Colombia ha padecido muchas tragedias y, a pesar de todas ellas, ha hecho un esfuerzo por afrontarlas, para lo cual, se ha reconstruido cada que le ha sido posible y ha emprendido reformas para redefinir las instituciones democráticas y darles solidez. También transformó en la Constitución de 1991 la fuente de la soberanía y la radicó exclusivamente en el Pueblo del cual emana el poder público y así de claro está en el Artículo 3 de la Constitución Política.
Para que el Pueblo colombiano pueda ser soberano se le reconoce el derecho a elegir y ser elegido en las instituciones políticas y para los cargos de elección popular, dentro de los cuales se cuentan los Alcaldes y los Gobernadores. Pero ¿de qué serviría ser soberano, si la única facultad como pueblo fuese la de elegir candidatos (muchos manipuladores y mentirosos) y luego no poder removerlos de sus cargos cuando la insatisfacción general sea manifiesta? Sin duda, sin la facultad de remover del cargo a quién haya sido elegido, no tendría sentido ser llamado soberano y ello sería como tener un título similar a los nobiliarios que dan visibilidad y prestigio, pero que no sirven absolutamente para nada, al menos en la época actual.
Ahora bien, en Colombia, el Pueblo como Soberano sí tiene la facultad de remover del cargo a una persona que haya sido elegida por voto popular y, aunque no es a todos los que elige por esa vía, sí cuenta, al menos, con la posibilidad constitucional de hacerlo en relación con los Gobernadores y Alcaldes a quiénes, conforme a lo dispuesto en el Artículo 40 de la Constitución Política puede revocarles el mandato y ese poder tiene naturaleza de derecho fundamental. Esa facultad, además, está incorporada como parte de los mecanismos de participación ciudadana que se listan en el Artículo 103, también constitucional. Es decir, que la soberanía del pueblo tiene: voz, voto, decisión, poder de mando y la garantía para hacerse valer en una democracia y no dejarse usurpar en esa función/deber de asegurar, cuidar, proteger y defender la democracia de todos los males y los malintencionados que, llenos de intereses politiqueros y de otra naturaleza, se apoderan de las instituciones democráticas para su beneficio y el de los suyos, con la creación de una suerte de vestidos o trajes malignos con los que dan ropaje de legalidad a su arbitrario, ilegal e inconstitucional proceder.
Los males y los malintencionados, así como los malignos trajes, para debilitar la democracia, se han regado y sembrado por las instituciones públicas desde dónde se dispensan actos y actuaciones que truncan derechos democráticos, impidiendo que el pueblo soberano realice control político. Pero el mal mayor de la democracia, lo ha venido causando un grupo de personas que están en el Consejo Nacional Electoral vulnerando la soberanía popular. Ellos, realmente, no están cumpliendo con sus funciones especiales que consisten en: “Impulsar decididamente la eficiencia y eficacia del sistema electoral en nuestro país, para garantizar la participación equitativa y soberana de todos los colombianos en aras de un incremento sostenible en términos de modernidad, agilidad y transparencia de los eventos electorales, garantizando la calidad de nuestros servicios, la transparencia en las actuaciones y la autonomía e independencia de la corporación.”[1]
Observe bien el lector que el verbo con el que inician las funciones especiales del Consejo Nacional Electoral es “impulsar” y hacerlo “decididamente”, sin embargo, ese verbo impulsar que significa “hacer que una cosa o persona se ponga en movimiento en una dirección o imprimirle más velocidad aplicándole una fuerza” ha sido entendido por los actuales miembros del mentado consejo, como todo lo contrario, esto es, el verbo impulsar, fue cambiado por “detener” y también cambiaron el de “garantizar” por el verbo impedir, el de “incrementar” por descender, “modernidad” por atraso, “agilizar” por ralentizar y “transparencia” por oscurantismo, para lo cual, todo indica que, las funciones especiales se modificaron en su sentido y significado quedando de la siguiente manera:
Son funciones especiales del Consejo Nacional Electoral:
“DETENER decididamente la eficiencia y eficacia del sistema electoral en nuestro país, para IMPEDIR la participación equitativa y soberana de todos los colombianos en aras de un DESCENSO sostenible en términos de ATRASO, LENTITUD y OSCURANTISMO, de los eventos electorales, IMPIDIENDO: la calidad de nuestros servicios, la transparencia en las actuaciones y la autonomía e independencia de la corporación.”
