“Teoría de la hijoputez”
Por: abogado Nelson Hurtado Obando
Twitter @abogadohurtado
Es el título sincopado de “Hacia una teoría general de los hijos de puta”, texto publicado por el médico Marcelino Cereijido y que bien vale la pena leer, releer y reestudiar, pues es altamente probable la demostrabilidad de sus hipótesis y quizás sea el punto de partida de la “vuelta atrás” [no-retorno] a asuntos del comportamiento social cuyo estudio en gran medida abandonó “el organicismo” y que como sociedad y en especial desde el derecho como máxima conquista de la civilización humana nos pudiera arrojar luces sobre la avalancha de oscuridad e incertidumbre que nos cubre y nos asfixia.
La amenaza de la democracia es real y es un hecho creciente en todo el mundo pero con especial significación en Latinoamérica cuyo desarrollo y de manera inocultable puso su “blanco” en Colombia como cúspide objetiva por su significación en el contexto geopolítico.
Como lo describió Moynihan, <<Cuando las reglas…se infringen una y otra vez…las sociedades tienen tendencia a “rebajar lo que se considera una desviación” y de este modo “lo que antes se consideraba anormal pasa a considerarse normal”>>
Esta semana termina con acumulados históricos en materia de antidemocracia. La presea ha de dividirse entre el acumulado de Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín y los acumulados por una jueza de la República que sin lugar a dudas rebasa todos los topes del “activismo judicial” con su derogatoria de la presunción de inocencia al decretar la libertad de unos personajes “no porque sean inocentes sino por falta de pruebas” y adosada a la anterior la sentencia de la Corte Constitucional que apartándose de la dogmática jurídico-penal y de toda filosofía decide que entre un acto de un sistema procesal penal que se mantiene con “respiración mecánica” y otro acto de otro sistema procesal penal con ostensible “baja saturación”, hay equivalencia sin desconocimiento de garantías y derechos; reitero que no soy uribista, ni de ningún otro “-ista o -ismo” distintos a civilista, civilismo, ciudadanista, ciudadanismo, humanista y humanismo y sumado a todo lo anterior y en nuestro sentir la mayúscula del presidente de la República Iván Duque Escobar que desacata no solo la decisión de un juez constitucional, sino a la misma Constitución, bajo el entendido que una ley ordinaria no puede derogar una ley estatutaria y que la obligación de “objetar por inconstitucionalidad” una ley, es mandato para ser cumplido de modo parcial o total y en todo caso cuando como es de visu la norma a ser objetada rompe la definida “unidad de materia”. Simple, sancione la ley señor presidente y objete parcialmente por el abierto artículo, inciso o parágrafo ostensiblemente inconstitucional.
Es que con eso de “Un juez de la República no le puede decir a un presidente qué debe objetar o qué no debe objetar…” se levanta S. Bolívar de su lecho de enfermo para repetir: “Los tres más insignes majaderos del mundo hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo”.
Seis meses o a un año, atrás en nuestro discurrir de “país político y país nacional” el proceso antidemocracia ha estado precedido de la respuesta ciudadana [derecho a la protesta pacífica] o derecho a simple “indignación de bicarbonato con limón” que no alcanza a rayar el duro “teflón constitucional” que blinda bajo “el mismo derecho” a violentos antivacunas, antitapabocas, antiesmad, procorrupcionistas, promentiras, prodelincuencistas, populistas, progresistas, libertaristas de nuevo cuño y clubes mundiales de “economías de fraternidad capitalista-comunista” y de no pocas “sociedades secretas” a quienes harto reditúa el fuego, el incendio, el vandalismo, el saqueo, el bloqueo de carreteras y todo su portafolio de mentiras, noticias “fake”, agresiones y violencias.
En materia jurídica [por más que algunos lo pretendan] la autonomía del juez no llega al extremo de poder traspasar los linderos de los campos filosófico-jurídicos para situar sus decisiones en el fangoso campo del “criterio del juez” y menos para sostenerlas en el contexto de la seguridad jurídica; a “criterio del juez”, las citas antes hechas.
