“Hay jueces en Berlín”
Columna del Abogado Nelson Hurtado Obando. Twitter: @abogadohurtado
| | "Un Abogado tiene el compromiso con su país. Como consecuencia, un Abogado tiene la obligación de explicar la democracia. Decirle a la gente qué significa la democracia y que la ejerciten" Maestro Jairo Parra Quijano. |
¡“Que robe pero que haga”!
Y la “confusión” obra cumbre de Confucio -según una reina de belleza- ha sido complementada por el “influencionismo-manipulación” de los “influencers” o nuevos nobeles de la ignorancia, estupidez e imbecilidad que avasalla al mundo o como han dicho otros letrados que la corrupción la llevamos adentro o que “la ética no tiene nada que ver con el derecho”. Así, muchos abogados aparecen en la escena como verdaderas reinas de la confusión.
No tengo vínculos, ni siquiera afinidades con ninguna empresa electoral de las que pululan en Colombia, que son el efecto colateral adverso de la “elección popular de alcaldes” y de la entrega que la Constitución de 1991 les hizo del “botín fiscal” en nombre de la “descentralización” que nombran algunos y de la “autonomía” que invocan otros.
Que la ley estatutaria de la revocatoria establezca que entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023 [último año del período de alcaldes] no se puedan realizar votaciones de revocatoria y/o de elección y que la Corte Constitucional haya avalado brevemente esa disposición como constitucional dentro del marco de la “libertad de configuración del legislador”, no implica en nuestro sentir que sea absoluta.
Tengo entendido que la señora Hilda Jara registradora especial en Medellín es abogada y por tanto es un contrasentido que en la resolución por medio de la cual “no certifica” el cumplimiento de los requisitos “constitucionales y legales” de la revocatoria aduzca en su motivación y como ratio decidendi [razones para decidir] los mismos fundamentos jurídico-legales que la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia glosó a la luz del ordenamiento jurídico y de manera especial desde la sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que determinan con carácter vinculante que el Consejo Nacional Electoral nada tiene que hacer respecto de los estados contables de la revocatoria. Claramente la resolución expedida por la señora registradora de Medellín es contraria a la Constitución, las leyes y los precedentes y por sobre todo es un acto de rebeldía contra la sentencia proferida por el juez colegiado.
Muy probablemente los “asesores jurídicos” de la señora registradora le aconsejaron expedirla de ese modo tomando como razones de decisión los fundamentos “contables y legales” que aduce el CNE en la resolución que bloqueó el trámite de la revocatoria pensando quizás que por tratarse de un acto de trámite carecía de recursos y que esa sería la estocada final al asunto y así lo asimilaron las huestes del alcalde Quintero en las redes sociales y en los medios de comunicación.
En esas mismas redes sociales y medios de comunicación, finalmente una parte de la ciudadanía ha expresado cosas similares a que: “ya no hay tiempo, ya para qué, ya da lo mismo que termine su período…”, lo que conlleva varias equivocaciones: 1. El hecho de que se realizara la votación revocatoria no se concluye que el alcalde Quintero no termine su período pues ello depende del pueblo de Medellín [estratos 1 a 100] y el pueblo en votaciones libres puede decidir que se quede o que no se quede. 2. La segunda y si se quiere la más enorme y grave equivocación del pueblo de Medellín es asumir que el trámite dado en sede administrativa al proceso de revocatoria no es significativo en el contexto del Estado Social de derecho democrático y participativo.
Como lo hemos sostenido, la doctora Gloria Yaneth Vélez Pérez y yo, desde un principio, nuestro interés superior es que se garantice la plena eficacia y el sentido y valor de la revocatoria y el mantenimiento incólume del orden constitucional y jurídico-legal de la República el cual para nosotros y más allá de las subjetividades ha sido vulnerado, violado, transgredido, desconocido, pisoteado por “poderes de fuerza” contra la legitimidad y la legalidad como ha quedado claramente establecido en la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En un segundo orden, el ciudadano común y corriente, el hombre que madruga a doblar el lomo por unas monedas para sustentar la vida biológica, tal vez tiene para sí y para su familia la respuesta: “estos políticos matándose, a mí no me importa pues de todas maneras tengo que madrugar a trabajar, eso es problema de ellos” y no obstante este sentir popular no es el de nosotros como ciudadanos y menos como abogados, pues como ha enseñado el gran maestro Jairo Parra Quijano, "Un Abogado tiene el compromiso con su país. Como consecuencia, un abogado tiene la obligación de explicar la democracia. Decirle a la gente qué significa la democracia y que la ejerciten".
