¿Cuándo se comete la falacia del Accidente?  La falacia del accidente “se comete al confundir la esencia con el accidente, lo sustancial con lo adjetivo.  Incurre en ella, por ejemplo, quien juzga por las apariencias[1]”. Si se hace a un lado la protección de las garantías con ocasión de aquel a quien se le tienen que reconocer, equivale a juzgar la feria, no por lo sustancial, sino según le va en ella, sería sacrificar una sociedad entera titular de derechos por el deseo o pretensión de no reconocerle los derechos a algunos.

Con el anterior preámbulo inicio esta columna para expresar que en un número excesivo de audiencias y de duración de ellas, se realizó la denominada “audiencia innominada de solicitud de libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez” sobre quien recaía una medida de aseguramiento de privación de la libertad no intramural, sino en su domicilio (explicada así para no entrar en detalles técnicos).

Las audiencias que gozaron de largas intervenciones por parte de los sujetos procesales, mantuvieron la división en bandos:  unos que consideraban que el ciudadano Álvaro Uribe Vélez se debía mantener privado de la libertad porque así lo decidió quien lo investigaba por su condición de aforado y los otros estimaron que debía quedar en libertad porque quien lo investigaba decidió enviar el expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que asumiera la competencia que le corresponde para investigarlo por la pérdida de la condición de aforado (recuérdese que Álvaro Uribe Vélez renunció a su investidura de Senador de la República).  Y esto que expongo y que parece un juego de palabras, es de absoluta relevancia en consideración a que cuando Uribe Vélez era Senador, la autoridad competente para investigarlo era la Corte Suprema de Justicia por los ritos de la Ley 600 de 2000, competencia adquirida con ocasión del fuero y no por la temporalidad de la presunta comisión de los delitos. Al perder la investidura de congresista, la autoridad competente para investigarlo es la Fiscalía General de la Nación conforme al ordenamiento jurídico vigente, esto es, la Ley 906 de 2004 y teniendo como base la fecha en la que los presuntos delitos se cometieron.

En varias audiencias que suman más de 12 horas se desarrolló la audiencia innominada para que una Jueza con funciones de Control de Garantías, decidiera si Álvaro Uribe Vélez, que ya no es Senador, debía quedar en libertad con ocasión del cambio de sistema penal y de autoridad que lo investigue por los presuntos delitos o, si debía permanecer privado de la libertad manteniendo las inferencias que bajo las formas, ritos y procedimientos de la Ley 600, realizó la autoridad que tenía a cargo investigarlo cuando era Senador y que correspondía a la Corte Suprema de Justicia.

La famosa audiencia innominada y que parecía toda una actividad académica de derecho constitucional, penal y procesal penal, imperdible y tipo Simposio, pues lejos estuvo de ser un panel y menos un conversatorio, aunque se acercó al debate,  contó con reputados “juristas” que, a veces parecían eso y otras veces parecían lo otro, esto es: Fiscal, Procuradora, Víctimas, Defensor. Ellos en esa mezcla de lo uno y de lo otro, buscaron con argumentos defender derechos y garantías, algunos para beneficio de su causa por supuesto y otro tanto para lo mismo pero con detrimento de los derechos de los otros en el contexto del nuevo sistema penal, lo cual llevó a que asumieran posiciones “jurídicas” y como “juristas” no como víctimas, para que se acomodaran las ritualidades de la Ley 600 a las de la Ley 906, a sabiendas de que cada una de estas leyes regula un sistema penal sustancialmente diferente y que en el lenguaje de los ingenieros se trataría de unos sistemas operativos distintos e incompatibles para que sobre ellos se corran aplicaciones y procesos.

En ese contexto, los Juristas como Víctimas y “viceversa y en sentido contrario”, acudieron a un exceso de argumentación (en mi opinión por supuesto) y olvidaron desde su condición de “juristas” que ello es evidencia (al menos indicio) de desesperación, que en lugar de generar una decisión en favor de la pretensión que perseguían, lo que provocaba era una decisión en contra, ya que el exceso argumentativo, a veces cargado de lo político y no de lo jurídico, lo que hace es materializar falacias y no razones con validez jurídica.

No obstante todo el esfuerzo argumentativo para mantener una privación de la libertad y que parecían argumentos más por el interés particular que en la justicia (falacia del accidente), se considera afortunado que la Juez 30 con funciones de Control de Garantías, haya decidido conceder la libertad al ciudadano Álvaro Uribe Vélez, no por ser él quien es, sino porque independientemente de quién hubiese sido y estuviese en similar situación, tiene el derecho a que su proceso se le tramite conforme a lo dispuesto en el Artículo 29 de la Constitución Política, que se refiere al debido proceso y que en su esencia tiene establecido que:  “ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
 
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.[2]”
 
Se cree conforme a lo expuesto, que la decisión de la Juez 30 con funciones de Control de Garantías, esto es, una Juez Constitucional para la situación concreta, lo que hizo, más allá de ordenar la libertad de Álvaro Uribe Vélez para que su causa se acomode a lo que la Ley 906 de 2004 establece y en la forma cómo lo establece, fue salvaguardar el Derecho y desde lo sustancial las Instituciones Procesales, así como también proteger en abstracto los derechos constitucionales fundamentales, dentro de los que se cuenta y encuentra el derecho a la libertad y que debe ser afectado solo cuando se cumplan con suficiencia y conforme a las formas propias de cada juicio, las condiciones para ello. Es que evocando a Fernando Meza Morales “quien defiende la libertad de otro, defiende su libertad. Quien defiende su libertad, defiende la libertad”.

