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Repensar la Política Criminal contra las Drogas. Columna de la Abogada Diana Muñoz Castellanos. Twitter: @DianaMunozC

3/7/2021

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Repensar la Política Criminal contra las Drogas. Columna de la Abogada  Diana Muñoz Castellanos. Twitter: @DianaMunozC

A lo largo de la historia cada revolución a traído consigo la aparición de un fenómeno, en los tiempos contemporáneos hemos sido testigos de la revolución tecnológica que ha desencadenado en la globalización, la globalización ha de ser comprendida desde una multitud de aristas, entre ellas los avances en las comunicaciones, la reducción de barreras para el tránsito de personas entre distintos territorios, la agilidad en términos de transacciones bancarias lo que permite el movimiento de divisas en tiempo real, el acceso a las redes sociales de manera casi universal que permite en consecuencia la democratización de la información. Visto así, son muchas las ventajas de la globalización, sociedades más y mejor informadas que realizan control social a sus gobernantes, mayor accesibilidad a oportunidades laborales y académicas de los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios, disminución de costos en aspectos que antes eran prohibitivos para algunos como la bancarización, sin embargo, estas tantas ventajas no son solo para fines altruistas, sino que se han convertido en una fantástica oportunidad de crecimiento para los grupos delincuenciales organizados que ven en este escenario el ambiente propicio para operar en gran escala y con mayor posibilidad de terminar impunes.

Ante este panorama y la evidencia de una criminalidad que cruza fronteras, las autoridades que ejercen el poder punitivo del Estado han desplegado esfuerzos tendientes a su desarticulación, elevando por supuesto a categoría de delito esos comportamientos desviados que por el impacto social que tienen han de ser sancionados con el mayor rigor. Sin embargo, los esfuerzos han resultado insuficientes, no porque no se asesten fuertes golpes contra todos los niveles de sus estructuras, sino porque, la magnitud de sus estructuras es tal, que a pesar de la persecución, los grupos criminales organizados parecen estar cada vez más robustos y lejos del alcance de las autoridades.

El evidente uso de las ventajas que ofrece la globalización a los grupos criminales organizados ha impulsado a los países a elaborar políticas públicas que reconozcan la necesidad de actuar en asocio con entidades de otros Estados, pues son justamente las fronteras territoriales y los diferentes derechos domésticos los que en no pocas ocasiones se interponen en la persecución penal, es así como se convienen acuerdos de cooperación interinstitucional entre países que cooperan tras un propósito común, arrasar con la delincuencia organizada. No obstante, la cooperación no basta y muchísimo menos ante el inmenso brazo financiero de las organizaciones criminales que tiene la fuerza suficiente para meter en su bolsillo a los agentes del Estado que deberían procurar su desaparición.

Todo lo anterior, debe generar serios cuestionamientos frente a la metodología que se ha venido usando para perseguir los delitos propios de estas estructuras criminales tales como la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de sustancias psicoactivas, armas, animales exóticos y demás, pues la conclusión a la que se puede llegar luego de ver las cifras frías en la persecución penal es que hemos fracasado, insisto, no porque no lleguen a impactar a las organizaciones criminales sino porque a pesar de hacerlo estas siguen sólidas, extendiendo sus tentáculos en más países, reclutando más ciudadanos para las filas de la delincuencia, concentrando de contera inmensas fortunas que les permiten seguir funcionando.

Así las cosas, las sociedades necesitan plantearse si es que el Derecho Penal es la respuesta correcta a las preguntas que ofrece el actuar de la delincuencia organizada y en un acto de humildad reconocer que la represión nunca bastará para enfrentar de manera eficiente el fenómeno, generando entonces una exploración juiciosa desde el origen mismo de la calificación de un comportamiento como delito.

En Colombia, se ha derramado tantísima sangre y se ha dejado de invertir tanto en lo social por destinar esos recursos a la lucha contra el narcotráfico, costos irrecuperables y además actualmente dolorosos al entender el cambio de paradigma frente al consumo y comercio de sustancias alucinógenas. Mucho nos ha costado entender, que mientras aquí se fumigan los campos y se priva de libertad a campesinos, en los países consumidores reconozcan la posibilidad del uso de sustancias para uso recreativo o medicinal y se estén reglando la producción, distribución y comercialización de productos que son moralmente rechazados y por los cuales aquí la gente termina privada de la libertad. El paradigma debe cambiar para pasar de la prohibición a la regulación.

Las prohibiciones tradicionalmente son el motor de los grupos delincuenciales, que se valen de las dificultades del consumidor para amasar grandes fortunas, solo siendo un negocio lucrativo resulta atractivo y rentable para sostener grandes estructuras, en ese sentido, repensar los delitos llevará a desestimular su práctica a gran escala.

Bajo ese mismo supuesto, las políticas públicas podrían concentrarse más en la persecución de dinero que en la persecución de personas, pues en las estructuras criminales quienes las conforman son totalmente prescindibles, la ausencia de oportunidades para los más jóvenes, el desasosiego de las necesidades básicas insolutas, la falta de credibilidad de las instituciones y esa esperanza permanente en la impunidad, generan filas enormes de aspirantes a maleantes que gustosos tomarán el puesto vacío del miembro de la organización que termine privado de la libertad por la persecución penal o muerto en medio de un operativo legítimo o en las frecuentes y conocidas disputas entre distintas bandas delincuenciales. El dinero es el medio y el fin de las organizaciones criminales, que al amparo de los avances tecnológicos se mueve por el mundo sin que los Estados centren sus esfuerzos en asfixiar las finanzas.

