​Aunque el 8 de marzo sea la fecha que la  ONU institucionalizó como Día Internacional de la Mujer, el recordatorio sobre el propósito de luchar en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las Mujeres en cualquier edad, no puede reducirse solamente a esta fecha y menos en una época en la que estamos presenciando que se avanza en la conquista de derechos, pero se retrocede en la garantía para su ejercicio. Así que la constante debe ser entender que Las Mujeres no somos un día, y por lo tanto, el 8 de marzo debe ser una fecha para conmemorar y honrar todos los días.
 
La igualdad total, real, efectiva, inmediata, sólida, permanente e inmarcesible para las Mujeres no puede dar más espera y su reconocimiento no puede, ni debe, continuar a cuenta gotas.  Urgen actos y conductas que se materialicen a diario en todo los escenarios de lo público y de lo privado con tratos que den cuenta de que no hay, ni volverá a presentarse, discriminación alguna, imposición de credos y doctrinas, ni estados y Estados de esclavitud o que esclavicen, que victimicen y atemoricen, y menos condicionamientos para ejercer plenamente la libertad.
 
Debemos, entonces, todos los días, en todos los espacios y no solamente en el día internacional de la Mujer, alzar las manos para recordar y confirmar que hemos estado, estamos y estaremos presentes en la historia de la humanidad y que ningún esfuerzo, grande o pequeño, por invisibilizarnos, destruirnos o perseguirnos, tendrá éxito.  Ningún esfuerzo por discriminarnos, someternos a los acostumbrados y hasta disimulados abusos, engaños y manipulaciones, se mantendrá vigente o impune, porque tenemos las manos levantadas siempre para ayudar, servir, hacer, crear, consolar, abrazar, desarmar, amar, aprender, defender y defendernos, unir y unirnos, sumar y sumarnos, pero nunca para discriminar o discriminarnos.
 
Llenemos cada día de los propósitos que para la defensa de las Mujeres se conmemora el 8 de marzo e imitemos a todas esas mujeres que con su vida y obra han hecho historia, que han roto techos de cristal, que nos han heredado espacios laborales, políticos, sociales, académicos, científicos y culturales y edifiquemos en ellos esperanza, paz, colaboración, justicia, equidad y reivindicación.
 

Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

Colombia hizo un cambio de sistema para investigar y juzgar todo acto que se considere criminal y dicho cambio implicó pasar de lo inquisitivo a lo acusatorio, todo lo cual no fue por un aspecto meramente formal, toda vez que “de antaño, el mundo conoce dos estructuras integrales de juzgamiento: inquisitiva y acusatoria, las que en su devenir han experimentado múltiples adaptaciones. En lo sustancial, son metodologías heterogéneas de escuelas antagónicas de organización judicial, con dos figuras de juez, dos estilos de descubrir la verdad y dos arquetipos de juicio.”[1]
 
Pero las diferencias entre un sistema u otro no obedecen solo a lo teórico o de organización, sino que a ellas se le suma lo relacionado con el tipo de Estado en el que cada sistema (inquisitivo o acusatorio) se realiza mejor o, al menos, a cuál Estado materializa de manera más conveniente uno u otro sistema dado su antagonismo y lo que el tipo de Estado persigue. Esto para afirmar que en un Estado constitucional y democrático, como es Colombia desde 1991, el sistema inquisitivo no debe tener cabida si, además, se tiene en cuenta que parte del origen de este sistema se encuentra en las monarquías absolutistas, por lo tanto, tener un sistema inquisitivo o restos o rezagos de él en el Estado constitucional, debilita la democracia. Con el sistema acusatorio, en cambio, el Estado constitucional se fortalece, porque su dinámica ya no obedece a un sistema de investigación y juzgamiento en cabeza de un juez, con tarifa legal y basado en su íntima convicción y con el pernicioso principio de la permanencia de la prueba, sino que el sistema acusatorio, al menos en Colombia y conforme a la Ley 906 de 2004 tiene unas importantes características y al respecto la Corte Constitucional ha dicho:
 
“De la interpretación teleológica y sistemática del Acto Legislativo número 3 de 2002 y de la Ley 906 de 2004, la jurisprudencia y la doctrina coinciden en sostener que dentro de las características claras del sistema penal acusatorio se encuentran, entre otras, las siguientes: i) Separación categórica en las etapas de investigación y juzgamiento. Como consecuencia de ello, desaparece la instrucción como fase de la instancia procesal encomendada al juez y se convierte en una etapa de preparación para el juicio. De esta forma, al juez penal se le encomienda el control de las garantías legales y constitucionales y el juzgamiento mediante el debido proceso oral. ii) El rol del juez en el sistema penal acusatorio está centrado en el control de los actos en los que se requiera ejercicio de la potestad jurisdiccional o que impliquen restricción de derechos o calificación jurídica de los hechos. Así, el control judicial no sólo debe concretarse en el cumplimiento formal de los requisitos sino en la efectividad de los derechos sustanciales en juego. iii) La actuación judicial solamente procede a petición de parte. Así, de acuerdo con el artículo 250 de la Constitución, el ejercicio de la acción penal está a cargo de la Fiscalía, quien puede solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad. Esa misma autoridad tiene a su cargo la presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento, la solicitud de la preclusión de las investigaciones y las medidas necesarias para la protección de las víctimas (250- 4, 5, 6 y 7). iv) El proceso penal es, por regla general, oral, contradictorio, concentrado y público”[2](resaltado fuera de texto)
 
Vista esta cita jurisprudencial, se confirma que una de esas diferencias sustanciales del sistema penal inquisitivo con respecto al sistema penal acusatorio, está en la presencia del Juez constitucional en la audiencia de imputación propia del sistema acusatorio, es decir la presencia de ese Juez con funciones de control de garantías, que no está en la indagatoria que pertenece al sistema inquisitivo, de allí que asimilar una indagatoria a una imputación en dos sistemas sustancialmente contrarios (inquisitivo vs acusatorio), propios de tipos de Estado contrarios (constitucional vs absolutista) equivale a restarle derechos no a una persona que esté vinculada a un proceso penal (sea quien fuese o fuere), sino a toda la sociedad confiada en el Estado constitucional y en el nuevo modelo de investigación y juzgamiento y equivale a debilitar el debido proceso y con él las formas propias de cada juicio y el principio de confianza legítima.
 
