Revuelo ha causado la polémica surgida a raíz de un artículo inmerso dentro del proyecto de reforma a la justicia, el cual plantea que: para aspirar a cargos de magistrados o jueces de la república se considere como experiencia, la ejercida en otros campos profesionales.[1] Y esto ha generado toda una serie de pronunciamientos por parte de la propia rama judicial como la de los Abogados y Abogadas. 
 
Lo que se critica es que, la persona que pretenda ocupar un cargo de administrador de justicia su experiencia debe estar dentro del marco de los puestos de la rama judicial pero principalmente que, dicha experiencia sea en la calidad de administrador de justicia, y no por fuera de aquella y en este sentido, me encuentro completamente de acuerdo con la molestia generalizada con respecto a ese tema, pero hay algo que se nos ha olvidado: los jueces de paz.
 
Los jueces paz se encuentran establecidos en el articulo 247 de la Constitución Política de la siguiente forma: 
 
La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular.
 
Del texto anterior se puede destacar que, al ser elegidos mediante el voto popular, resulta innecesario que la persona a postularse sea Abogado.[2] Indicando con ello que cualquier persona puede postularse para ser tenido como juez de paz, es decir, no se necesita el título, ni una experiencia previa y, mucho menos haber laborado dentro de la rama judicial. 
 
En ese sentido y, como una forma de corrección a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-103/04[3], con respecto a lo de cualquier persona, estableció unos requisitos de índole personal y social, de la siguiente forma:
 
En esa medida, la creación de los jueces de paz fue prevista como un canal para que el ciudadano común participe, en virtud de sus calidades personales y su reconocimiento comunitario, en la función pública de administrar justicia, jugando así un rol complementario al que asignó la Carta a las demás autoridades y particulares que participan de dicho cometido estatal: “se trata, en últimas, que personas que en principio no cuentan con una formación jurídica, pero que son reconocidas dentro de la comunidad a la que pertenecen por su capacidad, su ecuanimidad y su sentido de la justicia, puedan ocuparse de asuntos que por su sencillez no ameriten el estudio por parte de la rama judicial, ni supongan un conocimiento exhaustivo del derecho. Con todo, valga anotar que se trata de inconvenientes en apariencia pequeños o intranscendentes, pero que afectan de manera profunda la convivencia diaria y pacífica de una comunidad, por lo que la labor a ellos asignada resulta a todas luces esencial” (Lo subrayado y puesto en negrita dentro del texto son míos)
 
Así mismo y a través de la L.497/99[4] se establece que sus fallos serán en equidad, es decir, sus fallos serán equitativos en el sentido de dar a cada uno lo que se merece sin perjudicar a la otra; en donde al ser los fallos producidos por parte de los jueces de paz en equidad sus fallos escapan del ámbito jurídico[5].
 
Según lo expuesto y, colocándolo en paralelo con respecto al alboroto que se ha armando por el mico introducido en la polémica reforma a la justicia, se puede observar un doble rasero y más cuando y, según la L.270/96[6] administran justicia, aclarando algo que, los jueces de paz son particulares investidos temporalmente[7] para administrar justicia.
 
Hablamos de un doble rasero porque las exigencias para ser juez o magistrado de forma obligatoria imponen, el ser abogado titulado mientras que, para ser juez de paz solo se exige un reconocimiento por parte de la comunidad y un sentido de la justiciaeso sí, deben someterse al mecanismo de votación popular.
 
En ese orden el tan famoso mico detectado en la ya mencionada reforma a la justicia ya se encuentra vigente y desde hace muchos años con la creación de la L.270/96 en el sentido de quitarle como requisito obligatorio el de ser abogado a los jueces de paz.
 
Entonces el doble rasero que gozan los magistrados de las altas cortes que se han pronunciado en contra de aquel mico encontrado dentro de la reforma a la justicia también debió ser criticado al momento de anular el requisito de ser abogado a los jueces de paz.
 
Si bien es cierto que, para los jueces de paz su misión primordial es la de ser conciliadores y sus decisiones en ese punto son tomadas como una de las vías alternativas de solución de conflictos[8], tampoco es menos cierto que aquellos-los jueces de paz-deben analizar pruebas[9] hay que recordar que, para realizar dichos análisis probatorios, por lo menos, se debe tener un conocimiento profundo dentro y a manera de ejemplo, de lo que es una prueba indiciaria. Conocimiento este que los jueces de paz, al no ser abogados, no lo tienen.
 
En pocas palabras, la flexibilización de los requisitos exigidos para ser magistrado o juez, establecida en el mico de la reforma a la justicia ya existía y se encuentra dentro de la misma ley que pretende ser reformada, esto es, en la ley de administración de justicia; indicando con ello que: ese mico desde hace muchos años ya se encontraba cocinado.
 
 
Referencias:

[1] https://www.rcnradio.com/politica/corte-suprema-pide-eliminacion-de-mico-en-la-reforma-la-justicia

[2] L.270/96. Art. 127, núm. 2.

