“El Alcalde Soy Yo y Punto”
Por: Abogado Nelson Hurtado O.
Es probable que, para muchos conciudadanos, la crisis de EPM sea solo eso “la crisis de EPM”, que exacerba la crisis de la institucionalidad y la democracia, así en abstracto y más en concreto el denominado gobierno corporativo de las empresas.
Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa; una cosa es el gobierno corporativo de las empresas y otra bien distinta es la pretensión del Estado corporativo o el Estado fiduciario para otros, pretensión que algunos noveles políticos empiezan a legitimar desde el lenguaje con referencias a los entes administrativos territoriales: concejo y asamblea, como las “juntas directivas del municipio y del departamento” y a sus alcaldes y gobernadores como sus “gerentes”.
La crisis en EPM, en nuestro sentir, es una crisis institucional y democrática, mucho más profunda, crisis que en EPM apenas sí hace irrupción visibilizándose y punzando las fibras más sensibles de la institucionalidad, si se quiere altamente sensibles, no de la “raza paisa”, pero sí de la idiosincrasia de los antioqueños; y es que la institucionalidad no tiene su génesis, ni su parto en decretos; ella se forja a voz bellísima del código civil por el “…lento e imperceptible…” devenir de nuestra humanidad, de nuestras personas, de nuestros conciudadanos en la forja diaria de sus proyectos de vida que trascienden lo privado para la construcción de lo público.
No es que, así, a rajatablas, en Antioquia prevalezca dizque la cultura “del vivo vive del bobo”, la que dio en pasado cercano a “profundas reflexiones filosóficas”, mismas reflexiones que a la hora presente no se reescriben en el caso de EPM, por lo menos no las hemos escuchado con tanta vehemencia y despliegue.
Sentimos que el alcalde de Medellín, en términos de institucionalidad y democracia, apenas si alcanza a ser el estopín que inflama simultáneamente no pocos polvorines, sin método, sin plan, sin programa, sin ideal, sin norte, sin un concepto institucional y democrático del bien común, del interés general, pues es inocultable que en sus acciones tiende a pergeñar, su propio “sello de gobierno”, lo que ahora algunos pseudocientíficos denominan su “marca”, la que para desgracia ha sido puesta en el “cuerpo social” con hierro candente.
La crisis de EPM, deja al descubierto no solo su propia crisis, sino la crisis profunda de la elección popular de alcaldes, respecto de la cual y desde 1986-87 expresamos nuestras reservas y puntualizamos su estructura artificiosa, pero con la clara esperanza de su corrección y perfeccionamiento con el transcurso del tiempo.
Así, con la promulgación de la Constitución de 1991 y con la consagración expresa en el artículo 259 del “voto programático” y su aparejada consecuencia constitucional de la “revocatoria del mandato”, creímos asistir a un sano proceso de maduración de la institucionalidad, de la democracia y de la práctica electoral ciudadana, a la que se sumaba el fortalecimiento de los municipios con un poco más de autonomía (no descentralización como opinan muchos) y con más definidas fuentes de ingresos para acometer sus procesos de desarrollo económico y social y el desarrollo físico y la planeación de sus propios territorios.
Pero, sin perder aún la esperanza, en la práctica presente y desde 1991 es altamente probable poder afirmar que pocos, muy pocos alcaldes no han estado incursos en causal de revocatoria de sus mandatos; sus programas de gobierno finalmente solo encuentran asilo político en evaluaciones de “percepción de imagen”, estadísticas, en la “métrica de redes sociales”, en reportajes prepago-pospago en la prensa nacional e internacional y en no pocos “premios nacionales e internacionales”, que más son como un “recordarnos a los ciudadanos lo felices que nos hace un mago con sus conejos”.
No sabemos desde el programa de gobierno, si el alcalde de Medellín podría estar incurso en causal de revocatoria de su mandato, pero, lo que si es ostensible es que su discurso en campaña es extrañamente diferente y contradictorio al discurso que ha dejado conocer en estos ocho meses de gobierno y de manera especial con la crisis que institucional y democráticamente afecta al ente municipal en su núcleo y a no pocas entidades del nivel descentralizado.