El Derecho Penal es una respuesta insuficiente, hace falta concienciación y voluntad política para cambiar un modelo frustrado lleno de moralismos, biempensantismos y lugares comunes de una persecución ideal, y hace falta construir políticas públicas pragmáticas que fruto de una visión amplia de los factores de proliferación de grupos de crimen organizado desestimulen a sus miembros.

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No se robó un peso. Columna de la Abogada Diana Muñoz Castellanos. Twitter: @DianaMunozC

1/24/2021

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No se robó un peso. Columna de la Abogada Diana Muñoz Castellanos. Twitter: @DianaMunozC

La frase favorita de defensa de los seguidores del tristemente conocido Andrés Felipe Arias es esa, “no se robó un peso”, y es que pareciera que hubiese hecho carrera la idea de que la corrupción es solo embolsillarse los recursos públicos, bajo esa idea, exculpan socialmente a quienes teniendo el deber de obrar de una manera al tenor del mandato que un cargo público les impone, deciden actuar de manera corrupta, en su propio beneficio o en beneficio de terceros, como ocurrió en el caso de Agro Ingreso Seguro.
​
La corrupción no es un delito en sentido estricto, la corrupción es un fenómeno individual o colectivo que se materializa a través de todo un catálogo de delitos que afectan un mismo bien jurídico tutelado, la administración pública, dentro de este catalogo se ubican delitos como los varios tipos de peculado, dentro de los cuales se incluyen conductas como la apropiación indebida de los recursos públicos, el uso de los bienes públicos para un propósito distinto al legalmente previsto, la aplicación oficial diferente de los recursos o la perdida o detrimento de bienes y recursos del Estado por cuenta de un comportamiento negligente de quien tiene la obligación de mantenerlos incólumes.

Por supuesto, habrá siempre quienes intenten minimizar el impacto social de estos delitos, que intenten reducirlos a cifras frías dando la impresión de que la privación de libertad, sobre todo en las indignas condiciones que se da en nuestro país, resulta exagerada frente a un conflicto que traducen sin inmutarse en pesos más o pesos menos. Y este ejercicio es infame porque desconoce que detrás de esos pesos más o pesos menos hay personas que no reciben a satisfacción los recursos del Estado destinados a garantizar sus derechos fundamentales.

La indignación que genera la corrupción no es, como lo quieren hacer ver algunos, fruto del resentimiento de ver como el político untado vive en medio de la opulencia, la indignación es porque esa opulencia se mantiene a costa de niños que no reciben alimentos de calidad en los hogares del Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar, se mantiene con pacientes tirados en el piso de un hospital donde atienden médicos y funcionarios que soportan meses sin recibir su salario, se mantiene de las lágrimas de los campesinos que aguantan hambre porque la trocha que el gobierno llama carretera está bloqueada porque cayeron dos piedras y deben ver podrir su cosecha.

Sabido es que los delincuentes no revisan el código penal antes de ejecutar los actos criminales, pero en tratándose de delincuentes sofisticados como son los que delinquen a través de corrupción esta premisa se vuelve endeble, no solamente revisan el código penal, sino que se asesoran de los más famosos (que no respetados) abogados penalistas para saber, en el evento de ser descubiertos, cuanto tendrán que resarcir, cuales son las posibilidades de dilatar el proceso y salir avante con la impunidad, incluso consultan si es que podrán gozar de las mieles de un sitio especial de reclusión.

Ante este panorama, y con una sociedad cada vez más informada, se vuelven atractivas las iniciativas legislativas que tienen como propósito incrementar las penas para los delitos y reducir los beneficios que por colaboración a la administración de justicia y por reparación a las víctimas podrían llegar a obtener los procesados por delitos relacionados con actos de corrupción, pero esas iniciativas son sumamente peligrosas, solo terminan afectando a la secretaria del Juzgado que usa una resma de papel para hacer sus resúmenes de clase en lugar de imprimir memoriales o al agente de policía que saca un galón de gasolina para aliviarse dos centavos en el bolsillo, mientras tanto los peces y porcinos gordos de la corrupción siguen gozando de la mayor impunidad y sus abogados incrementando sus honorarios.
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No se trata de que no se roben un peso, como repiten aquellos, se trata de entender que la corrupción causa heridas mortales en la sociedad y minimizar su impacto no solo corresponde al sistema penal que en algunos contados casos logra su judicialización, sino también a la sociedad que debe repudiar a quienes orondos se pavonean de formar parte de ella.


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Bienvenidos a esta Prestigiosa Red Social. Columna de la Abogada Diana Muñoz Castellanos. Twitter: @DianaMunozC

1/17/2021

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Bienvenidos a esta Prestigiosa Red Social. Columna de la Abogada Diana Muñoz Castellanos. Twitter: @DianaMunozC

Las redes sociales son una alcantarilla en la que de vez en cuando se encuentran tesoros, existen para todos los gustos y propósitos, desde la creación de vínculos laborales hasta la exhibición de una opulencia de mentiras donde todos son bonitos y felices, y como tan variados los propósitos resultan los usuarios, expertos que desinteresadamente ilustran sobre un tema, medios de comunicación que actualizan los eventos, fanáticos de todo el espectro de la política que repiten como loros y aplauden como focas al caudillo que adoran, opinadores y biempensantes siempre políticamente correctos, adolescentes replicando retos de algún influenciador y así, la lista es infinita.