Personalmente no he dudado un solo momento en sostener que si una autoridad pública, legítima y constitucional y legalmente constituida abroga o deroga de hecho, de fuerza tan un solo artículo de la Constitución, toda la Constitución queda abrogada y derogada y desconocida y pisoteada de hecho, pues la Constitución es un todo armónico, sincrónico, sistémico, que no admite saltos, ni lagunas y mucho menos para el caso de la revocatoria cuando la Corte Constitucional en varias sentencias ha determinado su sentido y valor y el fin de garantizar la cualidad de democracia expansiva.
El derecho, ha permanecido cosido a la piel de la humanidad, desde que el “primer mico se transformó en hombre” y como tal ha sido el crisol donde la humanidad funde el dolor que le ha acompañado a través de todos los siglos de su historia y aún en los de máxima civilización.
Lo hecho y lo que vamos a hacer es un acto de legítima rebeldía, constitucional y legal, ciudadano y humanista contra las nuevas formas de esclavitud mediática, el poder bruto de las imágenes, el sometimiento de las redes y los nuevos “manuales de autoayuda y autosuperación” piedras angulares de las distintas “religiones del mercado y de la política” y las prédicas de los nuevos estoicismos cuya base se afianza no solo en la derrota de toda fe religiosa, los principios, sentido y valor de la buena fe y legítima confianza civiles y en la imposición de la “nueva fe” ciega de que todo lo que dice y hace el príncipe es correcto y es la verdad de la que además la televisión, la prensa y las redes sociales han logrado mostrar la “imagen verdadera”.
De Medellín y de Colombia, en nuestra perspectiva, se han hecho dos corralejas intercomunicadas por pasillos oscuros y subterráneos por donde ahora pasa toda la ciudadanía como se hacía en la finca tradicional de los abuelos que se conducía el ganado para marcar o vacunar al llamado “bramadero” en los que ni el toro bravo podía mugir y menos bramar.
Lo hecho y lo que vamos a hacer es un acto de legítima rebeldía, constitucional y legal, ciudadano y humanista contra las nuevas formas de esclavitud mediática a través de las cuales más trascendente que la persona del político y más trascendente que su discurso es la imagen que de cualquier sujeto metido a político logre construir un mercaderista de baratijas venido a “culto y científico consultor, asesor y diseñador de marketing político” y desde el rompecabezas psicología-publicidad a través del cual la victoria electoral se edifica desde la manipulación emocional de los ciudadanos electores a los cuales se les ha calculado y medido y tabulado sus angustias y sus necesidades y sus carencias y sus sueños y sus aspiraciones y el vehemente deseo de hallar “ ahora sí la esperanza redentora”.
En eso consiste “la ciencia del manipulador” que no es otra cosa que poner en la boca y en la palabra del sujeto-político lo que cada ciudadano quisiera oír que va a hacer por la realización de sus deseos y esperanzas sea desde cubrir de asfalto una vía, construir una escuela, un puesto de salud, adquirir vivienda o la más fácil y venenosa de llevar al cuello la “cadena-beneficiario” de algún subsidio estatal, como lo es en su género “la universidad gratis pa´los más pobres” que luego titulados profesionales con grandes esfuerzos propios y de sus familias con alta probabilidad no encontrarán empleo formal, digno y con justa remuneración siendo obligados y dirigidos a la informalidad, las “pymes” o a desempeñarse en “empleos chatarra” como se denominan en los EE. UU. No es entonces, [como lo defendemos] que el camino sea un modelo educativo para “el hacer”.