Ahora bien, más allá de la alegría que nos produce hablar de nuestras “hazañas antioqueñas”, nunca hemos padecido, -como padecen muchos- de la virulencia de ese llamado regionalismo o de creernos la “raza antioqueña” y nunca jamás para fundar actos de discriminación contra conciudadanos de otras ciudades o departamentos, de los cuales nos alegran sus logros personales de mujeres y hombres en lo científico, lo cultural, lo deportivo, lo empresarial etc., tal que en Antioquia hemos tenido gobernadores nacidos en Pereira, Magistrados de nuestros Tribunales nacidos en Pereira, que nos honran diciendo que son paisas porque “los paisas somos tan verracos, que nacemos en cualquier parte del país”, como también personas antioqueñas hechas empresarios en otras ciudades y departamentos, pero de ahí a discriminar es mucha la diferencia.
Así, lo que no queda claro para Medellín y Antioquia, es cómo en este suelo, pródigo no solo para toda especie de criminales, sino para la solidaridad, el altruismo, la ciencia, la cultura, el empresariado, la dirigencia económica y política, en esta tierra de la que Alberto Lleras Camargo dijo: “Por Antioquia pasa el meridiano político del país”, el alcalde Quintero no halle ciudadanos de gran valía para que ocupen una silla en las juntas directivas, ya no solo de EPM, sino de otros entes, pues la institucionalidad en Medellín y Antioquia, no son más que nuestros propios hechos sociales, depurados, nuestra idiosincrasia, son la expresión de la existencia de las conexiones vitales de nuestras raíces con la tierra, hecho reconocido constitucionalmente al definirse el municipio como la “…entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado…”, su célula primigenia, ese espacio donde los actos de encuentro entre ciudadanos-Estado-autoridades es sui géneris y de tal modo actos fundantes de una próspera nación.
¿Qué es lo que no halla Quintero en los líderes y empresarios de Medellín, para ser miembros de junta directiva de EPM? ¿De qué carecen o en qué se exceden?
Y es que aquí no vale que “cada torero que sale al ruedo, lleva su cuadrilla”. Es claro y eso lo sabemos: los empresarios de Medellín, no solo tienen intereses en la ciudad, los tienen y los evalúan respecto de otras ciudades y de otros países; los empresarios de Medellín y sus gremios participan y deliberan respecto de instrumentos tan cruciales como el POT, los programas de gobierno de cada candidato a alcalde y finalmente su materialización en los Planes de Desarrollo económico y social, en la planeación de infraestructuras y hasta de megaproyectos y su financiación etc., obvio es entonces que, per se, por ser dirigentes del sector económico privado no deben ser inhabilitados y excluidos, por una abstracta inhabilidad para ser miembros de juntas directivas de empresas del Estado, pues es claro que su aporte en ellas, en razón de sus actividades económicas se cruzan y ha de reportarles beneficio en el contexto y con el límite del bien común. Otra cosa es que los dirigentes privados, miembros de una junta directiva de una empresa o entidad estatal, consoliden de facto el llamado “Estado secuestrado” o pretendan la concreción del “Estado mínimo”, no interventor, no regulador, no respetando los deberes de confidencialidad, la información reservada y todo lo que comprometa la seguridad del Estado en sus distintos ámbitos, eventos ante los cuales deberán responder no solo patrimonialmente, sino ante la justicia, camino a los tribunales que no podrá ser obviado por la cobertura de ninguna póliza.
El discurso del alcalde, no es que sea ambiguo; ambiguo es el discurso de todos nosotros los ciudadanos, que repetimos el estribillo insulso del alcalde de la “defensa de lo público”, la defensa de “la joya de la corona”, pues de ser así, ha de ir más allá y ha de descorrer cualquier velo que se extienda sobre la recién renunciada junta directiva de EPM y de sus antecesoras y ha de dejar claro ante los conciudadanos si sus miembros incurrieron en actos de deslealtad o se hallaron incursos en presuntos actos delictuales.
No de otra manera ha de dejarse y permitirse que se propalen las voces que apuntan al GEA, en nuestro sentir el mayor empleador en Antioquia y que soterradamente, bajo el comodín del “sí, pero…” se arraigue la duda en la gran masa inculta respecto de la honestidad de muchas personas, bajo un discurso moralista cuyo principio fundante es el “YO, el alcalde, creo que…”.
