La Procuraduría General de la Nación ha suspendido a Daniel Quintero Calle en el desempeño de su cargo como Alcalde de Medellín, por su indebida participación en política.
 
La decisión de la Procuraduría protege de forma directa la democracia en Colombia y el Estado social y constitucional, porque con eso contribuye a que Daniel Quintero Calle deje de participar en política abusando del cargo y función que tiene en lo público para favorecer a un partido político cuando debería ser ecuánime. 
 
Seguramente Daniel Quintero Calle saldrá a la “calle” y a las redes a tratar de enredar a los ciudadanos diciendo que por haber sido suspendido "está afectada la democracia", pero es al contrario, ha sido salvada la democracia. Esa democracia que Daniel Quintero Calle ha querido afectar e impedir que se ejerza, tal es, con sus actos desmedidos y equivocados para oponerse al proceso democrático de la revocatoria en Medellín y el maltrato verbal con calificativos que ha dado a los ciudadanos y ciudadanas que no están de acuerdo con su forma de gobernar. 

Recuérdese que Daniel Quintero Calle no pierde oportunidad para ofender, burlarse de los que le hacen llamados a que gobierne y administre bien lo público, pero él parece más interesado en hacer política que en fungir de forma seria, comprometida, responsable, transparente y equilibrada, como Alcalde de todos los habitantes de Medellín y no solamente de sus simpatizantes.

De otro lado, el hecho de que la Procuraduría General de la Nación haya suspendido a unos y todavía no a otros, no es un argumento jurídico como muchos pretenden hacerlo creer para justificar la mala práctica de Daniel Quintero Calle, porque lo que está mal, está mal aunque varios lo cometan porque el hecho de que sean muchos haciendo el mal, no lo convierten en bien, aunque no reciban aún reproche jurídico.

La Procuraduría ha protegido un bien mayor que es la democracia y la decisión goza de presunción de legalidad. 
 
Celebremos la democracia y la participación en ella en condiciones de igualdad a pesar de nuestras diferencias y defendamos el Estado social, constitucional y democrático.
 

El perdón social no es descabellado. ¿Por qué sería descabellado considerar que una sociedad entera llegue a perdonar a sus captores, verdugos, maltratadores, abusadores, raptores, secuestradores, violadores, ladrones, estafadores, malversadores, embaucadores, terroristas, lesionadores, homicidas y portadores de cuanto adjetivo de delincuente exista en el código penal? Eso no tiene por qué ser descabellado y tampoco imposible. “De todo se ve en la viña del Señor” decimos los que profesamos la fe cristiana y que sabemos, por la vivencia, que el dolor y sufrimiento causado por las personas cuyo calificativo mencioné, solo se logra superar con el perdón, aunque no se olvide. Aquella persona que no perdona vive una vida llena de dolor, resentimiento, venganza, amargura y desánimo, que la lleva a tomar caminos de venganza en los que enreda a mucha gente porque nunca dará un testimonio valeroso de resiliencia, sino que lo que hará es mantener abiertas y sangrantes las heridas. Así que siempre será posible perdonar los peores vejámenes. 
 
Pero ¿Cómo ocurre ese perdón? ¿Será con una orden, un decreto, una sentencia, o una mediación, conciliación, arbitraje, amigable composición, “amigables composiciones” o convirtiéndolo en tendencia en las redes sociales o la moda del momento como si se tratara de un vestido al que se puede acceder porque se puso en oferta?
 
El verdadero perdón no es una moneda de cambio y, contrario a lo demás, el perdón sí es un cariño verdadero, que no se compra, ni se vende. No tiene precio. No se negocia, porque no es el objeto negocial de un acuerdo conmutativo en el que me das y te doy. El perdón implica poderle decir al otro: no me debes nada y definitivamente, nunca puede ser el producto o resultado de un decreto, ni de una sentencia judicial acompañada del sonido de un mallete decretando una indemnización y tampoco es el vestido de moda, la canción más sonada, ni lo mejor del séptimo arte, aunque lleve todos los efectos especiales
 
El perdón, a mi juicio, es un proceso individual, personalísimo, indelegable e insustituible (no se hereda, ni se impone), pero, además, es una decisión que implica responsabilidades y determinación y para que pueda tener un efecto y un impacto, interno y externo y propiciar un terreno fértil para resembrar en él otras realidades que sean capaces de compensar pérdidas y restablecer el ánimo, el aliento y la voluntad de vivir, hay que hacer un vaciamiento personal del dolor que otro provocó y ese vaciamiento lleva otro proceso, profundo, espiritual y emocional de sanación y desapego que, si no se hace, el perdón jamás ocurrirá aunque el que hizo el daño lo pida o aunque a aquel que recibió el daño le indemnicen todos los perjuicios morales y materiales. 
 
