Petro, “Rondón aún no ha peleado” Columna del Abogado Nelson Hurtado Obando. Twitter: @abogadohurtado
Que los seres humanos somos "actos de habla" se refiere a la idea de que gran parte de nuestra existencia y relación con el mundo se lleva a cabo a través del lenguaje.
El lenguaje es una herramienta fundamental que utilizamos para comunicarnos con los demás, para expresar nuestros pensamientos y sentimientos, para comprender el mundo que nos rodea y para actuar en él.
Desde una perspectiva lingüística, un acto de habla es cualquier expresión que realiza una acción en el mundo, ya sea persuadir, afirmar, preguntar, ordenar, entre otros. Al hablar, no solo estamos transmitiendo información, sino también realizando actos que pueden afectar a las personas y al mundo que nos rodea.
En la expresión "yo soy el jefe del estado y por tanto soy el jefe del fiscal" se presenta una contradicción y, más aún, una declaración que atenta contra el estado de derecho y la separación de poderes y puede poner en riesgo la independencia judicial y la imparcialidad en la administración de justicia.
En un estado democrático de derecho, es fundamental que exista una clara separación de poderes entre el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, para evitar que un solo individuo o grupo de individuos concentre demasiado poder en sus manos y pueda abusar del mismo. En este sentido, el fiscal debe ser una figura independiente del poder ejecutivo, con el fin de garantizar que se lleve a cabo una administración de justicia justa e imparcial.
La expresión que se menciona ni siquiera sugiere por vía de interpretación de un presidente “lego en derecho constitucional” que como jefe del estado tiene el control total sobre el fiscal y el “acto de habla”, al contrario, ejecuta una afirmación lo cual es incompatible con la idea de la independencia judicial y la separación de poderes. Esto puede llevar a que el fiscal no actúe con independencia y objetividad, sino que se vea influenciado por los intereses del poder ejecutivo.
La afirmación "yo soy el jefe del estado y por tanto soy el jefe del fiscal" comporta una acción-orden que no es equívoca, ni ambigua, sino una declaración de acción que rompe y subvierte el orden constitucional democrático y la cual, no puede ser luego objeto de explicación o de "contextualización" bajo el aleve: "yo no quise decir eso, no dije eso, ustedes entendieron mal".
Esta afirmación del presidente no puede ser explicada o contextualizada de manera que cambie su significado y sus implicaciones para la independencia judicial y la imparcialidad en la administración de justicia y la existencia de la República como Estado Social de derecho.
En este sentido, es importante que las autoridades y líderes públicos sean cuidadosos y responsables en su uso del lenguaje, ya que las palabras que utilizan pueden tener implicaciones significativas en la forma en que se entienden las relaciones de poder y la naturaleza del estado. Es esencial que se respeten los principios fundamentales de la democracia y del estado de derecho, y que se fomente una cultura de respeto a la independencia judicial y la separación de poderes, para garantizar que el poder se ejerza de manera justa y equitativa en beneficio de toda la sociedad.
Podría afirmarse que el tratar de "acomodar" el "acto de habla" de "yo soy el jefe del fiscal" a la "contextualización posterior" del hablante o emisor, [Petro] corresponde en la actualidad con la tendencia de la "relativización" y la prostitución del lenguaje factor determinante del deterioro de la democracia.
La tendencia a la relativización del lenguaje y a la reinterpretación de los actos de habla en función de la intención posterior del hablante es una amenaza para la democracia y el estado de derecho.
Cuando se relativiza el lenguaje, se diluyen las distinciones entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, y se pierde la capacidad de establecer principios claros y universales para la conducta y la toma de decisiones. En este sentido, la relativización del lenguaje puede contribuir a la erosión de los valores democráticos y a la vulnerabilidad de las instituciones del estado de derecho.
Además, cuando se permite que los actos de habla sean reinterpretados y explicados en función de la “intención posterior del hablante”, se abre la puerta a la manipulación y al engaño. Los líderes y las autoridades pueden utilizar este recurso para justificar sus acciones y sus palabras, incluso cuando estas van en contra de los principios fundamentales de la democracia y el estado de derecho.
Por tanto, es importante mantener una perspectiva crítica y vigilante respecto al uso del lenguaje por parte de las autoridades y líderes públicos, y no permitir la relativización del lenguaje o la reinterpretación de los actos de habla y menos por el propio hablante. Aplica “no aclare que oscurece”.