[3] MP. Dr. Manuel Jose Cepeda Espinosa

[4] Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento.

[5] Corte Constitucional. Sentencia T-796/07. MP. Dr. Jaime Cordoba Triviño

[6] Articulo 11-mod, articulo 4 de la L.1285/09-literal D y, articulo 12-mod, articulo 5 de la L.1285/09

[7] L.497/99. Articulo 13

[8] Corte Constitucional. Sentencia T-796/07. MP. Dr. Jaime Cordoba Triviño
 

[9] L.497/99. Articulo 25 y 29.

Hace algunos días atrás se genero una especie de polémica debido a unos comentarios producidos por parte de una médica,  la cual, dentro de un contexto de una conversación sostenida en un grupo de WhatsApp en el que manifestaba un deseo del retorno de las autodefensas para que y dentro del contexto de esa conversación, 'acabaran con 1000 indios en donde, ella daría el dinero para que se cometiese dicho acto y que, si alguien sabía dónde hay que dar el dinero (para que se cometiera dicho acto) ella iría volando a dar dicho dinero'[1].  Como es lógico, dicha conversación virtual se hizo viral debido a unas capturas de pantalla tomadas a la susodicha conversación y, como era de esperarse, la conversación fue duramente criticada.

En ese sentido y, al salir a la luz pública dicha conversación, la médica hizo una serie de declaraciones en donde manifestaba, a través de una entrevista[2]que, se habían publicado sus datos personales y número de teléfono sin su consentimiento y que, además de ello dijo que: “vulnerando la expectativa de privacidad de la información en el contexto de un grupo de mensajería instantánea compartido por compañeros de profesión”.

La viralización de esa conversación virtual, conllevó a que la empresa donde la médico laboraba diera por terminado su contrato de trabajo[3].
 
Dentro del contexto, no se puede desconocer que lo manifestado por la médica es bastante deplorable y más cuando, la época del paramilitarismo en nuestro país es un episodio oscuro dentro de nuestra historia reciente, pero dicha afirmación, en mi criterio, no llega a configurar lo establecido en el articulo 134B-adicionado por la L.1482/11, art. 4º, Modificado por la L.1752/15, art. 3º -de la L.599/00[4], por no reunir los ingredientes normativos, específicamente en sus verbos rectores, los cuales son los que configuran la tipicidad de la conducta; pero ese aspecto lo ventilará la autoridad correspondiente dentro de una eventual denuncia que se llegaré a presentar en contra de la susodicha ciudadana.
 
Pero el tema del debate no es ese, el tema que me llamó la atención es lo afirmado por aquella en la entrevista concedida en la cual manifiesta que 'se le había vulnerado la expectativa de privacidad' y en ese sentido considero que la ciudadana comete un graso error.
 
Para llegar a esa conclusión, lo primero que debemos hacer es la de establecer la finalidad del grupo que fue conformado. Esto es, el motivo con el que fue creado dicho grupo virtual de conversación a través de mensajería instantánea y según las publicaciones realizadas a través de medios escritos[5], en los cuales aparecen las capturas de pantalla, se denota con claridad que, dicho grupo virtual fue creado (dentro de tantas causas) como la de establecer una comunicación con compañeros de trabajos, es decir que el chat grupal goza de una finalidad laboral. Y en un contexto jurídico según la sentencia T-574/17[6], se trató por la Corte Constitucional una situación similar y se expuso que: 
 
“La Sala constató que no se había violado el derecho a la intimidad dado que (i) la conformación del chat así como el creador y administrador del mismo, indican que el espacio virtual creado en uso de la tecnología puede considerarse análogo a lo que la jurisprudencia constitucional ha considerado un espacio semiprivado; (ii) la información que allí circulaba era, al menos prima facie, semiprivada, de manera que de ella no se predican los límites que se adscriben a la privada o reservada; (iii) la información producida en el grupo “Distribuciones Cúcuta” tenía la vocación de circular entre los participantes del mismo y, en atención a que entre ellos se encontraban también representantes de los empleadores, no existe objeción a que sobre esa base dichos representantes la transfirieran a sus representados, (iv) cuando en su condición de trabajador e integrante del grupo “Distribuciones Cúcuta” el accionante (a) aceptó hacer parte del grupo creado, (b) interactuó en el mismo, (c) envió notas de voz alusivas a su trabajo -en las que expresaba desacuerdos con el empleador e insinuaba la manera en la que sus compañeros debían proceder en dicha situación- y (d) no manifestó en momento alguno su decisión de abandonarlo, reconoció la posibilidad de que la información circulara entre todos aquellos para los que resultaba relevante; (v) el accionante no podía esperar que la información no circulara entre los órganos de administración y dirección de Nutresa, de manera que en este caso específico la existencia de una expectativa de privacidad en los términos que han quedado expuestos, no podía afirmarse. En síntesis ni de la conformación del grupo, ni de su finalidad, ni de pauta o regla alguna para su funcionamiento, puede desprenderse dicha expectativa: no se trataba de información íntima o sensible, ni que interesara –considerando la naturaleza de las actividades a las que se refería - solo al accionante y era claro que el accionante conocía que en el grupo participaban representantes del empleador.”
 