Si en la “Teoría de la hijoputez” hay sentido plausible desde la comprensión de la “explicación biológica” y sin pretender extrapolarla íntegramente a la sociedad para comprenderla, sí podríamos acercarnos a esos “agujeros negros” y sus “horizontes de sucesos” que aun en un estado Social de derecho…democrático, son pulsiones abiertamente antidemocráticas de tal modo que las tendencias hacia uno o varios apartheid y desde diversos “puntos de fuga” no son improbables.
Sin duda ninguna y con mayor acento la crisis de la democracia en Latinoamérica acusa al menos una de las variables que se han detectado en las crisis de la democracia de EE. UU. y que muchos estudiosos han señalado como la “crisis de la contención institucional”.
Para el tiempo presente nos atrevemos a decir por Colombia y especialmente por Medellín por ser escenario próximo, que la crisis que se padece es la “crisis de la contención constitucional”, la crisis del “pacto político” por su deriva hacia la politización de la institucionalidad incluida la propia rama jurisdiccional. Una cosa es el derecho como expresión política y otra cosa es la política expresada en el derecho, de tal modo que en lo que nos es cercano, nuestro “pacto político” tiene “más rotos que la bandera de Palonegro” que han sido zurcidos como obras maestras desde la “alquimia y la filigrana” político-jurídica.
Nos hemos equivocado ¿? o nos han equivocado el destino común. Los primeros ataques antidemocráticos en nuestra historia reciente han sido lanzados desde el propio “pacto político” desde el cual deriva pretensa legitimidad la conversión de toda “anormalidad en normalidad” como hechos sociales ajenos, inmunes y neutros a toda valoración plausible jurídico-democrática en un contexto supuesto de libertad, pero aniquilada por estados de “necesidad y temor” y ampliados en los ecos de profusa mentira.
De otro modo, el barón de Montesquieu, [podríamos decirlo ahora y vinculado al tiempo presente] no fue más que un “prominente arquitecto” que a pesar de la excelsitud estética de su legado a la humanidad no pudo prever que “el techo” del edificio político-democrático y jurídico iba a ser agujereado por el “desentendimiento” que la ambición produciría en lo que la civilización humana ha señalado como rumbo plausible y fundamental.
De otra manera, la ciudadanía de Medellín está convocada, más allá de 305.000 firmas a ejercer el sacro derecho a la protesta pacífica, porque eso es en toda su dimensión civilista, política, jurídica, democrática y humana el ejercicio de la revocatoria del mandato del alcalde Quintero Calle.
La etapa que sigue en ese proceso podría decirse que es de “deporte extremo” y lo es porque demanda en primer lugar la forja de un discurso civilista, de alta cultura política y democrática, un discurso que debe superar la arenga y la consigna propia del actual empresariado electoral [todos, absolutamente todos los actores en el actual escenario] que fluya como aceite sobre las oxidadas piezas de la maquinaria oficial y paraoficial para lograr su desmonte pieza a pieza.
¿Asunto de seguridad? Claro que sí, pero desde su amplio y alto horizonte que nos enseña a dudar y desconfiar de los “ofertantes de seguridad” como “respuestas políticamente correctas” a las “contradictorias demandas ciudadanas” que en escenarios de “no-libertad” [necesidad-temor] son puestos en situaciones de “peligro inminente normal o tolerable” para su integridad, su vida, su libertad y sus bienes y “tranquilizados” con el ”discurso oficial” y reforzado por la “normalización tecnológica” y el presupuesto público o con la presencia “alcaldadesca” y por TV., en el sitio por donde corren tumultuosas las aguas de una quebrada no salida de cauce, sino en busca naturalmente inmanente de su cauce.