Que los altos órganos de cierre del poder judicial de una república democrática se manifiesten, reconviniendo al presidente de la rama ejecutiva a que acomode sus actos de habla a la constitución y a las leyes y al respeto a la separación de poderes, no es una reconvención simple que pueda minimizarse por el subsiguiente acto de habla del presidente como: "acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia..." y al contrario, en una profunda percepción, devela al camaleón que "como puede decir una cosa, puede decir otra" creyendo que así puede quedar incólume, íntegro y limpio como el cristal atravesado por los rayos del sol.
Cuando los órganos de cierre del poder judicial de una república democrática emiten una reconvención al presidente de la rama ejecutiva para que respete la constitución y las leyes, no se trata de una simple observación que pueda ser minimizada por una respuesta retórica del presidente.
Esta reconvención es un recordatorio importante de la importancia de mantener la independencia de los poderes del estado y de respetar el estado de derecho en una sociedad democrática. Cuando un líder o una autoridad utiliza su poder de manera inapropiada o viola los principios fundamentales de la democracia y el estado de derecho, es necesario que se le haga responsable y se le llame a rendir cuentas.
En este sentido, la respuesta del presidente al llamado de la corte suprema no puede ser simplemente un acto de habla vacío de contenido, sino que debe ser un compromiso real de respetar los principios fundamentales del estado de derecho y de trabajar en beneficio del bien común de la sociedad.
Es importante reconocer que las palabras y los actos de habla tienen un impacto real en la forma en que se entiende la realidad y se toman decisiones, y por tanto, es esencial que se utilicen con responsabilidad y con un compromiso genuino con la democracia y el estado de derecho.
Es cierto que existe una distinción entre el país nacional y el país político. El país nacional se refiere a la población en general, compuesta por ciudadanos comunes y corrientes que no tienen un papel directo en la toma de decisiones políticas y en la administración del Estado. Por otro lado, el país político se refiere a aquellos ciudadanos que tienen un papel activo en la política y que ocupan cargos de poder en el gobierno y en la administración del Estado.
En este sentido, los actos de habla del país nacional y del país político pueden diferir en su alcance y en su impacto en la sociedad. Los actos de habla del país político pueden tener un impacto directo en la vida de los ciudadanos, ya que están relacionados con la toma de decisiones políticas y la administración del Estado, mientras que los actos de habla del país nacional pueden estar más relacionados con la expresión de opiniones y valores.
Los ciudadanos comunes y corrientes tienen un papel fundamental en la formación de la opinión pública y en la demanda de un gobierno transparente y responsable, mientras que los ciudadanos políticos tienen la responsabilidad de representar los intereses de la población y de garantizar el buen funcionamiento del Estado.
Evidentemente el señor Gustavo Petro en una misma semana y en distintos “actos de habla”, ha evidenciado su desafecto al Estado Social de derecho y democrático y tal como se establece en el artículo 1° de la Constitución y vaya cosa, poniendo en peligro el principio de la dignidad humana de todas las personas que habitan el territorio nacional.
Es evidente [contrario a lo que sostienen los “psicólogos constitucionalistas del turno de oficio”] que Gustavo Petro no ha usado ni siquiera de las peligrosas metáforas, sino que ha acudido de manera directa y desnuda a los “actos de habla” de imperio, de orden, de mandato como los que terminaron en el constreñimiento a la libertad del Congreso y al ejercicio de la representación política del pueblo soberano mientras se discutía el PND, propiciando el traslado desde más de 400 km hasta Bogotá a la famosa “guardia indígena” o monstruoso “cerco humanitario” porque “si el congreso no aprueba las reformas habrá estallido social y ustedes congresistas, es probable que no tengan más congresos”.
En la secuencia de “actos de habla” de Petro, no hay solución de continuidad.
Así, como gobernante, sus “actos de habla” autárquicos en su doble acepción turgente por carencia, no alcanzan a ocultar sus obsesiones y rayones autoritarios, autocráticos, dictatoriales y felones.
Pero y del mismo modo, es evidente que sus “actos de habla” autoritarios, autocráticos, dictatoriales y felones y en su oscuro contexto, como toda sombra traen su “luciérnaga” y ahora aparece que el “fundamento, la razón, el motivo, el argumento y la causa” es que el Fiscal no le da información sobre el asesinato de 200 personas.