Es que si lo inquisitivo vs lo acusatorio demandan la presencia de “dos figuras de juez, dos estilos de descubrir la verdad y dos arquetipos de juicio”[3] mal hizo la mayoría de la Sala Plena de la Corte Constitucional en mantenerle al  exsenador Álvaro Uribe Vélez la condición de imputado al proceso penal que se inició en la Corte Suprema de Justicia bajo la égida de la Ley 600 de 2000, pero que se vio frenado (la Corte perdió la competencia) por la decisión del procesado de renunciar a su condición de aforado y someterse al nuevo sistema de investigación y juzgamiento consagrado en la Ley 906 de 2004, que tiene en su estructura la presencia de un investigador (fiscal) que en todo caso no es un Juez; que tiene además un Juez de control de garantías que funge como juez constitucional y que no es el que investiga o juzga, y que es una figura propia del Estado constitucional y democrático de la que carece el sistema inquisitivo.
 
Cada sistema penal (inquisitivo y acusatorio) tiene sus formas propias para hallar la verdad y forzar una similitud entre dos momentos procesales (indagatoria e imputación) con el argumento de una equivalencia funcional, no da seguridad jurídica ni al sistema inquisitivo, ni al sistema acusatorio.
 
Recuérdese que una de las desventajas del sistema inquisitivo era que no estaba separada la función de investigar, ni existía la oportunidad para el procesado de que sus derechos constitucionales fundamentales fuesen garantizados por un Juez de la República, (constitucional) diferente del que investiga y practica la indagatoria, todo lo cual se procuró resolver con la Ley 906 de 2004 al regular un sistema adversarial con tendencia acusatoria, de allí que era deber de la Corte Constitucional obrar conforme a la esencia de los dos sistemas penales y en tal sentido, con venda en los ojos, mantener la claridad de que se trata de dos sistemas penales diferentes, que le responden a dos modelos de Estado diferentes, porque para mantener la equivalencia entre uno y otro sistema mejor hubiese sido quedarse con el anterior, para no terminar dando la sensación de que no hay realmente un cambio, sino que se está al frente “del mismo perro con distinto collar” frase que significa “el desencanto que produce la aparente renovación de una situación cuando en realidad se mantienen los mismos defectos y vicios que se pretendían desenterrar”[4] y que en lo que reflexiono en esta columna quiere decir que contamos con el mismo sistema inquisitivo disfrazado en la ley 906 de 2004 de sistema adversarial con tendencia acusatoria.
 
PD: En todo, la objetividad y la imparcialidad se podrán garantizar si las decisiones no se toman por ser vos quien sois.

Referencias:

[1] FERNÁNDEZ LEÓN, Whanda. ¿Inquisitivo o acusatorio?. Ámbito jurídico. 2016. Tomado de: https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/penal/inquisitivo-o-acusatorio

[2] COLOMBIA.  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-144 de 2010

[3] Op, cit

[4] https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/el-origen-de-la-frase-son-los-mismos-perros-con-distintos-collares/

Existen varias formas de resolver los conflictos y, entre ellas, se resalta: la autodefensa o autotutela, la autocomposición y la heterocomposición y para ilustrar un poco el contexto, recuérdese que “la autocomposición es la solución del problema por las mismas partes y sin que una imponga a la otra su voluntad. Por su parte, la heterocomposición “supone la solución del conflicto por un tercero que interviene con el fin de provocar un arreglo, aparece desde los albores de la humanidad y da lugar a diferentes formas de solución. El elemento de imparcialidad debe caracterizar a los terceros que tienen la misión de resolver el conflicto; es también denominado por la doctrina como elemento de la terceridad. Y como ejemplo de heterocomposición tenemos: la mediación, la conciliación, el arbitraje y está la forma de terceridad por excelencia, que es el proceso judicial como la manera de solucionar conflictos que brinda el Estado, mediante el ejercicio de la función jurisdiccional. El tercero es el Estado por conducto del juez.”[1]
 
La autodefensa, contrario a la autocomposición y a la heterocomposición, “consiste en la defensa que de su propio derecho hace el titular. Vestigios de ella se mantienen todavía en los sistemas jurídicos; piénsese por ejemplo en la legítima defensa, en el derecho de retención, en el de huelga, en la posibilidad de cortar árboles o plantas del vecino, la exceptio non adimpleti contractus (una parte puede negarse al cumplimiento de la obligación mientras la otra no cumpla la suya) y, en el ámbito del derecho internacional, en la guerra como última ratio. El Estado reconoce la autotutela como solución, cuando su propia actividad no llega a determinados asuntos y en caso de que llegara sería ya tarde para la defensa del derecho. La reacción del ordenamiento jurídico es tardía, lo cual se explica por su propia estructura compleja. Se caracteriza así la autotutela por dos notas esenciales: la ausencia de un tercero distinto a las partes que pueda resolver el conflicto y la imposición de la decisión, de una de las partes a la otra.”[2]
 
La autodefensa o autotutela, entonces, se refiere a una forma de solución del conflicto en la cual el titular del derecho asume su propia defensa. Es lo que se conoce popularmente como “hacer justicia por mano propia”, tomar la ley en sus manos y buscar castigar a otro sin darle las garantías de un debido proceso. Hace parte de esa justicia por mano propia el acoso y los linchamientos, pero también los señalamientos o retención de personas y sometimientos a prácticas de interrogatorio por fuera de un sistema jurídico y sus garantías.
 