Como abogados y llegados a este punto, nuestra labor es propedéutica como bien lo ha enseñado el maestro Parra Quijano; es preparar humanos para la humanidad-humanismo, es preparar humanos para la democracia, para la convivencia, para el destino común y el bien común del que hay que desarraigar “los piratas” que han tomado posesión de él como fortín privado o Caballo de Troya de ilegítimos intereses privados y egoístas.
Sin alardes y sin pataletas e incluso a costa de pagar altos precios no dudamos en sostener que entre el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Registraduría Especial de Medellín, se ha urdido una tramoya, una coartada con altas dosis de “criminalidad de cuello blanco y guantes de seda” y no es que se considere a la registradora especial de Medellín como una mujer incapaz, sino que la situamos también como persona víctima de la desinstitucionalización que padece la ciudad y se extiende por el país. ¡Hay poderes detrás del trono!
Los mecanismos de participación ciudadana en especial el de revocatoria del mandato no requieren de la expedición de nuevas leyes estatutarias; la ley 1757 vigente y las sentencias de la Corte Constitucional y el Bloque de Constitucionalidad son instrumentos ya depurados y decantados que hacen viable ese mecanismo.
En la resolución de la registradora especial de Medellín por medio de la cual “no certifica” y frena la revocatoria hay un acto subversivo de grueso cuño, pues se erige en sus fundamentos contra la sentencia del Tribunal Administrativo, que declaró que dichos fundamentos son inconstitucionales e ilegales e infortunadamente todo concluye en que una autoridad pública administrativa no solo desconoce las decisiones de los jueces de la República, sino que de manera abierta y directa los reta a los campos tenebrosos de lo desconocido de un país que cada vez tiene más perdido su norte.
Como debe ser y en nuestra convicción que “Hay jueces en Berlín” llevaremos el acto de trámite de la registradora ante los Jueces de la República por las vías legítimas y dentro de la unidad sistémica de nuestro ordenamiento jurídico y adicionalmente ejerceremos otra acción típica, sin que nos importe para nada que se realice o no la votación revocatoria.
Esta es nuestra respuesta a quienes desde las redes insultan, desprecian y amenazan porque estamos seguros como ciudadanos-abogados que no solamente hemos ejercido nuestros derechos, sino que además estamos cumpliendo con nuestros deberes. Así, por loca que sea, defenderemos la proposición que aun entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2023, se puede realizar el evento de votación revocatoria, hay un buen arsenal de argumentos.
Lo único que podemos decir y por lo que se traza en el horizonte, es que ojalá nunca nadie necesite de un abogado y menos por razón de sus derechos vulnerados.
No nos cabe duda en afirmar que con lo que acontece con la revocatoria en Medellín y en otras ciudades y municipios de Colombia, ningún sentido y ningún valor tiene la existencia de tantísimas facultades de derecho en el país, ni tantos miles de jóvenes que por las “avenidas de las ciudades y comiendo mangos” asisten a sus clases de derecho que tantos miles de Maestros imparten por el enorme “precio” que paga la cátedra que no es otro que formar mejores seres humanos, ciudadanos, prójimos en y para la extensa familia humana. Que ningún sentido y ningún valor tiene alcanzar la dignidad de juez singular o colegiado y que se clausuren las Cortes y los juzgados y que más que clamar por las palabras de Álvaro Gómez Hurtado o por las actuales de Bukele en El Salvador bien viene reflexionar sobre las de Confucio que nos descubren la tragedia que ya padecemos:
«Si falla el lenguaje lo que se dice no es lo que se piensa.
Si lo que se dice no es lo que se piensa, entonces las obras no llegan a realizarse. Si las obras no llegan a realizarse entonces no florecen la moral y el arte y si no florecen la moral y el arte entonces se desvía la justicia y si la justicia se desvía entonces todo el país anda a la deriva»
“Hay jueces en Berlín” que deben conservar y honrar la toga, nos corresponde a los ciudadanos despojarnos de las máscaras que no precisamente estamos en carnaval.