Y para colmo de la desgracia del país [ni siquiera del felón] salta su hijo Nicolás Petro y su abogado en queja anticipada contra el mismo Fiscal por la “falta de garantías procesales fundamentales” para que responda criminalmente por la captación de dineros y financiación ilícita de la campaña presidencial, sin que en el mismo contexto sea suficiente que el presidente y respecto de su hijo diga: “yo no lo crié”. ¡Más allá de “noche y niebla” y de “cortinas de humo”, presidente e hijo tampoco le han dado la información que el país les ha solicitado desde antes de su elección, misma petición de información que no ha dado ni el CNE, ni el RNEC.
Ojalá [y parodiando a Marañón] “el único camino más corto hacia el poder es el recto” no se les escuece a muchos colombianos con las piñas sin pelar que han de tragarse…por haberse dedicado a “vivir sabroso”.
Ya no serán solo las mujeres colombianas en España las que estarán “…llorando en las esquinas, esperanzadas de que él pueda cambiar el rumbo del país”, como escribió Petro en su twitter en la visita a España. ¡No tan apoteósico, mi querido! grita la vecina.
Quizá España sea un buen destino para Nicolás, como la ha sido y lo es para el RNEC.
En Colombia, dizque al parecer “La ética nada tiene que ver con el derecho” del mismo modo: la democracia, la separación de poderes, el Estado de Derecho social, la dignidad humana, la vida, la libertad, el bien común, la propiedad privada…no son materias que hayan de ocupar el ocupado tiempo de cerca de 400 mil abogados…ni de la academia de las que ya no egresan, sino que se ofertan en “promociones”.
Podría decir que Petro tal vez es la exacerbación de ese lastre de “espíritu Bonapartista” que se le endilga a Bolívar y hombre graduado “cum laude de la ignorancia supina” frente a la talla de un Jorge Eliécer Gaitán e incluso de Alberto Lleras Camargo.
Petro, es hora de recordarte a Bolívar en su “acto de habla”, <<“Coronel Rondón, salve usted la patria” a lo que hoy el pueblo de Colombia, como antes Rondón, responde: “Es que Rondón aún no ha peleado”>>
El lenguaje es una herramienta fundamental que utilizamos para comunicarnos con los demás, para expresar nuestros pensamientos y sentimientos, para comprender el mundo que nos rodea y para actuar en él.
Desde una perspectiva lingüística, un acto de habla es cualquier expresión que realiza una acción en el mundo, ya sea persuadir, afirmar, preguntar, ordenar, entre otros. Al hablar, no solo estamos transmitiendo información, sino también realizando actos que pueden afectar a las personas y al mundo que nos rodea.
En la expresión "yo soy el jefe del estado y por tanto soy el jefe del fiscal" se presenta una contradicción y, más aún, una declaración que atenta contra el estado de derecho y la separación de poderes y puede poner en riesgo la independencia judicial y la imparcialidad en la administración de justicia.
En un estado democrático de derecho, es fundamental que exista una clara separación de poderes entre el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, para evitar que un solo individuo o grupo de individuos concentre demasiado poder en sus manos y pueda abusar del mismo. En este sentido, el fiscal debe ser una figura independiente del poder ejecutivo, con el fin de garantizar que se lleve a cabo una administración de justicia justa e imparcial.
La expresión que se menciona ni siquiera sugiere por vía de interpretación de un presidente “lego en derecho constitucional” que como jefe del estado tiene el control total sobre el fiscal y el “acto de habla”, al contrario, ejecuta una afirmación lo cual es incompatible con la idea de la independencia judicial y la separación de poderes. Esto puede llevar a que el fiscal no actúe con independencia y objetividad, sino que se vea influenciado por los intereses del poder ejecutivo.
La afirmación "yo soy el jefe del estado y por tanto soy el jefe del fiscal" comporta una acción-orden que no es equívoca, ni ambigua, sino una declaración de acción que rompe y subvierte el orden constitucional democrático y la cual, no puede ser luego objeto de explicación o de "contextualización" bajo el aleve: "yo no quise decir eso, no dije eso, ustedes entendieron mal".
