Establece el preámbulo de nuestra Constitución Política que, Colombia goza de un sistema democrático y participativo[1], indicando con ello el poder del ciudadano en la organización política de nuestro país. Es así que, y según ese estilo de participación existente en nuestra Carta Política, se podría decir que gozamos de cierto tipo de interacción con las instituciones existentes.

Dicho lo anterior, recientemente en columna publicada por parte del Dr. Uprimny[2], este manifestaba sobre la objeción presentada por parte del gobierno con respecto al restablecimiento de los términos para la resolución de los derechos de petición. En este sentido y, según lo expresado por parte del gobierno para la objeción del proyecto legislativo para restablecer los términos para resolver los derechos de petición, era que, básicamente, los términos consagrados en el D.491/20[3], debían mantenerse por existir todavía la pandemia, lo cual provocaba que el desplazamiento físico de los servidores públicos se viera obstaculizado debido a aquello, y ello generó la crítica por parte del columnista.

El gobierno en aras de mantener el status quo creado por la pandemia, transgrede el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución, el cual es del siguiente tenor: 
 
C. Pol ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. 
 
Del artículo atrás extractado se desprende lo que, comúnmente se ha denominado núcleo esencial del derecho de petición, el cual contiene los siguientes elementos:
 

1. La respuesta debe ser pronta: Es lo que se puede llamar como prontitud, el cual se encuentra en los términos de irrestricto cumplimiento para ofrecer la respuesta por parte de la entidad a la que es dirigida la petición. Para este efecto el artículo 14[4] de la L.1437/11, establece unos términos razonables para la resolución de la petición.
2. Se debe resolver de fondo la solicitud: Esto es que, resuelto por parte de la autoridad debe estar acorde con lo solicitado por parte del usuario. En este sentido, no se permiten las respuesta evasivas[5] como tampoco las respuesta que impongan cargas innecesarias[6] al usuario; y por último,  
3. La notificación: Esto es, la comunicación efectiva de lo resuelto por parte del servidor público al usuario.

 
En ese orden de ideas, el derecho de petición, aparte de ser un derecho fundamental, es también un derecho de aplicación inmediata[7] indicando con ello la aplicación directa de los mismos sin formalidades y, la vigencia.
 
En ese sentido, el gobierno al objetar el proyecto mediante el cual se normalizaban los términos para resolver los derechos de petición, ha implementado una relativización de dicho derecho fundamental; en el sentido de establecer una situación-COVID 19-como algo insuperable y, al mismo tiempo, violar la confianza legítima depositada por parte del usuario quien espera que su petición sea resuelta en un término razonable.

Referencias:

[1] C. Pol. PREAMBULO. en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente: (Lo subrayado y puesto en negrita dentro del texto son míos)
 

[2] https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/rodrigo-uprimny/el-gobierno-contra-el-derecho-de-peticion/

[3] Decreto que fue dictado debido a la declaración de emergencia sanitaria provocado por la pandemia del COVID 19. Específicamente, el artículo 5º del susodicho decreto, con respecto a los términos para resolver los derechos de petición manifiesta que: Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:
 
 Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 
 
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. 
 
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. 
 
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.
 
En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. 
 
Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.

[4] Sustituido por el artículo 1 de la L.1755/15. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
 
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
 
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
 
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
 

[5] Corte Constitucional. Sentencia T-165/97. MP. Dr. Jose Gregorio Hernandez Galindo. “La respuesta dada debe resolver el asunto planteado -siempre y cuando la autoridad ante la cual se hace la petición tenga competencia para ello y no esté previsto un procedimiento especial para resolver la cuestión, caso este último, por ejemplo, de los asuntos que deben resolver los jueces en ejercicio de la labor ordinaria de administrar justicia-, es decir, que no se admiten respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra "en trámite", pues ello no se considera una respuesta. Ha de hacerse siempre un juicio lógico comparativo entre lo pedido y lo resuelto, para establecer claramente si se trata o no de una verdadera contestación.”
 
[6] Corte Constitucional. Sentencia T-098/94. MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. “La ausencia de norma jurídica - legal, reglamentaria o estatutaria - que obligue a la peticionaria a presentar en forma escrita la solicitud de afiliación a la entidad demandada, le resta fuerza y validez a la argumentación del juez de tutela, quien estima improcedente la interposición de la acción de tutela por no haberse dado a la autoridad la oportunidad de pronunciarse sobre la solicitud de inscripción. La tendencia racionalizadora de la actividad estatal, que propugna la formalización de los asuntos que se suscitan entre el Estado y los particulares, debe ser morigerada, en lo posible, con la posibilidad constitucional y legal de ejercer verbalmente o por escrito el derecho fundamental de petición conforme cabe esperar del estado social de derecho y de la consideración de los funcionarios como servidores públicos, amén de que el principio de la buena fe ampara, en principio, salvo norma positiva en contrario, la invocación verbal de petición.”(Lo subrayado y puesto en negrita dentro del texto son míos)

[7] C. Pol. ARTICULO 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40.

El artículo 1[1] de la Constitución Política consagra la organización política de nuestro país, esto es, en Colombia rige, para todos los efectos, la forma de gobierno republicano; en donde, dicha forma de gobierno se caracteriza, entre muchas cosas que, las personas que son elegidas a través del voto popular representan al cuerpo ciudadano. A partir de ese momento y, para efectos de un buen entender, esa representación no es más que ese pequeño contrato que se realiza para efectos de un buen gobierno y, de un buen vivir.
 
Por el hecho de existir ese contrato no significa que, el pueblo o, mejor expresado, el ciudadano o cuerpo ciudadano se haya convertido en un pueblo buey[2] el cual es el apetecido por el político imbécil que considera a ese pueblo como necesitado de una autoridad que los guíe[3]. 
 
Retomando entonces el primer párrafo y, sumándole el segundo se puede concluir que, al existir ese tipo de gobierno, ese contrato y esa inexistencia del pueblo buey, encontraremos una participación por parte de la ciudadanía en todos los aspectos políticos, sociales y culturales que rigen nuestro país. Dicha participación, no solamente se materializa a través del voto popular sino también, entre otras, en las demandas que se puedan presentar en contra de las leyes, las cuales, para entenderlas de forma simple, son aquellas que van dirigidas hacia el ciudadano y la sociedad.
 