Dentro del marco de las publicaciones periodísticas[7] y, aplicando el extracto jurisprudencial atrás citado, se puede destacar que: 1. El grupo conformado a través de la susodicha aplicación de mensajería instantánea, los participantes o miembros en ella, son trabajadores de la empresa o clínica en donde laboraba la médica. Se llega, también a esta conclusión por lo manifestado por ella, quien dijo que dicho grupo fue creado “…en el contexto de un grupo de mensajería instantánea compartido por compañeros de profesión”. 2. A raíz de dicho comentario, le fue terminado el contrato de trabajo con la empresa, es decir, el grupo de mensajería instantánea tenía la finalidad propia de la empresa en donde, y se destaca, refleja la imagen de ésta y, 3. Se está, según lo establecido en el precedente atrás citado, al frente de una información semiprivada[8].
 
Siendo así las cosas, mal hace la médica al referirse, con respecto a la divulgación de la mentada información, como una vulneración a la expectativa de privacidad. 
 
Tampoco puede manifestar la médica que, al momento en que se publican su imagen y teléfonos se le vulneró también su expectativa de privacidad y más cuando, tal como se puede constatar vía redes sociales, las imágenes y números telefónicos, fueron tomados directamente de sus redes sociales las cuales ella misma las tiene abiertas al público en general.
 
No se puede desconocer que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental en el cual subyacen varios derechos de carácter ius fundamental tales como: la libertad de expresión y la dignidad humana, pero, tal como ha sido sostenido de manera pacífica por parte de nuestra Corte Constitucional, el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto y por ende, puede ser limitado.
 
 
Referencias:

[1] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/16/que-vengan-las-autodefensas-y-acaben-con-unos-1000-indios-rechazo-a-medica-en-cali-que-propone-financiar-genocidio-indigena/

[2] Ibidem

[3] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/17/clinica-cancelo-contrato-a-cirujana-por-mensajes-racistas-contra-indigenas-del-cauca/

[4] ARTÍCULO 134B. HOSTIGAMIENTO*. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1752 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que la conducta constituya delito sancionable con pena mayor.
PARÁGRAFO. Entiéndase por discapacidad aquellas limitaciones o deficiencias que debe realizar cotidianamente una persona, debido a una condición de salud física, mental o sensorial, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
 

[5] Ver notas al pie de página 1 y 2.

[6] Corte Constitucional. MP. Dr. Alejandro Linares Cantillo

[7] Ver notas al pie de página 1 y 2.

[8] Corte Constitucional. Sentencia T-574/17. MP. Dr. Alejando Linares Cantillo. La información semi-privada corresponde a aquella información que no es pública, pero que se encuentra sometida a “algún grado de limitación para su acceso” (…) de manera que “se trata de información que sólo puede accederse por orden de autoridad judicial o administrativa y para los fines propios de sus funciones, o a través del cumplimiento de los principios de administración de datos personales” (…). En esa dirección esos datos son “aquellos que no tienen naturaleza íntima, reservada, ni pública y que, por ende, su conocimiento puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general” (…). Entre la información que encuadra en esta clasificación se encuentra, por ejemplo, la relativa al sistema de seguridad social –con exclusión de la historia clínica-, la administrada por las bases de datos de información financiera (…), la recaudada y almacenada por los Centros de Reconocimiento en el RUNT de conformidad con las normas de tránsito (…), los datos contenidos en el Registro Único de Seguros (…), los datos incluidos en el Registro de la propiedad de perros altamente peligrosos (…), la información sobre aportes, contribuciones y créditos, que reciben las campañas políticas (…) y la información sobre la pertenencia a un partido o movimiento político de los miembros (…). Respecto de esta información, la resistencia a su divulgación es reducida en tanto corresponde a materias que, a pesar de referirse al individuo, revisten una importancia clara y significativa para el cumplimiento de funciones o tareas asignadas a otras personas. En estos eventos, las razones constitucionalmente admisibles para acceder a la información, están vinculadas al cumplimiento de las tareas o funciones ejercidas por quien tiene interés en conocerla. Se trata entonces de información que tiene una vocación de circulación restringida. El desconocimiento de los fines previstos para su circulación así como de las condiciones para su divulgación, constituye una infracción no solo del derecho a la intimidad, sino también de otras garantías como el habeas data.

Desde el día 28 de abril hemos visto un sinnúmero de manifestaciones pacíficas, las cuales se han visto empañadas por personas inescrupulosas que, al aprovechar la coyuntura que provoca una manifestación de gran envergadura, se infiltran para cometer actos de pillaje y de vandalismo. Dichos actos atípicos que se han presentado dentro de las susodichas manifestaciones, ha sido repelida por parte de las fuerzas policiales de nuestro país pero, dicha forma de repeler esos actos, de una u otra forma ha sido desmedido porque no han hecho una verdadera diferenciación entre quienes se manifiestan de forma pacífica y, los muy pocos, que han salido a provocar, de una forma oportunista, actos vandálicos y de pillaje.
 