En ese contexto, el perdón social ocurrirá siempre que cada uno haga los procesos de vaciamiento y sanación, pero nunca sucederá por la promesa de perdón que otro haga en nombre de uno, alguno o todos, porque, itero, el perdón es un proceso individual, personalísimo, indelegable e insustituible (no se hereda, ni se impone) y tratar de imponerlo o exigírselo al que fue herido, sin consultar su voluntad y sin haberle ofrecido nada diferente a más dolor, es abrirle nuevamente las heridas y eso es absolutamente desconsiderado. Así que, si queremos pensar en un perdón social, empecemos primero por respetar el dolor ajeno y ayudarlo a sanar, por pedir perdón si es necesario, mostrar un arrepentimiento sincero y por ofrecer reparación y propósito de enmienda. 
 
Concluyo diciendo que: lo descabellado y abusivo del perdón social, no es el perdón social. Lo descabellado y abusivo es acudir a un término compuesto de tan alta complejidad, que demanda la disposición personal de cada individuo, para, tal vez, negociar en nombre del dolor ajeno y sacar ventaja personal, sea la que fuere. La sociedad, ni su dolor, está para el uso, ni el abuso, ni la manipulación, sino para ser protegida, reparada y procurarle bienestar, paz, prosperidad y felicidad.
 

Abogada GLORIA YANETH VELEZ PÉREZ
​Directora Revista www.vozjuridica.com

Aunque el 8 de marzo sea la fecha que la ONU institucionalizó como Día Internacional de la Mujer, el recordatorio sobre el propósito de luchar en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las Mujeres en cualquier edad, no puede, ni debería, reducirse solamente a esta fecha y menos en una época en la que estamos presenciando que se avanza en la conquista de derechos, pero se retrocede en la garantía para su ejercicio.
 
La igualdad total, real, efectiva, inmediata, sólida, permanente e inmarcesible para las Mujeres no puede dar más espera y su reconocimiento no puede, ni debe, continuar a cuenta gotas.  Urgen actos y conductas que se materialicen a diario en todo los escenarios de lo público y de lo privado, con tratos que den cuenta de que no hay, ni volverá a presentarse discriminación alguna, imposición de credos y doctrinas, ni estados y Estados de esclavitud o que esclavicen, que victimicen y atemoricen y menos condicionamientos para ejercer plenamente la libertad.
 
Debemos, entonces, todos los días, en todos los espacios y no solamente en el día internacional de la Mujer, alzar las manos, pero también la voz, para recordar y confirmar que hemos estado, estamos y estaremos presentes en la historia de la humanidad y que ningún esfuerzo, grande o pequeño, por invisibilizarnos, destruirnos o perseguirnos, tendrá éxito.  Ningún esfuerzo por discriminarnos, someternos a los acostumbrados y hasta disimulados abusos, engaños y manipulaciones, se mantendrá vigente o impune, porque tenemos las manos levantadas siempre para ayudar, servir, hacer, crear, consolar, abrazar, desarmar, amar, aprender, defender y defendernos, unir y unirnos, sumar y sumarnos, pero nunca para discriminar o discriminarnos, pero también porque alzamos la voz y creamos eco y resonancia.
 
Llenemos cada día de los propósitos que para la defensa de las Mujeres se conmemora el 8 de marzo e imitemos a todas esas mujeres que con su vida y obra han hecho historia, que han roto techos de cristal, que nos han heredado espacios laborales, políticos, sociales, académicos, científicos y culturales y edifiquemos en ellos esperanza, paz, colaboración, justicia, equidad y reivindicación.
 

Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
Directora www.vozjuridica.com

Mujeres al Mando
 
Soy pro vida y pro libertad al mismo tiempo y no faltará quiénes piensen que cómo puede ser posible esto y al respecto yo tengo una respuesta consciente, no absoluta, porque los seres humanos vivimos en una constante construcción, pero, por ahora, soy pro vida y pro libertad al mismo tiempo.
 
Las personas pro vida lo somos por varias razones, entre ellas la biológica y la religiosa. En relación con la biológica “Se denomina provida (en inglés pro-life) a la posición moral y política que afirma el derecho a la vida principalmente con respecto al nacimiento en los seres humanos sean cuales sean las circunstancias, extendiéndose la oposición a prácticas como la eutanasia, las investigaciones con células madre embrionarias no adultas y, sobre todo, el aborto inducido.1​ Sus partidarios argumentan que la vida humana es digna de respeto desde el momento de la fecundación hasta sus últimas etapas y la muerte no debe ser un proceso asistido, por lo tanto consideran el cigoto, el embrión y el feto como vidas humanas y que no es ético inducir la muerte de ningún ser humano mientras muestre signos vitales.”

En el debate sobre el aborto, la perspectiva provida se opone directamente a la perspectiva proelección, pudiendo considerarse recíprocamente como contramovimientos.2​ La mayor divergencia entre ambas posturas radica en su postura sobre el momento de inicio de la vida humana. Desde esta perspectiva y en lo que se refiere a su oposición a los movimientos proaborto, el movimiento provida ha sido criticado como un «encuadre político», que emplea argumentos para validar la posición propia (contraria al aborto), al mismo tiempo que invalida la posición contraria (favorable al aborto). El movimiento provida sostiene que el aborto es un drama social debido a su convicción de estar interrumpiendo una vida humana.3“ En este sentido soy pro vida.

En relación con la posición religiosa, rijo mi vida ESPIRITUAL desde los principios cristianos católicos, lo digo sin pena, sin miedo y completamente orgullosa porque creo en Jesús de Nazaret y en sus mandamientos de amor, perdón, servicio, prosperidad, solidaridad y no solo con el más débil, no juzgar para no ser juzgado, no mirar primero la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio y  algo absolutamente maravilloso y es que creo en la misericordia que significa “corazón generoso con las miserias de los demás” algo que no es fácil, ni pedirla, ni recibirla, ni practicarla, porque somos más expertos en odio, resentimiento, venganza, orgullo, egoísmo,  ambición y en la superioridad moral, todo lo cual nos supera y nos gobierna la mayoría de las veces. No obstante toda esta imperfección, rijo mi vida por principios cristianos católicos con la esperanza de que la vida me alcance para practicarlos aunque sea un poco, pero siempre  orando como el publicano (los cristianos entenderán de qué hablo).

También dije que soy pro libertad y lo soy y serlo no riñe con ser pro vida, los cristianos católicos sabemos que la salvación es personal y que tenemos libre albedrío. Soy pro libertad porque solamente siendo libre puedo ser pro vida, aunque muchos y muchas por ser libres y pro libertad puedan no ser pro vida, y de eso es que se trata la libertad: poder ser libremente lo que queramos ser y esto incluye el pensar y el expresar y poder hacer libremente lo que queramos hacer y nos esté permitido sin que eso afecte los derechos de los demás. En fin… hay suficientes teorías que explican la libertad y no es mi tarea en esta editorial referirme a ellas, ni discutirlas, solamente me atañe, porque así lo quiero y siento necesario, fijar mi postura al respecto y así es como la comprendo y como todo en la vida, practicarla no es fácil, sobre todo cuando la superioridad moral me lleva a pensar que el mundo hay que vivirlo desde mis absolutos, pero sigo creciendo para que eso no sea así, ni para que otros me impongan sus absolutos porque soy pro libertad y por serlo no estoy obligada a ponerme o aceptar los estándares ajenos sobre lo que pienso como pro vida, pero tampoco a imponerlos.

