Vale más un saludo a la bandera que no se iza, que una decisión judicial
Por: Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
Parece que se ha vuelto costumbre en el actual gobierno, ir en contra de las decisiones judiciales. Algunos ministros osan, sin vergüenza alguna, por no acatar los fallos, dilatar su cumplimiento y argumentar de forma falaz el por qué no lo harán.
Recuérdese cómo hace varios meses el ministro de defensa, que no se siente ministro de la población indefensa (¿qué será lo que defiende?), decidió no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, entre otros, le ordenó suspender de forma inmediata el uso de escopetas calibre 12, usadas por el Esmad, así como que brinde disculpas por los excesos registrados durante las manifestaciones en el año 2019, al tiempo que les manifestó la necesidad de conformar una mesa de trabajo para restructurar las directrices frente al uso de la fuerza. No obstante, estas órdenes estuvieron lejos de ser atendidas mediante unos claros actos que tendieron a desafiar el Estado democrático de Derecho.
A este reciente hecho, se suma la decisión del ministro de salud de poner en tela de juicio la decisión judicial mediante la cual se ordena que se practiquen las pruebas PCR los extranjeros que ingresen a Colombia. Decisión esta que en lugar de alegrar al minsalud, lo incomodó, seguramente en su ego, ya que en lugar de aplaudir la decisión que contribuye a abundar en garantías para la salud de los colombianos, lo llevó enfrentarse a dicha decisión con un conjunto de argumentos técnicos, que se alejan de la decisión racional del juez que debe decidir no tanto por lo técnico, sino por lo justo y por el sentido común, que al parecer perdió el ministro de salud de turno.
Lo peor de todo es que la decisión de no acatar o dilatar el cumplimiento de los Fallos judiciales que podrían hacerle mucho bien a la población, encuentra apoyo en la primera autoridad ejecutiva del país, lo cual se traduce en que en Colombia vale más un saludo a la bandera que no se iza, que una decisión judicial.
Olvidan todos ellos, que las decisiones judiciales tienen fuerza vinculante una vez estén ejecutoriadas, no son de libre acatamiento, de ellas no se dispone como se hace en la esfera privada al disponer de los bienes, por lo tanto, un gobierno al que no le sirven los Fallos de las Cortes para resolver sus fallos, es un gobierno soberbio, irrespetuoso del Estado de Derecho, ajeno a la construcción de una cultura democrática y jurídica, además de que se torna irresponsable y carente de un buen juicio en relación con los actos que lleva a cabo y que causan efectos e impactos negativos en la población que debe defender y proteger.
Los Fallos de las autoridades judiciales son de obligatorio cumplimiento y no atenderlos con la inmediatez necesaria, esto es, dentro del término señalado para acatarlo, constituye una dilación injustificada que se convierte en causa de vulneración de derechos constitucionales fundamentales y del Estado Democrático, de allí que ninguna legitimidad se le debe mantener al servidor público, sea del orden y nivel que fuese que, so pretexto del poder que cree ostentar, ose por no acatar las decisiones judiciales con argumentos que se alejan de lo que la decisión judicial protege.
Recuérdese cómo hace varios meses el ministro de defensa, que no se siente ministro de la población indefensa (¿qué será lo que defiende?), decidió no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, entre otros, le ordenó suspender de forma inmediata el uso de escopetas calibre 12, usadas por el Esmad, así como que brinde disculpas por los excesos registrados durante las manifestaciones en el año 2019, al tiempo que les manifestó la necesidad de conformar una mesa de trabajo para restructurar las directrices frente al uso de la fuerza. No obstante, estas órdenes estuvieron lejos de ser atendidas mediante unos claros actos que tendieron a desafiar el Estado democrático de Derecho.
A este reciente hecho, se suma la decisión del ministro de salud de poner en tela de juicio la decisión judicial mediante la cual se ordena que se practiquen las pruebas PCR los extranjeros que ingresen a Colombia. Decisión esta que en lugar de alegrar al minsalud, lo incomodó, seguramente en su ego, ya que en lugar de aplaudir la decisión que contribuye a abundar en garantías para la salud de los colombianos, lo llevó enfrentarse a dicha decisión con un conjunto de argumentos técnicos, que se alejan de la decisión racional del juez que debe decidir no tanto por lo técnico, sino por lo justo y por el sentido común, que al parecer perdió el ministro de salud de turno.
Lo peor de todo es que la decisión de no acatar o dilatar el cumplimiento de los Fallos judiciales que podrían hacerle mucho bien a la población, encuentra apoyo en la primera autoridad ejecutiva del país, lo cual se traduce en que en Colombia vale más un saludo a la bandera que no se iza, que una decisión judicial.
Olvidan todos ellos, que las decisiones judiciales tienen fuerza vinculante una vez estén ejecutoriadas, no son de libre acatamiento, de ellas no se dispone como se hace en la esfera privada al disponer de los bienes, por lo tanto, un gobierno al que no le sirven los Fallos de las Cortes para resolver sus fallos, es un gobierno soberbio, irrespetuoso del Estado de Derecho, ajeno a la construcción de una cultura democrática y jurídica, además de que se torna irresponsable y carente de un buen juicio en relación con los actos que lleva a cabo y que causan efectos e impactos negativos en la población que debe defender y proteger.
Los Fallos de las autoridades judiciales son de obligatorio cumplimiento y no atenderlos con la inmediatez necesaria, esto es, dentro del término señalado para acatarlo, constituye una dilación injustificada que se convierte en causa de vulneración de derechos constitucionales fundamentales y del Estado Democrático, de allí que ninguna legitimidad se le debe mantener al servidor público, sea del orden y nivel que fuese que, so pretexto del poder que cree ostentar, ose por no acatar las decisiones judiciales con argumentos que se alejan de lo que la decisión judicial protege.
Canal RSS