Leyendo esos tres párrafos se podría decir que los llamados a representar a ese cuerpo ciudadano, sabrían eso y que, además de ello, tendrían un conocimiento de nuestro sistema constitucional, pero no, no lo saben.
 
En días pasados el padre de la patria, el honorable senador de la república Juan Diego Gómez Jiménez, manifestó en un twit lo siguiente: “Muy a pesar de algunos opinadores de izquierda y congresistas de oposición, el congreso es una rama autónoma de poder público, legitimada en su representación popular y nadie puede poner en tela de juicio las leyes aprobadas en sus trámites y su rigor legislativo[4].”. Ese twit nace por las declaraciones de un precandidato presidencial con respecto al incumplimiento por parte del Estado Colombiano a la sentencia emanada por parte de la CIDH a favor del señor Gustavo Petro.
 
El twit demuestra un desconocimiento por completo del sentido de democracia republicana que rige en nuestro país pero, si avanzamos en detalle, no solo demuestra el desconocimiento atrás mencionado sino que, además crea un sistema de desigualdad en materia de opinar, es decir, los opinadores de izquierda y los congresistas de oposición no pueden opinar ya que, la opinión valedera solo es para los opinadores de derecha y de los congresistas de gobierno. Mala cosa.
 
Pero ese no es solo el aspecto que nos puede dejar asombrados y, por qué no decirlo, muertos de la risa[5], ya que considera la autonomía del Congreso como patente de corzo para que nadie coloque en tela de juicio los rigorismos legislativos en los trámites de ley.
 
Si bien es cierto que, el Congreso goza de una autonomía por estar así consagrada dentro de la propia constitución, dicha autonomía no puede ser interpretada como absoluta porque, dicha autonomía está supeditada al respeto a los derechos fundamentales, es decir, el primer límite que encuentra la autonomía pregonada como absoluta por parte del padre de la patria es la constitución. Es así que, la doctrina constitucional ha establecido lo que ha llamado la libertad de la configuración legislativa limitándola al respeto de los principios constitucionales emanados por la carta política y, de las leyes que la limitan siempre y cuando dichas leyes también respeten los postulados de la carta.
 
Como segundo limite a esa autonomía legislativa, se puede encontrar en el artículo 153[6] de la Constitución Política, el cual le permite a la Corte Constitucional realizar un control previo de las leyes estatuarias antes de su aprobación, modificación o derogación. En el susodicho trámite de control previo ante la Corte Constitucional, le permite a cualquier ciudadano intervenir sea para defender esa ley o para impugnarla.
 
Como tercer aspecto que limita esa autonomía legislativa, se encuentra en el numeral 1 del artículo 242[7] de la Constitución Política, al consagrar las acciones públicas que puede ejercer el ciudadano. Es decir, el destinatario de esas leyes puede participar, a través de los procesos jurisdiccionales constitucionales, en calidad de defensor o de impugnador. Por consiguiente, ese pueblo buey mencionado en líneas precedentes, deja de serlo para tener un intervención activa dentro de esas leyes que van dirigidas hacia él.
 
Según esto, la autonomía absoluta que pregona el padre de la patria es solo aparente o, solo se encuentra en su imaginación de pequeño rey.
 
Para finalizar y, seguir la corriente de los memes que circulan en redes sociales: SEÑOR SENADOR SI NO QUIERE QUE NADIE OPINE, NO SE LANCE AL SENADO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES.
 
Referencias: 

[1] C. Pol. ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
 

[2] FERRARIS, MAURIZIO. La imbecilidad es cosa seria. Alianza Editorial. Pág. 71. 2016

[3] Ibidem. Pág. 74

[4] https://twitter.com/Juandiegogj/status/1478457406900293639?t=lEleDuLUl-EPcXHWfBsLHA&s=03

[5] FERRARIS, MAURIZIO. La imbecilidad es cosa seria. Alianza Editorial. Pág. 17. 2016. Manifiesta el autor en cita lo siguiente: “Sin embargo, el verdadero milagro es que mientras el pecador provoca el llanto, el imbecil mueve a la risa, que es precisamente la titánica grandeza de la imbecilidad, la de ser la única desgracia de la que es posible reírse, la única tragedia acerca de la cual es posible expresarse en términos divertissement.·

[6] C. Pol. ARTICULO 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura. 
 
Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla. 
 

[7] C. Pol. ARTICULO 242. Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones: 
 
1. Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública. 
 

Hace unos días, específicamente el año pasado, me fue enviado un video en el cual aparecía una persona que, al parecer, dictaba una charla en una conferencia. En la susodicha charla o conferencia dictada, esa persona manifestaba algo que me llamó mucho la atención y era del siguiente tenor: “el problema que existe en nuestro país no es el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, la delincuencia, no, el problema que enfrenta nuestro país es la ciudadanía quien, al tener el mecanismo propio y, a sabiendas de quienes son, sigue votando por ellos”. Hago la siguiente claridad, no recuerdo quién era la persona que dictaba la conferencia y, he tratado de ser lo más literal posible, pero, en sentido expreso, he colocado el entendido que le di a esa manifestación y ante semejantes palabras o, interpretación dada por parte del suscrito puede entenderse que, el conferencista al hablar de mecanismo lógicamente se está refiriendo a lo que se conoce como el VOTO.
 
Muchos ciudadanos salen a votar sin saber lo que realmente significa ese mecanismo de participación en donde, no en todos los casos, votan por el candidato o candidata que les de una mayor seguridad, votan por miedo o, votan por haber sido comprada su conciencia. En este sentido, debemos recordar que el derecho al voto se encuentra establecido en nuestra Constitución Política de la siguiente forma: 
 
C. Pol. ARTICULO 258. <Artículo modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos. (Lo subrayado y puesto en negrita dentro del texto son míos)
 
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo 9 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.
 
PARÁGRAFO 2o. Se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones.
 