Sin embargo, en medio de la jungla de las redes sociales, los usuarios que escasean son los niños, y es apenas natural, padres informados y responsables que han atendido las clarísimas y enfáticas recomendaciones que hacen los expertos en infancia dirigidas a posponer tanto como sea posible el ingreso de los niños a este tipo de plataformas y la hostilidad que en cualquier caso, en el evento de ingresar, los puede alejar incluso más que las recomendaciones parentales.

Los niños que tienen el infortunio de acceder prematuramente a las redes sociales a menudo terminan siendo víctimas, en los casos menos graves padecen fuertes críticas provenientes de usuarios arropados en el anonimato, y en los peores eventos terminan siendo utilizados por redes internacionales de pornografía infantil o trata de personas, los casos y las cifras son abrumadoras y deberían bastar para impedir que los pequeños estén expuestos a semejante riesgo, innecesario por demás.

Ahora bien, el reproche principal desde la sociedad y la persecución penal desde el sistema judicial siempre será primariamente para el agresor, el que fácilmente pasa del insulto a la amenaza, o de del halago al acoso, pero resulta pertinente también hacer referencia a la posición de garante que gravita sobre los padres de los niños que resultan expuestos en redes sociales y que terminan sufriendo el rigor de sumergirse en esa aventura digital.

Para este caso en concreto, la posición de garante contenida en nuestra legislación penal, implica que quién tiene el deber legal de velar por los niños, no solo los padres, sino quienes en general ostenten la custodia o estén asumiendo la responsabilidad de su cuidado y en consecuencia tienen una estrecha comunidad de vida, serán penalmente responsables por omisión por aquellas conductas que contra la vida, la integridad personal, la libertad individual y a libertad y formación sexuales padezcan esos niños.

Dicho en otras palabras, las lesiones psíquicas que pueda padecer un niño fruto de un irresponsable uso de las redes sociales no solo es responsabilidad de quien lo insulta, lo desprecia, lo amenaza, lo invalida, sino que también deberá explorarse la responsabilidad penal de los padres que, conociendo el riesgo desproporcionado que para salud mental de un niño tiene ese prematuro acceso, permiten su exposición y lo someten a un temprano escarnio público, así mismo, debe explorarse la responsabilidad de quienes permiten que niños que no han llegado siquiera a la adolescencia tengan acceso a redes sociales donde suben sus videos bailando de la forma más inocente, a sabiendas de que son de carácter público y que detrás de los tantos seguidores se esconden pedófilos y pederastas que se disfrazarán de adolescentes para iniciar conversaciones privadas que terminan muchas veces en solicitudes de fotos en ropa interior. Serán entonces responsables por omisión.

Señalar la responsabilidad penal de los padres en virtud de la posición de garante que ostentan no constituye en modo alguno una revictimización, constituye una garantía para el debido cuidado y protección de los menores frente a comportamientos negligentes, en algunos casos fruto de pensamientos ingenuos o idealistas de quienes deben velar por ellos, vivimos en una sociedad de riesgo, donde idealmente un niño solo debería recibir admiración o por lo menos respeto por sus opiniones, sus talentos, sus gustos, donde un niño debería poder expresarse en cualquier medio y sobre cualquier tema sin ser objeto de burlas, insultos o amenazas, pero que está lejana de ese ideal. En consecuencia, el deber de cuidado de los padres debe materializarse a través de actos dirigidos a evitar los riesgos reales, actuales e inminentes que puede correr un niño y no dejarlo a su suerte confiando en el deber ser de una sociedad ideal que no existe y que es más hostil y voraz en los medios virtuales.


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El Ejercicio del Derecho será la Revolución​.  Columna de la Abogada Diana Muñoz Castellanos. Twitter: @DianaMunozC

10/25/2020

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El Ejercicio del Derecho será la Revolución​.  Columna de la Abogada Diana Muñoz Castellanos. Twitter: @DianaMunozC

Colombia está de cabeza, llegaron los que llegaron al poder y en cuestión de meses se apoderaron de todas las instituciones, la división de poderes desapareció, los órganos de control también están en sus bolsillos y día a día vemos como delinquen descaradamente porque han perdido el miedo, no tienen quien los controle, porque el control son ellos mismos. Como ciudadanos responsables e informados no hacemos más que aterrarnos cada semana con las barbaridades del gobierno y sus secuaces, una valiente periodista judicializada por poner en evidencia los actos de censura en RTVC, un laboratorio de estupefacientes supuestamente desmantelado pero que parecía en inauguración con unas canecas relucientes que serían la envidia de Marie Kondo, una vicepresidente que por tomarse unas buenas fotos termina distribuyendo el coronavirus a los más vulnerables que utilizó para darse pantalla y una moción de censura cercenada por unos congresistas prevaricadores, todo esto en una semana.

También se han apoderado de la información, los medios de comunicación tradicionales son cajas de resonancia de los actos arbitrarios de gobierno, graduando de analista a cualquier badulaque con apetito burocrático disfrazado de académico y que convenza a la audiencia de la postura de gobierno, sin ir demasiado lejos, con ocasión de la formulación de imputación que la Fiscalía pretende a hacerle a la otrora directora de Señal Colombia que denunció la censura ejercida por Juan Pablo Bieri, varios abogados afines al establecimiento anunciaron sin sonrojarse siquiera que efectivamente esas revelaciones constituían una conducta punible por tratarse de información reservada, como si la reserva fuese posible como mecanismo legítimo para ocultar actuaciones contrarias a la Constitución Política y a la ley.