También se ha visto que, la fuerza policial en vez de utilizar las armas letales, ha utilizado un arma que, por lo general, apacigua los ánimos y, por lo que ha enseñado la experiencia, se obtienen mejores resultados; dicha arma ha sido el dialogo, pero no un dialogo como una mera intención sino por el contrario, un dialogo que se traduce en una negociación. 
 
En estos diálogos se denota con claridad la fraternidad que debe existir entre la fuerza armada y la población que no se encuentra armada. Una fraternidad que conduce a una liberación de cargas pero sobre todo, a una liberación en condiciones de igualdad. En este sentido es bueno traer a colación, de nueva forma, las palabras de Octavio Paz[2], el cual manifestaba que: 
 
A mi modo de ver, la palabra central de la tríada (libertad, igualdad, fraternidad) es fraternidad. En ella se enlazan las otras dos. La libertad puede existir sin igualdad y la igualdad sin libertad. La primera, aislada, ahonda las desigualdades y provoca tiranías; la segunda oprime la libertad y termina por aniquilarla. La fraternidad es el nexo que las comunica, la virtud que las humaniza y las armoniza. Su otro nombre es solidaridad, herencia viva del cristianismo, versión moderna de la antigua caridad. Una virtud que no conocieron ni los griegos ni los romanos, enamorados de la libertad pero ignorantes de la verdadera compasión. Dadas las diferencias naturales entre los hombre, la igualdad es una aspiración ética que no puede realizarse sin recurrir al despotismo o la acción de la fraternidad. Así mismo, mi libertad se enfrenta fatalmente a la libertad del otro y procura anularla. El único puente que puede reconciliar a estas dos hermanas enemigas-un puente hecho de brazos entrelazados-es la fraternidad. Sobre esta humilde y simple evidencia podría fundarse, en los días que vienen, una nueva filosofía política. Solo la fraternidad puede disipar la pesadilla circular del mercado. Advierto que no hago sino imaginar o, más exactamente, entrever, ese pensamiento. Lo veo como el heredero de la doble tradición de la modernidad: la liberal y la socialista. No creo que deba repetirlas sino trascenderlas. Sería una verdadera renovación.
 
En ese orden de ideas, según lo manifestado por parte del autor en cita encontramos que, la fraternidad se traduce como una especie de deber civil para conjurar crisis como la que se está presentando en la actualidad. 
 
Nótese que, se ha mencionado la el deber civil que subyace dentro de la fraternidad, en donde debe ser visto de esa manera porque, si se observa de otra forma estaríamos al frente dos funciones que chocan entre sí: la primera es el derecho a la protesta pacífica y la otra, el deber de protección por parte de las fuerzas policiales de defender los bienes y la vida de todas aquellas personas que, se manifiestan y de las que no lo hacen. Es ahí en donde la fraternidad vista desde el punto de vista moral y ético planteado por parte del autor en cita, se termina convirtiendo en el puente necesario para llegar a una solución. 
 
No se puede estar de brazos cruzados haciendo recriminaciones ni estigmatizaciones como lo hace el gobierno de turno, porque su deber es la de unir al pueblo, un pueblo que se siente cansado, que siente la carga de una kakistocracia[3] la cual, en el estado actual de las cosas, se muestra indolente ante las peticiones, viables y otras no tanto, de los manifestantes pacíficos. 
 
Estamos en un estado actual en donde la fraternidad no puede pasar desapercibida por ninguna de las partes, es el colocarse en los zapatos del otro para lograr la comprensión necesaria; una comprensión que se lograría, tal como está sucediendo en algunos casos, con el dialogo negociado. 
 
Hay que recordar que, la fraternidad como puente necesario entre manifestantes y policía nacional, demostraría al gobierno que, los actos fraternos crean la libertad necesaria que, a la hora de la verdad, es la buscada por todos.

Referencias:

[1] Columna basada en un hilo publicado en mi perfil de Twiteer @ManuelE_abogado, el día 20 de octubre de 2020.

[2] La otra voz. Citado por Jesus Silva-Herzog Marquez, en “La idiotez de lo perfecto”. Pág. 167.

[3] Ibidem. Pág. 90. Para Bobero, la kakistocracia es la combinación de la tiranía, la demagogia y la oligarquía, el pésimo gobierno, el gobierno de los peores.

Las protestas que se originaron a raíz de la ya “retirada” reforma tributaria, se han mantenido con el paso de los días. Protestas que, si analizamos de forma detallada, tienen un origen más profundo que, ha sido producto de una política neoliberal implementada desde el año 1991 con la llegada al poder del señor Cesar Gaviria y se han extendido a lo largo de los años. Pero esto no es el asunto de la presente columna; es lo referente a que, en días pasados tanto gobierno como centrales obreras y promotores de la protesta, hicieron hincapié en sentarse en una mesa para llegar a unos acuerdos, todo esto con el fin de que el país salga adelante. El gobierno de turno manifestó el de establecer un dialogo mientras que, las centrales obreras y promotores de la protesta pacífica establecían que, lo pretendido, por parte de ellos, era una negociación del pliego de peticiones.
 