Nótese que, el artículo atrás citado comprende la noción de derecho y deber dando a entender la inherencia del voto con característica de derecho fundamental, desarrollando en pleno lo establecido en el artículo 40[1] de la Constitución Política, esto es, los derechos políticos del ciudadano y, por otro lado, se encuentra como un deber en el entendido de que la participación realizada a través del voto goce de la característica de control ciudadano dentro de la esfera poder público, desarrollando en pleno lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 95[2] de la Constitución Política en concordancia plena dentro de los fines esenciales del Estado, establecido en el artículo 2[3] de nuestra Carta Política, esto es, el Estado está en la obligación de garantizar el derecho-deber del voto.
 
Lógicamente y, en concordancia con lo expuesto en líneas anteriores, debemos descender[4] del Decreto Ley 2241 de 1986[5], específicamente en los numerales 3º y 4º del articulo 1 de la misma codificación[6], los cuales, a groso modo, nos indican lo que, verdaderamente, significa ese derecho-deber del voto, esto es, la verdadera manifestación democrática como ejercicio libre y espontaneo de participación activa dentro de los regímenes políticos imperantes en una sociedad, es decir, el ciudadano perteneciente dentro del colectivo social goza, con plenas garantías para hacerlo, de la participación, del conocimiento y, de imponerse a través del voto.
 
En ese orden de ideas, el voto como mecanismo de participación político y social, goza de la importancia debida dentro del régimen de Estado que impera dentro del colectivo social en donde, y para efectos del derecho-deber del voto, no es más que la expresión del pueblo en las urnas electorales.
 
El voto, para este año en específico, se esta moviendo dentro de una paleta de colores, siempre se ha movido ahí pero nunca se ha querido ver. Siempre se habla de la fiesta de la democracia en donde los participantes a la susodicha fiesta son los ejes principales por gozar del voto en cuestión. Se miran los colores de la paleta, pero debemos vota a conciencia, por el candidato que usted más le convenga pero, eso sí, haciéndolo con la conciencia de la importancia, tal como se ha planteado en la presente columna, de la importancia que goza del voto; por consiguiente y, teniendo de presente la expresión o manifestación del pueblo a través del voto, no botemos el voto, votemos con la conciencia de la importancia del voto que tiene para la sociedad, para nuestra sociedad, para nuestro país.
 
Referencias:

[1] C. Pol. ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 
 
1. Elegir y ser elegido.
 
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 
 
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 
 
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. 
 
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 
 
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. 
 
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública. 
 
[2] C. Pol. ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. 
 
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 
 
Son deberes de la persona y del ciudadano:
 
(…)

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;
 
[3] C. Pol. ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
[4] C. Pol. ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. 
 
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. 
 
[5] Código Electoral.
 
[6] C. E. ARTÍCULO 1° El objeto de este código es perfeccionar el proceso y la organización electorales para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto de los resultados de la voluntad del elector expresada en las urnas.
En consecuencia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral y, en general, todos los funcionarios de la organización electoral del país, en la interpretación y aplicación de las leyes, tendrán en cuenta los siguientes principios orientadores:
(…)
3° Principio de la eficacia del voto. Cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones, se preferirá aquella que dé validez al voto que represente expresión libre de la voluntad del elector.
4° Principio de la capacidad electoral. Todo ciudadano puede elegir y ser elegido mientras no exista norma expresa que le límite su derecho. En consecuencia, las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son de interpretación restringida.
 
 
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Se ha llegado el fin del año 2021, haciéndonos recordar la famosa canción de “faltan cinco para las doce”. Al detallar la letra de la susodicha canción, caemos en las buenas o malas costumbres de hacer un recorrido por todo lo realizado en el año. Como si estuviésemos leyendo un libro en el cual, sus páginas nos hacen ver todo lo vivido y, de cierta forma, recordar aquellos momentos. Esos momentos pueden ser utilizados para el libro al cual, le colocare el título de “voz jurídica 2021”.
 
Dentro de ese libro, lleno de páginas, nos encontramos con las columnas de mis colegas escritores: la Dra. Gloria Yaneth, usando de forma magistral su aspecto de docente; el Dr. Nelson Hurtado utilizando de una forma exquisita la filosofía y, por último, las columnas del suscrito quien, como se han podido dar cuenta, utiliza las noticias. Pero todos tenemos algo en común: somos abogados.
 
Nuestras columnas, desde las diferentes formas de escribir, expresan el cómo vemos el derecho, es decir, utilizamos nuestro lenguaje para hacer denotar, de alguna forma, nuestra visión de abogados dentro de la sociedad. Este lenguaje o, visión que hacemos dentro del libro “voz jurídica 2021”, se resume en lo expresado por NINO[1] quien manifestaba: “…El derecho no es un lenguaje, pero tampoco existe fuera de éste. Y por hallarse sustentado en el lenguaje, y por ser lenguaje vago y en ocasiones equívoco, el derecho, tal como lo señalamos antes en este trabajo, es interpretable, o sea, es objeto de interpretación, una operación que por lo común no conduce a la fijación del correcto sentido y alcance de material normativo interpretado, sino a varios posibles sentidos y alcances no coincidentes entre sí.”.
 
Es decir, en ese libro de nombre “voz jurídica 2021”, todos proponemos una visión de los hechos que ocurren en el día a día del derecho. Utilizando un lenguaje sencillo, pero contundente, de nuestra profesión.
 
Las columnas publicadas que hacen parte de las hojas del libro “voz jurídica 2021”, expresan una devoción y pasión y amor hacia el derecho y, es eso lo que quiere decir NINO al expresarse de la forma de que el derecho no es un lenguaje pero tampoco existe fuera de éste, es decir, el lenguaje utilizado en las páginas del libro “voz jurídica 2021”, es sencillo pero coherente con nuestra profesión de abogados.
 
No podemos olvidar que, en las páginas que formaron ese libro de nombre “voz jurídica 2021” el lenguaje utilizado por parte de quienes nos expresamos en ese susodicho libro, está cargado de una interpretación que hace parte del mundo jurídico en el que nos desenvolvemos diariamente. Tomamos un poco de nuestras neuronas para brindárselas a nuestros lectores para que, de una u otra forma, compartan nuestra visión.
 