Es claro, por lo que significan, que estas formas de resolver un conflicto no son asunto de poca importancia, sino que devienen en fundamentales si lo que se pretende es tener una sociedad justa, ordenada, legítima, válida y en un estado de convivencia pacífica. Igualmente, si se pretende un gobierno también legítimo, válido y capaz de procurar la justicia, el orden y la convivencia pacífica. Porque si esas no son las pretensiones, entonces la autotutela o autodefensa, ese sálvese quien pueda y el linchamiento en cualquiera forma de expresión, estarán permitidos, sea cual fuere el escenario y circunstancias y con mayor razón si quienes acuden a la autodefensa o autotutela son los servidores del Estado que dan ese ejemplo y además se esfuerzan en justificarlo como práctica válida.
 
Esta columna y el contexto que he planteado surgió por la reciente noticia que se hizo viral, publicada por la Revisa Semana, y que intituló: “Me sentí secuestrada-Merelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, revela que, tras la pérdida de un maletín con plata de la jefa de gabinete del Gobierno Petro, fue llevada a un sótano al frente de la Casa de Nariño. Allí, según ella, vivió una pesadilla.” La nota agregó:
 
“Según la niñera, fue Sarabia quien le advirtió que debía someterse al polígrafo. “Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, relata la mujer, de 51 años, quien vive en un humilde barrio del sur de la capital del país.

Ese día, Harold Rondón, un conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) al servicio de Sarabia, fue a buscar a Meza a su casa. SEMANA tiene en su poder cinco audios que él le envió a la mujer cuando estaba esperándola afuera de su lugar de residencia. “Hola, Mary, cómo me le va. Estoy ya aquí afuerita”, le dice. Luego, ante la demora, le insiste: “Hola, Mary, te estoy esperando”. Por último, le advierte: “Chúcele, chúcele a eso, porque toca estar allá antecitos de las dos”.

Meza se subió al vehículo hacia la una de la tarde y fue conducida al palacio presidencial. Allí ocurrió otro hecho relevante, ya que no ingresó por las puertas oficiales de acceso. No pasó por los controles ni el detector de metales y tampoco hubo un registro. Nadie le pidió la cédula ni le dieron escarapela o contraseña, como es habitual. Es decir, no quedó una sola huella en el sistema de visitantes.”[3]

La noticia anterior no fue negada por la Jefa de Gabinete del actual gobierno, pero sí fue justificada bastante y hasta por la misma Presidencia de la República que emitió un comunicado oficial con la pretensión de darle legitimidad y validez a la forma irregular como la señora Merelbys Meza fue tratada, trasladada de su lugar de trabajo a otro que no lo era, interrogada sin protocolos y sometida, incluso, a un polígrafo. Con el comunicado de la presidencia se invocaron incluso varios Decretos como el 2647 de 2022 y el 1066 del 2015 y lo hicieron como forma de arropar jurídicamente el proceder y darle el contexto de que se actuó por razones de seguridad de un alto funcionario del Estado. Aunque se supone que los empleados de los altos funcionarios del Estado ya deben tener un estudio de seguridad previamente hecho, máxime que en el caso concreto, se trataba de una Niñera a quien se le tenía confiada la vida de un menor, de allí que ya ella era de confianza.
 
Ahora bien, ¿en dónde está lo reprochable del proceder de la alta funcionaria del gobierno que fue víctima de un hurto en su propia casa? Lo reprochable no está en la cantidad de dinero que tenía en efectivo y si se trataba de pesos colombianos o de dólares. Ella está en libertad, a mi juicio, de manejar su dinero en efectivo o a través del sistema bancario, allá ella, al fin y al cabo es la propietaria y no está en discusión su fuente. Lo reprochable sí es que siendo ella una servidora pública y, además de alto nivel, haya acudido a la autodefensa o autotutela como forma de resolver el conflicto. Esa forma de autodefensa, pero revestida de presunta legalidad y validez porque los que intervinieron para apoyar ese proceder fueron servidores públicos, es lo reprochable. 
 
Es que obsérvese que al contrastar lo sucedido con las dos notas fundamentales de lo que significa o representa la autodefensa o autotutela, la primera no se cumple en el caso de Laura Sarabia y su Niñera, porque no se presentó, para justificar el actuar de la Servidora Pública “la ausencia de un tercero distinto a las partes que pueda resolver el conflicto” siendo ese tercero el Estado y aunque ella era y es representante de ese Estado, decidió abusar de esa condición y de la autoridad que la inviste y, al obrar sin competencia, materializó la segunda nota de la autotutela, esto es, “la imposición de la decisión, de una de las partes a la otra” y lo hizo al llevar a un sótano a su Niñera, someterla a la prueba del polígrafo para provocar de ella la confesión de un presunto delito de hurto de un dinero de su propiedad.  Esto, sin duda, y aunque se afirme lo contrario, fue hecho sin protocolos válidos, con violación de los derechos laborales de su Niñera, pero sobre todo, de los derechos humanos y fundamentales de ella como persona.  Para ella no hubo presunción de inocencia muy a pesar de que ya gozaba de la confianza, porque lo que tenía confiado en sus responsabilidades era el cuidado de la vida de un menor.
 
La autodefensa o autotutela está prohibida y no puede ser el camino que se elija en una sociedad que busca la paz y si bien esa forma de resolver los conflictos consagra entre sus excepciones el derecho de retención, ese derecho alude es la retención de objetos y no de sujetos, porque retener sujetos en contra de su voluntad puede llegar a constituir secuestro.
 
Cierro indicando que la gravedad en lo que hizo la señora Laura Sarabia es que acudió, a mi juicio, a la autodefensa o autotutela usando de manera indebida los recursos y bienes del Estado y no se excusó, sino que se justificó, todo lo cual, infortunadamente, envía varios mensajes negativos: el primero es que no es necesario un sistema jurídico y menos garantista para resolver los conflictos en una sociedad civilizada; y el segundo es que no hay problema si un servidor público acude a la autotutela o autodefensa siempre que lo considere un acto válido. Pero lo pernicioso de estos mensajes, sobre todo del segundo, es que ese servidor público, no podrá después pretender que las personas del común no hagan lo mismo. 
 
