Hace algunos días atrás se genero una especie de polémica debido a unos comentarios producidos por parte de una médica,  la cual, dentro de un contexto de una conversación sostenida en un grupo de WhatsApp en el que manifestaba un deseo del retorno de las autodefensas para que y dentro del contexto de esa conversación, 'acabaran con 1000 indios en donde, ella daría el dinero para que se cometiese dicho acto y que, si alguien sabía dónde hay que dar el dinero (para que se cometiera dicho acto) ella iría volando a dar dicho dinero'[1].  Como es lógico, dicha conversación virtual se hizo viral debido a unas capturas de pantalla tomadas a la susodicha conversación y, como era de esperarse, la conversación fue duramente criticada.

En ese sentido y, al salir a la luz pública dicha conversación, la médica hizo una serie de declaraciones en donde manifestaba, a través de una entrevista[2]que, se habían publicado sus datos personales y número de teléfono sin su consentimiento y que, además de ello dijo que: “vulnerando la expectativa de privacidad de la información en el contexto de un grupo de mensajería instantánea compartido por compañeros de profesión”.

La viralización de esa conversación virtual, conllevó a que la empresa donde la médico laboraba diera por terminado su contrato de trabajo[3].
 
Dentro del contexto, no se puede desconocer que lo manifestado por la médica es bastante deplorable y más cuando, la época del paramilitarismo en nuestro país es un episodio oscuro dentro de nuestra historia reciente, pero dicha afirmación, en mi criterio, no llega a configurar lo establecido en el articulo 134B-adicionado por la L.1482/11, art. 4º, Modificado por la L.1752/15, art. 3º -de la L.599/00[4], por no reunir los ingredientes normativos, específicamente en sus verbos rectores, los cuales son los que configuran la tipicidad de la conducta; pero ese aspecto lo ventilará la autoridad correspondiente dentro de una eventual denuncia que se llegaré a presentar en contra de la susodicha ciudadana.
 
Pero el tema del debate no es ese, el tema que me llamó la atención es lo afirmado por aquella en la entrevista concedida en la cual manifiesta que 'se le había vulnerado la expectativa de privacidad' y en ese sentido considero que la ciudadana comete un graso error.
 
Para llegar a esa conclusión, lo primero que debemos hacer es la de establecer la finalidad del grupo que fue conformado. Esto es, el motivo con el que fue creado dicho grupo virtual de conversación a través de mensajería instantánea y según las publicaciones realizadas a través de medios escritos[5], en los cuales aparecen las capturas de pantalla, se denota con claridad que, dicho grupo virtual fue creado (dentro de tantas causas) como la de establecer una comunicación con compañeros de trabajos, es decir que el chat grupal goza de una finalidad laboral. Y en un contexto jurídico según la sentencia T-574/17[6], se trató por la Corte Constitucional una situación similar y se expuso que: 
 
“La Sala constató que no se había violado el derecho a la intimidad dado que (i) la conformación del chat así como el creador y administrador del mismo, indican que el espacio virtual creado en uso de la tecnología puede considerarse análogo a lo que la jurisprudencia constitucional ha considerado un espacio semiprivado; (ii) la información que allí circulaba era, al menos prima facie, semiprivada, de manera que de ella no se predican los límites que se adscriben a la privada o reservada; (iii) la información producida en el grupo “Distribuciones Cúcuta” tenía la vocación de circular entre los participantes del mismo y, en atención a que entre ellos se encontraban también representantes de los empleadores, no existe objeción a que sobre esa base dichos representantes la transfirieran a sus representados, (iv) cuando en su condición de trabajador e integrante del grupo “Distribuciones Cúcuta” el accionante (a) aceptó hacer parte del grupo creado, (b) interactuó en el mismo, (c) envió notas de voz alusivas a su trabajo -en las que expresaba desacuerdos con el empleador e insinuaba la manera en la que sus compañeros debían proceder en dicha situación- y (d) no manifestó en momento alguno su decisión de abandonarlo, reconoció la posibilidad de que la información circulara entre todos aquellos para los que resultaba relevante; (v) el accionante no podía esperar que la información no circulara entre los órganos de administración y dirección de Nutresa, de manera que en este caso específico la existencia de una expectativa de privacidad en los términos que han quedado expuestos, no podía afirmarse. En síntesis ni de la conformación del grupo, ni de su finalidad, ni de pauta o regla alguna para su funcionamiento, puede desprenderse dicha expectativa: no se trataba de información íntima o sensible, ni que interesara –considerando la naturaleza de las actividades a las que se refería - solo al accionante y era claro que el accionante conocía que en el grupo participaban representantes del empleador.”
 