No es una obligación seguir nuestra visión, por esa razón en el libro de nombre “voz jurídica 2021”, existe una recomendación de debatir y compartir porque la finalidad de las páginas de ese libro, es el debate constructivo ya que, a través de ese debate, se pueden ver los varios posibles sentidos y alcances de ese mundo jurídico contenido en ese libro.
 
En ese orden, espero que hayan disfrutado de ese libro de nombre “voz jurídica 2021” y que nos ayuden a crear ese otro libro que llevará por nombre “voz jurídica 2022”.
 
 
Referencias:

[1] GRISALES CARDONA, WILLIAM ESTEBAN. De la argumentación jurídica y el lenguaje jurídico. LEYER. 2015. Pág. 24

Desde hace aproximadamente dos semanas, se conoció un articulado que, justa razón, fue duramente criticado. El denominado articulado de ley mordaza, afortunadamente se hundió por no existir un acuerdo conciliatorio[1]; un articulado que armo una polvareda por violentar la libertad de expresión, por establecer un régimen totalitario en contra de la prensa libre y autónoma, unidad de materia y demás. Justa razón de aquellas criticas en contra de ese miquito introducido en una ley que, muy a pesar de llevar el titulo de ley anticorrupción, con ese articulito quebraba por completo el sistema de derecho y de independencia. Lo más llamativo de todo eso fue, en mi criterio, la negación de beneficios y subrogados penales que, establecía, inicialmente, el articulado en mención[2]; es decir, cuando, presuntamente, se injuriaba o calumniaba a un funcionario o servidor público, según el miquito en la susodicha ley, no se podían conceder beneficios o subrogados penales[3]. 
 
Y es que, así como estaba, inicialmente redactada el miquito en la susodicha ley, no permitía ni siquiera la retractación contemplada en el artículo 225[4] de la L.599/00, es decir, si antes de proferirse una sentencia el autor o responsable se retractara de forma voluntaria, se cobijaba con el eximente de responsabilidad penal y, por ende, se extinguía la acción penal en contra de este; sobre este punto en sentencia C-489/02[5] se manifestó que:
 
Sin embargo, aceptando que el contenido de regulación se traduce exactamente en que producida la retractación, en las condiciones previstas en la ley, no habrá lugar a derivar la responsabilidad penal, no cabe deducir de ese contenido normativo que se está ante una exclusión de la culpabilidad. Ciertamente, como consecuencia de la extinción de la acción penal prevista para ese evento por el ordenamiento, ya no será posible que el juez establezca la responsabilidad penal del sujeto. Sin embargo, ello no implica que se haya excluido su culpabilidad.
 
Este es el alcance que tiene la expresión del artículo 225 del Código Penal. La retractación no altera ni el carácter antijurídico de la conducta ni la culpabilidad del agente, pero ha estimado el legislador que ella es indicativa de que no se requiere de la aplicación de la pena y por consiguiente no cabe proseguir el proceso orientado a establecer la responsabilidad jurídico penal por ausencia de necesidad preventiva de sanción penal.
 
Esta solución, en cuanto que descarta la instrumentalización del sujeto a los fines de la prevención general, se inscribe dentro de una concepción humanista del derecho penal, que encuentra claro arraigo en el preámbulo de la Constitución, así como en su artículo 1º, en cuanto que allí se proclama la dignidad de la persona humana como basamento de todo el ordenamiento jurídico del Estado. Del mismo modo, encuentra anclaje en la cláusula del Estado Social de Derecho y en el principio de proporcionalidad, que a partir de distintas disposiciones de la Carta informa todo el ordenamiento, con clara incidencia sobre la legislación penal.
 
Por consiguiente disponer en el caso qué es objeto de análisis, la sustitución de la exclusión de punibilidad, por la extinción de la acción penal con la consiguiente exclusión de la posibilidad de derivar la responsabilidad jurídico penal, es una opción válida del legislador, que se inscribe dentro de una concepción, la del derecho penal fundamentado en la necesidad de la pena, que ha sido avalada por la jurisprudencia constitucional. (Lo subrayado y puesto en negrita dentro del texto son míos)
 
Manifestado lo anterior, también se puede afirmar que, así como estaba redactado el miquito impedía que, el indiciado de ser injuriador o calumniador, obtuviese la rebaja hasta la mitad en caso de aceptación voluntaria de los cargos imputados o, en su defecto, la obtención de una única rebaja en un futuro preacuerdo, tal como lo establece el artículo 351[6] de la L.906/04, es decir, el sistema premial y negocial que impera en nuestro sistema penal oral acusatorio, se deviene en una caída sin retorno.
 
Y, por último, así como estaba redactado el miquito, el condenado por ser injuriador o calumniador, lo que merece es la cárcel ya que, para el delito de calumnia e injuria en contra de servidor publico y a su familia, se excluían los subrogados penales; desconociendo la norma en cita que, los subrogados penales gozan de especial protección porque lo que se está juzgando es a la persona. En este sentido en sentencia C-806/02[7] expreso que: 
 
El fundamento que inspira estos subrogados penales es el derecho que tiene todo condenado a su resocialización, pues como ya lo ha expresado esta Corporación "lo que compromete la existencia de la posibilidad de resocialización no es la drástica incriminación de la conducta delictiva, sino más bien la existencia de sistemas que, como los subrogados penales y los sistemas de redención de la pena, garanticen al individuo que rectifica y enruta su conducta, la efectiva reinserción en la sociedad".
 
Si se analiza la norma tal como se encontraba redactada inicialmente, se estaba creando una nueva especie de sujeto especial de protección constitucional, en donde, según mi criterio, en el susodicho miquito no se estaba protegiendo bien jurídico protegido por la norma, esto es, el buen nombre y la honra, no, lo que se estaba protegiendo era al servidor publico por tener esa calidad, esto es, en el miquito se creó un sujeto pasivo cualificado y por ende, tal como se encontraba ese miquito lo que generaba un desequilibrio dentro del respectivo proceso penal oral acusatorio que rige, en la actualidad, en nuestro país. 
 
Miraba al injuriador o calumniador, sea indiciado, imputado o condenado, como un medio colocándolo como premio en el proceso penal, es decir, se retrocedía en las garantías penales consagradas en el sistema acusatorio, para convertirlo, y se repite, en el premio.
 
De verdad, eso era un tremendo King Kong.