Protesta pacífica, sí y eso debe ser la acción de revocatoria del mandato que en Medellín ha de constituir precedente democrático para la República, precedente que abra las puertas a una cultura política madura que pueda acendrar entre ciudadanos y políticos que existen límites constitucionales y legales que no pueden sobrepasarse sin daño a la humanidad.
Lamentable desde la “Teoría de la hijoputez” que tres damas concejalas de Medellín en su supuesta apelación a “sus propios principios” al contrario y de narices frente a la realidad de la que participan, dejaran ver que carecen de todos ellos, al menos en el contexto de la civilidad, la democracia, el bien común y nada qué decir del concejal “corredor” y dejo claro que no me refiero a sus “traiciones” a su “empresa electoral” sino a la propiciada a la dignidad institucional democrática, al mandato ciudadano de administrar bien la ciudad, que por las toneladas de información que circulan en los medios y en las redes no lo está siendo bajo la batuta del alcalde Quintero.
Hemos tenido desde hace años una preocupación y la resumimos en esta pregunta: ¿qué le pasaría al patrimonio de EPM si “TIGO” [Une-Millicom] no puede crecer, ni hacerse sostenible?
¿Cuál es el fondo de “elegir” contralores [municipales y departamentales] bajo el pleonasmo de procesos “meritocráticos cuestionados”? ¿Olvidan Medellín y Antioquia las azarosas gestiones de estos órganos de control en los últimos años?
Y que La Bolsa se mueva en estos escenarios no es coincidencia, ni es “fallo del mercado que el mercado mismo deba corregir”; además de la cacería accionaria [OPA] formulada por los Gilinsky por Nutresa [GEA] y con sobreprecio por acción, la oferta se ha sentido por su mayor peso político dadas las “buenas relaciones” y amistad de los ofertantes con Petro y de este con el alcalde de Medellín que no puede ocultar su tirria por el GEA.
La OPA de los Gilinsky más tiene de la “fraternidad” a que hemos aludido.
La “Teoría de la hijoputez” consideramos que satisface plenamente los requerimientos argumentativos para decir: sí a la revocatoria del alcalde de Medellín, a madurar en cultura política, a no elegir desde el “tamal en el estómago”.
Somos animales humanos; “una babosa no tiene cerebro pero sobrevive por cuanto es capaz de interpretar la realidad”, ergo, el reto de Medellín y de Colombia es…
La amenaza de la democracia es real y es un hecho creciente en todo el mundo pero con especial significación en Latinoamérica cuyo desarrollo y de manera inocultable puso su “blanco” en Colombia como cúspide objetiva por su significación en el contexto geopolítico.
Como lo describió Moynihan, <<Cuando las reglas…se infringen una y otra vez…las sociedades tienen tendencia a “rebajar lo que se considera una desviación” y de este modo “lo que antes se consideraba anormal pasa a considerarse normal”>>
Esta semana termina con acumulados históricos en materia de antidemocracia. La presea ha de dividirse entre el acumulado de Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín y los acumulados por una jueza de la República que sin lugar a dudas rebasa todos los topes del “activismo judicial” con su derogatoria de la presunción de inocencia al decretar la libertad de unos personajes “no porque sean inocentes sino por falta de pruebas” y adosada a la anterior la sentencia de la Corte Constitucional que apartándose de la dogmática jurídico-penal y de toda filosofía decide que entre un acto de un sistema procesal penal que se mantiene con “respiración mecánica” y otro acto de otro sistema procesal penal con ostensible “baja saturación”, hay equivalencia sin desconocimiento de garantías y derechos; reitero que no soy uribista, ni de ningún otro “-ista o -ismo” distintos a civilista, civilismo, ciudadanista, ciudadanismo, humanista y humanismo y sumado a todo lo anterior y en nuestro sentir la mayúscula del presidente de la República Iván Duque Escobar que desacata no solo la decisión de un juez constitucional, sino a la misma Constitución, bajo el entendido que una ley ordinaria no puede derogar una ley estatutaria y que la obligación de “objetar por inconstitucionalidad” una ley, es mandato para ser cumplido de modo parcial o total y en todo caso cuando como es de visu la norma a ser objetada rompe la definida “unidad de materia”. Simple, sancione la ley señor presidente y objete parcialmente por el abierto artículo, inciso o parágrafo ostensiblemente inconstitucional.