¿En qué quedaría la paz que buscamos si el camino que se sugiere es la autodefensa o autotutela?. Si se va a considerar legítima y válida, instituida ya está.
 
Referencias:

[1] QUINTERO, Beatriz.  PRIETO, Eugenio.  Teoría General del Proceso. Editorial TEMIS, Tomo I. pág. 8 y 9

[2] ibidem. pág. 8.

[3] REVISTA SEMANA.  https://www.semana.com/politica/articulo/laura-sarabia-primero-dijo-que-tenia-en-el-maletin-del-robo-3500-o-4000-dolares-ahora-se-planta-en-7000-dolares-estan-son-las-preguntas-que-surgen/202320/

El 12 de mayo de 2023 se fundó el Colegio Colombiano de Abogados en Derecho Sancionatorio y tuve la fortuna de ser invitada como parte de sus integrantes y, también, me fue concedido el honor inmerecido de dar una de las conferencias inaugurales. Y digo que fue un honor inmerecido porque sabemos muy bien que contamos con grandes maestros del derecho sancionador a quienes estudiamos con sereno juicio y, en ocasiones, con un buen fundado prejuicio.
 
No niego que me preocupé bastante en relación con lo que sería mi intervención ante los Colegas dedicados al estudio y/o praxis del Derecho Sancionador porque era lógico que no tendría nada nuevo que decir sobre lo que ya hemos construido y teorizado, sobre todo, desde la jurisprudencia y la praxis más relevante. Pero como me caracteriza, a pesar de lo tímida que soy, una rebelde osadía que me lleva a decir lo que, tal vez, no guste, al menos no de inmediato, opté por hacer una intervención disruptiva en relación con el derecho sancionador y de ello previne a su actual Vicepresidente Doctor Sergio Luis Mondragón, para evitarle la sorpresa.
 
En ese cometido, empecé mi intervención diciéndole al público presente: Se esperaría que un día como hoy en el que se funda el Colegio Colombiano de Abogados en Derecho Sancionatorio, se inicie hablando de la evolución del derecho sancionatorio,  o que empecemos por referirnos a esa potestad sancionadora del Estado y cómo se han aumentado y fortalecido, por ejemplo, las funciones de la administración desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.  Y se esperaría, a mi juicio, porque es pacífico el consenso en relación con que “la potestad sancionadora del Estado se desenvuelve en diversos ámbitos, en los cuales cumple diferentes finalidades de interés general. Así, por medio del derecho penal, que no es más que una de las especies del derecho sancionador, el Estado protege bienes jurídicos fundamentales para la convivencia ciudadana y la garantía de los derechos de la persona. Pero igualmente el Estado ejerce una potestad disciplinaria sobre sus propios servidores con el fin de asegurar la moralidad y la eficiencia de la función pública.”
 
Y es que ya es pacífico entender que el derecho sancionatorio se despliega o manifiesta en varias especialidades:
 

• Derecho Penal
• Derecho de policía
• Derecho Disciplinario 
• Derecho sancionatorio ambiental
• Derecho de la responsabilidad fiscal
• Derecho Tributario
• Derecho contravencional o de tránsito automotor
• Derecho deontológico

 
Lo anterior, entre otros, porque creo que es pacífico comprender que lo que implique sancionar hace parte del derecho sancionador.
 
Agregué que, seguramente, también esperaban que en la intervención pudiera haber una referencia a todo lo que hemos acumulado en un poco más de treinta (30) años en relación con el derecho sancionatorio y de allí poder identificar, incluso, las varias etapas o mejor dicho lo que yo llamo ciclos, esto es: Del año 1991 al año 2000 haber contado, por ejemplo, con la ley 200 de 1995, complementada con la ley 190 del mismo año, asemejada a las formas e instituciones del derecho penal para el derecho disciplinario, pero al tiempo se pudo reconocer en esta época que no habían realmente procedimientos sancionatorios garantistas claros, salvo en relación con la ley 200, pero para lo demás poca claridad.  Todo lo cual implicó exigir el surgimiento de procedimientos desde el órgano competente por aquello del principio de reserva de ley que había sido ignorado por la administración porque ella se abrogó esa competencia reguladora.  Y esto nos llevó a un segundo ciclo del derecho sancionatorio, esto es, la década del 2000 y con el nuevo milenio se expidió la ley 734 de 2002 y la 906 de 2004, entre otras. Luego en el ocaso de la segunda década del 2000, fue expedida la Ley 1952 de 2019 e iniciando la tercera década, una nueva reforma  en materia disciplinaria se presentó con la Ley 2094 de 2021.
 
Dije incluso que, también coincidimos hoy en que el derecho sancionatorio tiene unos principios a los que no puede sustraerse y son:
 

• Principio de Legalidad 
• Principio de Tipicidad
• Principio de Antijuridicidad (ilicitud sustancial)
• Principio de Culpabilidad
• Responsabilidad Subjetiva 
• Responsabilidad Objetiva
• Responsabilidad Sin Culpabilidad
• Reserva de ley

 
Y señalé que, ante tanta coincidencia, para qué colegiarnos si, estemos dónde estemos, estaremos coincidiendo con estos aspectos.
 