[1] https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/mico-en-la-ley-mordaza-contra-la-prensa-se-cae-en-el-congreso-OA16167854

[2] https://www.elespectador.com/politica/acoso-judicial-propone-carcel-y-multas-por-calumniar-a-funcionarios-publicos/

[3] Ibidem.

[4] L.599/00. ARTICULO 225. RETRACTACION. No habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título, se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación o en el que señale el funcionario judicial, en los demás casos.
 
No se podrá iniciar acción penal, si la retractación o rectificación se hace pública antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia.
 
Referencias:

[5] Corte Constitucional. MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil.

[6] L.906/04. ARTÍCULO 351. MODALIDADES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación.
 
También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso anterior.
 
En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de la imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación.
 
Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales.
Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente.
 
Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes.
 

[7] Corte Constitucional. MP. Dra. Clara Ines Vargas Hernandez

Soy del criterio y, así lo aplico, que antes de hablar o de una expresar una idea, se debe pensar primero. No puede existir una desconexión entre el habla y el cerebro porque, cuando existe esa desconexión, por lo general, se hablan sandeces y, al hablar sandeces, por mucha preparación que se tenga, se puede caer dentro de la categoría de los analfabetas secundarios quienes fueron definidos de forma brillante por Baltasar Gracian en su libro el “El criticon”[1] de la siguiente forma: “Uno que sin haber estudiado es tenido como por docto, sin cansarse es sabio, sin haberse quemado las cejas trae barba autorizada, sin haber sacudido el polvo de los libros levanta polvaredas, sin haberse desvelado es muy lúcido, sin haber trasnochado ni madrugado ha cobrado buena fama, él es un oráculo del vulgo y que todos han dado en decir que sabe sin saberlo.”. Entendiendo el estudio no solo como la capacidad de saber leer y escribir, sino la capacidad de comprensión de lectura e interpretación del mismo para efectos de expresar a través de la lengua, ideas precisas y contundentes. Cuando se olvida esa capacidad de comprensión e interpretación, tal como lo define el autor atrás citado, caemos dentro de una ignorancia de analfabetismo secundario.
 
Manifestado todo lo anterior y, encontrándome revisando mi twitter me encuentro que, el señor Fiscal General de la Nación ha sabido criticar a aquellos abogados que critican el accionar de la fiscalía ya que, detrás de estos existe un delincuente parapetado[2]. Esa afirmación expresada por parte de aquel que tiene más preparación que un yogurt y que ocupa el segundo puesto más importante del país, deja con un sin sabor y más cuando parece no entender el sistema democrático que rige nuestro país.
 
Cuando la Sala Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia, a través de sus sentencias dentro del curso del recurso extraordinario de casación, critica el accionar de la fiscalía, también, según la lógica Barbosiana, detrás de los magistrados existe un delincuente parapetado.
 
Cuando la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha condenado al Estado Colombiano por la falla del servicio por privación injusta de la  libertad, según la lógica Barbosiana, detrás de los consejeros existe un delincuente parapetado.
 
Cuando la Corte Constitucional, por vía de tutela, ha amparado los derechos fundamentales transgredidos por parte del accionar de la Fiscalia, según la lógica Barbosiana, detrás de los magistrados existe un delincuente parapetado.
 
Cuando los fiscales critican el accionar de la fiscalía, según la lógica Barbosiana, detrás de aquellos existe un delincuente parapetado[3].
 
Las críticas que se hagan en contra de una entidad que, según lo establecido en el inciso primero del artículo 250[4] de la Constitución Política, le otorga el deber de adelantar el ejercicio de la acción penal en donde, y como es sabido, ese ejercicio de la acción penal siempre debe ser tenida como una ultima ratio en donde, la susodicha característica, debe estar enmarcada dentro del respeto del debido proceso en claro acatamiento del derecho fundamental de la dignidad humana. En este sentido no podemos olvidar que, debido al cambio producido a través del AL. 03/02, la fiscalía es el primer garante del cumplimiento irrestricto de los derechos fundamentales de los sujetos intervinientes dentro del esquema procesal acusatorio y, entendiendo ese rol fundamental, cuando se equivoca, lógico es hacerle las críticas.
 
Las criticas entendidas, tal como se encuentra expuesto en líneas anteriores y, omitiendo la lógica Barbosiana, son el producto del sistema democrático judicial que rige en nuestro País. Un sistema democrático judicial en donde, las entidades encargadas de ejercer, sea la acción penal o, la acción disciplinaria, se encuentran sujetas al escrutinio, no solo de las partes intervinientes dentro de los referidos procesos, sino también, bajo la lupa de la ciudadanía en general.
 
En ese orden el señor Fiscal General de la Nación, con ese tipo de manifestaciones afirmativas demuestra, una vez más que, desconoce el sistema judicial democrático y, debido a ese desconocimiento se puede afirmar que es un analfabeta secundario.
 
 
Referencias:

[1] DENEAULT, ALAIN. Mediocracia. Cuando los mediocres toman el poder. Turner publicaciones SL. 2019. Pág. 102

[2] https://twitter.com/ParaPenal/status/1469070309928194050

[3] Decreto Ley. 016/2014

[4] C.Pol. ARTICULO 250. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo No. 3 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

Colombia, hoy en día, se ha vestido de gala con la presencia de importantes juristas de talla nacional e internacional, debido a la celebración del Congreso mundial de juristas. Para aquello, fue escogida la ciudad de Barranquilla para que sea la sede oficial a realizar dicho Congreso. Se han leído y escuchado varios discursos de importancia doctrinaria y jurisprudencial, se ha revisado el derecho comparado y, para eso, se han creado los paneles para escuchar tan importantes intervenciones; hubo una que me llamo la atención, no por su contenido politiquero, sino por esto: “Evolucionar en justicia es el primer síntoma y el final de la sociedades fracasadas. El cumplimiento de la ley nacional e internacional, así como la separación de poderes, elecciones libres y periódicas son una garantía que distinguen un régimen democrático[1]”.