Es que con eso de “Un juez de la República no le puede decir a un presidente qué debe objetar o qué no debe objetar…” se levanta S. Bolívar de su lecho de enfermo para repetir: “Los tres más insignes majaderos del mundo hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo”.
Seis meses o a un año, atrás en nuestro discurrir de “país político y país nacional” el proceso antidemocracia ha estado precedido de la respuesta ciudadana [derecho a la protesta pacífica] o derecho a simple “indignación de bicarbonato con limón” que no alcanza a rayar el duro “teflón constitucional” que blinda bajo “el mismo derecho” a violentos antivacunas, antitapabocas, antiesmad, procorrupcionistas, promentiras, prodelincuencistas, populistas, progresistas, libertaristas de nuevo cuño y clubes mundiales de “economías de fraternidad capitalista-comunista” y de no pocas “sociedades secretas” a quienes harto reditúa el fuego, el incendio, el vandalismo, el saqueo, el bloqueo de carreteras y todo su portafolio de mentiras, noticias “fake”, agresiones y violencias.
En materia jurídica [por más que algunos lo pretendan] la autonomía del juez no llega al extremo de poder traspasar los linderos de los campos filosófico-jurídicos para situar sus decisiones en el fangoso campo del “criterio del juez” y menos para sostenerlas en el contexto de la seguridad jurídica; a “criterio del juez”, las citas antes hechas.
Si en la “Teoría de la hijoputez” hay sentido plausible desde la comprensión de la “explicación biológica” y sin pretender extrapolarla íntegramente a la sociedad para comprenderla, sí podríamos acercarnos a esos “agujeros negros” y sus “horizontes de sucesos” que aun en un estado Social de derecho…democrático, son pulsiones abiertamente antidemocráticas de tal modo que las tendencias hacia uno o varios apartheid y desde diversos “puntos de fuga” no son improbables.
Sin duda ninguna y con mayor acento la crisis de la democracia en Latinoamérica acusa al menos una de las variables que se han detectado en las crisis de la democracia de EE. UU. y que muchos estudiosos han señalado como la “crisis de la contención institucional”.
Para el tiempo presente nos atrevemos a decir por Colombia y especialmente por Medellín por ser escenario próximo, que la crisis que se padece es la “crisis de la contención constitucional”, la crisis del “pacto político” por su deriva hacia la politización de la institucionalidad incluida la propia rama jurisdiccional. Una cosa es el derecho como expresión política y otra cosa es la política expresada en el derecho, de tal modo que en lo que nos es cercano, nuestro “pacto político” tiene “más rotos que la bandera de Palonegro” que han sido zurcidos como obras maestras desde la “alquimia y la filigrana” político-jurídica.
Nos hemos equivocado ¿? o nos han equivocado el destino común. Los primeros ataques antidemocráticos en nuestra historia reciente han sido lanzados desde el propio “pacto político” desde el cual deriva pretensa legitimidad la conversión de toda “anormalidad en normalidad” como hechos sociales ajenos, inmunes y neutros a toda valoración plausible jurídico-democrática en un contexto supuesto de libertad, pero aniquilada por estados de “necesidad y temor” y ampliados en los ecos de profusa mentira.
De otro modo, el barón de Montesquieu, [podríamos decirlo ahora y vinculado al tiempo presente] no fue más que un “prominente arquitecto” que a pesar de la excelsitud estética de su legado a la humanidad no pudo prever que “el techo” del edificio político-democrático y jurídico iba a ser agujereado por el “desentendimiento” que la ambición produciría en lo que la civilización humana ha señalado como rumbo plausible y fundamental.