Haber obrado de manera diferente por parte de la Jueza, hubiese sido una fatal incursión en la Falacia del ACCIDENTE, la cual como se indicó al inicio “Se comete al confundir la esencia con el accidente, lo sustancial con lo adjetivo.  Incurre en ella, por ejemplo, quien juzga por las apariencias”. Se itera que, si se hace a un lado la protección de las garantías con ocasión de aquel a quien se le tienen que reconocer, equivale a juzgar la feria, no por lo sustancial, sino según le va en ella. La falacia del accidente se asemeja a la falacia de la Generalización Precipitada.

Y es que lo correcto es permitir que el proceso contra el ciudadano Uribe Vélez se encauce por la Ley 906 de 2004 y que se surtan, conforme a derecho y la plenitud de todas las formas, las etapas que ella establece.  Esta es la forma de respetar las decisiones judiciales, pero lo más importante, ésta es la forma de respetar el Estado Constitucional y Democrático de Derecho.  El camino de la falacia del ataque personal para desviar el asunto del que se tenía que ocupar la audiencia no es el adecuado.

NOTA: Para quienes crean que esta columna tiene un matiz político, que no lo tiene, le dejo para que lea la columna que en su época escribí sobre Petro y que se titula:  El Derecho al Derecho en el caso Petro, análisis jurídico confirmado 7 años más tarde por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También la que escribí sobre Antanas Mockus y cuyo análisis jurídico coincidió con los del Consejo de Estado cuando decidió de fondo el asunto de su inhabilidad.  Esto lo expongo para mantener abierta y vigente la invitación a todos los Abogados a que no nos envuelva lo político, sino siempre lo jurídico.

El mejor Abogado no es el que te da siempre la razón, sino el que a veces te la quita, pero infortunadamente uno de los graves problemas que enfrenta Colombia es que mezcló lo jurídico con lo político, de allí que muchos Abogados en los casos mediáticos, los analizan por la simpatía o antipatía que le tengan al procesado y olvidan que, por nuestra formación, nos debemos al derecho. Lo infortunado es que han llevado a las instituciones esas animadversiones y cumplen un papel de adoctrinar que flaco favor le hace a la ciencia jurídica (disciplina para muchos) y a la justicia.

Referencias:

[1] GARCÍA DAMBORENEA, Ricardo.  Diccionario de Falacias.

[2] COLOMBIA.  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política (4, julio, 1991). Gaceta Constitucional. Bogotá.  no. 116.

Todo Estado Democrático de Derecho privilegia la división del poder, de allí que una primera manifestación al respecto es en la rama ejecutiva,  la rama legislativa y la rama judicial (jurisdiccional para muchos). Cada una de estas ramas tiene su estructura y funciones señaladas en la Constitución y cada una de ellas tiene también totalmente clara la forma de tomar las decisiones, pero también el medio para concretarlas y materializarlas, al menos, por regla general, tal es el caso del Congreso de la República a quien le corresponde hacer las leyes y regular un sinnúmero de materias y temas que la constitución le asigna de manera expresa y también está el Ejecutivo que tiene la función reglamentaria, salvo que la Constitución y la Ley de forma excepcional le extiendan la función legislativa. Y solo para referenciar, de paso sea dicho que la rama judicial se pronuncia a través de autos y sentencias, aunque ya parece que los comunicados de prensa se convirtieron en un medio no convencional de pronunciarse, pero si muy usados para plasmar las decisiones judiciales y hacerlas públicas antes de que vean la luz el auto o la sentencia correspondiente.

Retornando a lo que le compete al Congreso de la República versus lo que atañe al Presidente con su función reglamentaria, de gran importancia es no solo para la comunidad jurídica, sino para toda la sociedad, comprender y defender, de un lado la división de poderes que equivale al tiempo a darle el lugar que corresponde al sistema de pesos y contrapesos, para que ‘el poder pueda frenar al poder’, sino también comprender y defender el principio de legalidad al que se le une el principio de reserva de ley y que constituyen dos bastiones esenciales para frenar la arbitrariedad, dado que ellos desde sus orígenes tienen el germen de la voluntad popular.