Dentro del marco de las publicaciones periodísticas[7] y, aplicando el extracto jurisprudencial atrás citado, se puede destacar que: 1. El grupo conformado a través de la susodicha aplicación de mensajería instantánea, los participantes o miembros en ella, son trabajadores de la empresa o clínica en donde laboraba la médica. Se llega, también a esta conclusión por lo manifestado por ella, quien dijo que dicho grupo fue creado “…en el contexto de un grupo de mensajería instantánea compartido por compañeros de profesión”. 2. A raíz de dicho comentario, le fue terminado el contrato de trabajo con la empresa, es decir, el grupo de mensajería instantánea tenía la finalidad propia de la empresa en donde, y se destaca, refleja la imagen de ésta y, 3. Se está, según lo establecido en el precedente atrás citado, al frente de una información semiprivada[8].
 
Siendo así las cosas, mal hace la médica al referirse, con respecto a la divulgación de la mentada información, como una vulneración a la expectativa de privacidad. 
 
Tampoco puede manifestar la médica que, al momento en que se publican su imagen y teléfonos se le vulneró también su expectativa de privacidad y más cuando, tal como se puede constatar vía redes sociales, las imágenes y números telefónicos, fueron tomados directamente de sus redes sociales las cuales ella misma las tiene abiertas al público en general.
 
No se puede desconocer que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental en el cual subyacen varios derechos de carácter ius fundamental tales como: la libertad de expresión y la dignidad humana, pero, tal como ha sido sostenido de manera pacífica por parte de nuestra Corte Constitucional, el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto y por ende, puede ser limitado.
 
 
Referencias:

[1] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/16/que-vengan-las-autodefensas-y-acaben-con-unos-1000-indios-rechazo-a-medica-en-cali-que-propone-financiar-genocidio-indigena/

[2] Ibidem

[3] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/17/clinica-cancelo-contrato-a-cirujana-por-mensajes-racistas-contra-indigenas-del-cauca/

[4] ARTÍCULO 134B. HOSTIGAMIENTO*. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1752 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que la conducta constituya delito sancionable con pena mayor.
PARÁGRAFO. Entiéndase por discapacidad aquellas limitaciones o deficiencias que debe realizar cotidianamente una persona, debido a una condición de salud física, mental o sensorial, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
 

[5] Ver notas al pie de página 1 y 2.

[6] Corte Constitucional. MP. Dr. Alejandro Linares Cantillo

[7] Ver notas al pie de página 1 y 2.

[8] Corte Constitucional. Sentencia T-574/17. MP. Dr. Alejando Linares Cantillo. La información semi-privada corresponde a aquella información que no es pública, pero que se encuentra sometida a “algún grado de limitación para su acceso” (…) de manera que “se trata de información que sólo puede accederse por orden de autoridad judicial o administrativa y para los fines propios de sus funciones, o a través del cumplimiento de los principios de administración de datos personales” (…). En esa dirección esos datos son “aquellos que no tienen naturaleza íntima, reservada, ni pública y que, por ende, su conocimiento puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general” (…). Entre la información que encuadra en esta clasificación se encuentra, por ejemplo, la relativa al sistema de seguridad social –con exclusión de la historia clínica-, la administrada por las bases de datos de información financiera (…), la recaudada y almacenada por los Centros de Reconocimiento en el RUNT de conformidad con las normas de tránsito (…), los datos contenidos en el Registro Único de Seguros (…), los datos incluidos en el Registro de la propiedad de perros altamente peligrosos (…), la información sobre aportes, contribuciones y créditos, que reciben las campañas políticas (…) y la información sobre la pertenencia a un partido o movimiento político de los miembros (…). Respecto de esta información, la resistencia a su divulgación es reducida en tanto corresponde a materias que, a pesar de referirse al individuo, revisten una importancia clara y significativa para el cumplimiento de funciones o tareas asignadas a otras personas. En estos eventos, las razones constitucionalmente admisibles para acceder a la información, están vinculadas al cumplimiento de las tareas o funciones ejercidas por quien tiene interés en conocerla. Se trata entonces de información que tiene una vocación de circulación restringida. El desconocimiento de los fines previstos para su circulación así como de las condiciones para su divulgación, constituye una infracción no solo del derecho a la intimidad, sino también de otras garantías como el habeas data.