Así que en esa pretensión de hacer una intervención un tanto disruptiva y luego de haber manifestado lo anterior, les indiqué que: Considero que el valor de este encuentro de profesionales con tanta experticia como ustedes, porque me declaro aprendiz eterna, está en que le demos cabida en el derecho sancionatorio, para seguir construyéndolo y edificándolo, a otros principios y actores que no se están viendo con claridad, al menos no de forma activa y, naturalmente, no a mi juicio.  Con esto quiero irrumpir el statu quo y el modo piloto automático en el que la normativa vigente suele ponernos o nos ha puesto y eso lo aterricé indicando que de manera puntual quería referirme a algunos retos y desafíos del derecho sancionador:
 
1. Darle cabida al principio democrático porque este posibilitará materializar la participación de la sociedad que, leída en un contexto de teoría del Estado y teoría política, pero también constitucional, aunque es poder soberano, se encuentra marginada de las actuaciones de corte sancionador. 
​
La sociedad es parte ausente del derecho sancionatorio, aunque paradójicamente es ella misma la población como elemento del Estado y poder soberano en un Estado que se ha erigido como Social de Derecho y ha redefinido la fuente de la soberanía y del poder público. Si analizamos bien, el verdadero protagonista del derecho sancionatorio es la población porque es la que espera el buen obrar.
 
Se considera que hay razones constitucionales suficientes para pensar que la población debe hacer parte del ejercicio del ius puniendi del Estado ya que, si la soberanía empezó a residir en el pueblo y de él emana el poder público como lo establece claramente el Artículo 3 de la Constitución Política de 1991, eso tiene que significar mucho para el derecho sancionatorio y para los que de una u otra forma lo estudiamos, practicamos, lideramos y defendemos. Que el pueblo sea el soberano indica que hay jefe, un jefe social que ha sustituido en todo y con todo a los jefes políticos del derecho sancionatorio.
 
Y cierto es que bien puede decirse que, en el proceso penal, como manifestación del derecho sancionatorio,  ese principio democrático ya tiene acogida porque la sociedad encuentra representación en el Procurador Judicial, sin embargo, objetivamente hablando, el rol de éste está en desconexión de esa sociedad que supuestamente representa y de allí que dicha figura, bajo el postulado de incorporar el principio democrático, debe requerir una redefinición en su nombramiento y responder más a una figura de elección democrática: Principio democrático como un principio más del derecho sancionador.
 
En el proceso penal tenemos una sociedad ausente, pero pagando mucho por una representación, a veces, ausente también. Y digo ausente porque es bien sabido que muchos procuradores judiciales brillan por su ausencia, aunque vayan a la audiencia y brillan por su desconexión con los intereses de la sociedad que deben representar, terminando por inclinarse en favor de una u otra parte de la litis, cuando no es ese su rol. Siendo así, es necesario que la figura del Procurador Judicial, el grado que fuese o fuere, se redefina, sobre todo en la forma de su nombramiento, el cual debe dejar de provenir de una autoridad instituida y politizada. Es necesario que los Procuradores Judiciales como figura se mantenga, pero sean elegidos por votación popular y que los Abogados, Abogadas y Abogades, podamos postularnos al cargo y que sea la sociedad quien decida por quién votar según haya sido la praxis y la credibilidad en esa sociedad que es la que va a representar para que aumente la confianza ciudadana. Porque nadie más que la ciudadanía que ha sido cliente directo de un Abogado, Abogada o Abogade, para saber si ese Abogado, Abogada o Abogade, que la representará como sociedad cuenta con la dignidad para asumir tal encargo. Con eso se acabará la indignación que muchos sienten al ver personas indignas de la profesión ocupando cargos en los que el ejemplo de probidad y responsabilidad deben primar en favor de la sociedad, pero no lo hacen.
 
Saber que es la ciudadanía la que hará la elección de ese Procurador Judicial elevará el estándar ético de cada Abogado, Abogada y Abogade, porque no solo contarán los títulos académicos y la experiencia y la intriga política, sino la buena conducta acreditada ante la sociedad que se representará. 
 
En todo cargo que implique praxis sancionatoria y el rigor jurídico, la comunidad debe intervenir en la elección de los que tendrán tan importante encargo cuando de representar a la sociedad se trate, no a la persona individualmente considerada que ya cuenta con la debida representación. 
 
Es que la ciudadanía no puede sentirse amenazada por las instituciones y servidores públicos que deben protegerla en su vida, honra, bienes y derechos humanos y constitucionales fundamentales cuando se impulsa un proceso sancionatorio, el que fuere. Y mucho menos debe sentirse ignorada por quienes se sienten dueños de esas facultades y víctima de los que se han adueñado de ellas y se han puesto a disposición de los políticos que los patrocinan y por virtud de eso han silenciado la función sancionadora.
 
Reitero que esto es por la incorporación del principio democrático que no se resuelve con tener hoy a las personas como veedores o como quejosos por ejemplo en la actuación administrativa sancionadora, ya que, aunque coadyuve a la administración pública, eso no significa que la sociedad esté hallando respuesta.
 
Por eso la población como elemento fundamental del Estado debe tener materializada su participación en las instituciones, no solo en la elección para que luego la sometan y maltraten, sino para contribuir con la corrección cuando ello llegare a ocurrir.
 
Es agregar a esos principios, sin temor, con apertura a redefinir paradigmas, el principio democrático. Los abogados, abogadas y abogades, nos debemos a la sociedad y ella debe legitimar nuestro actuar, sobre todo el ético y no solamente el técnico.
 
La sociedad no debe mantenerse al margen de la facultad sancionadora del Estado, la que fuere.  Ella requiere una participación más activa y ello debe implicar la redefinición de toda la normativa vigente que regula lo sancionatorio.  Resalto por ejemplo la necesidad también de que la sociedad esté representada en las actuaciones administrativas de carácter sancionador hoy en cabeza de una autoridad ambiental politizada que muchas veces los dilata o no los inicia. Y así hay que hacerla partícipe, más allá del rol de quejosa, en el derecho disciplinario, en el derecho de la responsabilidad fiscal, en el derecho contravencional (tránsito y policía). Y esto a manera de ejemplo.
 