Lo anterior se colige de lo que ha venido sucediendo con el proceso de revocatoria del mandato al Alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle. Proceso con respecto al cual, de forma particular, uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral César Augusto Abreo, se ha sentido con el derecho de retener una revocatoria del mandato a un Alcalde Local, porque como “conserjero” ha considerado que el Comité Promotor de la Revocatoria no cumplió con algunos aspectos de índole contable que, además, son de forma como por ejemplo haber foliado (numerado) mal unas hojas porque el atraso en ese órgano es tal que todavía tienen procesos manuales. Él, que no es Contador, y que según reporta el mismo CNE su formación si bien es de Abogado, solamente da cuenta de una Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social[2], se siente con el derecho “divino” “soberano” de retener un proceso sin el fundamento CONSTITUCIONAL debido y suficiente, desnaturalizando las funciones especiales del Consejo Nacional Electoral y convirtiendo a este órgano en un mal con el que ha vestido a la democracia colombiana. Es que parece, incluso, que odia la democracia, porque lo último de su proceder fue que desatendió un fallo de tutela que ordenaba pronunciamiento sobre los estados contables para que el proceso democrático de la revocatoria avance como derecho fundamental y mecanismo de participación ciudadana que tiene al pueblo soberano como titular, pero al que el señor Abreo, le quiere impedir que actúe en esa calidad.
La democracia no debemos tratarla con indiferencia porque ella encierra la libertad y cuando a algún servidor público creativo le parezca que acudir a los mecanismos de participación no le es conveniente, no se le debe permitir semejante arbitrariedad. Por lo tanto, en favor y salvaguarda de la democracia debemos alzar la voz: cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día y todos los días. No debe alzarse la voz por el resultado en las urnas, sino porque sea cual fuere el resultado y en favor de quien sea, que siempre podamos tener la libertad de producirlo y tan amigos y colegas como siempre.
La democracia no puede estar bajo la disposición de un solo hombre engrandecido que cree que puede ponerle cerradura y adueñarse de las llaves; tampoco se puede dejar al azar por conveniencia política personal, porque, entonces, ningún acontecimiento histórico para conquistarla habrá valido el sacrificio y cuando la democracia cae en oídos sordos se muere toda esperanza de libertad.
Referencias:
[1] COLOMBIA. Consejo Nacional Electoral. https://www.cne.gov.co/la-entidad/acerca-del-cne
[2] COLOMBIA. Consejo Nacional Electoral. https://www.cne.gov.co/la-entidad/magistrados/2-institucional/24-cesar-augusto-abreo-mendez
Para que el Pueblo colombiano pueda ser soberano se le reconoce el derecho a elegir y ser elegido en las instituciones políticas y para los cargos de elección popular, dentro de los cuales se cuentan los Alcaldes y los Gobernadores. Pero ¿de qué serviría ser soberano, si la única facultad como pueblo fuese la de elegir candidatos (muchos manipuladores y mentirosos) y luego no poder removerlos de sus cargos cuando la insatisfacción general sea manifiesta? Sin duda, sin la facultad de remover del cargo a quién haya sido elegido, no tendría sentido ser llamado soberano y ello sería como tener un título similar a los nobiliarios que dan visibilidad y prestigio, pero que no sirven absolutamente para nada, al menos en la época actual.
Ahora bien, en Colombia, el Pueblo como Soberano sí tiene la facultad de remover del cargo a una persona que haya sido elegida por voto popular y, aunque no es a todos los que elige por esa vía, sí cuenta, al menos, con la posibilidad constitucional de hacerlo en relación con los Gobernadores y Alcaldes a quiénes, conforme a lo dispuesto en el Artículo 40 de la Constitución Política puede revocarles el mandato y ese poder tiene naturaleza de derecho fundamental. Esa facultad, además, está incorporada como parte de los mecanismos de participación ciudadana que se listan en el Artículo 103, también constitucional. Es decir, que la soberanía del pueblo tiene: voz, voto, decisión, poder de mando y la garantía para hacerse valer en una democracia y no dejarse usurpar en esa función/deber de asegurar, cuidar, proteger y defender la democracia de todos los males y los malintencionados que, llenos de intereses politiqueros y de otra naturaleza, se apoderan de las instituciones democráticas para su beneficio y el de los suyos, con la creación de una suerte de vestidos o trajes malignos con los que dan ropaje de legalidad a su arbitrario, ilegal e inconstitucional proceder.