Desde el día 28 de abril hemos visto un sinnúmero de manifestaciones pacíficas, las cuales se han visto empañadas por personas inescrupulosas que, al aprovechar la coyuntura que provoca una manifestación de gran envergadura, se infiltran para cometer actos de pillaje y de vandalismo. Dichos actos atípicos que se han presentado dentro de las susodichas manifestaciones, ha sido repelida por parte de las fuerzas policiales de nuestro país pero, dicha forma de repeler esos actos, de una u otra forma ha sido desmedido porque no han hecho una verdadera diferenciación entre quienes se manifiestan de forma pacífica y, los muy pocos, que han salido a provocar, de una forma oportunista, actos vandálicos y de pillaje.
 
También se ha visto que, la fuerza policial en vez de utilizar las armas letales, ha utilizado un arma que, por lo general, apacigua los ánimos y, por lo que ha enseñado la experiencia, se obtienen mejores resultados; dicha arma ha sido el dialogo, pero no un dialogo como una mera intención sino por el contrario, un dialogo que se traduce en una negociación. 
 
En estos diálogos se denota con claridad la fraternidad que debe existir entre la fuerza armada y la población que no se encuentra armada. Una fraternidad que conduce a una liberación de cargas pero sobre todo, a una liberación en condiciones de igualdad. En este sentido es bueno traer a colación, de nueva forma, las palabras de Octavio Paz[2], el cual manifestaba que: 
 
A mi modo de ver, la palabra central de la tríada (libertad, igualdad, fraternidad) es fraternidad. En ella se enlazan las otras dos. La libertad puede existir sin igualdad y la igualdad sin libertad. La primera, aislada, ahonda las desigualdades y provoca tiranías; la segunda oprime la libertad y termina por aniquilarla. La fraternidad es el nexo que las comunica, la virtud que las humaniza y las armoniza. Su otro nombre es solidaridad, herencia viva del cristianismo, versión moderna de la antigua caridad. Una virtud que no conocieron ni los griegos ni los romanos, enamorados de la libertad pero ignorantes de la verdadera compasión. Dadas las diferencias naturales entre los hombre, la igualdad es una aspiración ética que no puede realizarse sin recurrir al despotismo o la acción de la fraternidad. Así mismo, mi libertad se enfrenta fatalmente a la libertad del otro y procura anularla. El único puente que puede reconciliar a estas dos hermanas enemigas-un puente hecho de brazos entrelazados-es la fraternidad. Sobre esta humilde y simple evidencia podría fundarse, en los días que vienen, una nueva filosofía política. Solo la fraternidad puede disipar la pesadilla circular del mercado. Advierto que no hago sino imaginar o, más exactamente, entrever, ese pensamiento. Lo veo como el heredero de la doble tradición de la modernidad: la liberal y la socialista. No creo que deba repetirlas sino trascenderlas. Sería una verdadera renovación.
 
En ese orden de ideas, según lo manifestado por parte del autor en cita encontramos que, la fraternidad se traduce como una especie de deber civil para conjurar crisis como la que se está presentando en la actualidad. 
 
Nótese que, se ha mencionado la el deber civil que subyace dentro de la fraternidad, en donde debe ser visto de esa manera porque, si se observa de otra forma estaríamos al frente dos funciones que chocan entre sí: la primera es el derecho a la protesta pacífica y la otra, el deber de protección por parte de las fuerzas policiales de defender los bienes y la vida de todas aquellas personas que, se manifiestan y de las que no lo hacen. Es ahí en donde la fraternidad vista desde el punto de vista moral y ético planteado por parte del autor en cita, se termina convirtiendo en el puente necesario para llegar a una solución. 
 
No se puede estar de brazos cruzados haciendo recriminaciones ni estigmatizaciones como lo hace el gobierno de turno, porque su deber es la de unir al pueblo, un pueblo que se siente cansado, que siente la carga de una kakistocracia[3] la cual, en el estado actual de las cosas, se muestra indolente ante las peticiones, viables y otras no tanto, de los manifestantes pacíficos. 
 
Estamos en un estado actual en donde la fraternidad no puede pasar desapercibida por ninguna de las partes, es el colocarse en los zapatos del otro para lograr la comprensión necesaria; una comprensión que se lograría, tal como está sucediendo en algunos casos, con el dialogo negociado. 
 
Hay que recordar que, la fraternidad como puente necesario entre manifestantes y policía nacional, demostraría al gobierno que, los actos fraternos crean la libertad necesaria que, a la hora de la verdad, es la buscada por todos.

Referencias:

[1] Columna basada en un hilo publicado en mi perfil de Twiteer @ManuelE_abogado, el día 20 de octubre de 2020.

[2] La otra voz. Citado por Jesus Silva-Herzog Marquez, en “La idiotez de lo perfecto”. Pág. 167.