Por qué hablo osadamente del principio democrático, porque considero que el Colegio de Abogados en Derecho Sancionatorio no solo debe crearse para hacernos cercanos entre nosotros, sino para que nosotros nos acerquemos a la comunidad, a la sociedad, a la población como elemento esencial del Estado, es decir, para acercarnos en el Estado social de derecho colombiano, al pueblo como detentador de la soberanía y del cual emana el poder público. Los Abogados estamos para servirle a la sociedad porque esa es la esencia de nuestra profesión y no para servirle a un partido político.
 
El debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas debe implicar, entonces, una incorporación del principio democrático.
 
2. Un segundo aspecto es que el derecho sancionador se deje abrigar por el derecho procesal con el fin de pensar cada institución propia del debido proceso desde la disciplina que por excelencia se encarga de su estudio y que, por lo tanto,  podría, con rigor teórico, aportar un constructo de instituciones y garantías para el derecho sancionatorio administrativo con el matiz diferencial del derecho penal y del derecho procesal civil desde donde se han extrapolado los institutos procesales, esto con el fin de llegar a una reforma en la que se expida un solo proceso sancionatorio general de la administración. Esto implica pensar sistémicamente todo el derecho sancionatorio de tal manera que se recojan todos los procedimientos administrativos sancionatorios y se le de vida, evocando al Maestro Jorge Iván Rincón “a una ley de régimen administrativo sancionatorio general en donde se conciban una cantidad de garantías que se acomoden al artículo 29 constitucional y a la convencionalidad y que expliquen las particularidades de cada uno de esos principios”.  
 
3. En tercer lugar, planteé que en virtud de ese principio democrático sugerido, también se han de incorporar otros sujetos de derecho como la naturaleza y los seres sintientes, pero no solo como sujetos de protección, sino como sujetos que deben tener voz en el proceso y en ese sentido contar con quién represente sus intereses  de manera especial y específica y que es un aspecto que no alcanza a resolver y a atender un procurador o un defensor público que escasamente está alcanzado a representar a una persona. Es decir, hoy desde un enfoque ecocéntrico, estos nuevos sujetos también requieren ser representados.  

Este esbozo de retos y desafíos, desatinos para muchos, estaría todo para pensarse desde el principio democrático que no es más que abrir los procesos judiciales y administrativos sancionatorios para que la sociedad encuentre verdadera participación y eficiencia, eficacia y efectividad en su representación.

​El debate queda abierto.

El 02 de marzo de 2023 los colombianos recibimos con sorpresa la sentencia STC1926-2023 en cuyo texto, por los hechos ¿analizados?, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mantuvo a las mascotas, animales de compañía, en la categoría de bienes objeto de embargo y lo hizo con fundamento en frías y formales disposiciones jurídicas del Código Civil que, son la expresión del Estado liberal de derecho dejado atrás con la adopción de la Constitución de 1991 en donde, se acogió el Estado social de derecho, constitucional, democrático, pluralista, ecocéntrico y que reconoce la vida como derecho inviolable, que tiene en conexidad el derecho a la salud.
 
En la sentencia mencionada, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó en claro que las autoridades judiciales sí pueden tomar medidas de embargo sobre animales como perros, muy a pesar de que la tutelante, entre otros aspectos, adujo que ‘su hijo ha desarrollado un lazo de fraternidad con (los perros) ya que desde su nacimiento ellos han estado en su vida y se han convertido en esa compañía con la que todos se entretienen, se brindan amor y compañía, integran una parte importante de la rutina de su hogar; prueba de ello está el avance psicomotriz de su hijo, asimismo como su desarrollo emocional y los vínculos de apego que su hijo y los caninos han generado, por lo tanto sacarlos de su hogar causaría un impacto negativo sobre la salud emocional y afectiva de su hijo’.
 
En primera instancia, un Tribunal negó la tutela asegurando que la mujer podía acudir a otro mecanismo de defensa, como la oposición a la diligencia de secuestro. Y, en segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia dijo que la tutela no procede en este caso en el que la mujer reclama que esto afecta negativamente en su bienestar y que los perritos no pueden ser separados de ella y su hijo.

“Sin embargo, tal como acertadamente coligió el tribunal, en el evento en que se adelanten las diligencias reseñadas, la (mujer) tiene la posibilidad de presentar su oposición para que, en el marco del incidente respectivo, someta a escrutinio del juez de familia las especiales circunstancias aducidas en esta sede –v. gr., la alegada ‘propiedad’ sobre los perros y la existencia de vínculos afectivos–“[1]
 
Sobre el asunto, ya varios juristas y animalistas han expresado el rechazo a la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y han dado como argumentos que dicha decisión vulnera la consideración que tienen los animales como seres sintientes, el concepto de familia multiespecies y la dignidad humana, que son razones para que los Magistrados hubiesen hecho un pronunciamiento sobre el carácter inembargable de los animales de compañía y no reducirlos a unos objetos inertes de disposición negocial, cuando realmente no lo son.  Particularmente, comparto las razones de rechazo a la sentencia y su alcance, pero agrego, además, que lo relacionado con los animales de compañía, mascotas, no pueden tratarse simplemente desde la calidad de bienes, sino que deben ser considerados en el contexto ecocéntrico y lo que como seres vivos significan en la interacción con los seres humanos y es por eso que en esta columna afirmo que la Sentencia STC1926-2023, que permite embargar a las mascotas, viola el derecho a la SALUD y lo hace por lo siguiente:
 
En Colombia la salud es un derecho fundamental, pero no solamente se trata de la salud física, sino que se trata también de la salud mental, la cual encuentra regulación en la Ley 1616 del 21 de enero de 2013 y que en su artículo 3 establece que: “Artículo 3°. SALUD MENTAL. La salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad.
 
La Salud Mental es de interés y prioridad nacional para la República de Colombia, es un derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas.”
 