Tal como se encuentra expresada se entiende que, la justicia, en una democracia, se agota en dos momentos: 1. Separación de poderes y, 2. Elecciones libres y periódicas. Así como está establecido, podría considerarse parcialmente cierto por la sencilla razón de que, se esta entendiendo la democracia como el mecanismo para ejercer el voto popular, desconociendo que, la democracia, también se agota dentro de los procesos judiciales; por esta razón la frase debe ser leída de la siguiente forma: “EVOLUCIONAR EN JUSTICIA ES EL PRIMER SINTOMA. EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY NACIONAL E INTERNACIONAL SON UNA GARANTIA QUE DISTINGUEN UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO”.
 
La justicia, tal como debe ser entendida, es la satisfacción material del derecho sustancial[2], entendida esta como la “búsqueda de la verdad y adopción de decisiones justas[3]”; por esa razón es que, el Estado, garantiza el libre acceso a la administración de justicia[4], como un fin principal en el Estado Social de Derecho.
 
Conjugando dichas garantías, los mecanismos procesales son entendidos como “medios para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismos[5]”; es decir, los procedimientos establecidos en las normas procesales son un camino para llegar a la satisfacción plena de la justicia material y, por ende, satisfacer, de esa forma, los postulados del Estado Social de Derecho.
 
Cuando se inicia un proceso, se encuentran dos o más partes en conflicto, en donde, en algunos casos, se llama a que concilien sus diferencias. Finalizada esa etapa, en caso de no exista animo conciliatorio, las partes en conflicto llevan sus pretensiones para que se sean resueltas ante un juez imparcial el cual resolverá dicho conflicto, para de esta forma lograr una armonía social.
 
Nótese que, la armonía social se satisface cuando se le garantiza al usuario de la justicia que, sus pretensiones serán resueltas con el respeto al debido proceso y, a la obtención de la justicia material. Esta armonía social es también un pilar de los regímenes democráticos. Por esta razón el numeral 1º del articulo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que: 
 
 Artículo 8.  Garantías Judiciales
 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

En concordancia con el numeral 1º del articulo 25 de la susodicha Convención, el cual expresa que: 
 
Artículo 25.  Protección Judicial
 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

 
Ambos vinculados de forma directa con el numeral 1º del artículo 1º de la ya mencionada Convención, de la siguiente forma:
 
Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos
 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

 
En ese orden un régimen democrático se caracteriza, también, en la evolución de la justicia, pero no una evolución aparente, sino una que satisfaga el cumplimiento de la armonía social. Es decir, el cumplimiento irrestricto del Preámbulo de nuestra Constitución Política[6] y, al momento de llegar a ese cumplimiento de armonía social se satisface la justicia como pilar fundamental de una democracia. En este sentido, en sentencia C-477/05[7] se manifestó lo siguiente: 
 
“El Preámbulo da cuenta del sentido político y jurídico que el Pueblo de Colombia le imprimió a la formulación de la Carta Política de 1991; es decir, indica los principios que la orientan y los fines a cuya realización se dirige y por ello no sólo hace parte de ésta como sistema normativo sino que además tiene efecto vinculante sobre los actos de la legislación, la administracióny la jurisdicción y constituye parámetro de control en los procesos de constitucionalidad.  Y esto es comprensible pues carecería de sentido que una fórmula política y jurídica tan densa de contenidos como la advertida en el Preámbulo, no estuviera llamada a tener implicaciones en los ejercicios de poder subordinados a la teleología en ella señalada.” (Lo subrayado y puesto en negrita dentro del texto, son míos)
 
Es así que, un país que no garantice el cumplimiento del fin máximo de la justicia, no puede pregonarse como un país democrático.

Referencias:

[1] https://www.elheraldo.co/barranquilla/congreso-juristas-barranquilla-nadie-en-sano-juicio-puede-invocar-el-principio-de-no

[2] C. Pol. ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. 
 

[3] Corte Constitucional. SU-061/18. MP. Dr. Luis Guillermo Guerrero Perez. 

[4] C. Pol. ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

[5] Corte Constitucional. T-234/17. MP. Dra. Maria Victoria Calle Correa.

[6] C. Pol. PREAMBULO. En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente: 
 

[7] Corte Constitucional. MP. Dr. Jaime Córdoba Triviño.

Se ha vuelto costumbre que cuando los jueces dictan sus providencias siendo contrarias a los intereses del poder ejecutivo (municipal, distrital, departamental y nacional), los gobernantes de turno las tilden como prevaricadoras[1] y, como era de esperarse, el gobierno actual encabezado por el señor Iván Duque no fue la excepción; quien, en su discurso de instalación del primer encuentro de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, manifestó lo siguiente: “El mandatario dijo que si bien se pueden interponer demandas, sus resoluciones por los jueces "no pueden alterar la capacidad del poder ejecutivo para sancionar y dar aplicación a las leyes que han cumplido su curso" en el Congreso. Duque precisó que se está ante un atropello sin precedentes, por eso pidió a la Comisión de Disciplina Judicial que pueda mostrar y definir los límites de las competencias de los jueces en esa materia. También habló sobre los más recientes pronunciamientos de la rama judicial referentes a la paralización del uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. El presidente Duque manifestó que no puede haber un sentimiento interpretativo que termine afectando o debilitando la capacidad del Estado en su lucha contra el narcotrafico. Aseguró que se está poniendo en riesgo la institucionalidad, "frente el ataque inclemente de la criminalidad"[2].” (Lo colocado en negrita dentro del texto pertenecen al original).
 
Si bien es cierto que, el señor Iván Duque no tildó, de forma directa, las decisiones judiciales como prevaricadoras, si lo hizo de una forma indirecta, y lo hizo desconociendo la existencia del Estado Social de Derecho que rige en nuestro país, el país que, ciertamente, él gobierna.
 
Estamos en presencia de un presidente que, en reiteradas ocasiones, ha tomado el poder-prestado-para vilipendiar las decisiones judiciales cuando no están dentro de los parámetros establecidos de su política y, lo que es peor, y se repite, desconociendo el Estado Social de Derecho que nos rige.
 