Jamás expresaremos veto a ningún miembro de junta que designe el alcalde y por razón de ser bogotano, caleño, chocoano, santanderiano, etc., pero sí nos asiste el derecho a saber, cómo en Medellín y en Antioquia no encuentra el alcalde Quintero, ocho personas decentes, cívicas, empresarios, dirigentes gremiales, académicos, honrados, que integren la junta directiva de EPM. Si esto es así, en Medellín y Antioquia, no tenemos futuro, porque el alcalde además de enfrentar “escasez”, también ha entregado el mensaje encubierto de “actos en exceso”, que debe puntualizar públicamente y porque en ambos casos el alcalde envía frente a los conciudadanos de Medellín y de Antioquia el mensaje de no ser dignos, ni merecedores de confianza.
Percibimos en los hechos presentes y reafirmamos muchas de nuestras referencias anteriores sobre la elección popular de alcaldes, de ser acto de formalismo electoral, asunto de “verbena popular”, a través del cual, quien lo creyera, se legitiman discursos que en su acto, terminan siendo esa “marca” de los modernos pseudoteóricos del Estado, marca propia registrada por el “Rey sol”, traducida al “idioma paisa” como “el alcalde soy yo y punto” y no solo con referencia al alcalde Quintero, sino a muchos de sus antecesores en Medellín, de tal modo que cada cuatro años, de facto y de modo “veladamente público”, nos dejan señalados, al ocaso de sus “principados”, su sucesor y hasta sus candidatos a congreso, asamblea y concejo y la lista de beneficiarios de “contratos de prestación de servicios” o nómina paralela y los apreciados contratos de infraestructura pública, asesoría de imagen, gerentes de redes sociales, programadores de software para el “gobierno abierto online”, etc.
Ojalá en el inventario de “obras elefantes blancos” que he tenido noticia que se confecciona en el país, logren incluir los “elefantes blancos” que quedan de gran parte de la trillada “inversión social”.
En el entramado del poder en Medellín bajo el alcalde Quintero, los ciudadanos comunes y silvestres apenas si alcanzamos a sentir como si estuviéramos atrapados en una sola telaraña económico-politiquera, que tejen simultáneamente muchas arañas, para las que nada cuenta el peso de la institucionalidad y la democracia, por precaria que sea.
En estas circunstancias, pensamos que sea la que sea la junta directiva de EPM, ni por razón de gobierno corporativo, ni porque sea acorde a procedimientos de la Ocde, ni de otros organismos internacionales, le ha de corresponder decidir si se acciona o no ante la jurisdicción, por los fundamentos dados a conocer por el propio alcalde Quintero respecto de Hidroituango. Twitter: @abogadohurtado
Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa; una cosa es el gobierno corporativo de las empresas y otra bien distinta es la pretensión del Estado corporativo o el Estado fiduciario para otros, pretensión que algunos noveles políticos empiezan a legitimar desde el lenguaje con referencias a los entes administrativos territoriales: concejo y asamblea, como las “juntas directivas del municipio y del departamento” y a sus alcaldes y gobernadores como sus “gerentes”.
La crisis en EPM, en nuestro sentir, es una crisis institucional y democrática, mucho más profunda, crisis que en EPM apenas sí hace irrupción visibilizándose y punzando las fibras más sensibles de la institucionalidad, si se quiere altamente sensibles, no de la “raza paisa”, pero sí de la idiosincrasia de los antioqueños; y es que la institucionalidad no tiene su génesis, ni su parto en decretos; ella se forja a voz bellísima del código civil por el “…lento e imperceptible…” devenir de nuestra humanidad, de nuestras personas, de nuestros conciudadanos en la forja diaria de sus proyectos de vida que trascienden lo privado para la construcción de lo público.
No es que, así, a rajatablas, en Antioquia prevalezca dizque la cultura “del vivo vive del bobo”, la que dio en pasado cercano a “profundas reflexiones filosóficas”, mismas reflexiones que a la hora presente no se reescriben en el caso de EPM, por lo menos no las hemos escuchado con tanta vehemencia y despliegue.
Sentimos que el alcalde de Medellín, en términos de institucionalidad y democracia, apenas si alcanza a ser el estopín que inflama simultáneamente no pocos polvorines, sin método, sin plan, sin programa, sin ideal, sin norte, sin un concepto institucional y democrático del bien común, del interés general, pues es inocultable que en sus acciones tiende a pergeñar, su propio “sello de gobierno”, lo que ahora algunos pseudocientíficos denominan su “marca”, la que para desgracia ha sido puesta en el “cuerpo social” con hierro candente.