Referencias:
ESTEVE PARDO, José. Hay jueces en Berlín. https://www.marcialpons.es/media/pdf/97884912376000.pdf
Y la “confusión” obra cumbre de Confucio -según una reina de belleza- ha sido complementada por el “influencionismo-manipulación” de los “influencers” o nuevos nobeles de la ignorancia, estupidez e imbecilidad que avasalla al mundo o como han dicho otros letrados que la corrupción la llevamos adentro o que “la ética no tiene nada que ver con el derecho”. Así, muchos abogados aparecen en la escena como verdaderas reinas de la confusión.
No tengo vínculos, ni siquiera afinidades con ninguna empresa electoral de las que pululan en Colombia, que son el efecto colateral adverso de la “elección popular de alcaldes” y de la entrega que la Constitución de 1991 les hizo del “botín fiscal” en nombre de la “descentralización” que nombran algunos y de la “autonomía” que invocan otros.
Que la ley estatutaria de la revocatoria establezca que entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023 [último año del período de alcaldes] no se puedan realizar votaciones de revocatoria y/o de elección y que la Corte Constitucional haya avalado brevemente esa disposición como constitucional dentro del marco de la “libertad de configuración del legislador”, no implica en nuestro sentir que sea absoluta.
Tengo entendido que la señora Hilda Jara registradora especial en Medellín es abogada y por tanto es un contrasentido que en la resolución por medio de la cual “no certifica” el cumplimiento de los requisitos “constitucionales y legales” de la revocatoria aduzca en su motivación y como ratio decidendi [razones para decidir] los mismos fundamentos jurídico-legales que la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia glosó a la luz del ordenamiento jurídico y de manera especial desde la sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que determinan con carácter vinculante que el Consejo Nacional Electoral nada tiene que hacer respecto de los estados contables de la revocatoria. Claramente la resolución expedida por la señora registradora de Medellín es contraria a la Constitución, las leyes y los precedentes y por sobre todo es un acto de rebeldía contra la sentencia proferida por el juez colegiado.
Muy probablemente los “asesores jurídicos” de la señora registradora le aconsejaron expedirla de ese modo tomando como razones de decisión los fundamentos “contables y legales” que aduce el CNE en la resolución que bloqueó el trámite de la revocatoria pensando quizás que por tratarse de un acto de trámite carecía de recursos y que esa sería la estocada final al asunto y así lo asimilaron las huestes del alcalde Quintero en las redes sociales y en los medios de comunicación.
En esas mismas redes sociales y medios de comunicación, finalmente una parte de la ciudadanía ha expresado cosas similares a que: “ya no hay tiempo, ya para qué, ya da lo mismo que termine su período…”, lo que conlleva varias equivocaciones: 1. El hecho de que se realizara la votación revocatoria no se concluye que el alcalde Quintero no termine su período pues ello depende del pueblo de Medellín [estratos 1 a 100] y el pueblo en votaciones libres puede decidir que se quede o que no se quede. 2. La segunda y si se quiere la más enorme y grave equivocación del pueblo de Medellín es asumir que el trámite dado en sede administrativa al proceso de revocatoria no es significativo en el contexto del Estado Social de derecho democrático y participativo.
Como lo hemos sostenido, la doctora Gloria Yaneth Vélez Pérez y yo, desde un principio, nuestro interés superior es que se garantice la plena eficacia y el sentido y valor de la revocatoria y el mantenimiento incólume del orden constitucional y jurídico-legal de la República el cual para nosotros y más allá de las subjetividades ha sido vulnerado, violado, transgredido, desconocido, pisoteado por “poderes de fuerza” contra la legitimidad y la legalidad como ha quedado claramente establecido en la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En un segundo orden, el ciudadano común y corriente, el hombre que madruga a doblar el lomo por unas monedas para sustentar la vida biológica, tal vez tiene para sí y para su familia la respuesta: “estos políticos matándose, a mí no me importa pues de todas maneras tengo que madrugar a trabajar, eso es problema de ellos” y no obstante este sentir popular no es el de nosotros como ciudadanos y menos como abogados, pues como ha enseñado el gran maestro Jairo Parra Quijano, "Un Abogado tiene el compromiso con su país. Como consecuencia, un abogado tiene la obligación de explicar la democracia. Decirle a la gente qué significa la democracia y que la ejerciten".