Nótese que, el verbo intransitivo, esto es el de dialogar utilizado por parte del gobierno significa[1]: 1. Hablar [una persona] con otras sobre algo alternando los turnos de palabra. "mientras tanto, en la torre don Martín dialogaba con el oficial de la puerta" 2. Discutir sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. "los presidentes argentino y brasileño dialogarán sobre la situación económica que atraviesa el Mercosur"; mientras que, el verbo intransitivo-transitivo, esto el de negociar utilizado por parte de las centrales obreras y promotores de la protesta pacífica significa[2]: 1. Tratar un asunto para llegar a un acuerdo o solución. "se reunieron para negociar el tratado de comercio" 2. verbo intransitivo Realizar operaciones comerciales con la intención de obtener un beneficio. "se dedica a negociar con productos del campo" 3. verbo transitivo Ajustar el traspaso o descuento de un efecto comercial. "negociar una letra"
 
En ese sentido y, logrando entender lo pretendido por las partes, lo primero a establecer es que, ambos verbos gozan de un significado completamente diferente en donde, el primero de ellos solo existe una intención de llegar a un acuerdo mientras que, en el segundo de ellos la de obtener un acuerdo o una solución; es así que, cuando estamos en presencia sea de un dialogo o de un negocio la voluntad de las partes depende, no del animo con el que se llega a una mesa sino de lo que realmente se pretende al momento de llegar a sentarse en una mesa. 
 
Un gobierno que pretende dialogar con la simple intención de llegar a un acuerdo vulnera los principios constitucionales consagrados tanto en el preámbulo contenido en nuestra Carta Política como, así mismo, vulnera los fines esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho contenido en el mismo cuerpo constitucional, porque en él recaen las responsabilidades propias de todo gobierno a favor de los administrados quienes, en un acto de voluntad renuncian y entregan la representación a quien consideran que debe gobernar.
 
El fin de un gobierno, según el preámbulo es el de buscar la unidad mientras va garantizando el cumplimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos tal como lo establece el artículo segundo constitucional.
 
No puede existir un dialogo cuando solo se tiene una voz la cual, según se observa del cómo se ha ido manejando la protesta pacífica por parte del gobierno de turno, en una desconexión total, es una sordera que le impide escuchar los gritos desesperados del pueblo, pero dicha sordera solo puede decirse que es algo aparente por la sencilla razón de que, tiene oídos para escuchar, no los gritos, sino los murmullos que protegen los intereses particulares.
 
Una negociación en cambio brindará garantías de cumplimiento porque estará revestido de fuerzas vinculantes para las partes. Es bueno recordar que, cualquier tipo de negociación estará revestida por el principio de la buena fe consagrada en el artículo 83 Constitucional y tendrá las características propias de cualquier negocio jurídico porque, a la hora de la verdad, eso es lo que quiere el pueblo que grita desesperada en las calles solicitando que se les preste atención.
 
Una negociación por gozar de fuerzas vinculantes entre las partes, unas manifestaciones claras que producirán los efectos jurídicos deseados, esto es, una verdadera reconciliación que puede llegar ser tomada como una paz entre los ciudadanos.
 

Referencias:

[1] https://www.google.com/search?q=dialogar+significado&rlz=1C1OKWM_enCO903CO903&oq=&aqs=chrome.2.69i59i450l8.286469340j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#dobs=dialogar

[2] https://www.google.com/search?q=dialogar+significado&rlz=1C1OKWM_enCO903CO903&oq=&aqs=chrome.2.69i59i450l8.286469340j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#dobs=negociar

A raíz del proceso penal que se le sigue al hoy imputado, ex senador Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos punibles de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal; se presentó algo que, desde hace muchos años, no lo veíamos con tanta frecuencia: la renuncia del fuero de congresistas.
 
En este sentido es bueno recordar que, el fuero de congresistas es una institución que “… busca proteger el ejercicio del cargo y el normal funcionamiento de la administración pública, por lo cual es natural que la Constitución proteja al máximo el ejercicio del cargo de interferencias infundadas[1]. Significa lo anterior que, el fuero es una figura que protege y, sobre todo, garantiza la no intervención de otras ramas dentro de la función legislativa. 
 