Obsérvese que en el sentido y significado que se le da a la salud mental en el artículo arriba citado, se le indican unos aspectos de gran importancia, tales son: el emocional y el de las relaciones significativas y se considera componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas.
 
Ahora bien, ¿cómo se mantiene sano el aspecto emocional que es tan necesario para tener una vida plena y feliz? Sin duda, ya todos y todas sabemos que lo afectivo, el amor, la alegría, la gratificación, la valoración y valía personal, así como superar las sensaciones de soledad, hacen parte de lo emocionalmente sano. Pero, ¿por qué estos aspectos sanan?. Muchos expertos, sobre todo los Médicos Psiquiatras, han podido establecer que los seres humanos producimos la hormona de la felicidad que se llama oxitocina y su carencia lleva a la depresión, de allí que recomiendan procurar disminuir niveles de cortisol y adrenalina (que causan vidas amargas) y aumentar la oxitocina. Y ¿Qué es la oxitocina?. Han concluido los expertos que “la oxitocina es una hormona producida en el hipotálamo y almacenada en la neurohipófisis. Debido a su localización, también influye en el sistema central nervioso y puede ser responsable de la transmisión de impulsos nerviosos. Se trata de un nonapéptido formado por nueve aminoácidos con la siguiente estructura: cisteína – tirosina – isoleucina – glutamina – asparagina – cisteína – prolina – leucina – glicina.
 
Pero su principal función es la de regular ciertas conductas y emociones. La oxitocina es aquella hormona que influye en las relaciones de pareja, el estado anímico, la necesidad de cuidado, la sexualidad, el bienestar, el afecto, el placer, la felicidad… Es decir, en los sentimientos y en ciertos estados imprescindibles para el control de las emociones positivas. Debido a esto, una falta de oxitocina puede acarrear la predisposición de la persona a la depresión o la falta de empatía, además de afectar a sus relaciones sociales.”[2]
 
Siendo esto así, esto es, la relación de la oxitocina con la salud mental y lo que significa un ser sintiente de compañía, mascota, en la vida de un ser humano, es claro que ese ser sintiente contribuye a la salud mental de la persona o personas a las cuales acompaña y que le causa producción de oxitocina, es decir, felicidad, alegría, bienestar y estabilidad emocional y separarlos o poner en riesgo esa posibilidad de estar juntos al dejar el ser sintiente de compañía a la inclemencia de lo embargable y secuestrable, lo que hace es afectar la salud como derecho y vulnerar con ello, incluso, la obligación estatal contenida en la Ley 1751 de 2015 que establece en el Artículo 5° como Obligaciones del Estado, entre otras, lo siguiente: “El Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud; para ello deberá:
 

1. Abstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del derecho fundamental a la salud, de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y de realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas;” (resaltado fuera de texto).”

 
Así las cosas, se itera que la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en relación con no truncarle a los animales de compañía, mascotas, el trato de bienes objeto de embargo, vulnera el derecho fundamental a la salud mental por cuanto perdió de vista que los animales, como seres sintientes, representan en la vida de las personas una suerte de compensación afectiva, de cariño, de compañía y de protección emocional y que son aspectos que llevan a que se produzca la conocida oxitocina, esto es, esa hormona de la felicidad, del afecto, de la alegría y de la satisfacción. 
 
Por lo anterior, afirmo osadamente, que el derecho a la salud se vulnera, no porque los animales sean considerados seres sintientes, sino porque ellos, además de ser seres sientes, son SERES QUE HACEN SENTIR, lo que muchas veces restamos los seres humanos, que es la FELICIDAD.
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Cierro diciendo que necesitamos Jueces y Magistrados renovados y repotenciados en la cultura jurídica constitucional que surgió en los años 60 y que en Colombia se hizo tangible con el Estado social de derecho y el enfoque ecocéntrico que se adoptaron en la Constitución Política de 1991, pero también que entiendan que la salud tiene conexiones con otras especies de la casa común con quienes estamos en mora de aprender a convivir y en deuda de reconocerles todo el bien que al ser humano suman, así que requerimos Jueces y Magistrados que no resten.

Referencias:

[1] https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/mascotas-si-pueden-ser-objeto-de-medidas-judiciales-de-embargo-corte-748040s

[2] https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2020-06-14/alimentos-ricos-en-oxitocina_2054894/

A través de la Revista Semana y otros medios de comunicación,  se hizo pública la información según la cual el ciudadano Nicolás Petro, Diputado en el Departamento del Atlántico e hijo del actual Presidente de la República de Colombia, presuntamente recibió dineros ilícitos y los recibió también de forma ilícita e ilegal. Al parecer también recibió bienes con igual ilicitud e ilegalidad y ha adquirido propiedades y lujos que, por su costo, lejos está de su poder adquisitivo, según sus ingresos como servidor público que es.  Esta información la recibió el medio de comunicación mencionado de una fuente aparentemente confiable que es la excompañera sentimental de Nicolás Petro, quien, además, brindó nombres de los proveedores del dinero así como de lo que sería el quid pro quo entre ellos.
 
Sumado a lo anterior, también se hizo público que el “El nombre del hermano de Gustavo Petro ha sido mencionado en el cartel de abogados que estarían sobornando a los narcotraficantes para obtener beneficios en la política de Paz Total”, al parecer, se trata también de otro quid pro quo.
 
Lo anterior, que no deja de ser muy escandaloso por tratarse de personas muy cercanas al Presidente Gustavo Petro, causa grandes cuestionamientos políticos al Pacto Histórico, una fuerza política de izquierda que se conformó y fue apoyada para ser gobierno, bajo la creencia de que no incurrirían en las prácticas corruptas que han protagonizado otros miembros de partidos y movimientos políticos de la derecha (liberal y conservadora). Y por supuesto, que el cuestionamiento es inevitable porque tanto Nicolás Petro, como Fernando Petro, militan políticamente en el Pacto Histórico y eso hace que se enlode la credibilidad de la causa “moral” y “jurídica” que defienden de cara a cambios sociales para superar las desigualdades que aquejan al 80% de los colombianos.
 
