En total desarmonía con las normas de calidad que promueve e impulsa el Ministerio de Educación Nacional, se ha puesto en marcha, por éste mismo Organismo, el llamado “Nuevo SACES” que traduce Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en el que se registra y compila la información que tiene que ver con los registros calificados de los programas académicos de pregrado y posgrado y cuyo fundamento está en la Ley 1188 de 2008, reglamentada actualmente por el Decreto 1330 de 2019 y éste, a su vez, reglamentado por la Resolución número 021795 de noviembre de 2020.
 
Que se disponga un nuevo SACES no tiene por qué ser algo malo, de hecho, es algo muy bueno porque renueva y oxigena trámites y optimiza procesos en muchos casos, máxime que suprime la exigencia del documento maestro. Todo lo que sume a la automatización de procesos debe ser bien visto, se debe recibir de la mejor manera y se debe acoger para hacer del sistema el mejor aliado.  Por el nuevo SACES, hay que darle todo el reconocimiento al Ministerio de Educación Nacional y al equipo de técnicos que ha hecho posible su desarrollo e implementación y, seguramente, el sistema generará a futuro excelentes indicadores.
 
Y… en algo tan bonito, porque lo es ¿qué debería haber de feo? 
 
El inconveniente que tiene el nuevo SACES no es él en sí mismo, sino los tiempos y la forma impositiva por la que ha optado el Ministerio de Educación Nacional para implementarlo. Y es que el Ministerio decidió a “pupitrazo” que desde el 8 de abril de 2021, ningún trámite relacionado con la renovación de los registros calificados se puede continuar por el sistema anterior, sino que debe ser mediante el nuevo. Aparentemente esto tampoco debería tener ningún problema, pero sí lo tiene. 
 
La dificultad que surge de la autoritaria decisión y que se considera violatoria de derechos, está en que el Ministerio olvidó que muchas Instituciones de Educación Superior se encuentran dentro de los términos legales vigentes para hacer completitudes a documentos maestros, muchas de ellas tan sencillas como corregir un yerro en el número de estudiantes o enviar un anexo, claro que sencillas o complejas esas completitudes, lo cierto es que las IES están en términos y eso es un derecho, porque, además, están confiadas en la normativa vigente por virtud del principio de confianza legítima que les permite culminar esos ajustes. Incluso la misma Resolución 021795 incluye en el Artículo 76 unas disposiciones transitorias, así:
 
“Articulo 76. Disposiciones transitorias. Las instituciones que soliciten la renovación del registro calificado de programas académicos dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta resolución, deberán:
 

1. En cuanto a las evidencias e indicadores de los aspectos curriculares desde los componentes formativos, presentar lo dispuesto en los literales b), c), d), f) del articulo 13 y en los literales a) y d) del articulo 57 de la presente resolución.

 

1. En cuanto a las evidencias e indicadores de los aspectos curriculares desde los mecanismos de evaluación, presentar lo dispuesto en el literal c) del artículo 21 y en los literales b), d), e), f) y g) del artículo 61 de la presente resolución.”

 
No obstante, el Ministerio ha decidido, de un lado, no habilitar el sistema anterior para que dichas completitudes se carguen y, del otro lado, está exigiendo que el trabajo se vuelva a hacer bajo los parámetros del nuevo SACES, sin considerar lo dispuesto en sus mismas disposiciones jurídicas transitorias, ni que muchas IES están dentro de los términos para hacer completitudes, lo cual implica desgaste administrativo, paralización de planes, reprocesos, gastos adicionales para las IES, pero algo muy importante dentro del Estado constitucional y democrático, la vulneración del principio de confianza legítima por la inobservancia que el Ministerio hace de sus propias disposiciones jurídicas en las que contempla un plan de transición que no está aplicando. Este principio lo trata con suficiencia el Profesor Gabriel Valbuena Hernández en su texto “La Defraudación de la Confianza Legítima: aproximación crítica desde la teoría de la responsabilidad del Estado.” Desde el mismo sugestivo nombre del libro se deja claro que al Estado, en cabeza de quién corresponda determinado proceso, puede ser responsable si transgrede el novedoso principio que, como bien lo indica el Profesor en su texto al mirarse desde la perspectiva de los administrados (calidad que tienen las IES), se pueden derivar implicaciones jurídicas “cuando las autoridades, obrando en contravía de los postulados de la buen fe, la seguridad jurídica, la lealtad, la seriedad y la coherencia, deciden desconocer la palabra empeñada, burlando la confianza depositada por los administrados en el Estado, ocasionándoles de contera daños antijurídicos de contenido patrimonial y extrapatrimonial”[1]
 
