Los tributos y gravámenes representados en impuestos, tasas, contribuciones, participaciones y otras rentas, son fuente importante para cumplir con los propósitos y objetos sociales porque, la concepción de todo tributo es que sea destinado a la satisfacción de las necesidades sociales en una relación de contrapartida y por eso no me opongo al pago de impuestos, tasas, contribuciones y participaciones (hasta de las inútiles estampillas) y no me opongo porque creo, genuinamente, que todos tenemos el deber de contribuir con el sostenimiento del Estado, pero no para sostener una vacía e innecesaria burocracia, ya que particularmente, soy una defensora del Estado social y democrático de derecho que es al que se le debe responder sea cual fuese o fuere la ideología política de los gobernantes de turno pues como lo he mencionado en otros escritos (artículos y columnas) en el Estado social de derecho está la representación y esperanza de: vida digna, honra, bienes y libertad, que por razones obvias, no se logra materializar automáticamente, ni desde discursos románticos, sino que requiere el aporte colectivo en la justa medida y desde sus posibilidades.
Refuerzo lo anterior desde lo que considero es el derecho y deber de las personas a contribuir y que lo fundamento citando los artículos 2 y 95 de la Constitución Política, que establecen dentro de su texto que es un derecho de la persona el participar en la vida económica y administrativa de la Nación y que es un deber de la persona y del ciudadano: contribuir al funcionamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Por lo tanto, estimo que, entre todos, todas y todes, podemos lograr que se establezca un equilibrio en los ingresos, los tributos y las formas de vida digna para que nadie se lamente de que le faltan los mínimos para una congrua subsistencia. Algo así como el conocido juego en el que todos ponen (ponemos), pero con la precisión de que no a partir de que los gobernantes en ese juego tengan la opción de: toma todo, de todos, incluso de los que no puedan poner.
Con lo dicho, introduzco lo que pretendo reflexionar en esta columna en relación con la reforma tributaria que en 7 días de gobierno ya fue radicada en el Congreso de la República y que en varios aspectos ya se torna escandalosa y como fue también la reforma que pretendió en el año 2021 el ahora expresidente Iván Duque, la actual presentada por el Presidente Gustavo Petro, también se torna escan-DOLOSA y esto lo afirmo por lo que se pretende gravar con el impuesto al valor agregado IVA que afecta directamente a la población más vulnerable, aunque quienes la lideran defiendan y argumenten lo contrario. A continuación, explico, someramente, el porqué de mi percepción (no como un absoluto, pero sí como un aporte a la reflexión y debate en lo social y lo jurídico, aclarando que solamente me centraré en comentar lo atinente al IVA que se le cargará a nuevos productos de la canasta familiar).
En ese orden de ideas, parto de señalar que “Cuando los consumidores compramos un producto o recibimos un servicio, el pago que entregamos a cambio incluye un tributo, el cual aporta buena parte de los recursos que el Estado necesita para sostenerse. Al ser un impuesto que está presente en las transacciones de nuestro día a día, es fundamental tener claro qué es el IVA en Colombia, cómo se calcula su tarifa y cuáles son los bienes que están exentos de pagarlo.”[1] Así, entonces, la pregunta: ¿Qué es el IVA? se resuelve indicando que IVA traduce Impuesto al Valor Agregado y es “una tarifa que se le suma al valor bruto de un bien o servicio. Cuando hablamos de valor bruto, nos referimos al precio que el productor le ha puesto a aquello que ofrece; dicho precio debe cubrir los costos de producción y generarle alguna ganancia que le permita sostener su negocio. Es preciso anotar que el IVA se aplica en todos los momentos del ciclo económico, tales como la producción, distribución, comercialización e importación.”[2]
De lo anterior se deben resaltar varias palabras clave: tarifa adicional al valor bruto que se paga por el consumidor de un bien y/o servicio y que sirve para que el Estado se sostenga. Ahora bien, debe entenderse que en un Estado social de derecho, no es para sostener la insulsa burocracia, sino para cerrar brechas sociales, pero sin crear más brechas al tratar de cerrar las abiertas y en este sentido, coherente es lo que indicó el Presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión: "La igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza para todos y todas, y si somos capaces de distribuirla más justamente. Por eso proponemos una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento. Y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia". Y nada cuestionable hay en estas sublimes, conmovedoras e inspiradoras palabras, sin embargo, si se lee bajo esas premisas la reforma tributaria en relación con el IVA que se le impondrá a ciertos alimentos de la canasta familiar por ejemplo el salchichón, las obleas, el dulce de leche, el chocorramo, la conocida fritanga, el mekato y las gaseosas o bebidas azucaradas, entre otros, no se percibe la prometida generación de justicia desde la praxis de la tributación a la que se aspira y no se percibe porque gravar, “en primera” lo que ha sido por años la cultura nutricional de la mayoría de la población, sin prever siquiera una nueva educación en la alimentación, ni una forma de complementarles el presupuesto para adquirir otros productos, no solamente es desconsiderado, sino alejado de toda teoría de la justicia.