Ahora bien, ¿Qué tanto efecto e impacto causa en el pacto histórico y en el Presidente Gustavo Petro lo que se ha desvelado en relación con Nicolás Petro y Fernando Petro? ¿Alcanza a poner en entredicho al Presidente, a vincularlo con esas malas prácticas de sus más cercanos familiares y a relacionarlo con ellas? O ¿alcanza a vincular a miembros del Pacto Histórico y del gobierno, sin que vincule o relacione por ello al Presidente?.
 
Las preguntas no tendrán, por ahora, una respuesta definitiva porque la información que se ha hecho pública y viral, si bien sugiere actos de corrupción, requerirá que pase por todo el tamiz de una investigación judicial que adelante la Fiscalía y goce de la debida contradicción de la defensa en un proceso judicial. Pero lo que sí se puede citar para llegar a unas primeras consideraciones es que: “El 2 de marzo, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía General de la Nación que, ante los rumores que vinculan a familiares suyos con ofrecimientos a narcotraficantes en las cárceles, investigue a su hermano, Juan Fernando Petro, y a su hijo mayor, Nicolás Gustavo Petro Burgos, para determinar las responsabilidades. Esta petición del presidente revive la polémica que durante su campaña suscitó la visita de Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota”[1]en la que surgió lo que se nombró en su momento como un posible “perdón social”.
 
No cabe duda de que es muy valiente el prematuro comunicado público del Presidente Gustavo Petro en el que se pronunció con indignación y solicitó que su hijo y su hermano fueren investigados y que si son responsables de afectar un proceso político para lograr la paz, así como de haber incurrido en actos ilícitos e ilegales, respondan ante las autoridades. Es valiente porque no debe ser fácil para ningún Padre, Presidente o no y que no tiene la obligación jurídica de declarar en contra de sus parientes conforme lo dispone el Artículo 33 de la Constitución, pedirle a la Fiscalía que los investigue, máxime cuando puede ser llamado a dar testimonio sobre la información que conozca o le haya sido entregada. Valiente porque con ese comunicado sugiere a la opinión pública que el proyecto político que representa y lo llevó a la Presidencia y lo tiene como líder natural, goza de un significativo peso en sus prioridades e ideales. Sin embargo, con todo eso que el comunicado informa, también muestra un enroque presidencial que lleva a preguntar si ¿ese enroque era necesario o innecesario?, al menos, en un momento tan temprano de la ventilación de la información en medios. 
 
Aquellos que juegan ajedrez saben que “El enroque es un movimiento especial en el juego de ajedrez que involucra al rey y a una de las torres del jugador.1​ Es el único movimiento en el ajedrez en el que un jugador mueve dos piezas a la vez. El enroque consiste en mover el rey dos casillas hacia la torre en la primera fila del jugador, y luego mover la torre al escaque sobre que el rey ha cruzado.2​ El enroque puede hacerse si el rey y la torre involucrada nunca han sido movidos, las casillas entre el rey y la torre involucrados están desocupados, el rey no está en jaque, y ninguna de las casillas por los que el rey pasará, o quedará, esté bajo ataque. El enroque es una de las reglas del ajedrez y es técnicamente un movimiento del rey.3​. El enroque no se puede hacer siempre y puede ser corto o largo. El enroque tiene condiciones, esto es, "es permisible si y solo si se cumplen todas las siguientes condiciones (Schiller 2001:19):

1. El rey nunca se movió.
2. La torre a usar en el enroque nunca fue movida.
3. El rey no está en jaque.
4. Ninguno de los escaques por los que el rey pasará o quedará, está bajo ataque.5​
5. Los escaques entre el rey y la torre estén desocupados.
6. El rey no termina en jaque (válido para cualquier movimiento legal).

Las condiciones del 4 al 6 se pueden resumir con la frase nemotécnica: «Uno no puede enrocar de, a través de, o en jaque»." El enroque es una protección al Rey, pero tiene, como se vio, condiciones, entre ellas, que el rey no esté en jaque, que ninguno de los escaques por los que el rey pasará quedará bajo ataque y el rey no quedará en jaque con el enroque, porque entonces, ese enroque no tendría sentido.
 
Llevando el sentido y significado del enroque en el ajedrez, a la decisión del Presidente Gustavo Petro de emitir un comunicado público solicitando a la Fiscalía que investigue a su hijo y a su hermano antes de que se desvelara que varios de sus ministros (torres) resultaban salpicados en los presuntos actos de corrupción, se cree que ese enroque al que acudió, resultó innecesario o, al menos, inoportuno, y no le brindó la protección esperada, porque haberlo hecho de forma tan prematura, para muchos no ha significado mensaje de transparencia, sino de todo lo contrario y podría ponerlo en jaque.  
 
Referencias:

[1] https://www.infobae.com/colombia/2023/03/02/quien-es-juan-fernando-petro-y-por-que-su-hermano-pide-que-lo-investiguen/

​Referencias:
​
[1] Radicado proyecto de reforma a la salud. https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/4335-radicado-proyecto-de-reforma-a-la-salud

[2] VÉLEZ PÉREZ, Gloria Yaneth. Clasificación de las Leyes a propósito de la modificación de la ley de garantías. Revista Digital VOZ JURÍDICA. ISSN 2256-5051. https://www.vozjuridica.com/columnista-abogada-gloria-yaneth-velez-perez/clasificacion-de-las-leyes-a-proposito-de-la-modificacion-de-la-ley-de-garantias-columna-de-la-abogada-gloria-yaneth-velez-perez-twitter-juridicaasesora

[3]

[4] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-818 de 2011. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-818-11.htm

[5] Ibidem

[6] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 1751 DE 2015, Por la cual se regula el derecho a la salud como derecho fundamental y se dictan otras disposiciones.