Otros principios que vulnera el Ministerio son: debido proceso, economía, eficiencia y seguridad jurídica. 
 
Sobre el asunto, el Ministerio de Educación Nacional le respondió vía Twitter a la Revista Jurídica Digital VOZ JURÍDICA, que “los procesos radicados en debida forma seguirán su trámite en la plataforma anterior” tal y como se lee a continuación:

​Con esta respuesta parece resolverse la situación, sin embargo no es así, porque el Ministerio está desconociendo que un programa radicado en la plataforma anterior, aunque deba hacer completitudes, eso no le resta que fue radicado en debida forma, de allí que obligar a una IES a que reprocese y que asuma una nueva plataforma para cargar información bajo una resolución que es nueva, un sistema nuevo que apenas se está dando a conocer y que decida autónomamente modificar términos sin el procedimiento debido, definitivamente vulnera los principios arriba mencionados. 
 
El comportamiento del Ministerio de Educación Nacional es infortunado, porque el sistema de aseguramiento de la calidad, del cual hacen parte las IES y todas las comunidades que la integran, lo que debería propiciar es armonía, el gusto por hacer las cosas bien y no disgustos por la imposición arbitraria de formalismos que, por lo reciente de la normativa que lo fundamenta, no hará que los programas sean mejores al imponerse sin una transición.
 
La calidad no es la instrumentalización, sino la decisión de hacer las cosas bien para generar el mayor beneficio posible a quiénes se forman y a todos los actores que intervienen en el proceso.
 
Una invitación al Ministerio es a que se pronuncie rápidamente para aclarar la situación y cree un plan de transición entre un sistema y otro para generar una implementación con el menor traumatismo posible y esto es necesario porque los términos están corriendo según el anterior SACES que tiene unos parámetros claros y que se modifican sustancialmente con el nuevo sistema y, por lo tanto, es más conveniente desde toda consideración jurídica, pero también administrativa, darles continuidad hasta que los términos venzan y luego sí implementar el nuevo SACES a toda marcha.

Referencias:

[1] VALBUENA HERNÁNDEZ, Gabriel.  La Defraudación de la Confianza Legítima: aproximación crítica desde la teoría de la responsabilidad del Estado. Bogotá. 2008: Universidad Externado de Colombia. p, 34.
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El 15 de septiembre se conmemoró el día internacional de la democracia declarado por la ONU que en los antecedentes indicó: “los valores de la libertad, el respeto a los derechos humanos y el principio de la celebración de elecciones periódicas por sufragio universal son elementos esenciales de la democracia; A su vez, la democracia proporciona el entorno natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. Estos valores están incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y desarrollados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra una serie de derechos políticos y libertades civiles que sustentan democracias significativas.[1]

La democracia es un tema que debería tener una discusión y consideración más frecuente y abierta para que haya una pedagogía y comprensión de lo que tal modelo significa para un Estado y para la sociedad, de esa forma se comprenderá mejor a quién y por qué elegir para que guíe los destinos del Estado, incluido lo local y en muchos casos lo institucional, sobre todo en aquellas entidades públicas y privadas que tienen un gobierno corporativo con representación de sus comunidades o actores, porque la democracia como forma de participación política, se expresa en grande, pero también en pequeño y las dictaduras hay que evitarlas en todos los escenarios para que no se propaguen como lo hacen las pandemias porque pueden generar los mismos efectos, pero más nefastos.