Esta afirmación del presidente no puede ser explicada o contextualizada de manera que cambie su significado y sus implicaciones para la independencia judicial y la imparcialidad en la administración de justicia y la existencia de la República como Estado Social de derecho.
En este sentido, es importante que las autoridades y líderes públicos sean cuidadosos y responsables en su uso del lenguaje, ya que las palabras que utilizan pueden tener implicaciones significativas en la forma en que se entienden las relaciones de poder y la naturaleza del estado. Es esencial que se respeten los principios fundamentales de la democracia y del estado de derecho, y que se fomente una cultura de respeto a la independencia judicial y la separación de poderes, para garantizar que el poder se ejerza de manera justa y equitativa en beneficio de toda la sociedad.
Podría afirmarse que el tratar de "acomodar" el "acto de habla" de "yo soy el jefe del fiscal" a la "contextualización posterior" del hablante o emisor, [Petro] corresponde en la actualidad con la tendencia de la "relativización" y la prostitución del lenguaje factor determinante del deterioro de la democracia.
La tendencia a la relativización del lenguaje y a la reinterpretación de los actos de habla en función de la intención posterior del hablante es una amenaza para la democracia y el estado de derecho.
Cuando se relativiza el lenguaje, se diluyen las distinciones entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, y se pierde la capacidad de establecer principios claros y universales para la conducta y la toma de decisiones. En este sentido, la relativización del lenguaje puede contribuir a la erosión de los valores democráticos y a la vulnerabilidad de las instituciones del estado de derecho.
Además, cuando se permite que los actos de habla sean reinterpretados y explicados en función de la “intención posterior del hablante”, se abre la puerta a la manipulación y al engaño. Los líderes y las autoridades pueden utilizar este recurso para justificar sus acciones y sus palabras, incluso cuando estas van en contra de los principios fundamentales de la democracia y el estado de derecho.
Por tanto, es importante mantener una perspectiva crítica y vigilante respecto al uso del lenguaje por parte de las autoridades y líderes públicos, y no permitir la relativización del lenguaje o la reinterpretación de los actos de habla y menos por el propio hablante. Aplica “no aclare que oscurece”.
Que los altos órganos de cierre del poder judicial de una república democrática se manifiesten, reconviniendo al presidente de la rama ejecutiva a que acomode sus actos de habla a la constitución y a las leyes y al respeto a la separación de poderes, no es una reconvención simple que pueda minimizarse por el subsiguiente acto de habla del presidente como: "acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia..." y al contrario, en una profunda percepción, devela al camaleón que "como puede decir una cosa, puede decir otra" creyendo que así puede quedar incólume, íntegro y limpio como el cristal atravesado por los rayos del sol.
Cuando los órganos de cierre del poder judicial de una república democrática emiten una reconvención al presidente de la rama ejecutiva para que respete la constitución y las leyes, no se trata de una simple observación que pueda ser minimizada por una respuesta retórica del presidente.
Esta reconvención es un recordatorio importante de la importancia de mantener la independencia de los poderes del estado y de respetar el estado de derecho en una sociedad democrática. Cuando un líder o una autoridad utiliza su poder de manera inapropiada o viola los principios fundamentales de la democracia y el estado de derecho, es necesario que se le haga responsable y se le llame a rendir cuentas.
En este sentido, la respuesta del presidente al llamado de la corte suprema no puede ser simplemente un acto de habla vacío de contenido, sino que debe ser un compromiso real de respetar los principios fundamentales del estado de derecho y de trabajar en beneficio del bien común de la sociedad.
Es importante reconocer que las palabras y los actos de habla tienen un impacto real en la forma en que se entiende la realidad y se toman decisiones, y por tanto, es esencial que se utilicen con responsabilidad y con un compromiso genuino con la democracia y el estado de derecho.
Es cierto que existe una distinción entre el país nacional y el país político. El país nacional se refiere a la población en general, compuesta por ciudadanos comunes y corrientes que no tienen un papel directo en la toma de decisiones políticas y en la administración del Estado. Por otro lado, el país político se refiere a aquellos ciudadanos que tienen un papel activo en la política y que ocupan cargos de poder en el gobierno y en la administración del Estado.