De otra manera, la ciudadanía de Medellín está convocada, más allá de 305.000 firmas a ejercer el sacro derecho a la protesta pacífica, porque eso es en toda su dimensión civilista, política, jurídica, democrática y humana el ejercicio de la revocatoria del mandato del alcalde Quintero Calle.
La etapa que sigue en ese proceso podría decirse que es de “deporte extremo” y lo es porque demanda en primer lugar la forja de un discurso civilista, de alta cultura política y democrática, un discurso que debe superar la arenga y la consigna propia del actual empresariado electoral [todos, absolutamente todos los actores en el actual escenario] que fluya como aceite sobre las oxidadas piezas de la maquinaria oficial y paraoficial para lograr su desmonte pieza a pieza.
¿Asunto de seguridad? Claro que sí, pero desde su amplio y alto horizonte que nos enseña a dudar y desconfiar de los “ofertantes de seguridad” como “respuestas políticamente correctas” a las “contradictorias demandas ciudadanas” que en escenarios de “no-libertad” [necesidad-temor] son puestos en situaciones de “peligro inminente normal o tolerable” para su integridad, su vida, su libertad y sus bienes y “tranquilizados” con el ”discurso oficial” y reforzado por la “normalización tecnológica” y el presupuesto público o con la presencia “alcaldadesca” y por TV., en el sitio por donde corren tumultuosas las aguas de una quebrada no salida de cauce, sino en busca naturalmente inmanente de su cauce.
Protesta pacífica, sí y eso debe ser la acción de revocatoria del mandato que en Medellín ha de constituir precedente democrático para la República, precedente que abra las puertas a una cultura política madura que pueda acendrar entre ciudadanos y políticos que existen límites constitucionales y legales que no pueden sobrepasarse sin daño a la humanidad.
Lamentable desde la “Teoría de la hijoputez” que tres damas concejalas de Medellín en su supuesta apelación a “sus propios principios” al contrario y de narices frente a la realidad de la que participan, dejaran ver que carecen de todos ellos, al menos en el contexto de la civilidad, la democracia, el bien común y nada qué decir del concejal “corredor” y dejo claro que no me refiero a sus “traiciones” a su “empresa electoral” sino a la propiciada a la dignidad institucional democrática, al mandato ciudadano de administrar bien la ciudad, que por las toneladas de información que circulan en los medios y en las redes no lo está siendo bajo la batuta del alcalde Quintero.
Hemos tenido desde hace años una preocupación y la resumimos en esta pregunta: ¿qué le pasaría al patrimonio de EPM si “TIGO” [Une-Millicom] no puede crecer, ni hacerse sostenible?
¿Cuál es el fondo de “elegir” contralores [municipales y departamentales] bajo el pleonasmo de procesos “meritocráticos cuestionados”? ¿Olvidan Medellín y Antioquia las azarosas gestiones de estos órganos de control en los últimos años?
Y que La Bolsa se mueva en estos escenarios no es coincidencia, ni es “fallo del mercado que el mercado mismo deba corregir”; además de la cacería accionaria [OPA] formulada por los Gilinsky por Nutresa [GEA] y con sobreprecio por acción, la oferta se ha sentido por su mayor peso político dadas las “buenas relaciones” y amistad de los ofertantes con Petro y de este con el alcalde de Medellín que no puede ocultar su tirria por el GEA.
La OPA de los Gilinsky más tiene de la “fraternidad” a que hemos aludido.
La “Teoría de la hijoputez” consideramos que satisface plenamente los requerimientos argumentativos para decir: sí a la revocatoria del alcalde de Medellín, a madurar en cultura política, a no elegir desde el “tamal en el estómago”.
Somos animales humanos; “una babosa no tiene cerebro pero sobrevive por cuanto es capaz de interpretar la realidad”, ergo, el reto de Medellín y de Colombia es…
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