¡Se Hará Justicia!. Columna de la Abogada Diana Muñoz Castellanos. Twitter: @DianaMunozC
Álvaro Uribe Vélez no está secuestrado como reclaman sus familiares y adeptos, se encuentra privado de la libertad al amparo de la medida de aseguramiento de detención preventiva ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que en un auto histórico de 1554 folios determinó que la medida es necesaria para evitar la obstrucción a la justicia por considerar, que luego de examinar el extenso material probatorio, existían suficientes elementos para acreditar que permitir que enfrente su proceso en libertad constituye un riesgo enorme para la materialización correcta de la justicia.
La presunción de inocencia implica que las personas se consideran inocentes hasta que son judicialmente encontradas responsables por los hechos que se les imputan, en consecuencia deben ser tratadas como inocentes y eso por supuesto impediría, en principio, ser privados de su libertad o padecer cualquier medida restrictiva de derechos. Sin embargo, existen casos que justifican la imposición de medidas de aseguramiento cuando con ellas se pretende perseguir un fin constitucional, ya sea la protección de la sociedad o de la víctima, evitar la no comparecencia del procesado, o como en el caso de Álvaro Uribe, evitar que obstruya la justicia mediante maniobras dirigidas a destruir, modificar, ocultar elementos de prueba o inducir a testigos a que falten a la verdad, o la oculten o la proporcionen parcialmente de tal manera que se frustre la correcta impartición de justicia.
Pues bien, el cuatro de agosto de este año conocimos la decisión por medio de la cual se impuso detención preventiva a Álvaro Uribe, decisión que rápidamente, casi de inmediato, fue objeto de fuertes críticas por parte de reputados juristas, críticas que sorprenden porque difícilmente hubiesen podido leerla en un día y que hace pensar que las criticas provenían más de las simpatías ideológicas que de criterios jurídicos. La decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es extensa, no porque los magistrados hubiesen recurrido a bastas elucubraciones para arribar a la decisión que finalmente fue adoptada, sino porque con el propósito de satisfacer fielmente los mandatos legales y constitucionales abordaron un minucioso análisis de los elementos recaudados de los cuales se puede concluir ciertamente, que existen elementos para inferir razonablemente que la conducta se cometió y que la cometió el ahora preso Uribe Vélez en asocio criminal con otras personas que a su vez también están siendo procesadas y que existen motivos graves y fundados para considerar que abstenerse de imponer la medida significaría un riesgo real de no realización de justicia.
Y no se equivocó la Corte, desde que se conoció su decisión ha emprendido una campaña de desprestigio escabrosa, vilipendiando a quienes administran justicia, llegando al punto de tacharlos de secuestradores por el ejercicio de su rol, campaña que ha sido replicada por sus seguidores que sin siquiera leer la decisión repiten los improperios irrespetando la majestad de la justicia y a quienes la administran, el comportamiento agresivo del reo y de quienes lo veneran se dirige a deslegitimar a su juez natural, y dentro de sus mecanismos, no dudó en renunciar a su cargo como Senador con el propósito de ser investigado por una Fiscalía totalmente sesgada a su favor, dirigida por el amigazo del Presidente Iván Duque, que de no ser por el preso que lo ungió sería un eslabón más de la burocracia.
Se hará justicia, no solo en el caso por soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal que hoy lo tiene en detención domiciliaria en una finca donde cabría cómodamente un municipio entero, atendido por decenas de empleados a su servicio, rodeado de naturaleza y todos los lujos que difícilmente tendrá nunca un ciudadano promedio, sino en los demás procesos que lo han venido persiguiendo durante años, son tantísimas las voces que legítimamente documentan su participación en creación y patrocinio de grupos paramilitares que masacraron y hoy siguen masacrando a los más vulnerables, que la justicia ha de llegar para esas víctimas, no asumiendo su condena, que podría o no llegar a ocurrir, sino permitiendo que finalmente exista una investigación penal que ponga fin al suspenso y a la impunidad.
La presunción de inocencia implica que las personas se consideran inocentes hasta que son judicialmente encontradas responsables por los hechos que se les imputan, en consecuencia deben ser tratadas como inocentes y eso por supuesto impediría, en principio, ser privados de su libertad o padecer cualquier medida restrictiva de derechos. Sin embargo, existen casos que justifican la imposición de medidas de aseguramiento cuando con ellas se pretende perseguir un fin constitucional, ya sea la protección de la sociedad o de la víctima, evitar la no comparecencia del procesado, o como en el caso de Álvaro Uribe, evitar que obstruya la justicia mediante maniobras dirigidas a destruir, modificar, ocultar elementos de prueba o inducir a testigos a que falten a la verdad, o la oculten o la proporcionen parcialmente de tal manera que se frustre la correcta impartición de justicia.
Pues bien, el cuatro de agosto de este año conocimos la decisión por medio de la cual se impuso detención preventiva a Álvaro Uribe, decisión que rápidamente, casi de inmediato, fue objeto de fuertes críticas por parte de reputados juristas, críticas que sorprenden porque difícilmente hubiesen podido leerla en un día y que hace pensar que las criticas provenían más de las simpatías ideológicas que de criterios jurídicos. La decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es extensa, no porque los magistrados hubiesen recurrido a bastas elucubraciones para arribar a la decisión que finalmente fue adoptada, sino porque con el propósito de satisfacer fielmente los mandatos legales y constitucionales abordaron un minucioso análisis de los elementos recaudados de los cuales se puede concluir ciertamente, que existen elementos para inferir razonablemente que la conducta se cometió y que la cometió el ahora preso Uribe Vélez en asocio criminal con otras personas que a su vez también están siendo procesadas y que existen motivos graves y fundados para considerar que abstenerse de imponer la medida significaría un riesgo real de no realización de justicia.
Y no se equivocó la Corte, desde que se conoció su decisión ha emprendido una campaña de desprestigio escabrosa, vilipendiando a quienes administran justicia, llegando al punto de tacharlos de secuestradores por el ejercicio de su rol, campaña que ha sido replicada por sus seguidores que sin siquiera leer la decisión repiten los improperios irrespetando la majestad de la justicia y a quienes la administran, el comportamiento agresivo del reo y de quienes lo veneran se dirige a deslegitimar a su juez natural, y dentro de sus mecanismos, no dudó en renunciar a su cargo como Senador con el propósito de ser investigado por una Fiscalía totalmente sesgada a su favor, dirigida por el amigazo del Presidente Iván Duque, que de no ser por el preso que lo ungió sería un eslabón más de la burocracia.
Se hará justicia, no solo en el caso por soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal que hoy lo tiene en detención domiciliaria en una finca donde cabría cómodamente un municipio entero, atendido por decenas de empleados a su servicio, rodeado de naturaleza y todos los lujos que difícilmente tendrá nunca un ciudadano promedio, sino en los demás procesos que lo han venido persiguiendo durante años, son tantísimas las voces que legítimamente documentan su participación en creación y patrocinio de grupos paramilitares que masacraron y hoy siguen masacrando a los más vulnerables, que la justicia ha de llegar para esas víctimas, no asumiendo su condena, que podría o no llegar a ocurrir, sino permitiendo que finalmente exista una investigación penal que ponga fin al suspenso y a la impunidad.
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