La crisis de EPM, deja al descubierto no solo su propia crisis, sino la crisis profunda de la elección popular de alcaldes, respecto de la cual y desde 1986-87 expresamos nuestras reservas y puntualizamos su estructura artificiosa, pero con la clara esperanza de su corrección y perfeccionamiento con el transcurso del tiempo.
Así, con la promulgación de la Constitución de 1991 y con la consagración expresa en el artículo 259 del “voto programático” y su aparejada consecuencia constitucional de la “revocatoria del mandato”, creímos asistir a un sano proceso de maduración de la institucionalidad, de la democracia y de la práctica electoral ciudadana, a la que se sumaba el fortalecimiento de los municipios con un poco más de autonomía (no descentralización como opinan muchos) y con más definidas fuentes de ingresos para acometer sus procesos de desarrollo económico y social y el desarrollo físico y la planeación de sus propios territorios.
Pero, sin perder aún la esperanza, en la práctica presente y desde 1991 es altamente probable poder afirmar que pocos, muy pocos alcaldes no han estado incursos en causal de revocatoria de sus mandatos; sus programas de gobierno finalmente solo encuentran asilo político en evaluaciones de “percepción de imagen”, estadísticas, en la “métrica de redes sociales”, en reportajes prepago-pospago en la prensa nacional e internacional y en no pocos “premios nacionales e internacionales”, que más son como un “recordarnos a los ciudadanos lo felices que nos hace un mago con sus conejos”.
No sabemos desde el programa de gobierno, si el alcalde de Medellín podría estar incurso en causal de revocatoria de su mandato, pero, lo que si es ostensible es que su discurso en campaña es extrañamente diferente y contradictorio al discurso que ha dejado conocer en estos ocho meses de gobierno y de manera especial con la crisis que institucional y democráticamente afecta al ente municipal en su núcleo y a no pocas entidades del nivel descentralizado.
Ahora bien, más allá de la alegría que nos produce hablar de nuestras “hazañas antioqueñas”, nunca hemos padecido, -como padecen muchos- de la virulencia de ese llamado regionalismo o de creernos la “raza antioqueña” y nunca jamás para fundar actos de discriminación contra conciudadanos de otras ciudades o departamentos, de los cuales nos alegran sus logros personales de mujeres y hombres en lo científico, lo cultural, lo deportivo, lo empresarial etc., tal que en Antioquia hemos tenido gobernadores nacidos en Pereira, Magistrados de nuestros Tribunales nacidos en Pereira, que nos honran diciendo que son paisas porque “los paisas somos tan verracos, que nacemos en cualquier parte del país”, como también personas antioqueñas hechas empresarios en otras ciudades y departamentos, pero de ahí a discriminar es mucha la diferencia.
Así, lo que no queda claro para Medellín y Antioquia, es cómo en este suelo, pródigo no solo para toda especie de criminales, sino para la solidaridad, el altruismo, la ciencia, la cultura, el empresariado, la dirigencia económica y política, en esta tierra de la que Alberto Lleras Camargo dijo: “Por Antioquia pasa el meridiano político del país”, el alcalde Quintero no halle ciudadanos de gran valía para que ocupen una silla en las juntas directivas, ya no solo de EPM, sino de otros entes, pues la institucionalidad en Medellín y Antioquia, no son más que nuestros propios hechos sociales, depurados, nuestra idiosincrasia, son la expresión de la existencia de las conexiones vitales de nuestras raíces con la tierra, hecho reconocido constitucionalmente al definirse el municipio como la “…entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado…”, su célula primigenia, ese espacio donde los actos de encuentro entre ciudadanos-Estado-autoridades es sui géneris y de tal modo actos fundantes de una próspera nación.
¿Qué es lo que no halla Quintero en los líderes y empresarios de Medellín, para ser miembros de junta directiva de EPM? ¿De qué carecen o en qué se exceden?