Ante semejante panorama desolador no podemos ser los ciudadanos unos espectadores silentes, tampoco comentaristas de redes sociales multiplicadores de una indignación estéril, tenemos el deber moral de hacer la revolución, no una revolución armada que no solo es dolorosa sino que además sería fracasada, debemos hacer la revolución usando para ello el último bastión que nos queda de esta democracia, la justicia.

La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han exhibido independencia y dignidad, por supuesto, también allí el gobierno ha depositado sus alfiles y lo seguirá haciendo en el menor descuido, pero de momento contamos con la justicia como el único mecanismo para atajar la barbarie que está padeciendo este país. Y no solo las altas cortes, la rama judicial cuenta entre sus filas con excelentísimos jueces que administrando justicia entre la pobreza defienden el Estado Social y Democrático de Derecho que cada día parece más desvanecido, como un enfermo terminal en agonía.

Pero los jueces no pueden andar por la vida buscando las causas, somos los ciudadanos quienes tenemos la obligación de ponerlas en evidencia, no sólo en redes sociales, sino convirtiéndonos en dolientes juiciosos de las arbitrariedades del gobierno y de todos los miembros de su burocracia, iniciando acciones judiciales que permitan llegar hasta el final en la persecución de la corrupción y tiranía institucional que nos han impuesto como paisaje, este ejercicio revolucionario no será nunca efectivo sin una ciudadanía informada.
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Delincuentes de Uniforme. Columna de la Abogada Diana Muñoz Castellanos. Twitter: @DianaMunozC

9/13/2020

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Delincuentes de Uniforme. Columna de la Abogada Diana Muñoz Castellanos. Twitter: @DianaMunozC

Esta generación de jóvenes tiene, en principio, una ventaja inmensa frente a las juventudes que tuvieron que padecer las distintas dictaduras y regímenes represivos latinoamericanos, están armados de tecnología que les permite registrar y publicar en tiempo real las arbitrariedades que presencian o padecen, y digo en principio porque las ventajas de contar con evidencia robusta de las atrocidades que cometen los miembros de la fuerza pública, al final son en vano. Por un lado, disuadir a los agresores de seguir perpetrando el acto de violencia, y por otro, acudir a acciones disciplinarias o penales con el propósito de que las conductas sean debidamente investigadas y juzgadas.
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El horror que padeció Javier Ordóñez a manos de delincuentes vestidos de uniforme estaba siendo grabado por quienes lo presenciaron, y no de forma subrepticia u oculta, a viva voz incluso de la víctima les anuncian que están siendo grabados, no les importa, siguen activando el teaser sobre el cuerpo cada vez más débil de una víctima que en casi veinte oportunidades dijo “por favor” suplicando que detuvieran la barbarie, luego de esto, ya en la privacidad del CAI siguieron perpetrando el horror hasta llevarlo a la muerte, y lo hicieron a pesar de estar plenamente conscientes de que existía ese registro previo de su actuar delincuencial. Nada los disuadió, el registro del delito no les importó.

La ciudadanía tiene una expectativa respecto de los miembros de la Policía Nacional, una expectativa de protección, de orden, de cumplimiento del deber, ese rol que han de respetar porque además de ciudadanos han prestado un juramento que deberían honrar, porque las armas que portan y la formación para usarlas se las ha provisto el Estado y al delinquir, como lo hicieron con Javier Ordoñez y con los muertos y heridos de las manifestaciones que se desataron como resultado de la indignación colectiva ante ese actuar criminal, merecen un reproche mayor que el que recibe un ciudadano particular que empuña un arma contra otro.

Pero la realidad jurídica es otra, estos delincuentes que forman parte de la Policía Nacional se arropan con la impunidad que les ofrece la cobija de la justicia penal militar, que se erige como una de las excepciones de la jurisdicción penal ordinaria y que tiene como propósito principal dotar de un juez natural especializado en asuntos castrenses, juez que debe formar parte de la fuerza pública pues al ser par del procesado, tiene conocimientos específicos que le permiten dirimir de mejor forma la responsabilidad de alguien que en servicio activo y en un acto del mismo, lesiona o pone en peligro efectivo los bienes jurídicos tutelados. Su propósito, el de la justicia penal militar, no es servir de comisión de absoluciones sino administrar justicia de una mejor manera para un grupo especifico de personas, sin embargo, ha hecho carrera el merecido juicio de que es una justicia genuflexa y laxa que se burla de las víctimas de delitos cometidos por miembros de la fuerza pública, no es gratuito como vemos, que la primera batalla jurídica de un defensor suela ser librarse de la jurisdicción ordinaria.

Hay policías que honran el uniforme, de ello no hay duda, como tampoco hay duda de que hay delincuentes de uniforme, que no solo afectan la confianza de la ciudadanía en la institución sino que también enlodan a quienes, sin ser delincuentes de uniforme pero por solidaridad de cuerpo, son cómplices silentes de los atropellos contra la ciudadanía.