En ese orden se podría concluir que, el fuero por ser un mecanismo de protección y que, además de eso, es una garantía de protección para aquel que, en un determinado tiempo cumple funciones legislativas. Ahora, con respecto al tema en comento, es dable preguntarse lo siguiente: ¿Es acaso el fuero una figura con características personalísimas? Si partimos del hecho de que, la figura en mención es un principio de garantía constitucional y que, al momento en que cualquier persona en su calidad de ciudadano o ciudadana, opta por lanzarse a unas elecciones en donde concurre el voto popular, en donde, el elector se desprende de un pedazo (teoría de la representación) de sus libertades para que sea representado por aquel que ha sido elegido; entonces la respuesta para ese aspecto debe ser en sentido afirmativo: el fuero de congresistas, aparte de ser una garantía de protección constitucional a favor del representante del pueblo, también se deriva del poder entregado por parte del pueblo es decir, el desprendimiento de una parte de la persona para que, aquel que ha ganado unas elecciones populares, decida a nombre de él.
 
Ahora bien, si el fuero tal como se acabó de establecer, goza de un carácter personalísimo, ¿Este puede ser dejado a través de una RENUNCIA? La respuesta a ese interrogante que, al igual que el anterior es afirmativo pero deben prevalecer elementos de fuerza mayor o caso fortuito para que, efectivamente, se pueda renunciar al fuero de congresistas. Es decir, no cualquier motivo aducido debe ser aceptado para que, el fuero como derecho personalísimo pueda ser renunciado. 
 
Una investigación en la Honorable Corte Suprema de Justicia, no puede ser catalogado como un caso de fuerza mayo o de caso fortuito; una motivación sobre la base de que no existan las garantías por parte de la Corte en su Sala Penal no es una causal de fuerza mayor o caso fortuito, por el contrario y, repitiendo lo manifestado en líneas anteriores, el fuero es una garantía constitucional y se agrega lo siguiente: el juzgamiento a los congresistas lo realiza, por mandato de la propia Constitución Política, como una garantía de que, el cuerpo colegiado juzgara plenamente y respetando el debido proceso.
 
Por consiguiente, el dilema no radica en renunciar o no al fuero de congresista, el dilema radica en que: no se puede pregonar una falta de garantías cuando, el fuero, tal como se encuentra establecido en nuestra Constitución Política, es una garantía como tal y por ende, al no existir motivos que pregonen la existencia de fuerza mayor o caso fortuito, la renuncia al fuero nunca debe ser aceptada.  


[1] Corte Constitucional. Sentencia C-386/96 MP. Dr. Alejandro Martinez Caballero

Hace más de un año vimos con asombro el asomo de una nueva normalidad. Una nueva normalidad provocada por un virus invisible que nos hizo cambiar nuestras costumbres, nuestra forma de pensar y, nos hizo cambiar nuestra libertad. Una libertad que, no es absoluta eso es cierto, pero tampoco era una libertad relativa; era una libertad propia, una libertad que, solo pensábamos que podía ser limitada a través de la imposición de una medida de aseguramiento dentro de un proceso penal con la plenitud propia del respeto al debido proceso. Una libertad que, si iba a ser limitada, debía estar sujeta a los controles propios de una necesidad y de una proporcionalidad. Nunca pensamos que nuestra libertad tal como la conocíamos hace más de un año, iba a sufrir tal quebranto debido a ese pequeño bicho invisible que bastante daño nos está haciendo.
 
Es así que, y debido a ese bicho invisible que tanto daño nos está haciendo que, el gobierno de turno y en aras de salvar vidas, decreta una cuarentena bajo el nombre de aislamiento social preventivo obligatorio. Estas cuarentenas con ese nombre tan bonito, las ordena el gobierno de turno en su calidad de jefe supremo del orden público, es decir que, el gobierno de turno estaba actuando, en ese momento en específico, como autoridad de policía. Por está razón, esos decretos de aislamiento social preventivo obligatorio, su control de legalidad esta en cabeza del Consejo de Estado. 
 
Vimos pasar ante nuestros ojos todo el año dos mil veinte, sin que existiese un pronunciamiento por parte del Consejo de Estado con respecto a esos decretos con ese nombre tan bonito. Pasamos olas, picos, vuelos y demás que nos se pueda ocurrir y, el pronunciamiento por parte del Consejo de Estado, solo quedo en una ola, un pico o en vuelo: sabíamos que iba a ocurrir, pero nunca ocurrió.
 
Ya entrado el año dos mil veintiuno se consideraba que, debido a la experiencia del año pasado, esos decretos de cuarentena y sus pico y cédula, eran algo que solo fue un mal sueño que solo tuvo una duración de solo unos meses, pero... que ingrato sabor nos provocó la propia naturaleza ya que, hoy en día estamos en una tercera ola o tercer pico y, debido a esto, estamos de nueva forma con decretos (hoy en día son departamentales y municipales) de pico y cédula, toques de queda extendidos a los fines de semana y, lo que es peor, la amenaza por parte de aquellos o de aquellas que fueron elegidos a través del voto popular, de utilizar el Código Penal en nuestra contra como una forma de crear un miedo por la represalia estatal.
 
Se necesita un pronunciamiento judicial que indique la forma en cómo se debe efectuar esas limitaciones a nuestro derecho a la locomoción, un pronunciamiento que determine, de una vez por todas, si las autoridades tal como se encuentran instituidas, pueden limitar de formas tan groseras nuestro derecho fundamental a la libertad; un pronunciamiento que se convierta en una guía para los gobernantes de turno y, por qué no, a los venideros, de cómo se deben manejar estos toques de queda y pico y cédula, que lo único que han hecho es menoscabar nuestro real entendimiento de lo que es la libertad.
 