Colombia se declara en el Artículo 1 de la Constitución Política de 1991 como un Estado democrático, participativo y pluralista[2]. Sobre el particular, la Corte Constitucional en la Sentencia Sentencia C-379/16 manifestó que “las implicaciones del carácter democrático en la Constitución de 1991 son “(i) que el Pueblo es poder supremo o soberano y, en consecuencia, es el origen del poder público y por ello de él se deriva la facultad de constituir, legislar, juzgar, administrar y controlar, (ii) que el Pueblo, a través de sus representantes o directamente, crea el derecho al que se subordinan los órganos del Estado y los habitantes, (iii) que el Pueblo decide la conformación de los órganos mediante los cuales actúa el poder público, mediante actos electivos y (iv) que el Pueblo y las organizaciones a partir de las cuales se articula, intervienen en el ejercicio y control del poder público, a través de sus representantes o directamente”.[3]

Sin embargo, se estima, Colombia no ha alcanzado a materializar la igualdad política que tal declaración implica, manteniéndose, infortunadamente, en una constante lucha para conquistar espacios que deberían estar dispuestos para la representatividad de todos, pero no elevando a unos sobre los otros, sino nivelando en oportunidades.

Democracia y libertad deben ser la base del desarrollo social, político, económico, cultural, entre otros ordenamientos y un espacio de convergencia y construcción en la diferencia y no de destrucción por la competencia.

La democracia no puede reducirse solo a un voto, sino a poder hablar libremente, hacer libremente, vivir libremente, en fin, ejercer libremente los derechos de libertad, pero no de cualquier manera, porque “la vida social en democracia se mueve dentro de un conjunto de valores”[4]. Entre esos valores se cuenta la tolerancia y la solidaridad. A la tolerancia “se le puede definir como el reconocimiento de las diferencias en cuanto a las costumbres y modos de vida.  Esto implica, ante todo, reconocer que nadie tiene el monopolio de la verdad y aprender a respetar los puntos de vista ajenos.  Bajo esta afirmación se reconoce que la democracia se construye en el diálogo y el contraste de las ideas.”[5] Y a la solidaridad se le concibe en relación con que “frente al reconocimiento de que cada libertad individual puede en algún momento enfrentarse a la del otro, es importante tender puentes entre las personas.  Más que un acto espontáneo, debe verse como un esfuerzo de cooperación que debe ser generado en mayor o menor medida por las instituciones.”[6]

La solidaridad está consagrada con vocación de norma permanente en la Constitución Política de Colombia en varios artículos: 1, 48, 49, 95, 356 y 367, no obstante, puede ser discutible que en todos esos artículos se refiera a esa solidaridad que implica “tender puentes” en una verdadera democracia, pero, al menos, sí es afortunado que como principio y valor se encuentre positivizada en la Constitución.

En un Estado democrático que propugna por los derechos de libertad y de igualdad tan necesarios para una vida digna, con sentido, significado y propósito, los ciudadanos no deben caer en juegos de inclusión basados en discursos populistas expuestos por falsos demócratas que escasamente comprenden el valor de gobernar y lo que ha representado históricamente la conquista de la democracia. Los discursos populistas no le hacen bien a la democracia, ni las trampas políticas que con vileza, bajeza y viveza crean algunos para poner en entredicho a quien consideran su oponente y no un igual, pero diferente.

La democracia encarna no solo la posibilidad de poder participar en decisiones políticas, sino el poder para materializar unas mejores condiciones de vida para todos, de allí que  “La democracia demanda una ciudadanía activa”[7] pero no una ciudadanía destructiva, ya que como lo precisa claramente la Corte Constitucional en la Sentencia citada “desde el punto de vista del ciudadano la participación democrática es un derecho-deber (Artículo 95-5, C.P.), “toda vez que le concede [al ciudadano] la facultad y a la vez la responsabilidad de hacerse presente en la dinámica social que involucra intereses colectivos. Esa facultad no se circunscribe a los procesos propiamente políticos, y su ejercicio debe estar adecuadamente garantizado, pues así lo exigen las mismas normas superiores”. Esta comprensión se manifiesta tanto en la elección de representantes como en los mecanismos de participación ciudadana. Ahora bien, es importante anotar que la participación ciudadana como derecho-deber, debe darse conforme a los mecanismos establecidos y bajo los parámetros constitucionales y legales aplicables en cada caso particular. Así pues, el poder constituyente debe expresar su soberanía por los medios establecidos para intervenir en la toma de decisiones colectivas. En un Estado constitucional y democrático el Pueblo “acepta que todo poder debe tener límites y, por lo tanto, como pueblo soberano acuerda constituirse y autolimitarse de conformidad con ese modelo democrático e instituye cauces a través de los cuales pueda expresarse con todo y su diversidad”.[8]