En ese orden el Estado Social fue definido por nuestra Corte Constitucional en la sentencia C-579/99[3] [4] de la siguiente forma:
 
La declaración de que Colombia es un Estado social significa que el Estado debe velar por el bienestar de los asociados; es decir, que en vez de asumir una actitud pasiva en torno a lo que sucede en la sociedad - tal como ocurría en el llamado Estado gendarme - debe entrar en acción para - como se señaló en la sentencia SU-747 de 1998 - "contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales." De lo que se trata con la definición del Estado colombiano como un Estado social es de establecer que él tiene la obligación de asegurarle a los asociados unas condiciones materiales mínimas de existencia, lo que implica que debe intervenir con decisión en la sociedad para cumplir con ese objetivo.
 
En este sentido y, según el extracto jurisprudencial citado, el Estado debe actuar con decisión en aras de la protección inmediata de los asociados, pero esa actuación se materializa a través de la rama judicial. Es decir, el poder judicial entra en actuación en pro de la defensa de los intereses, no del Estado, sino de aquellos que, de una u otra forma, sienten vulnerados sus derechos fundamentales por parte de aquel. No se manifiesta que, el juez no pueda actuar a favor del Estado porque ese no es el caso, sino que, al momento de la defensa de los asociados, debe olvidar el poder omnímodo que pueda ejercer el propio Estado y, establecer un equilibrio entre el poder del Estado y, el poder del asociado y, para hacer este ejercicio, el operador judicial deja de ser la voz de la ley para convertirse en interprete de la ley para, de esa forma, ejercer el mandato supremo o, mejor expresado, el fin primordial de todo Estado Social de Derecho que es la JUSTICIA.
 
Al momento de realizar ese ejercicio, el juez no puede ser tildado de prevaricador sino por el contrario, debe ser considerado como el tercero imparcial que, siendo el interprete de la Ley, ha impartido justicia.
 
Ahora bien, con respecto al tema de la Ley de Garantías, no es culpa de la juez administrativa que, el Estado a través del órgano competente no sepa expedir las leyes[5]; con respecto al tema de la fumigación con glifosato, no es culpa de los magistrados que, esté demostrado que ese químico es altamente cancerígeno y que, además de ello, perjudique el medio ambiente[6].
 
Analizadas se puede observar que, las decisiones en su argumentación jurídica no pueden ser tildadas de prevaricadoras,por el contrario, deben ser tomadas como ejemplo de independencia y, por ese hecho, no puede el gobierno de turno pedirle a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que las investigue por el simple hecho de que no les gusta.
 
 
Referencias:

[1] C.P. ARTICULO 413. PREVARICATO POR ACCION. <Ver Notas de Vigencia en relación con el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011> <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

[2] https://caracol.com.co/radio/2021/11/26/politica/1637889629_979543.html

[3] MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

[4] GRISALES CARDONA, WILLIAM ESTEBAN. De la argumentación y el lenguaje jurídico. LEYER. 2015. Pág. 20

[5] https://www.vozjuridica.com/columnista-abogada-gloria-yaneth-velez-perez/clasificacion-de-las-leyes-a-proposito-de-la-modificacion-de-la-ley-de-garantias-columna-de-la-abogada-gloria-yaneth-velez-perez-twitter-juridicaasesora

[6] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Ffileserver.idpc.net%2Flibrary%2FBrochure-glifosato-en-Colombia.pdf&clen=18596847&chunk=true

Dice el adagio popular que después de la tempestad, viene la calma, el cual significa que hay que ser optimistas cuando las circunstancias son adversas[1], pero parece que, en el país del sagrado corazón, esa frase no se aplica. Antes de que se conocieran los argumentos expuestos por parte de la Corte Constitucional con respecto a la tutela del imputado Álvaro Uribe Vélez, había tempestad, cuando se conocieron los argumentos expuestos en el referido proceso, siguió la tormenta y, después, cuando se pensaba que iba a llegar la calma, continuó la tempestad. 
 
Mucho se ha criticado con respecto a las argumentaciones que sirvieron de base para llegar al razonamiento de que, el señor Álvaro Uribe Vélez adquirió la calidad de imputado desde el momento en que se le fue recibida la indagatoria y, al igual que lo anterior, también se han criticado los salvamentos de voto. Ahora se quiere manifestar que hubo presiones de expresidentes para que se tomara un camino o el otro y, a parte de ello, hubo tendencias políticas.
 
Lo primero a manifestar es que, los expresidentes no cumplen ninguna función, solo al terminar su mandato, se convierten en figuras decorativas prestas a cobrar su pensión mensual vitalicia; solo busquen en la Constitución si, en algunos de sus articulados, consagre alguna función que pueda llegar a cumplir algún expresidente de nuestro querido país, pero no se puede negar la gran influencia que tienen ya que detentaron un poder el cual fue prestado de forma momentánea.
 
Con el segundo aspecto, es decir, si las argumentaciones-en pro o en contra-contenidas en el fallo de tutela SU-388/21, tienen las características propias de ser políticas.
 
Lo primero a recordar es que, el articulo 230 Constitucional consagra lo siguiente:
 
C. Pol. ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. 
 
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. 
 
Nótese que, el articulo atrás citado no consagra la injerencia política, por el contrario, consagra cuáles son las fuentes principales de una decisión en donde, al ser concordada con los fines esenciales del Estado consagradas en el articulo 2, también constitucional, desarrollara en pleno el Estado Social de Derecho que nos rige actualmente; pero, y a parte de lo anterior, no podemos olvidar lo establecido en el articulo 5 de la L.270/96 el cual es del siguiente tenor:
 
L.270/96. ARTÍCULO 5º. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA RAMA JUDICIAL. La Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia.
 
Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias.
 
Visto las dos normas en comento y, sin entrar a detallar cuestiones de precedentes verticales ni horizontales, se destaca que, efectivamente la autonomía e independencia pregonada en el artículo 5º de la L.270/96 se refiere al momento de proferir los fallos-cualquiera que sea-en donde no debe existir una injerencia indebida y que, solo la injerencia-si se quiere llamar de esa forma-es la de la propia Constitución y las normas internacionales que han sido ratificadas en nuestro país sin olvidar tampoco las decisiones o interpretaciones realizadas por parte de los órganos encargados de interpretar la normatividad internacional en materia de derechos humanos.
 