Las instituciones tienen que estar al servicio de la sociedad, y es por eso que las funciones de cada uno de sus miembros van dirigidas a satisfacer el funcionamiento del Estado y la preservación del orden social, los derechos y las garantías constitucionales, bajo ese supuesto, el derecho a la protesta pacífica debe ser garantizado, no entorpecido por la Policía Nacional, los manifestantes son ciudadanos ejerciendo responsablemente sus derechos, no delincuentes ni vándalos como se les pretende estigmatizar para, con ese argumento, disparar a matar indiscriminadamente a la multitud que como es natural se defiende de quien ya no actúa como policía sino que lo hace como delincuente.

Frente a esos actos delincuenciales de miembros de la fuerza pública también procede la legítima defensa, no podemos seguir siendo testigos de una masacre perpetrada por personas que deshonrosamente usan un uniforme y devengan un salario pagado por impuestos de los ciudadanos que están masacrando.

La Policía Nacional necesita un abordaje humanista, necesita rigor en la selección de sus miembros, necesita capacitadores de las más altas calidades escogidos por méritos y no con el ánimo de satisfacer un requisito, los policías deben entender que se deben a los ciudadanos y no a los gobernantes, al tiempo, hace falta que quienes padecen la brutalidad policial sigan documentando y publicando pero no solo eso, deben convertirse en dolientes de los procesos penales y disciplinarios para lograr que se haga justicia, esas pequeñas batallas depuran una institución que necesitamos en la cotidianidad y de la que todos esperamos restablecer el respeto que se ha ido perdiendo por cuenta de, según ellos, unas cuantas manzanas podridas.

 

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El Derecho Penal no es para Asustar. Columna de la Abogada Diana Muñoz Castellanos. Twitter: @DianaMunozC

9/6/2020

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El Derecho Penal no es para Asustar. Columna de la Abogada Diana Muñoz Castellanos. Twitter: @DianaMunozC

La comunidad científica ha coincidido en que el abordaje a la drogadicción ha de ser terapéutica y no punitiva, sin embargo, en aras de mostrarnos férreos en la lucha contra el narcotráfico y a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ha decantado en varias de sus sentencias que para judicializar a una persona por tráfico de estupefacientes debe acreditarse la intención de comercializar la sustancia, seguimos desperdiciando valiosas horas en los despachos judiciales haciendo la pantomima de un proceso penal contra una gran cantidad de consumidores que corrieron la mala fortuna de ser sorprendidos por algún patrullero entusiasta llevando un poco más de unos porros de marihuana o unas papeletas de bazuco en sus bolsillos. Pantomima porque incluso desde la formulación de imputación, la fiscalía sabe, casi con certeza que en sede de acusación o incluso en audiencia preparatoria solicitará que la audiencia mute a preclusión y así terminará el espectáculo.

Ese mismo tratamiento punitivo se ha pretendido dar a la pandemia del COVID19, como si a punta de judicializar a los desesperados se pudiese contener semejante monstruo de la naturaleza, no sorprendió a nadie que empezando la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional se publicitara de manera cinematográfica, como es ahora la costumbre institucional, las capturas de quienes por todo un universo de razones, violaban la cuarentena que pretendía disminuir la velocidad de los contagios.

El Derecho Penal comporta la mayor agresividad del estado social y democrático de derecho, y es así, porque se concentra en aquellas conductas que generan mayor afectación a los bienes jurídicos tutelados, esas conductas que impactan de manera más grave y atroz a los individuos y a la sociedad, en otras palabras, no todos los comportamientos humanos que contrarían las leyes se persiguen penalmente, existen otros abordajes desde otras áreas del derecho que dan respuesta a un conflicto social sin necesidad de, como diría un anónimo que tuvo sus quince minutos de fama en redes sociales, irse de Código Penal.

Pero como de costumbre, fallamos, perseguimos un virus que afecta al mundo entero persiguiendo a los ciudadanos bajo la promesa de judicializarlos por el delito de violación de medidas sanitarias, delito contenido en el artículo 368 del Código Penal y para el cual el legislador estableció una pena a imponer que va de los cuatro a los ocho años de prisión. Y fallamos el doble pretendiendo con ello disuadir a los ciudadanos, pretendiendo que se abstuvieran de salir de casa por el temor a un proceso penal, como si el temor al llanto de unos hijos que padecenhambre no fuera lo suficientemente poderoso para sacar de su recinto a cualquier padre de familia.

Por supuesto, las situaciones de violación a medidas sanitarias son tan variadas como variadas las personas, la desesperación de quien debe proveer alimentos a sus hijos y que por ello sale con su venta ambulante a rasguñarle algunos pesos a la maltrecha economía, los abuelos rebeldes que luego fueron respaldados por la jurisdicción mediante una acción de tutela y que se rehusaban a pasar días valiosos de sus años dorados encerrados en cuatro paredes, los adolescentes díscolos que buscaban un rayo de sol persiguiendo un alivio para su salud mental, incluso los urgidos de amor que se escabullían entre calles para saciar sus necesidades lúbricas, los de la teoría de la conspiración, los irresponsables, los desinformados, la lista sería eterna.

El Derecho Penal falló para atajar a la multitud porque el Derecho Penal no tiene como propósito aliviar desgracias de salud pública, así como es absurdo judicializar marihuaneros lo es también hacerlo con quienes irrespetaron la cuarentena, no porque no se pueda hacer una adecuación típica perfecta y acudir a los estrados judiciales sino porque el ejercicio del Derecho Penal ha de responder a unos principios superiores que lo orientan y a la luz de los mismos no se puede instrumentalizar a unos cuantos desafortunados para asustar a la sociedad, el fin de prevención general negativo que tienen las penas y de contera el Derecho Penal va en contravía de su esencia.