Personalmente no he dudado un solo momento en sostener que si una autoridad pública, legítima y constitucional y legalmente constituida abroga o deroga de hecho, de fuerza tan un solo artículo de la Constitución, toda la Constitución queda abrogada y derogada y desconocida y pisoteada de hecho, pues la Constitución es un todo armónico, sincrónico, sistémico, que no admite saltos, ni lagunas y mucho menos para el caso de la revocatoria cuando la Corte Constitucional en varias sentencias ha determinado su sentido y valor y el fin de garantizar la cualidad de democracia expansiva.
El derecho, ha permanecido cosido a la piel de la humanidad, desde que el “primer mico se transformó en hombre” y como tal ha sido el crisol donde la humanidad funde el dolor que le ha acompañado a través de todos los siglos de su historia y aún en los de máxima civilización.
Lo hecho y lo que vamos a hacer es un acto de legítima rebeldía, constitucional y legal, ciudadano y humanista contra las nuevas formas de esclavitud mediática, el poder bruto de las imágenes, el sometimiento de las redes y los nuevos “manuales de autoayuda y autosuperación” piedras angulares de las distintas “religiones del mercado y de la política” y las prédicas de los nuevos estoicismos cuya base se afianza no solo en la derrota de toda fe religiosa, los principios, sentido y valor de la buena fe y legítima confianza civiles y en la imposición de la “nueva fe” ciega de que todo lo que dice y hace el príncipe es correcto y es la verdad de la que además la televisión, la prensa y las redes sociales han logrado mostrar la “imagen verdadera”.
De Medellín y de Colombia, en nuestra perspectiva, se han hecho dos corralejas intercomunicadas por pasillos oscuros y subterráneos por donde ahora pasa toda la ciudadanía como se hacía en la finca tradicional de los abuelos que se conducía el ganado para marcar o vacunar al llamado “bramadero” en los que ni el toro bravo podía mugir y menos bramar.
Lo hecho y lo que vamos a hacer es un acto de legítima rebeldía, constitucional y legal, ciudadano y humanista contra las nuevas formas de esclavitud mediática a través de las cuales más trascendente que la persona del político y más trascendente que su discurso es la imagen que de cualquier sujeto metido a político logre construir un mercaderista de baratijas venido a “culto y científico consultor, asesor y diseñador de marketing político” y desde el rompecabezas psicología-publicidad a través del cual la victoria electoral se edifica desde la manipulación emocional de los ciudadanos electores a los cuales se les ha calculado y medido y tabulado sus angustias y sus necesidades y sus carencias y sus sueños y sus aspiraciones y el vehemente deseo de hallar “ ahora sí la esperanza redentora”.
En eso consiste “la ciencia del manipulador” que no es otra cosa que poner en la boca y en la palabra del sujeto-político lo que cada ciudadano quisiera oír que va a hacer por la realización de sus deseos y esperanzas sea desde cubrir de asfalto una vía, construir una escuela, un puesto de salud, adquirir vivienda o la más fácil y venenosa de llevar al cuello la “cadena-beneficiario” de algún subsidio estatal, como lo es en su género “la universidad gratis pa´los más pobres” que luego titulados profesionales con grandes esfuerzos propios y de sus familias con alta probabilidad no encontrarán empleo formal, digno y con justa remuneración siendo obligados y dirigidos a la informalidad, las “pymes” o a desempeñarse en “empleos chatarra” como se denominan en los EE. UU. No es entonces, [como lo defendemos] que el camino sea un modelo educativo para “el hacer”.