Si tomamos como ciudadanos la investidura de demócratas, se plantea que el enfoque de demócrata debe ser el progreso en libertad y por la libertad, manteniendo a cada quien en el goce de esos derechos por la tolerancia y la solidaridad, sin el objetivo de destruirlos ni como daño colateral, por eso se itera: La Democracia no es para un día, sino para todos los días.


Referencias:

[1] NACIONES UNIDAS.  “Antecedentes. El Día Internacional de la Democracia es una oportunidad para recordar que la democracia se ha de centrar en las personas. La democracia es tanto un proceso como un objetivo, y solo con la participación y el apoyo plenos de la comunidad internacional, los gobiernos, la sociedad civil y las personas, el ideal de la democracia puede convertirse en una realidad para que todos puedan disfrutarla en todas partes.

Los valores de la libertad, el respeto a los derechos humanos y el principio de la celebración de elecciones periódicas por sufragio universal son elementos esenciales de la democracia; A su vez, la democracia proporciona el entorno natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. Estos valores están incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y desarrollados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , que consagra una serie de derechos políticos y libertades civiles que sustentan democracias significativas.

El nexo entre democracia y derechos humanos figura en el artículo 21(3) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y establece que:

«La voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad de gobierno; ello se expresará en elecciones periódicas y genuinas que serán mediante sufragio universal e igual y se celebrarán por voto secreto o por procedimientos de votación libres equivalentes».

Los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en instrumentos de derechos humanos posteriores que abarcan los derechos de los grupos (por ejemplo, los pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidades) son igualmente esenciales para la democracia habida cuenta de que garantizan la distribución equitativa de la riqueza, y la igualdad y equidad con respecto al acceso a los derechos civiles y políticos. https://www.un.org/es/observances/democracy-day

[2] COLOMBIA.  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política (4, julio, 1991). Gaceta Constitucional. Bogotá.  no. 116.

[3] COLOMBIA.  CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-379 de 2016.

[4] DWORAC CAMARGO, Fernando.  El ciudadano y su papel en una democracia liberal. 
https://relial.org/download/ab4b1facf881cfd2027118c48dd2eab5.pdf/82 .

[5] Ibidem. P. 9

[6] Ibidem. P. 9

[7] DWORAC CAMARGO.  Op. Cit. P. 9

[8] COLOMBIA.  CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-379 de 2016.

-¿Democracia o Dinerocracia? Editorial de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

- Perpetuidad de los Congresistas vulnera el derecho de igualdad y la democracia.  Editorial de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

- Época electoral y qué problema con los políticos.  Editorial de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

De acuerdo con el Artículo Primero de la Constitución Política “Colombia es un Estado social de derecho,... democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” (resaltado fuera de texto).
 
Agrega la Constitución en el Artículo Segundo que “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;”… además, también prescribe que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  Y se agrega a lo anterior lo dispuesto en el Artículo 11 según el cual “El derecho a la vida es inviolable”. (Resaltado fuera de los textos).
 
Y aunque lo establecido en estos artículos de la Constitución parece estar tan claro y que se espera se cumpla de forma fiel, sino por todos, sí por las autoridades legítimamente constituidas en quienes la mayoría ponemos la esperanza de un poco de seguridad, justicia y paz, lo que tristemente hallamos, infortunadamente con cierta frecuencia, es una evasión y abuso de las normas constitucionales y lo más reciente es cómo en Colombia ha muerto un Abogado, luego de ser maltratado en manos de quien debió protegerlo, en manos de personas investidas de autoridad, una autoridad ejercida no solo de forma desproporcionada, sino al margen de la ley por su exceso y por ello violatoria de los derechos humanos y del Estado Constitucional y Democrático.