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¡Se Hará Justicia!. Columna de la Abogada Diana Muñoz Castellanos. Twitter: @DianaMunozC

8/23/2020

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¡Se Hará Justicia!. Columna de la Abogada Diana Muñoz Castellanos. Twitter: @DianaMunozC

Álvaro Uribe Vélez no está secuestrado como reclaman sus familiares y adeptos, se encuentra privado de la libertad al amparo de la medida de aseguramiento de detención preventiva ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que en un auto histórico de 1554 folios determinó que la medida es necesaria para evitar la obstrucción a la justicia por considerar, que luego de examinar el extenso material probatorio, existían suficientes elementos para acreditar que permitir que enfrente su proceso en libertad constituye un riesgo enorme para la materialización correcta de la justicia.

La presunción de inocencia implica que las personas se consideran inocentes hasta que son judicialmente encontradas responsables por los hechos que se les imputan, en consecuencia deben ser tratadas como inocentes y eso por supuesto impediría, en principio, ser privados de su libertad o padecer cualquier medida restrictiva de derechos. Sin embargo, existen casos que justifican la imposición de medidas de aseguramiento cuando con ellas se pretende perseguir un fin constitucional, ya sea la protección de la sociedad o de la víctima, evitar la no comparecencia del procesado, o como en el caso de Álvaro Uribe, evitar que obstruya la justicia mediante maniobras dirigidas a destruir, modificar, ocultar elementos de prueba o inducir a testigos a que falten a la verdad, o la oculten o la proporcionen parcialmente de tal manera que se frustre la correcta impartición de justicia.

Pues bien, el cuatro de agosto de este año conocimos la decisión por medio de la cual se impuso detención preventiva a Álvaro Uribe, decisión que rápidamente, casi de inmediato, fue objeto de fuertes críticas por parte de reputados juristas, críticas que sorprenden porque difícilmente hubiesen podido leerla en un día y que hace pensar que las criticas provenían más de las simpatías ideológicas que de criterios jurídicos. La decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es extensa, no porque los magistrados hubiesen recurrido a bastas elucubraciones para arribar a la decisión que finalmente fue adoptada, sino porque con el propósito de satisfacer fielmente los mandatos legales y constitucionales abordaron un minucioso análisis de los elementos recaudados de los cuales se puede concluir ciertamente, que existen elementos para inferir razonablemente que la conducta se cometió y que la cometió el ahora preso Uribe Vélez en asocio criminal con otras personas que a su vez también están siendo procesadas y que existen motivos graves y fundados para considerar que abstenerse de imponer la medida significaría un riesgo real de no realización de justicia.

Y no se equivocó la Corte, desde que se conoció su decisión ha emprendido una campaña de desprestigio escabrosa, vilipendiando a quienes administran justicia, llegando al punto de tacharlos de secuestradores por el ejercicio de su rol, campaña que ha sido replicada por sus seguidores que sin siquiera leer la decisión repiten los improperios irrespetando la majestad de la justicia y a quienes la administran, el comportamiento agresivo del reo y de quienes lo veneran se dirige a deslegitimar a su juez natural, y dentro de sus mecanismos, no dudó en renunciar a su cargo como Senador con el propósito de ser investigado por una Fiscalía totalmente sesgada a su favor, dirigida por el amigazo del Presidente Iván Duque, que de no ser por el preso que lo ungió sería un eslabón más de la burocracia.

Se hará justicia, no solo en el caso por soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal que hoy lo tiene en detención domiciliaria en una finca donde cabría cómodamente un municipio entero, atendido por decenas de empleados a su servicio, rodeado de naturaleza y todos los lujos que difícilmente tendrá nunca un ciudadano promedio, sino en los demás procesos que lo han venido persiguiendo durante años, son tantísimas las voces que legítimamente documentan su participación en creación y patrocinio de grupos paramilitares que masacraron y hoy siguen masacrando a los más vulnerables, que la justicia ha de llegar para esas víctimas, no asumiendo su condena, que podría o no llegar a ocurrir, sino permitiendo que finalmente exista una investigación penal que ponga fin al suspenso y a la impunidad.


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Política Criminal a la bulla de los Cocos

8/2/2020

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Política Criminal a la bulla de los Cocos

Por: Abogada Diana Muñoz Castellanos

La diversidad como característica de la sociedad es evidente, ante mismas situaciones podemos encontrar distintas reacciones, los comportamientos humanos son variados, y las personas no estamos ni estaremos llamadas nunca a comportarnos igual, sin embargo, podemos distinguir entre comportamientos aceptados y comportamientos desviados, estos últimos, cuando tienen impacto negativo social y revisten cierta gravedad pueden y eventualmente deben elevarse a la categoría de delito, y esta valoración debe hacerse a la luz de la política criminal, que constituye los lineamientos de Estado para prevenir y reprimir las conductas criminales y se orienta en ciencias sociales y jurídicas para determinar la necesidad de la persecución penal y la intensidad de la pena a imponer en consonancia con los fines de la misma.