Como abogados y llegados a este punto, nuestra labor es propedéutica como bien lo ha enseñado el maestro Parra Quijano; es preparar humanos para la humanidad-humanismo, es preparar humanos para la democracia, para la convivencia, para el destino común y el bien común del que hay que desarraigar “los piratas” que han tomado posesión de él como fortín privado o Caballo de Troya de ilegítimos intereses privados y egoístas.
Sin alardes y sin pataletas e incluso a costa de pagar altos precios no dudamos en sostener que entre el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Registraduría Especial de Medellín, se ha urdido una tramoya, una coartada con altas dosis de “criminalidad de cuello blanco y guantes de seda” y no es que se considere a la registradora especial de Medellín como una mujer incapaz, sino que la situamos también como persona víctima de la desinstitucionalización que padece la ciudad y se extiende por el país. ¡Hay poderes detrás del trono!
Los mecanismos de participación ciudadana en especial el de revocatoria del mandato no requieren de la expedición de nuevas leyes estatutarias; la ley 1757 vigente y las sentencias de la Corte Constitucional y el Bloque de Constitucionalidad son instrumentos ya depurados y decantados que hacen viable ese mecanismo.
En la resolución de la registradora especial de Medellín por medio de la cual “no certifica” y frena la revocatoria hay un acto subversivo de grueso cuño, pues se erige en sus fundamentos contra la sentencia del Tribunal Administrativo, que declaró que dichos fundamentos son inconstitucionales e ilegales e infortunadamente todo concluye en que una autoridad pública administrativa no solo desconoce las decisiones de los jueces de la República, sino que de manera abierta y directa los reta a los campos tenebrosos de lo desconocido de un país que cada vez tiene más perdido su norte.
Como debe ser y en nuestra convicción que “Hay jueces en Berlín” llevaremos el acto de trámite de la registradora ante los Jueces de la República por las vías legítimas y dentro de la unidad sistémica de nuestro ordenamiento jurídico y adicionalmente ejerceremos otra acción típica, sin que nos importe para nada que se realice o no la votación revocatoria.
Esta es nuestra respuesta a quienes desde las redes insultan, desprecian y amenazan porque estamos seguros como ciudadanos-abogados que no solamente hemos ejercido nuestros derechos, sino que además estamos cumpliendo con nuestros deberes. Así, por loca que sea, defenderemos la proposición que aun entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2023, se puede realizar el evento de votación revocatoria, hay un buen arsenal de argumentos.
Lo único que podemos decir y por lo que se traza en el horizonte, es que ojalá nunca nadie necesite de un abogado y menos por razón de sus derechos vulnerados.
No nos cabe duda en afirmar que con lo que acontece con la revocatoria en Medellín y en otras ciudades y municipios de Colombia, ningún sentido y ningún valor tiene la existencia de tantísimas facultades de derecho en el país, ni tantos miles de jóvenes que por las “avenidas de las ciudades y comiendo mangos” asisten a sus clases de derecho que tantos miles de Maestros imparten por el enorme “precio” que paga la cátedra que no es otro que formar mejores seres humanos, ciudadanos, prójimos en y para la extensa familia humana. Que ningún sentido y ningún valor tiene alcanzar la dignidad de juez singular o colegiado y que se clausuren las Cortes y los juzgados y que más que clamar por las palabras de Álvaro Gómez Hurtado o por las actuales de Bukele en El Salvador bien viene reflexionar sobre las de Confucio que nos descubren la tragedia que ya padecemos:
«Si falla el lenguaje lo que se dice no es lo que se piensa.
Si lo que se dice no es lo que se piensa, entonces las obras no llegan a realizarse. Si las obras no llegan a realizarse entonces no florecen la moral y el arte y si no florecen la moral y el arte entonces se desvía la justicia y si la justicia se desvía entonces todo el país anda a la deriva»
“Hay jueces en Berlín” que deben conservar y honrar la toga, nos corresponde a los ciudadanos despojarnos de las máscaras que no precisamente estamos en carnaval.
Referencias:
ESTEVE PARDO, José. Hay jueces en Berlín. https://www.marcialpons.es/media/pdf/97884912376000.pdf
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