Lo anterior, lo he puesto como contexto para referirme a la reciente decisión tomada por la Corte Constitucional colombiana, en relación con despenalizar el aborto hasta la semana 24 (6 meses), esto es, que no será delito que una Mujer interrumpa un embarazo hasta los 6 meses de gestación, todo lo cual quiere decir que se ha reconocido un nuevo derecho de libertad a las mujeres, un derecho a decidir sobre permitirle a un ser humano en gestación, si ve la luz del mundo o si no, es decir, LAS MUJERES HAN SIDO PUESTAS AL MANDO de semejante decisión y será tremenda responsabilidad ejercer ese derecho de libertad sobre la vida humana y no juzgaré, aunque sea pro vida, el reconocimiento de este derecho, porque le corresponderá a cada mujer ejercerlo según sus propias y particulares convicciones y circunstancias y hacerse responsable de cargar con las consecuencias internas y sociales de esa decisión que podrán ser buenas, regulares o malas, pero será su decisión, porque es libre al fin. 

Con la decisión de la Corte Constitucional  veo mujeres libres, sin cadenas, esto es, veo MUJERES AL MANDO. Ojalá con el tamaño de esa libertad en un país como Colombia, carente de educación en todo sentido, en donde abunda la superioridad moral de los que explotan, abusan, no ayudan y no sirven, pero sobre todo la doble moral, el egoísmo y la ambición y en dónde y como diría Jorge Oñate “la sociedad que te corrompe luego te margina”, cada mujer encuentre la razón correcta y el momento correcto si le toca llegar a tomar la decisión de abortar. Ojalá, ahora que se encuentra al mando para decidir cuándo permitir que un nuevo ser humano pise la faz de la tierra, el discernimiento la acompañen antes y después.

Cierro reiterando que soy Pro vida y Pro libertad, al mismo tiempo,  y en ese sentido quiero citar a San Pablo: 

I Corintios 10:23 «Todo está permitido», pero no todo es conveniente. «Todo está permitido», pero no todo es edificante.

I Corintios 10:29 Me refiero a la conciencia de ellos, no a la de ustedes: ¿acaso mi libertad va a ser juzgada por la conciencia de otro?

Mi deseo es porque cada Mujer crezca en sabiduría para saber decidir y aconsejar cuando le toque ejercer el mando, porque a veces tener el mando y ser libre para elegir no es suficiente y si no lo es hasta para hacer un viaje y sobre qué ropa usar para “una noche de copas, una noche loca”, no imagino cómo será cuándo se trate de elegir entre la vida y la muerte de un ser humano en gestación con 24 semanas.

Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez

PD:  Esta editorial no compromete el pensamiento de ninguno de los columnistas y las columnistas que escriben en la Revista VOZ JURÍDICA.
 
 

En varios medios de comunicación se ha leído y escuchado como el actual Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ha lanzado toda suerte de señalamientos insultantes en contra del GEA (Grupo Empresarial Antioqueño) que, sin duda alguna, los desprestigia y hace que tanto empresas, como los empresarios, se vean afectados en su buen nombre y que se afecte la confianza inversionista y de expansión a nuevos mercados, lo cual es lamentable para un país que se esfuerza diariamente para estabilizar la economía, muy a pesar de toda la carga bélica que por más de cincuenta años ha tenido que enfrentar.

La responsabilidad jurídica que le cabe al Alcalde por todo lo que ha dicho en los medios de comunicación será un asunto que resuelvan a futuro las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales, porque varios representantes de empresas ya anunciaron que analizarán las acciones legales para proteger su integridad como empresa. El Estado (Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación) también debe responder porque quién ha salido a crear contienda es el Alcalde (Servidor Público).

Ahora bien, ¿Quiénes, qué y cuántos más son los perjudicados con las declaraciones del Alcalde de Medellín en contra del Empresariado Antioqueño?

Inicialmente quiero acercar una primera respuesta porque encuentro afectado también al sector educativo y al respecto infiero, basada en la normativa vigente, que el ataque deliberado que ha venido realizando el actual Alcalde de Medellín al Gremio - Grupo Empresarial Antioqueño con términos que rayan con el desprestigio, es un ataque también a la educación superior del Departamento y del País (pregrado y posgrado) porque con la suma de toda clase de improperios lanzados cual perdigones y haciéndolo desde el rol que ostenta y la institucionalidad que representa, está creando condiciones de riesgo para que incremente el desempleo y por efecto rebote la deserción en las instituciones de educación superior, se acaben becas y subsidios de estudio, y para que los nuevos Profesionales, Especialistas, Magísteres y Doctores, no encuentren un escenario laboral en el que puedan agregar valor. 