En este sentido, los actos de habla del país nacional y del país político pueden diferir en su alcance y en su impacto en la sociedad. Los actos de habla del país político pueden tener un impacto directo en la vida de los ciudadanos, ya que están relacionados con la toma de decisiones políticas y la administración del Estado, mientras que los actos de habla del país nacional pueden estar más relacionados con la expresión de opiniones y valores.
Los ciudadanos comunes y corrientes tienen un papel fundamental en la formación de la opinión pública y en la demanda de un gobierno transparente y responsable, mientras que los ciudadanos políticos tienen la responsabilidad de representar los intereses de la población y de garantizar el buen funcionamiento del Estado.
Evidentemente el señor Gustavo Petro en una misma semana y en distintos “actos de habla”, ha evidenciado su desafecto al Estado Social de derecho y democrático y tal como se establece en el artículo 1° de la Constitución y vaya cosa, poniendo en peligro el principio de la dignidad humana de todas las personas que habitan el territorio nacional.
Es evidente [contrario a lo que sostienen los “psicólogos constitucionalistas del turno de oficio”] que Gustavo Petro no ha usado ni siquiera de las peligrosas metáforas, sino que ha acudido de manera directa y desnuda a los “actos de habla” de imperio, de orden, de mandato como los que terminaron en el constreñimiento a la libertad del Congreso y al ejercicio de la representación política del pueblo soberano mientras se discutía el PND, propiciando el traslado desde más de 400 km hasta Bogotá a la famosa “guardia indígena” o monstruoso “cerco humanitario” porque “si el congreso no aprueba las reformas habrá estallido social y ustedes congresistas, es probable que no tengan más congresos”.
En la secuencia de “actos de habla” de Petro, no hay solución de continuidad.
Así, como gobernante, sus “actos de habla” autárquicos en su doble acepción turgente por carencia, no alcanzan a ocultar sus obsesiones y rayones autoritarios, autocráticos, dictatoriales y felones.
Pero y del mismo modo, es evidente que sus “actos de habla” autoritarios, autocráticos, dictatoriales y felones y en su oscuro contexto, como toda sombra traen su “luciérnaga” y ahora aparece que el “fundamento, la razón, el motivo, el argumento y la causa” es que el Fiscal no le da información sobre el asesinato de 200 personas.
Y para colmo de la desgracia del país [ni siquiera del felón] salta su hijo Nicolás Petro y su abogado en queja anticipada contra el mismo Fiscal por la “falta de garantías procesales fundamentales” para que responda criminalmente por la captación de dineros y financiación ilícita de la campaña presidencial, sin que en el mismo contexto sea suficiente que el presidente y respecto de su hijo diga: “yo no lo crié”. ¡Más allá de “noche y niebla” y de “cortinas de humo”, presidente e hijo tampoco le han dado la información que el país les ha solicitado desde antes de su elección, misma petición de información que no ha dado ni el CNE, ni el RNEC.
Ojalá [y parodiando a Marañón] “el único camino más corto hacia el poder es el recto” no se les escuece a muchos colombianos con las piñas sin pelar que han de tragarse…por haberse dedicado a “vivir sabroso”.
Ya no serán solo las mujeres colombianas en España las que estarán “…llorando en las esquinas, esperanzadas de que él pueda cambiar el rumbo del país”, como escribió Petro en su twitter en la visita a España. ¡No tan apoteósico, mi querido! grita la vecina.
Quizá España sea un buen destino para Nicolás, como la ha sido y lo es para el RNEC.
En Colombia, dizque al parecer “La ética nada tiene que ver con el derecho” del mismo modo: la democracia, la separación de poderes, el Estado de Derecho social, la dignidad humana, la vida, la libertad, el bien común, la propiedad privada…no son materias que hayan de ocupar el ocupado tiempo de cerca de 400 mil abogados…ni de la academia de las que ya no egresan, sino que se ofertan en “promociones”.
Podría decir que Petro tal vez es la exacerbación de ese lastre de “espíritu Bonapartista” que se le endilga a Bolívar y hombre graduado “cum laude de la ignorancia supina” frente a la talla de un Jorge Eliécer Gaitán e incluso de Alberto Lleras Camargo.
Petro, es hora de recordarte a Bolívar en su “acto de habla”, <<“Coronel Rondón, salve usted la patria” a lo que hoy el pueblo de Colombia, como antes Rondón, responde: “Es que Rondón aún no ha peleado”>>
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