Cierto es que el argumento que se está brindando desde la exposición de motivos del proyecto de reforma indica que se trata de impuestos saludables, no obstante, nada de saludable hay en encarecer los alimentos tradicionales sin ofrecer los sustitutos con una base científica sólida y garante de que la calidad de vida será mejor con el cambio en segunda, de lo que ha sido la primera opción alimenticia.
De otro lado, se ha esgrimido el argumento de que al gravar con IVA los productos mencionados, entre otros que correrán la misma suerte, ‘no es para conseguir dinero, sino que como hacen daño a la salud de lo que se trata es que la gente deje de consumirlos tanto’[3] se considera que es un argumento falaz, un sofisma que en nada aporta a la justicia y a la redistribución de la riqueza en condiciones justas, máxime que al decir que no es para conseguir dinero, pero se está cobrando al más vulnerable, hace pensar que si no es para eso, entonces, ¿por qué mejor no dejar ese dinero en el bolsillo de los ciudadanos y así no desajustarles su presupuesto de alimentación? Máxime que no hay claridad de su destinación, pero el pobre sí sabe bien en qué invertirlo y cómo administrarlo para llegar al fin de mes. Ahora, si de lo que se trata es de que las personas consuman menos dichos productos porque “hacen daño”, ¿qué sentido tiene castigar a los más vulnerables con impuestos para agravarles ese daño?.
En el contexto de lo anunciado sobre cómo se IVA a gobernar para generar riqueza para todos y todas y que implica empobrecer al más vulnerable y privarlo de su acostumbrado hábito de alimentación, sin antes proveerle los reemplazos o sustitutos más óptimos, no me es posible visualizar en la reforma tributaria justicia y equidad y sería más coherente, a mi juicio por supuesto, prohibir la producción de alimentos ultraprocesados y otros con respecto a los cuales se tenga la suficiente evidencia científica de que afectan la salud gravemente y crear multas para quienes continúen con su elaboración y producción, porque si se mantiene el argumento de que esos alimentos son tóxicos (dañinos) para la salud, gravarlos por parte del Estado para beneficiarse económicamente desde los tributos, conociendo el daño que hacen, debería crear responsabilidad del Estado y una consecuente indemnización para los afectados, pues no tiene sentido argumentar desde la premisa: Si esos alimentos valen menos hacen daño a la salud y si valen más no hacen daño alguno.
Cierro esta reflexión iterando que no estoy en contra de una reforma tributaria siempre que se base en pilares de justicia y equidad reales y esté clara la destinación social de los recursos que se aportarán sacrificando el presupuesto personal y familiar.
Referencias:
[1] Ibidem
[2] Siigo. https://www.siigo.com/blog/empresario/que-es-el-iva/
[3] Palabras del Presidente Gustavo Petro al justificar la reforma tributaria
Refuerzo lo anterior desde lo que considero es el derecho y deber de las personas a contribuir y que lo fundamento citando los artículos 2 y 95 de la Constitución Política, que establecen dentro de su texto que es un derecho de la persona el participar en la vida económica y administrativa de la Nación y que es un deber de la persona y del ciudadano: contribuir al funcionamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Por lo tanto, estimo que, entre todos, todas y todes, podemos lograr que se establezca un equilibrio en los ingresos, los tributos y las formas de vida digna para que nadie se lamente de que le faltan los mínimos para una congrua subsistencia. Algo así como el conocido juego en el que todos ponen (ponemos), pero con la precisión de que no a partir de que los gobernantes en ese juego tengan la opción de: toma todo, de todos, incluso de los que no puedan poner.
Con lo dicho, introduzco lo que pretendo reflexionar en esta columna en relación con la reforma tributaria que en 7 días de gobierno ya fue radicada en el Congreso de la República y que en varios aspectos ya se torna escandalosa y como fue también la reforma que pretendió en el año 2021 el ahora expresidente Iván Duque, la actual presentada por el Presidente Gustavo Petro, también se torna escan-DOLOSA y esto lo afirmo por lo que se pretende gravar con el impuesto al valor agregado IVA que afecta directamente a la población más vulnerable, aunque quienes la lideran defiendan y argumenten lo contrario. A continuación, explico, someramente, el porqué de mi percepción (no como un absoluto, pero sí como un aporte a la reflexión y debate en lo social y lo jurídico, aclarando que solamente me centraré en comentar lo atinente al IVA que se le cargará a nuevos productos de la canasta familiar).