También están siendo puestas en jaque las funciones sustantivas de investigación y de extensión que han sido concebidas para transformar con la innovación y para acercar a la Universidad, la Empresa y el Estado. ¿Qué sentido tiene haber transformado a Medellín en un Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, si el sector empresarial que tiene obra e historia en esas variables es "dilapidado" con la palabra por el Alcalde de la Ciudad? ¿Qué sentido tienen las normas de calidad de la educación superior (registros calificados y acreditación) si se afectan las posibilidades de interrelación con el sector productivo y empresarial?

Además de lo anterior, importante es indicar también que emprender y secundar una línea de ataques en contra del sector privado vulnera el Estado social de derecho, la prosperidad como fin, el desarrollo y la libertad de empresa consagrada en el Artículo 333 de la Constitución.

Seguramente muchos quieren volverse empresarios, pero no hay que quemar a los que ya lo son para edificar sobre sus cenizas, por eso hoy lo que Colombia necesita son más emprendedores de progreso y no de odio, más emprendedores de unión y no de división y necesita más motivadores y hacedores (gobernantes) para construir una mejor sociedad, pero que estén convencidos de que “hoy se puede ver más lejos porque estamos parados en hombros de gigantes” 

No hay que formar parte de ninguna de las empresas atacadas para salir en su defensa por todo lo que han hecho por Medellín, el Departamento de Antioquia y por el País, lo único que debemos ser es objetivos, coherentes y gratos.

En total desarmonía con las normas de calidad que promueve e impulsa el Ministerio de Educación Nacional, se ha puesto en marcha, por éste mismo Organismo, el llamado “Nuevo SACES” que traduce Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en el que se registra y compila la información que tiene que ver con los registros calificados de los programas académicos de pregrado y posgrado y cuyo fundamento está en la Ley 1188 de 2008, reglamentada actualmente por el Decreto 1330 de 2019 y éste, a su vez, reglamentado por la Resolución número 021795 de noviembre de 2020.
 
Que se disponga un nuevo SACES no tiene por qué ser algo malo, de hecho, es algo muy bueno porque renueva y oxigena trámites y optimiza procesos en muchos casos, máxime que suprime la exigencia del documento maestro. Todo lo que sume a la automatización de procesos debe ser bien visto, se debe recibir de la mejor manera y se debe acoger para hacer del sistema el mejor aliado.  Por el nuevo SACES, hay que darle todo el reconocimiento al Ministerio de Educación Nacional y al equipo de técnicos que ha hecho posible su desarrollo e implementación y, seguramente, el sistema generará a futuro excelentes indicadores.
 
Y… en algo tan bonito, porque lo es ¿qué debería haber de feo? 
 
El inconveniente que tiene el nuevo SACES no es él en sí mismo, sino los tiempos y la forma impositiva por la que ha optado el Ministerio de Educación Nacional para implementarlo. Y es que el Ministerio decidió a “pupitrazo” que desde el 8 de abril de 2021, ningún trámite relacionado con la renovación de los registros calificados se puede continuar por el sistema anterior, sino que debe ser mediante el nuevo. Aparentemente esto tampoco debería tener ningún problema, pero sí lo tiene. 
 
La dificultad que surge de la autoritaria decisión y que se considera violatoria de derechos, está en que el Ministerio olvidó que muchas Instituciones de Educación Superior se encuentran dentro de los términos legales vigentes para hacer completitudes a documentos maestros, muchas de ellas tan sencillas como corregir un yerro en el número de estudiantes o enviar un anexo, claro que sencillas o complejas esas completitudes, lo cierto es que las IES están en términos y eso es un derecho, porque, además, están confiadas en la normativa vigente por virtud del principio de confianza legítima que les permite culminar esos ajustes. Incluso la misma Resolución 021795 incluye en el Artículo 76 unas disposiciones transitorias, así:
 
“Articulo 76. Disposiciones transitorias. Las instituciones que soliciten la renovación del registro calificado de programas académicos dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta resolución, deberán:
 

1. En cuanto a las evidencias e indicadores de los aspectos curriculares desde los componentes formativos, presentar lo dispuesto en los literales b), c), d), f) del articulo 13 y en los literales a) y d) del articulo 57 de la presente resolución.