¿Qué esperanza queda si quienes tienen que proteger la vida, la afectan, la violan como derecho y hasta la apagan como si fuese una vela inservible en lugar de ponerla en el lugar más alto para que ayude a iluminar a todos?

Hoy y ojalá cada día, necesario es evocar al Maestro Francesco Carnelutti, que con acierto indicó en su obra Cómo Nace el Derecho, que “el derecho nace bajo el signo de la contradicción: se sirve de la guerra para combatir la guerra; para que el bandido no ataque al caminante (persona de a pie y de bien), el carabinero (Estado, fuerza pública legítima) ataca al bandido”, no obstante, lo que hayamos es algunos  carabineros, porque por fortuna no son todos, haciendo de bandidos, disparándole al caminante (disparos eléctricos) y no solo en Colombia, porque hace solo algunos meses vimos también el abuso de autoridad que se le infligió en Estados Unidos a un hombre afroamericano.  Son sucesos y prácticas infortunadas,  que se llevan a cabo y que lo único que permite concluir es ¿Son personas que se creen de mejor condición porque son autoridades en el papel y por eso se comportan como bandidos en la calle?
 
Nota:  La Revista Jurídica Digital WWW.VOZJURIDICA.COM expresa su sentimiento de dolor por el indigno trato que recibió de unos agentes de la Policía colombiana el estudiante de derecho Javier Ordóñez, quien luego falleció en un Centro Médico de Bogotá.  El derecho está de luto. Nuestros sentimientos de consideración para los familiares y amigos del Abogado Ordóñez y nuestro reproche por el abuso de autoridad que nos aleja de la paz que anhelamos.


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Ahora con casi 600 mil contagios y que todo tiende a retornar a su habitual normalidad sin argumentos suficientes para superar los que se usaron para su interrupción con solo 14 infectados, no dejará de llamar la atención que la academia guardó silencio y no cuestionó las decisiones políticas que a conveniencia del gobierno nacional y local la sacó de su campus y que simplemente aceptó sin cuestionamiento alguno muy apesar de que su estabilidad financiera podía verse afectada, su realidad turbada y su necesidad de estar activa reformada de facto.  

Docentes e investigadores se marginaron de las discusiones, muchos quedaron sumidos en la depresión y en el anhelo de querer verse nuevamente en los pasillos, bibliotecas y cafeterías o dando sus magistrales clases con la acostumbrada elocuencia, pero ese malestar no trascendió hacia la construcción de las propuestas sobre cómo podría ser o se podría volver antes de que fuera demasiado tarde para la economía de muchos. Bueno, seguramente se creyó, a mi juicio erróneamente, que no hacían parte de las soluciones y que ellas le correspondían a los recién posesionados gobernantes aunque carecieran muchos de toda formación científica y aunque su experiencia en gobernar fuera nula, poca o insuficiente.

La academia como fuente de conocimientos, centro por excelencia de investigación y pensamiento, no propuso con base científica modelos de retorno al comercio, al campus, a la vida espiritual, cultural, deportiva, entre otras, sino que recibió pasivamente la propuesta de anormalidad y normalidad que la clase política asentada en el gobierno ha mandado, así lo mandado no tuviera sentido, ni significado. También acogió sin resistir lo que el comercio le diseñó para su protección y cuidado personal, ello sin pensar, pero pensados.

Seguramente todo pasará a estudio de caso y a reflexiones y análisis posteriores sobre cómo pudieron ser las cosas, pero ya a destiempo de la realidad que se ha vivido. 
​
Tal vez con ocasión de ese silencio, también quedará en la memoria que la sociedad tristemente no reclamó la apertura de las instituciones educativas, sino de bares con licor, centros comerciales, piscina de pelotas para niños, carruseles, parques de diversión, crispetas y estadios. ¿Está desconectada la academia de la sociedad?


Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez 
Directora www.vozjuridica.com

Quiero acuñar el término SHOWSTICIA para desvelar como hoy se tiene un nuevo espacio para procesar a todo aquel que pueda ser señalado de la comisión de un delito o de una falta disciplinaria o de responsabilidad fiscal, hoy, al parecer, no son los jueces los que tienen la última palabra sino los influencer, los youtuber, también lo amantes de la parodia y hasta los que sean capaces de componer una canción que recree los hechos, aunque ellos carezcan de prueba, porque lo importante es que rimen, bueno y aunque no rimen como ocurre en ciertos géneros musicales, y también están los que salen con un melisma, diseño o vericuetos a ponerle picante a la noticia.

Los procesos judiciales y los procedimientos sancionatorios apenas medio tienen la intención de tomar forma, cuando ya en el escenarios de la SHOWSTICIA, todos han opinado, argumentado, aportado pruebas, las han valorado, juzgado y han emitido sentencia y qué tal si la JUSTICIA decide de forma contraria a la SHOWSTICIA, se desata la deslegitimación que no se hace esperar, téngase como ejemplo el Proceso 8000, el caso Petro, el Caso Antanas, el Caso Ángela María Robledo, el Caso Uribe Noguera, el Caso Aída Merlano, el Caso Aníbal Gaviria Correa y ahora el Caso Uribe Vélez, claro que el lector puede sumar muchos más. 

Lo que quiero reflexionar es que se ha hecho de lo judicial y lo administrativo sancionatorio, algo que aunque debe decidirse por los jueces y autoridades disciplinarias que son los que tienen la competencia para ello y el conocimiento, un endoso a la fuerza de la reflexión, ataque, presión, análisis y valoración de quienes no son, ni han fungido como abogados, jueces o fiscales, incluso a los actores que salen a opinar, creen ellos que en derecho, muchas veces recitando el libreto que mejor se aprendieron para algún programa de televisión que, previo castin, les otorgó el título de Abogados.

No importa de quién se trate, con partido político o sin él, con dinero o sin él, de una familia pudiente o influyente, o sin ella, todo ello será como en la SHOWSTICIA se decida y ya lo único que falta es que al mejor estilo de los reality shows se cree el mecanismo de votación a través de aplicaciones monetizadas para que se decida la competencia sobre quién debe instruir y juzgar.

La SHOWSTICIA la defino como aquel escenario en el que se sale a las redes sociales a mostrar, exhibir, dramatizar y a generar efectos especiales sobre un asunto jurídico, para hacer creíble lo que no lo es y no creíble lo que si lo es. Es el espacio del decorado, de la escenografía, de los montajes, luces, cámara y acción y no el espacio en el que se analiza y decide como en derecho corresponde, ni por quien corresponde.

Lo preocupante de todo es que hallamos Abogados privilegiando el escenario de la SHOWSTICIA y dando en 280 caracteres debates sin contexto, o aportando memes en lugar de argumentos y opiniones jurídicas reflexionadas y sustentadas, lo cual se convierte en unas píldoras que flaco favor le hacen a un Estado Constitucional y Democrático porque no informan, no forman, pero si trastornan el imaginario colectivo con respecto a lo que el derecho significa y lo que los escenarios judiciales legítimos representan para una justicia válida.

Si nos quitamos las pasiones podemos preguntarnos objetivamente: ¿qué queremos? SHOWSTICIA O JUSTICIA. Ahí está el dilema moral. Definitivamente urge reposicionar el Estado de Derecho para la protección de las instituciones jurídicas y no maltratarlas bajo la creencia política y subjetiva de que no sirven o se han subjetivado solamente porque una decisión jurídica no se ha correspondido con lo que en la SHOWSTICIA se dramatizó.

Defender el Estado de Derecho y las Instituciones Jurídicas es garantía para la protección de los derechos que tienen vocación universal y los correlativos deberes.
 

Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
Directora www.vozjuridica.com




Temas relacionados: Las Divas del Derecho Penal. Columna de la Abogada Diana Muñoz Castellanos. https://www.vozjuridica.com/columnista-diana-muntildeoz/las-divas-del-derecho-penal

Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
Directora www.vozjuridica.com

¿La Imparcialidad Judicial en Riesgo?
 
Hay una práctica en la administración de justicia que consiste en asignarle a los mismos Magistrados asuntos que ya han sido conocidos por ellos de forma previa como por ejemplo en la decisión de los recursos en contra de nulidades que se invoquen.  Es decir que cuando se solicita una nulidad ante el juez de conocimiento y este la niega, el recurso que contra ella se interpone será de conocimiento del Tribunal correspondiente, allí por el procedimiento correspondiente se hace el reparto y se le asigna su conocimiento a un Magistrado.  ¿Qué tiene esto de malo? Definitivamente nada.  Ahora, cuando el Magistrado que revisa el incidente de nulidad toma una decisión de decretarla o no, es apenas obvio que ha entrado en conocimiento de los hechos, de los elementos materiales probatorios que allí se encuentran y que aún no son prueba, pero que de todas formas llevan a que se forme un primer juicio sobre el asunto. 

¿Cuándo se presenta realmente el problema?  Se presenta cuando se interpone el recurso ordinario de apelación y éste le es entregado al mismo Magistrado que ya tuvo algo que ver con el proceso, lo cual, naturalmente a mi juicio, lleva ya una predisposición o un prejuicio que puede impedir un cambio de decisión si previamente bajo otro medio conoció el proceso. 

Los Jueces y Magistrados a quienes les corresponde decidir de fondo una causa, no deben tener memoria, no deben tener contacto previo con el asunto que conocerán en segunda instancia. 
​
Definitivamente ningún Magistrado que por alguna razón hubiese conocido de un proceso, fuese por la razón que fuese, debería tener en sus manos la decisión de fondo en aras de garantizar la imparcialidad judicial.

El 8 de marzo: una fecha para conmemorar y honrar todos los días 
 
Aunque el 8 de marzo sea la fecha que la  ONU institucionalizó como Día Internacional de la Mujer, el recordatorio sobre el propósito de luchar en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las Mujeres en cualquier edad, no puede reducirse solamente a esta fecha y menos en una época en la que estamos presenciando que se avanza en la conquista de derechos, pero se retrocede en la garantía para su ejercicio.
 
La igualdad total, real, efectiva, inmediata, sólida, permanente e inmarcesible para las Mujeres no puede dar más espera y su reconocimiento no puede ni debe continuar a cuenta gotas.  Urgen actos y conductas que se materialicen a diario en todo los escenarios de lo público y de lo privado con tratos que den cuenta de que no hay, ni volverá a presentarse, discriminación alguna, imposición de credos y doctrinas, ni estados y Estados de esclavitud o que esclavicen, que victimicen y atemoricen, y menos condicionamientos para ejercer plenamente la libertad.
 
Debemos, entonces, todos los días, en todos los espacios y no solamente en el día internacional de la Mujer, alzar las manos para recordar y confirmar que hemos estado, estamos y estaremos presentes en la historia de la humanidad y que ningún esfuerzo, grande o pequeño, por invisibilizarnos, destruirnos o perseguirnos, tendrá éxito.  Ningún esfuerzo por discriminarnos, someternos a los acostumbrados y hasta disimulados abusos, engaños y manipulaciones, se mantendrá vigente o impune, porque tenemos las manos levantadas siempre para ayudar, servir, hacer, crear, consolar, abrazar, desarmar, amar, aprender, defender y defendernos, unir y unirnos, sumar y sumarnos, pero nunca para discriminar o discriminarnos.
 
Llenemos cada día de los propósitos que para la defensa de las Mujeres se conmemora el 8 de marzo e imitemos a todas esas mujeres que con su vida y obra han hecho historia, que han roto techos de cristal, que nos han heredado espacios laborales, políticos, sociales, académicos, científicos y culturales y edifiquemos en ellos esperanza, paz, colaboración, justicia, equidad y reivindicación.
 

Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
Directora www.vozjuridica.com
 
 
 
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