticas y no tanto un aumento punitivo? O ¿será que solamente llama la atención de los penalistas cuando se trata de cierto tipo de delitos para los que si se considera que el derecho penal es la última ratio? O ¿más bien el silencio se debe a la indiferencia jurídica en relación con el sector minero que sugiere un desconocimiento de la normativa o de plano puede ser que no hay un reconocimiento de tan valiosa expresión del derecho administrativo y su conexión con el derecho penal, entre otros?

Ahora y solo para abrir el debate, la reforma se centra en la explotación y recuérdese que el ciclo minero inicia con la prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte, comercialización y termina con el abandono y el cierre, este último ciclo de gran relevancia social como se describió más arriba, por lo tanto se plantea la pregunta en relación con que si la intención es lo punitivo ¿por qué no pensar en penar con todo rigor el abandono y cierre de la mina cuando ello no conlleva las obras de recuperación y que deja recursos naturales afectados, comunidades más pobres y afectadas y al Estado comprometido en su responsabilidad?

Para concluir, el sector minero no puede ser mirado solamente desde lo negocial, lo comercial, la servidumbre y o la expropiación, o solo desde la concesión minera, en fin… si no, que debe abordarse también desde los efectos e impactos que la regulación que para él se pretende, tendrá en todas las áreas del derecho, las cuales no deberían ser reformadas sin que las comunidades jurídicas realicen la reflexión con la profundidad que ello implica, además debe también considerarse la política criminal.