Los males y los malintencionados, así como los malignos trajes, para debilitar la democracia, se han regado y sembrado por las instituciones públicas desde dónde se dispensan actos y actuaciones que truncan derechos democráticos, impidiendo que el pueblo soberano realice control político. Pero el mal mayor de la democracia, lo ha venido causando un grupo de personas que están en el Consejo Nacional Electoral vulnerando la soberanía popular. Ellos, realmente, no están cumpliendo con sus funciones especiales que consisten en: “Impulsar decididamente la eficiencia y eficacia del sistema electoral en nuestro país, para garantizar la participación equitativa y soberana de todos los colombianos en aras de un incremento sostenible en términos de modernidad, agilidad y transparencia de los eventos electorales, garantizando la calidad de nuestros servicios, la transparencia en las actuaciones y la autonomía e independencia de la corporación.”[1]
Observe bien el lector que el verbo con el que inician las funciones especiales del Consejo Nacional Electoral es “impulsar” y hacerlo “decididamente”, sin embargo, ese verbo impulsar que significa “hacer que una cosa o persona se ponga en movimiento en una dirección o imprimirle más velocidad aplicándole una fuerza” ha sido entendido por los actuales miembros del mentado consejo, como todo lo contrario, esto es, el verbo impulsar, fue cambiado por “detener” y también cambiaron el de “garantizar” por el verbo impedir, el de “incrementar” por descender, “modernidad” por atraso, “agilizar” por ralentizar y “transparencia” por oscurantismo, para lo cual, todo indica que, las funciones especiales se modificaron en su sentido y significado quedando de la siguiente manera:
Son funciones especiales del Consejo Nacional Electoral:
“DETENER decididamente la eficiencia y eficacia del sistema electoral en nuestro país, para IMPEDIR la participación equitativa y soberana de todos los colombianos en aras de un DESCENSO sostenible en términos de ATRASO, LENTITUD y OSCURANTISMO, de los eventos electorales, IMPIDIENDO: la calidad de nuestros servicios, la transparencia en las actuaciones y la autonomía e independencia de la corporación.”
Lo anterior se colige de lo que ha venido sucediendo con el proceso de revocatoria del mandato al Alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle. Proceso con respecto al cual, de forma particular, uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral César Augusto Abreo, se ha sentido con el derecho de retener una revocatoria del mandato a un Alcalde Local, porque como “conserjero” ha considerado que el Comité Promotor de la Revocatoria no cumplió con algunos aspectos de índole contable que, además, son de forma como por ejemplo haber foliado (numerado) mal unas hojas porque el atraso en ese órgano es tal que todavía tienen procesos manuales. Él, que no es Contador, y que según reporta el mismo CNE su formación si bien es de Abogado, solamente da cuenta de una Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social[2], se siente con el derecho “divino” “soberano” de retener un proceso sin el fundamento CONSTITUCIONAL debido y suficiente, desnaturalizando las funciones especiales del Consejo Nacional Electoral y convirtiendo a este órgano en un mal con el que ha vestido a la democracia colombiana. Es que parece, incluso, que odia la democracia, porque lo último de su proceder fue que desatendió un fallo de tutela que ordenaba pronunciamiento sobre los estados contables para que el proceso democrático de la revocatoria avance como derecho fundamental y mecanismo de participación ciudadana que tiene al pueblo soberano como titular, pero al que el señor Abreo, le quiere impedir que actúe en esa calidad.
La democracia no debemos tratarla con indiferencia porque ella encierra la libertad y cuando a algún servidor público creativo le parezca que acudir a los mecanismos de participación no le es conveniente, no se le debe permitir semejante arbitrariedad. Por lo tanto, en favor y salvaguarda de la democracia debemos alzar la voz: cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día y todos los días. No debe alzarse la voz por el resultado en las urnas, sino porque sea cual fuere el resultado y en favor de quien sea, que siempre podamos tener la libertad de producirlo y tan amigos y colegas como siempre.
La democracia no puede estar bajo la disposición de un solo hombre engrandecido que cree que puede ponerle cerradura y adueñarse de las llaves; tampoco se puede dejar al azar por conveniencia política personal, porque, entonces, ningún acontecimiento histórico para conquistarla habrá valido el sacrificio y cuando la democracia cae en oídos sordos se muere toda esperanza de libertad.
Referencias:
[1] COLOMBIA. Consejo Nacional Electoral. https://www.cne.gov.co/la-entidad/acerca-del-cne
[2] COLOMBIA. Consejo Nacional Electoral. https://www.cne.gov.co/la-entidad/magistrados/2-institucional/24-cesar-augusto-abreo-mendez
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