Estamos en un año en donde, y según el presidente de turno y sus alocuciones diarias en su reality show, viviremos no una tercera ola sino más, es decir, estamos esperando una especie de tsunamis covidosos y, debido a las diferentes olas covidosas, debemos hacer el esfuerzo de renunciar a nuestro derecho fundamental a la libertad y, mientras eso sucede, el pronunciamiento por parte del Consejo de Estado, se hace más inexistente cada día que pasa. 
 
Y se hace inexistente por la sencilla razón de que, en una jugada propia de aquellos que se hacen llamar respetuosos de las instituciones procesales consideraron que:
 
Aunque el Consejo de Estado tiene competencia para fiscalizar el Decreto n°. 457 de 2020 vía una demanda de cualquier persona, este acto no es susceptible del control inmediato de legalidad, porque no se expidió como una medida de carácter general, en cumplimiento de la función administrativa y como desarrollo de un decreto legislativo. Como se trata de un decreto ordinario, frente al que procede el medio de control de simple nulidad, de conformidad con el artículo 137 del CPACA, cualquier persona puede cuestionar su legalidad. En efecto, el artículo 137 CPACA dispone que el medio de control de nulidad está establecido para la defensa objetiva del ordenamiento. A través de esta acción cualquier persona puede solicitar por sí, o por medio de representante, que se anule un acto administrativo, si infringe las normas en que debía fundarse. También, procede cuando el acto lo haya expedido un funcionario u organismo incompetente, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que lo profirió. Aún más, a diferencia de lo que sucede con el control inmediato de legalidad, cuyo trámite no prevé la solicitud de medidas cautelares (art. 185 del CPACA), quien acuda al medio de control de simple nulidad está facultado para pedir, en cualquier estado del proceso, esas medidas, de acuerdo con los artículos 229 y siguientes del CPACA. 6. Solo el legislador, si así lo estima conveniente -por ejemplo en una reforma al CPACA-, podría atribuir a la jurisdicción una nueva modalidad de control automático respecto de los actos administrativos de carácter general dictados durante un estado de emergencia sanitaria. En democracia, como la soberanía solo reside en la ley, el juez no puede -so pretexto de la defensa de los derechos- asumir competencias que el pueblo -a través de la ley- no le ha dado. El juez no está exceptuado del cumplimiento de la ley, por el contrario, debe dar ejemplo de 5 Expediente n°.11001-03-15-000-2020-02611-00 Autoridad: Nación-Ministerio del Interior Se abstiene de tramitar control inmediato de legalidad obediencia a sus mandatos inexorables. 7. Como el Decreto n°. 457 de 2020 constituye un acto de carácter general, dictado en ejercicio de función administrativa, no fue expedido en desarrollo de un decreto legislativo, no procede el control inmediato de legalidad prescrito en el artículo 20 de la ley 137 de 1994[1].
 
Esto, según la providencia atrás extractada, estamos en presencia de una ritualidad en exceso so pretexto de una obediencia a ley. Cierto es que los jueces, cualquiera sea su jerarquía, debe ser respetuoso a lo que le indique la normatividad, pero tampoco es preciso establecer que, estamos en presencia de un acto administrativo de carácter ordinario y no especial. Solo basta leer las consideraciones que tomó el gobierno de turno para expedir el D.457/20, para saber que estamos en presencia de una situación especial y que, si quitamos o borramos esa situación especial creada por aquel bicho invisible, si estaríamos al frente de un acto administrativo ordinario y no especial como en efecto sucede.
 
En resumidas cuentas, ese pronunciamiento que resulta necesario hoy en día esta lejos de ver la luz debido a que, según palabras de nuestro Honorable Consejo de Estado, que por cierto es una entidad bastante morosa, considera que la pandemia ocasionada por el COVID 19, no es una situación especial que ameritaba un acto administrativo de carácter especial sino por el contrario, ese pequeño bicho, muy a pesar de estar haciendo tanto daño hoy en día, tiene características generales. 
 
Mientras eso sucede, es decir, el pronunciamiento judicial necesario, debemos someternos a las discrecionalidades autoritarias de nuestros gobernantes, quienes, como cualquier padre de familia dentro de una tiranía familiar, nos ordena cómo debemos comportarnos, cómo debemos socializar y, lo que es peor aún, cómo debemos vivir nuestra vida. 
 