Y es que aquí no vale que “cada torero que sale al ruedo, lleva su cuadrilla”. Es claro y eso lo sabemos: los empresarios de Medellín, no solo tienen intereses en la ciudad, los tienen y los evalúan respecto de otras ciudades y de otros países; los empresarios de Medellín y sus gremios participan y deliberan respecto de instrumentos tan cruciales como el POT, los programas de gobierno de cada candidato a alcalde y finalmente su materialización en los Planes de Desarrollo económico y social, en la planeación de infraestructuras y hasta de megaproyectos y su financiación etc., obvio es entonces que, per se, por ser dirigentes del sector económico privado no deben ser inhabilitados y excluidos, por una abstracta inhabilidad para ser miembros de juntas directivas de empresas del Estado, pues es claro que su aporte en ellas, en razón de sus actividades económicas se cruzan y ha de reportarles beneficio en el contexto y con el límite del bien común. Otra cosa es que los dirigentes privados, miembros de una junta directiva de una empresa o entidad estatal, consoliden de facto el llamado “Estado secuestrado” o pretendan la concreción del “Estado mínimo”, no interventor, no regulador, no respetando los deberes de confidencialidad, la información reservada y todo lo que comprometa la seguridad del Estado en sus distintos ámbitos, eventos ante los cuales deberán responder no solo patrimonialmente, sino ante la justicia, camino a los tribunales que no podrá ser obviado por la cobertura de ninguna póliza.
El discurso del alcalde, no es que sea ambiguo; ambiguo es el discurso de todos nosotros los ciudadanos, que repetimos el estribillo insulso del alcalde de la “defensa de lo público”, la defensa de “la joya de la corona”, pues de ser así, ha de ir más allá y ha de descorrer cualquier velo que se extienda sobre la recién renunciada junta directiva de EPM y de sus antecesoras y ha de dejar claro ante los conciudadanos si sus miembros incurrieron en actos de deslealtad o se hallaron incursos en presuntos actos delictuales.
No de otra manera ha de dejarse y permitirse que se propalen las voces que apuntan al GEA, en nuestro sentir el mayor empleador en Antioquia y que soterradamente, bajo el comodín del “sí, pero…” se arraigue la duda en la gran masa inculta respecto de la honestidad de muchas personas, bajo un discurso moralista cuyo principio fundante es el “YO, el alcalde, creo que…”.
Jamás expresaremos veto a ningún miembro de junta que designe el alcalde y por razón de ser bogotano, caleño, chocoano, santanderiano, etc., pero sí nos asiste el derecho a saber, cómo en Medellín y en Antioquia no encuentra el alcalde Quintero, ocho personas decentes, cívicas, empresarios, dirigentes gremiales, académicos, honrados, que integren la junta directiva de EPM. Si esto es así, en Medellín y Antioquia, no tenemos futuro, porque el alcalde además de enfrentar “escasez”, también ha entregado el mensaje encubierto de “actos en exceso”, que debe puntualizar públicamente y porque en ambos casos el alcalde envía frente a los conciudadanos de Medellín y de Antioquia el mensaje de no ser dignos, ni merecedores de confianza.
Percibimos en los hechos presentes y reafirmamos muchas de nuestras referencias anteriores sobre la elección popular de alcaldes, de ser acto de formalismo electoral, asunto de “verbena popular”, a través del cual, quien lo creyera, se legitiman discursos que en su acto, terminan siendo esa “marca” de los modernos pseudoteóricos del Estado, marca propia registrada por el “Rey sol”, traducida al “idioma paisa” como “el alcalde soy yo y punto” y no solo con referencia al alcalde Quintero, sino a muchos de sus antecesores en Medellín, de tal modo que cada cuatro años, de facto y de modo “veladamente público”, nos dejan señalados, al ocaso de sus “principados”, su sucesor y hasta sus candidatos a congreso, asamblea y concejo y la lista de beneficiarios de “contratos de prestación de servicios” o nómina paralela y los apreciados contratos de infraestructura pública, asesoría de imagen, gerentes de redes sociales, programadores de software para el “gobierno abierto online”, etc.
Ojalá en el inventario de “obras elefantes blancos” que he tenido noticia que se confecciona en el país, logren incluir los “elefantes blancos” que quedan de gran parte de la trillada “inversión social”.
En el entramado del poder en Medellín bajo el alcalde Quintero, los ciudadanos comunes y silvestres apenas si alcanzamos a sentir como si estuviéramos atrapados en una sola telaraña económico-politiquera, que tejen simultáneamente muchas arañas, para las que nada cuenta el peso de la institucionalidad y la democracia, por precaria que sea.
En estas circunstancias, pensamos que sea la que sea la junta directiva de EPM, ni por razón de gobierno corporativo, ni porque sea acorde a procedimientos de la Ocde, ni de otros organismos internacionales, le ha de corresponder decidir si se acciona o no ante la jurisdicción, por los fundamentos dados a conocer por el propio alcalde Quintero respecto de Hidroituango. Twitter: @abogadohurtado
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