Visto así, desde el rigor académico indispensable, la política criminal parece garantía de ponderación entre los derechos de quienes ejecutan estos comportamientos desviados y los derechos de la sociedad como colectivo y también de cada individuo que la conforma y que tiene una expectativa de seguridad, de garantía de sus bienes jurídicos y de justicia ante la lesión o puesta en peligro de estos. En otras palabras, el ciudadano espera que el Estado tome medidas previas a la comisión de los delitos y espera también, que una vez cometidos, sean perseguidos judicialmente y se imponga una condena al perpetrador.

Colombia es un estado liberal, lo que implica, entre otras cosas, el respeto por los derechos y garantías ciudadanas y el apego a la constitución y la ley, y como estado liberal, debe ejercer el poder punitivo con total observancia de los fines de la pena, que enaltecen la dignidad humana al reconocer que el delincuente por el hecho de serlo no pierde su condición, de tal suerte que las penas deben buscar resocializar a quien ha tenido un comportamiento desviado y permitir su posterior reinserción a la sociedad a la que trasgredió con su conducta. Y esas conductas desviadas elevadas a categoría de delito, deben tener una retribución justa, proporcional al daño causado, solo así podemos hablar de una victoria de la política criminal.

Pero todo lo dicho es una fantasía contenida en los tantos libros que sobre criminología, política criminal, dogmática penal y derecho penitenciario se han escrito, la configuración legislativa responde más a criterios de audiencia y de indignación social que consigan réditos políticos que a beneficio social, ya ha hecho carrera la presentación de proyectos de ley abiertamente inconstitucionales como los que propenden por cadena perpetua a delincuentes sexuales contra menores de edad pretendiendo con ellos no la severidad en el castigo sino la publicidad política que perpetúe la representación en el Congreso.

Vemos con frecuencia incrementos en las penas de los delitos existentes, incrementos que no tienen en consideración las penas de los demás delitos y que consiguen a la postre una legislación penal totalmente desquiciada en la que eventualmente, bajo determinadas circunstancias, resulta más gravoso robarse un teléfono celular que arremeter a patadas contra un hombre.

También hemos sido testigos de como, al quitarle el carácter de querellable y en consecuencia conciliable a delitos como la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria, fiscales, jueces y defensores se ven avocados a una puesta en escena de un proceso penal en el cual, la víctima casi que al tiempo con la denuncia se arrepiente de la denuncia o llega a un acuerdo privado con el denunciado en el que se abstiene de declarar, con lo cual, sin prueba directa el destino inevitable del proceso es el de la absolución.

La política criminal colombiana no es académica, es una política criminal taquillera que va a la bulla de los cocos, pensada desde el interés particular de quien propone las medidas y no en beneficio de la sociedad, esa práctica nos está saliendo carísima, pues no consigue la prevención de ningún delito, sabido es, que el delincuente no revisa el código penal antes de perpetrar el hecho y que unos meses más o unos meses menos no disuaden al delincuente, pues la apuesta no es a la menor pena posible, la apuesta del delincuente es a la impunidad.
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El Riesgo de los que hacen Justicia

7/26/2020

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El Riesgo de los que hacen Justicia
 
Por: Abogada Diana Muñoz Castellanos

Los juzgados en Colombia distan bastante de la imagen que de ellos tiene el imaginario colectivo, lejos de ser lugares de sofisticación son el reflejo de la precariedad de nuestro país, filas eternas para entrar a unos pocos ascensores desvencijados en los que el riesgo de accidente es permanente, funcionarios hacinados, casi tanto como los presos, rodeados de pilas y pilas de expedientes que acumulan polvo, ácaros y solo Dios sabrá que otra cosas más.

Salvo por las altas cortes y los tribunales superiores de distrito judicial, la realidad de nuestros despachos judiciales es lamentable, lamentable en las ciudades capitales y la situación se va poniendo peor conforme más alejado sea el municipio, para retratar la escena, los juzgados se parecen más al cuartucho desde el que despachaba Betty La Fea que a los elegantes escenarios de las películas de abogados que nos repiten hasta la saciedad en los canales nacionales. Y debe ser por eso que quienes toman las medidas administrativas y logísticas para el funcionamiento de la administración de justicia lo hacen como si todos los funcionarios despacharan desde Bogotá.

La administración de justicia es mucho más que los magistrados y jueces, miles de funcionarios, fiscales, judicantes y practicantes aportan para tal fin, y todos en este momento histórico de pandemia están en riesgo vital. En principio el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre de despachos judiciales y la suspensión de términos, medida que aunque impopular para muchos, resultaba necesaria, sin embargo, cada juzgado estableció sus propias reglas y hoy estamos ante un completo caos en la administración de justicia en la que todos están en riesgo.

La primera línea en este caos de la administración de justicia son los más vulnerables, mientras jueces y magistrados despachan desde sus casas con los recursos que tienen a mano en audiencias virtuales que difícilmente superarían un análisis serio respecto del cumplimiento de principios y garantías del proceso, los demás funcionarios de los juzgados se ven obligados a acudir presencialmente a las sedes, protegidos en el mejor de los casos con un tapabocas que les han entregado para fingir un supuesto protocolo de bioseguridad.

En días pasados circuló entre los colegas un audio en el que una juez informaba respecto del contagio de uno de sus colaboradores, lejos de referirse a la tragedia humana que podía estar viviendo, la extensa nota hacía énfasis en que el funcionario había acudido a la sede judicial por cuenta propia y a pesar de que se le había advertido que no debía ingresar, y es natural, les piden no ingresar a las sedes judiciales mientras presionan para que garanticen la prestación del servicio.