La reserva de ley como principio se comprende mejor recordando que tanto la Ley como el reglamento hacen parte de las fuentes formales del derecho y que ambas por virtud del principio de jerarquía normativa están sometidas al imperio de la Constitución, no obstante, el reglamento tiene una mayor subordinación ya que como lo indica García de Enterría éste es “la expresión de la voluntad subalterna de la Administración” y tiene por lo tanto “una absoluta subordinación a la Ley, Ese principio de subordinación del Reglamento a la Ley expresa simplemente el carácter instrumental de la Administración y de sus productos normativos respecto del propietario del poder, en el ya aludido concepto de Hauriou, esto es, del soberano, que es desde el fin del absolutismo el pueblo cuya representación se residencia en el poder legislativo. De ellos se deduce que el Reglamento complemente la ley, pero que no puede ni derogarla ni suplirla, ni menos aún limitarla o excluirla.  La Ley frente al reglamento, a su vez, no tienen límites de actuación funcionalizables: puede sustituir o excluir un reglamento para ordenar cualquier materia o hacer apelación expresa a él (delegación expresa infra), puede derogarlo, pura y simplemente, o, por el contrario, elevarlo de rango, convirtiéndolo en ley y prestándole con ello su propia fuerza superior, puede restringir su ámbito de manifestación o, por el contrario, ampliarlo.” 
 
Y es que a la ley se le tienen asignadas gran cantidad de materias, sobre todo en un Estado Social y Democrático de Derecho en donde al legislador se le confía la representación del pueblo para que expida las normas que mantengan el bien común, la moral social y la constitución intacta, ya que si bien es la Corte Constitucional, también el Consejo de Estado y todo juez de tutela, quienes tienen a cargo la guarda de la Constitución cuando ella se vulnere, será el Congreso de la República quien la guarde primero mediante el cumplimiento de su deber y competencia de reserva de ley, haciendo lo que le corresponde cada que le corresponda y no asumiendo la postura del desinterés, la omisión y la manipulación política que lo único que hacen es mantener en la deriva la regulación de derechos y deberes que contribuyan a construir una mejor sociedad.

Y es que la reserva de ley es un principio absolutamente necesario e indispensable en una democracia, sin embargo, es poco lo que de dicho principio se habla en Colombia y seguramente la indiferencia sobre el tema obedezca a que cada vez nos resignamos más a la dictadura de los reglamentos y los precedentes judiciales, en los que parece se pone en los primeros el interés y en los segundos la esperanza, con lo cual se olvida que en una y otra decisión o decisiones hay de todo menos seguridad jurídica con vocación de permanencia, al menos en la forma como una Ley de la República la garantiza cuando desarrolla materias en total armonía con lo que manda la Constitución. Y es que para citar solo algunos ejemplos de la fuerza que se le ha impregnado a los reglamentos, está el Decreto Reglamentario de la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales a la que el gobierno convirtió en letra muerta dado que no en pocos de sus apartes, hizo a un lado la protección al titular del derecho y privilegió a los que administran o más bien desadministran los datos.  También se resalta en el ámbito educativo como se ha hecho una imposición a las instituciones de educación superior de implementar un sistema de resultados de aprendizaje para los programas académicos como un único modelo para conducir el aprendizaje, aspecto este que no solo vulnera la autonomía universitaria, sino que por haber sido consagrado el deber para las IES mediante un Decreto Reglamentario agravado en una resolución ministerial, se vulnera el principio de reserva de ley en materia de educación por cuanto no existe en ninguna legislación el mínimo de materialidad legislativa sobre los resultados de aprendizaje, asunto incluso, bastante discutido por los pedagogos, ya un asunto similar había sucedido cuando el Gobierno (Ministerio de Educación Nacional) impuso por virtud del Decreto 2566 de 2003 los registros calificados, lo cual trajo como consecuencia la inexequibilidad de dicho decreto por violar la reserva de ley e implicó que el Congreso actuara y cumpliera con su deber funcional de regular.

Y así como los ejemplos citados hay cantidades, lo cual lleva a concluir que estamos al frente de una reserva de ley sin legislador y a la libre disposición del ejecutivo y de osados jueces y magistrados que han hecho carrera dictando decisiones de carácter general que someten y a las que no les antecede un proceso deliberativo amplio, pluralista y democrático como sería el que se da en el Congreso de la República.

Definitivamente, se cree que el principio de reserva de ley no tiene legislador, porque ese legislador no tiene una agenda clara para debatir, discutir y aprobar los asuntos que son materia de esa reserva de ley y ellas han sido dejadas al ejecutivo con sus ministros, quienes con reglamentos diseñan esta vida y la otra en relación con determinado sector, aunque dicho diseño no solo ignore la competencia del legislador, sino que sobrepase hasta la intención del constituyente primario y de los precedentes judiciales.
 
¿Cuántas materias no ha regulado el legislador y cuyo deber le corresponde por disposición constitucional o por la vía de la interpretación y guarda de la Constitución cuando una decisión de la Corte Constitucional le ha ordenado que legisle al respecto?
 
Lo infortunado es que parece que en Colombia no se cuenta con legisladores interesados en el principio de reserva de ley ya que ellos asisten silenciosos a las vulneraciones que de su competencia realizan otras ramas del poder, cuyo freno se logra gracias a que los ciudadanos actúan para cuidar la Constitución mediante el ejercicio de los diferentes medios de control que se tienen establecidos, lo cual, si no ocurriera mantendría el ordenamiento jurídico desconectado del Congreso de la República cuyas decisiones determinan las del Gobierno, aunque en la praxis se advierta todo lo contrario.