En ese orden de ideas, parto de señalar que “Cuando los consumidores compramos un producto o recibimos un servicio, el pago que entregamos a cambio incluye un tributo, el cual aporta buena parte de los recursos que el Estado necesita para sostenerse. Al ser un impuesto que está presente en las transacciones de nuestro día a día, es fundamental tener claro qué es el IVA en Colombia, cómo se calcula su tarifa y cuáles son los bienes que están exentos de pagarlo.”[1] Así, entonces, la pregunta: ¿Qué es el IVA? se resuelve indicando que IVA traduce Impuesto al Valor Agregado y es “una tarifa que se le suma al valor bruto de un bien o servicio. Cuando hablamos de valor bruto, nos referimos al precio que el productor le ha puesto a aquello que ofrece; dicho precio debe cubrir los costos de producción y generarle alguna ganancia que le permita sostener su negocio. Es preciso anotar que el IVA se aplica en todos los momentos del ciclo económico, tales como la producción, distribución, comercialización e importación.”[2]
De lo anterior se deben resaltar varias palabras clave: tarifa adicional al valor bruto que se paga por el consumidor de un bien y/o servicio y que sirve para que el Estado se sostenga. Ahora bien, debe entenderse que en un Estado social de derecho, no es para sostener la insulsa burocracia, sino para cerrar brechas sociales, pero sin crear más brechas al tratar de cerrar las abiertas y en este sentido, coherente es lo que indicó el Presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión: "La igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza para todos y todas, y si somos capaces de distribuirla más justamente. Por eso proponemos una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento. Y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia". Y nada cuestionable hay en estas sublimes, conmovedoras e inspiradoras palabras, sin embargo, si se lee bajo esas premisas la reforma tributaria en relación con el IVA que se le impondrá a ciertos alimentos de la canasta familiar por ejemplo el salchichón, las obleas, el dulce de leche, el chocorramo, la conocida fritanga, el mekato y las gaseosas o bebidas azucaradas, entre otros, no se percibe la prometida generación de justicia desde la praxis de la tributación a la que se aspira y no se percibe porque gravar, “en primera” lo que ha sido por años la cultura nutricional de la mayoría de la población, sin prever siquiera una nueva educación en la alimentación, ni una forma de complementarles el presupuesto para adquirir otros productos, no solamente es desconsiderado, sino alejado de toda teoría de la justicia.
Cierto es que el argumento que se está brindando desde la exposición de motivos del proyecto de reforma indica que se trata de impuestos saludables, no obstante, nada de saludable hay en encarecer los alimentos tradicionales sin ofrecer los sustitutos con una base científica sólida y garante de que la calidad de vida será mejor con el cambio en segunda, de lo que ha sido la primera opción alimenticia.
De otro lado, se ha esgrimido el argumento de que al gravar con IVA los productos mencionados, entre otros que correrán la misma suerte, ‘no es para conseguir dinero, sino que como hacen daño a la salud de lo que se trata es que la gente deje de consumirlos tanto’[3] se considera que es un argumento falaz, un sofisma que en nada aporta a la justicia y a la redistribución de la riqueza en condiciones justas, máxime que al decir que no es para conseguir dinero, pero se está cobrando al más vulnerable, hace pensar que si no es para eso, entonces, ¿por qué mejor no dejar ese dinero en el bolsillo de los ciudadanos y así no desajustarles su presupuesto de alimentación? Máxime que no hay claridad de su destinación, pero el pobre sí sabe bien en qué invertirlo y cómo administrarlo para llegar al fin de mes. Ahora, si de lo que se trata es de que las personas consuman menos dichos productos porque “hacen daño”, ¿qué sentido tiene castigar a los más vulnerables con impuestos para agravarles ese daño?.
En el contexto de lo anunciado sobre cómo se IVA a gobernar para generar riqueza para todos y todas y que implica empobrecer al más vulnerable y privarlo de su acostumbrado hábito de alimentación, sin antes proveerle los reemplazos o sustitutos más óptimos, no me es posible visualizar en la reforma tributaria justicia y equidad y sería más coherente, a mi juicio por supuesto, prohibir la producción de alimentos ultraprocesados y otros con respecto a los cuales se tenga la suficiente evidencia científica de que afectan la salud gravemente y crear multas para quienes continúen con su elaboración y producción, porque si se mantiene el argumento de que esos alimentos son tóxicos (dañinos) para la salud, gravarlos por parte del Estado para beneficiarse económicamente desde los tributos, conociendo el daño que hacen, debería crear responsabilidad del Estado y una consecuente indemnización para los afectados, pues no tiene sentido argumentar desde la premisa: Si esos alimentos valen menos hacen daño a la salud y si valen más no hacen daño alguno.
Cierro esta reflexión iterando que no estoy en contra de una reforma tributaria siempre que se base en pilares de justicia y equidad reales y esté clara la destinación social de los recursos que se aportarán sacrificando el presupuesto personal y familiar.
Referencias:
[1] Ibidem
[2] Siigo. https://www.siigo.com/blog/empresario/que-es-el-iva/
[3] Palabras del Presidente Gustavo Petro al justificar la reforma tributaria
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