Ese afán de mostrar resultados, de venderle a la ciudadanía una falsa normalidad en la administración de justicia tiene a los más vulnerables en un riesgo permanente, que las audiencias se realicen de forma virtual no significa que los funcionarios no estén acudiendo, de ninguna otra manera podrían acceder a las carpetas y expedientes necesarios para el desarrollo de los trámites y son los más vulnerables los que están arriesgando sus vidas, con medidas de bioseguridad que solo sirven para proveer contratos de suministros y con unos mecanismos tecnológicos que han brillado por su ineficiencia.

La pandemia terminará en algún momento, y mientras eso ocurre estamos todos ejerciendo en una irregularidad abrumadora, páginas institucionales que funcionan menos que un tapabocas de croché, despachos judiciales con interpretación propia de la prestación del servicio, defensores que permiten realización de juicios sin observar la inmediación, y así la lista es infinita, y esa lista será evidente cuando empiece el festival de nulidades, cuando las arbitrariedades que hoy se cometen en nombre de la eficiencia queden en evidencia por la violación de los principios y las garantías.

Ahora mismo el riesgo es para todos, los funcionarios obligados a acudir están en riesgo de contagio, los jueces que se niegan a formar parte de la puesta en escena de la justicia virtual arriesgándose a ser disciplinados, los defensores otro tanto y por las mismas causas y los usuarios, en riesgo de ver sus causas perdidas por la falta de rigor, porque la administración de justicia está en riesgo de ser utilizada como otra carta para mostrar sin importar que para ello se lleven por delante, impunemente, la Constitución y la ley.
                                     
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No todo lo del Pobre es Robado

7/12/2020

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No todo lo del Pobre es Robado

Por:  Abogada Diana Muñoz Castellanos

Un camión siniestrado en medio de la carretera, un conductor desesperado calmando a una turba iracunda dispuesta a morir y a matar por conseguir un bidón de gasolina, unos policías impotentes ante la escena y de repente una inmensa explosión. Las imágenes de la tragedia son perturbadoras, y rápidamente inundaron las redes sociales y los titulares de los noticieros, algunos calcinados hasta los huesos quedaron en el acto, otros con inmensas quemaduras caminaban desnudos y erráticos buscando auxilio, las camionetas raudas transportando a los heridos evocando las imágenes de la avalancha que borró del mapa a Armero. En últimas todo, un cuadro aterrador.

Esto ocurre en Tasajera, un poblado del Magdalena donde antes la vegetación era abundante y la naturaleza permitía a sus habitantes hacerse la vida y llevar el pan al plato de sus hijos, ahora viven en una miseria tan desgarradora como el fuego abrasador que arrancó de sus hogares a más de treinta hombres de todas las edades, porque como es costumbre, la llegada del progreso para unos, significa la ruina de otros, en el caso de Tasajera, la construcción de la carretera sin planeación ambiental cercenó sus fuentes hídricas y con ello la fuente de ingresos de prácticamente toda la comunidad.

La criminología ha intentado por siglos entender el comportamiento desviado que por su gravedad es elevado a la categoría de delito, y con el paso de los años se nos han revelado distintas respuestas, casi siempre insuficientes, desde Lombroso que consideraba las características físicas de las personas para determinar si eran proclives a delinquir, hasta llegar en nuestros días al estudio del delito desde la criminología crítica que entiende la necesidad de examinar una multiplicidad de factores que explicarían el comportamiento desviado, uno de esos factores por supuesto es la pobreza.

La pobreza como factor para la delincuencia es un hecho suficientemente estudiado y decantado, sin embargo, no puede justificar al delincuente, porque existiendo tantísimas personas viviendo en la miseria, una pequeña proporción opta por la empresa criminal como proyecto de vida, los demás, los que se encuentran en una pobreza extrema pero que no delinquen los vemos a diario en las calles sobreviviendo, vendiendo bolsas de basura en los semáforos, pidiendo caridad cristiana en una esquina o montándose a los buses a cantar ese horrible rap conciencia que se inventaron, en el trabajo mal pago, en la mendicidad, incluso en la prostitución, pero no delinquiendo, los que delinquen son la minoría.

Esa minoría que delinque, no puede arroparse con la cobija de la miseria para lograr impunidad, sin embargo, la marginalidad, la ignorancia y la pobreza extremas si se erigen como circunstancia de menor punibilidad y permiten una rebaja sustancial en la pena a imponer, situación que dista mucho el hurto famélico que es impune absoluto y obedece a un estado de necesidad, donde además lo hurtado ha de ser de primera necesidad y no puede realizarse mediante la violencia.

La pobreza puede ser factor que explica el comportamiento del delincuente, pero no excluye su responsabilidad, esos hombres que sobrevivieron a la tragedia de Tasajera han de ser judicializados con todo y sus heridas que son fruto de una decisión irresponsable y criminal, dentro de un acto de saqueo que se sigue repitiendo en esa carretera, hordas furiosas arrasando con mercancía, destruyendo carros, un comportamiento irracional e inhumano que ni tiene en consideración la posibilidad de socorrer al accidentado sino que busca la forma de aprovechar el infortunio, como si un humilde conductor de camión fuera el responsable de décadas de saqueos de las clases políticas que nos han gobernado.
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    Diana Muñoz Castellanos Abogada Penalista @DianaMunozC

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