[3] Ibidem. Pág. 90. Para Bobero, la kakistocracia es la combinación de la tiranía, la demagogia y la oligarquía, el pésimo gobierno, el gobierno de los peores.

Las protestas que se originaron a raíz de la ya “retirada” reforma tributaria, se han mantenido con el paso de los días. Protestas que, si analizamos de forma detallada, tienen un origen más profundo que, ha sido producto de una política neoliberal implementada desde el año 1991 con la llegada al poder del señor Cesar Gaviria y se han extendido a lo largo de los años. Pero esto no es el asunto de la presente columna; es lo referente a que, en días pasados tanto gobierno como centrales obreras y promotores de la protesta, hicieron hincapié en sentarse en una mesa para llegar a unos acuerdos, todo esto con el fin de que el país salga adelante. El gobierno de turno manifestó el de establecer un dialogo mientras que, las centrales obreras y promotores de la protesta pacífica establecían que, lo pretendido, por parte de ellos, era una negociación del pliego de peticiones.
 
Nótese que, el verbo intransitivo, esto es el de dialogar utilizado por parte del gobierno significa[1]: 1. Hablar [una persona] con otras sobre algo alternando los turnos de palabra. "mientras tanto, en la torre don Martín dialogaba con el oficial de la puerta" 2. Discutir sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. "los presidentes argentino y brasileño dialogarán sobre la situación económica que atraviesa el Mercosur"; mientras que, el verbo intransitivo-transitivo, esto el de negociar utilizado por parte de las centrales obreras y promotores de la protesta pacífica significa[2]: 1. Tratar un asunto para llegar a un acuerdo o solución. "se reunieron para negociar el tratado de comercio" 2. verbo intransitivo Realizar operaciones comerciales con la intención de obtener un beneficio. "se dedica a negociar con productos del campo" 3. verbo transitivo Ajustar el traspaso o descuento de un efecto comercial. "negociar una letra"
 
En ese sentido y, logrando entender lo pretendido por las partes, lo primero a establecer es que, ambos verbos gozan de un significado completamente diferente en donde, el primero de ellos solo existe una intención de llegar a un acuerdo mientras que, en el segundo de ellos la de obtener un acuerdo o una solución; es así que, cuando estamos en presencia sea de un dialogo o de un negocio la voluntad de las partes depende, no del animo con el que se llega a una mesa sino de lo que realmente se pretende al momento de llegar a sentarse en una mesa. 
 
Un gobierno que pretende dialogar con la simple intención de llegar a un acuerdo vulnera los principios constitucionales consagrados tanto en el preámbulo contenido en nuestra Carta Política como, así mismo, vulnera los fines esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho contenido en el mismo cuerpo constitucional, porque en él recaen las responsabilidades propias de todo gobierno a favor de los administrados quienes, en un acto de voluntad renuncian y entregan la representación a quien consideran que debe gobernar.
 
El fin de un gobierno, según el preámbulo es el de buscar la unidad mientras va garantizando el cumplimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos tal como lo establece el artículo segundo constitucional.
 
No puede existir un dialogo cuando solo se tiene una voz la cual, según se observa del cómo se ha ido manejando la protesta pacífica por parte del gobierno de turno, en una desconexión total, es una sordera que le impide escuchar los gritos desesperados del pueblo, pero dicha sordera solo puede decirse que es algo aparente por la sencilla razón de que, tiene oídos para escuchar, no los gritos, sino los murmullos que protegen los intereses particulares.
 
Una negociación en cambio brindará garantías de cumplimiento porque estará revestido de fuerzas vinculantes para las partes. Es bueno recordar que, cualquier tipo de negociación estará revestida por el principio de la buena fe consagrada en el artículo 83 Constitucional y tendrá las características propias de cualquier negocio jurídico porque, a la hora de la verdad, eso es lo que quiere el pueblo que grita desesperada en las calles solicitando que se les preste atención.
 
Una negociación por gozar de fuerzas vinculantes entre las partes, unas manifestaciones claras que producirán los efectos jurídicos deseados, esto es, una verdadera reconciliación que puede llegar ser tomada como una paz entre los ciudadanos.
 

Referencias:

[1] https://www.google.com/search?q=dialogar+significado&rlz=1C1OKWM_enCO903CO903&oq=&aqs=chrome.2.69i59i450l8.286469340j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#dobs=dialogar

[2] https://www.google.com/search?q=dialogar+significado&rlz=1C1OKWM_enCO903CO903&oq=&aqs=chrome.2.69i59i450l8.286469340j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#dobs=negociar