Lo que no se encuentra claro, dentro del artículo 5º de la citada Ley 270/96 es lo que se ha llamado el deber de ingratitud[2]. Ese deber de ingratitud que debe poseer todo aquel que ejerza la función de administrar justicia, la podemos encontrar intrínseca en la independencia y autonomía consagrada en el artículo 5º de la L.270/96 al momento de realizar la comparación, necesaria y obligatoria, con el artículo 230 Constitucional.
 
Si bien es cierto que no se debe ser desagradecido, tampoco es menos cierto que, al momento en que se administra justicia como deber social y publico con características propias de esencialidad, se deben desprender, por parte de aquellos que ocupan cargos de jueces y magistrados, de ese racero porque la gratitud debe ser vista como el cumplimiento irrestricto de los principios consagrados tanto en la Constitución como en las normas procesales y, en las normas de derecho internacional que consagran derechos fundamentales.
 
La discusión debe girar es en torno a si, esos magistrados cumplen a cabalidad el deber ingratitud ya explicado y, superada esa discusión, analizar los argumentos de fondo que dieron lugar a la negatoria de la acción de amparo constitucional del imputado Álvaro Uribe Vélez y, también analizar los argumentos expuestos por parte de aquellos magistrados que consideraban que, el imputado Álvaro Uribe Vélez se le había vulnerado el debido proceso. Tal como lo he manifestado en muchas ocasiones, siempre fui del concepto que, el señor Álvaro Uribe Vélez adquirió la calidad de imputado desde el momento mismo en que se surtió la indagatoria en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
 
 
Referencias:


[1] https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59577&Lng=0

[2] https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/rodrigo-uprimny/el-deber-de-ingratitud-column-135677/

Esta semana, como suele suceder en nuestro país, estuvo bastante movida; el turno para el movimiento semanal, era el proceso del imputado Álvaro Uribe Vélez, con respecto al futuro que se estaba jugando el amparo constitucional presentado en contra del juez que, de manera acertada, estableció que, aquel, ya se encontraba imputado por parte de la sala de instrucción penal de la Corte Suprema. 
 
Definitivamente, una semana bastante movida con respecto al pronunciamiento que, en derecho, tenía que proferir la Corte Constitucional el cual, efectivamente, le mantuvo el carácter de imputado al exsenador. Una votación bastante cerrada, fue un 5-4. Pero también estuvo movida entre aquellos que manifestaban que el exsenador se encontraba imputado a raíz de la audiencia de indagatoria, entre los que me incluyo y, de aquellos que manifestaban que no se podía equiparar la audiencia de imputación con la audiencia de indagatoria. Al final y, como todo partido de futbol, si aceptamos el símil, dicho pronunciamiento generó fuertes enfrentamientos a nivel dogmático jurídico-penal, como era de esperarse, pero lo más llamativo del pronunciamiento de la Corte Constitucional, fue el acápite en el cual manifestó que: "Si cualquiera de las partes procesales identificare ámbitos de indefensión de garantías fundamentales sustantivas, podrá solicitar una audiencia innominada ante el juez de control de garantías para efectos de adecuar la actuación procesal en los términos del artículo 10 de la Ley 906 de 2004", leyó el magistrado Linares[1].” 
 
En este sentido, hay que leer-cuando sea publicada- la respectiva sentencia de tutela proferida por parte de la Corte Constitucional, para con el respectivo proceso pero, en estos momentos se puede establecer la siguiente pregunta: ¿EXISTE UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO DE LA ACCIÓN PENAL EJERCIDA POR PARTE DEL ESTADO? La respuesta para la susodicha pregunta es un rotundo y tajante SI, por la simple razón de que, el protagonista o, eje principal de la acción penal es el indiciado, imputado, acusado y, por último, el condenado. Debemos quitarnos de la cabeza que, los protagonistas principales del teatro penal son las víctimas, pensamiento más alejado de la realidad, siempre será aquel sujeto que se encuentra sometido, debido a sus conductas con apariencia de delitos, a la acción penal.
 
En ese orden y, para darle un sustento a mi respuesta, el artículo 10 de la L.906/04, establece lo siguiente:
 
CPP. ARTÍCULO 10. ACTUACIÓN PROCESAL. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial.
 
Para alcanzar esos efectos serán de obligatorio cumplimiento los procedimientos orales, la utilización de los medios técnicos pertinentes que los viabilicen y los términos fijados por la ley o el funcionario para cada actuación.
 
El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos.
 
El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los derechos constitucionales.
 
El juez de control de garantías y el de conocimiento estarán en la obligación de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes.
 
El principio rector transcrito hay que, de forma obligatoria, concordarlo con los artículos 228[2] y 229[3] ambos de la Constitución Política en donde, el primero de ellos-228- establece que “…prevalecerá el derecho sustancial (…)”, mientras que el segundo-229-consagra: “….el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia (…)”. Leyéndolos en su conjunto, esto es, el artículo 10 de la L-906/04 con los artículos 228 y 229 ambos constitucionales, la interpretación a realizar sería la siguiente: Todo sujeto que sea investigado, imputado, acusado y, condenado, tiene derecho a ejercer su defensa bajo los términos del principio de la tutela judicial efectiva; este libre ejercicio del derecho defensivo, por ser inherente al ser humano, debe ser respetado y, garantizado por parte del órgano represor institucional y, por parte de los jueces y magistrados quienes velaran por su cumplimiento, en aras del respeto al derecho a la igualdad real y efectiva que goza los intervinientes y, sujetos procesales dentro de una contienda penal. 
 
En este sentido, se debe separar los conceptos de derechos fundamentales con derechos fundamentales que garantizan el debido proceso, en donde el primero de ellos son aquellos que se encuentran consagrados dentro de la Constitución, mientras que los segundos, son aquellos que, aparte de estar reconocidos dentro de la Constitución, se encuentran también consagrados dentro de las codificaciones procesales. Es ahí en donde se debe recalcar la importancia de la aclaración expuesta por parte de la Corte Constitucional al establecer la indefensión para efectos de acudir al juez de control de garantías a través de una audiencia innominada.
 
Referencias:

[1] https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/alvaro-uribe-corte-decide-tutela-clave-en-proceso-contra-expresidente-631351

[2] C. Pol. ARTíCULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. 
 

[3] C. Pol. ARTíCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.