 

1. En cuanto a las evidencias e indicadores de los aspectos curriculares desde los mecanismos de evaluación, presentar lo dispuesto en el literal c) del artículo 21 y en los literales b), d), e), f) y g) del artículo 61 de la presente resolución.”

 
No obstante, el Ministerio ha decidido, de un lado, no habilitar el sistema anterior para que dichas completitudes se carguen y, del otro lado, está exigiendo que el trabajo se vuelva a hacer bajo los parámetros del nuevo SACES, sin considerar lo dispuesto en sus mismas disposiciones jurídicas transitorias, ni que muchas IES están dentro de los términos para hacer completitudes, lo cual implica desgaste administrativo, paralización de planes, reprocesos, gastos adicionales para las IES, pero algo muy importante dentro del Estado constitucional y democrático, la vulneración del principio de confianza legítima por la inobservancia que el Ministerio hace de sus propias disposiciones jurídicas en las que contempla un plan de transición que no está aplicando. Este principio lo trata con suficiencia el Profesor Gabriel Valbuena Hernández en su texto “La Defraudación de la Confianza Legítima: aproximación crítica desde la teoría de la responsabilidad del Estado.” Desde el mismo sugestivo nombre del libro se deja claro que al Estado, en cabeza de quién corresponda determinado proceso, puede ser responsable si transgrede el novedoso principio que, como bien lo indica el Profesor en su texto al mirarse desde la perspectiva de los administrados (calidad que tienen las IES), se pueden derivar implicaciones jurídicas “cuando las autoridades, obrando en contravía de los postulados de la buen fe, la seguridad jurídica, la lealtad, la seriedad y la coherencia, deciden desconocer la palabra empeñada, burlando la confianza depositada por los administrados en el Estado, ocasionándoles de contera daños antijurídicos de contenido patrimonial y extrapatrimonial”[1]
 
Otros principios que vulnera el Ministerio son: debido proceso, economía, eficiencia y seguridad jurídica. 
 
Sobre el asunto, el Ministerio de Educación Nacional le respondió vía Twitter a la Revista Jurídica Digital VOZ JURÍDICA, que “los procesos radicados en debida forma seguirán su trámite en la plataforma anterior” tal y como se lee a continuación:

​Con esta respuesta parece resolverse la situación, sin embargo no es así, porque el Ministerio está desconociendo que un programa radicado en la plataforma anterior, aunque deba hacer completitudes, eso no le resta que fue radicado en debida forma, de allí que obligar a una IES a que reprocese y que asuma una nueva plataforma para cargar información bajo una resolución que es nueva, un sistema nuevo que apenas se está dando a conocer y que decida autónomamente modificar términos sin el procedimiento debido, definitivamente vulnera los principios arriba mencionados. 
 
El comportamiento del Ministerio de Educación Nacional es infortunado, porque el sistema de aseguramiento de la calidad, del cual hacen parte las IES y todas las comunidades que la integran, lo que debería propiciar es armonía, el gusto por hacer las cosas bien y no disgustos por la imposición arbitraria de formalismos que, por lo reciente de la normativa que lo fundamenta, no hará que los programas sean mejores al imponerse sin una transición.
 
La calidad no es la instrumentalización, sino la decisión de hacer las cosas bien para generar el mayor beneficio posible a quiénes se forman y a todos los actores que intervienen en el proceso.
 
Una invitación al Ministerio es a que se pronuncie rápidamente para aclarar la situación y cree un plan de transición entre un sistema y otro para generar una implementación con el menor traumatismo posible y esto es necesario porque los términos están corriendo según el anterior SACES que tiene unos parámetros claros y que se modifican sustancialmente con el nuevo sistema y, por lo tanto, es más conveniente desde toda consideración jurídica, pero también administrativa, darles continuidad hasta que los términos venzan y luego sí implementar el nuevo SACES a toda marcha.

Referencias:

[1] VALBUENA HERNÁNDEZ, Gabriel.  La Defraudación de la Confianza Legítima: aproximación crítica desde la teoría de la responsabilidad del Estado. Bogotá. 2008: Universidad Externado de Colombia. p, 34.
Haz clic aquí para editar.