 
Referencias:


[1] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decision No. 26. CP. Dr. Guillermo Sanchez Luque. Radicación No. 11001-03-15-000-2020-02611-00

Por años se ha manifestado que, el Estado en calidad de contratante, es el mejor empleador que se pueda tener. Un empleador que es respetuoso en el pago de las prestaciones sociales, en el pago oportuno de los sueldos y respetuoso de la dignidad de sus empleados. Es en ese punto-el respeto por la dignidad laboral-en donde entrare a analizar un tema que, hace unos días causo polémica (como cosa rara) en nuestro país y que llamo poderosamente la atención: una denuncia por acoso laboral[1] en cabeza de dos magistrados del Consejo de Estado. Dicha noticia causa asombro por la sencilla razón de que, dos magistrados quienes son los encargados de hacer respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos hoy en día sean acusados de una conducta bastante reprochable.
 
Nuestra Constitución Política consagra, en su artículo 25, el derecho al trabajo en los siguientes términos: 
 
C. Pol. ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. (Lo subrayado y puesto en negrita dentro del texto son míos)
 
El articulo atrás extractado consagra que el trabajo es una modalidad consagrada dentro de los fines esenciales del Estado es decir, el trabajo es una garantía dentro del Estado Social y democrático de Derecho ya que cumple un fin netamente desarrollador de la libre personalidad del trabajador quien, a través de su mano de obra, sea intelectual o muscular, decide desarrollar a plenitud lo que, en su momento, escogió para desarrollar su capacidad laboral. Es así que, al momento en que es escogida la profesión u oficio, el Estado, debe protegerlo, conllevando con ello a que, el Estado debe proteger todos y cada uno de los derechos irrenunciables que hacen parte de este para que, al momento de prestar los servicios, no sean vulnerados por parte de políticas inflacionarias o de, políticas laborales represivas y por último, todo trabajo debe estar garantizado sobre el aspecto del respeto a las condiciones en las que debe ser efectuado, es decir, el trabajo debe ser realizado en condiciones dignas y justas. Indicando con ello que, no basta que el trabajo sea una garantía sino que esa garantía sea real y que, además de ello, exista un respeto por la dignidad humana.
 
En ese orden, en nuestro país existe la L.1010/06 la cual, para efectos de la presente columna, regula el tema del acoso laboralsobre la base de la violación del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas en donde, en el inciso segundo del artículo 1 de la susodicha ley, consagra cuáles son los bienes jurídicos tutelados de la siguiente forma:
 
L.1010/06. Articulo 1 Inc. 2. Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa.
 
Es decir que: la libertad, la intimidad, la honra y salud mental hacen parte de las condiciones dignas y justas que debe gozar todo trabajador y que, al momento en que es vulnerado cualquiera de esos derechos se quebranta el principio del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.
 
La denuncia impetrada por parte de unos funcionarios y exfuncionarios que laboraban en tan importante órgano de cierre se cierne a persecuciones laborales, tratos humillantes, burlas, tratos crueles, es decir, estamos al frente de un claro caso de acoso laboral en la modalidad de violacion al derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Cómo es posible que, tan altos magistrados quienes, y se repite, son los encargados de hacer respetar nuestros derechos entre esos, el respeto al derecho al trabajo, sean acusados hoy en día  de tan reprochable conducta; lo mejor del caso es que, la Procuraduria General de la Nación envío por competencia a la comisión de acusaciones para que investigue tal comportamiento, pero obviando que, en este caso era aplicable la acción de tutela tal como fue manifestado por parte de la Corte Constitucional en sentencia T-882/06[2] de la siguiente forma:
 
La Sala encuentra que cuando el acoso laboral tiene lugar en el sector público, la víctima del mismo cuenta tan sólo con la vía disciplinaria para la protección de sus derechos, mecanismo que no sólo es de carácter administrativo y no judicial en los términos del artículo 86 Superior, sino que no resulta ser eficaz para el amparo del derecho fundamental a gozar de un trabajo en condiciones dignas y justas. Así las cosas, la Sala estima que para los casos de acoso laboral que se presenten en el sector público, la vía disciplinaria puede no ser un mecanismo efectivo para la protección de los derechos de los trabajadores, y por ende la tutela resulta ser el instrumento idóneo en estos casos, sin perjuicio, por supuesto, de la responsabilidad disciplinaria que se le pueda imputar al sujeto activo de acoso laboral.
 
Pero y en gracia de discusión, ante esta situación y en aplicación a lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 10 de la L.1010/06[3], ¿Será que la comisión de acusación suspenderá provisionalmente a los dos magistrados envueltos en tan bochornosa conducta?
 
Solo basta recordar que, sean magistrados o no, deben respetar a la persona, al trabajador, no menospreciar a sus subalternos porque hoy en día no todos los que llegan a ser magistrados están ahí por sus propios méritos sino por una mediocracia.
 
Referencias:

[1] https://www.lafm.com.co/judicial/denuncias-de-acoso-laboral-en-consejo-de-estado-pasan-comision-de-acusacion

[2] M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

[3] L.1010/06. ARTÍCULO  10. Tratamiento sancionatorio al acoso laboral. PARÁGRAFO  2. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por conductas constitutivas de acoso laboral, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, en los términos del artículo 157 de la Ley 734 de 2002, siempre y cuando existan serios indicios de actitudes retaliatorias en contra de la posible víctima.