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El Riesgo de los que hacen Justicia

7/26/2020

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El Riesgo de los que hacen Justicia
 
Por: Abogada Diana Muñoz Castellanos

Los juzgados en Colombia distan bastante de la imagen que de ellos tiene el imaginario colectivo, lejos de ser lugares de sofisticación son el reflejo de la precariedad de nuestro país, filas eternas para entrar a unos pocos ascensores desvencijados en los que el riesgo de accidente es permanente, funcionarios hacinados, casi tanto como los presos, rodeados de pilas y pilas de expedientes que acumulan polvo, ácaros y solo Dios sabrá que otra cosas más.

Salvo por las altas cortes y los tribunales superiores de distrito judicial, la realidad de nuestros despachos judiciales es lamentable, lamentable en las ciudades capitales y la situación se va poniendo peor conforme más alejado sea el municipio, para retratar la escena, los juzgados se parecen más al cuartucho desde el que despachaba Betty La Fea que a los elegantes escenarios de las películas de abogados que nos repiten hasta la saciedad en los canales nacionales. Y debe ser por eso que quienes toman las medidas administrativas y logísticas para el funcionamiento de la administración de justicia lo hacen como si todos los funcionarios despacharan desde Bogotá.

La administración de justicia es mucho más que los magistrados y jueces, miles de funcionarios, fiscales, judicantes y practicantes aportan para tal fin, y todos en este momento histórico de pandemia están en riesgo vital. En principio el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre de despachos judiciales y la suspensión de términos, medida que aunque impopular para muchos, resultaba necesaria, sin embargo, cada juzgado estableció sus propias reglas y hoy estamos ante un completo caos en la administración de justicia en la que todos están en riesgo.

La primera línea en este caos de la administración de justicia son los más vulnerables, mientras jueces y magistrados despachan desde sus casas con los recursos que tienen a mano en audiencias virtuales que difícilmente superarían un análisis serio respecto del cumplimiento de principios y garantías del proceso, los demás funcionarios de los juzgados se ven obligados a acudir presencialmente a las sedes, protegidos en el mejor de los casos con un tapabocas que les han entregado para fingir un supuesto protocolo de bioseguridad.

En días pasados circuló entre los colegas un audio en el que una juez informaba respecto del contagio de uno de sus colaboradores, lejos de referirse a la tragedia humana que podía estar viviendo, la extensa nota hacía énfasis en que el funcionario había acudido a la sede judicial por cuenta propia y a pesar de que se le había advertido que no debía ingresar, y es natural, les piden no ingresar a las sedes judiciales mientras presionan para que garanticen la prestación del servicio.

Ese afán de mostrar resultados, de venderle a la ciudadanía una falsa normalidad en la administración de justicia tiene a los más vulnerables en un riesgo permanente, que las audiencias se realicen de forma virtual no significa que los funcionarios no estén acudiendo, de ninguna otra manera podrían acceder a las carpetas y expedientes necesarios para el desarrollo de los trámites y son los más vulnerables los que están arriesgando sus vidas, con medidas de bioseguridad que solo sirven para proveer contratos de suministros y con unos mecanismos tecnológicos que han brillado por su ineficiencia.

La pandemia terminará en algún momento, y mientras eso ocurre estamos todos ejerciendo en una irregularidad abrumadora, páginas institucionales que funcionan menos que un tapabocas de croché, despachos judiciales con interpretación propia de la prestación del servicio, defensores que permiten realización de juicios sin observar la inmediación, y así la lista es infinita, y esa lista será evidente cuando empiece el festival de nulidades, cuando las arbitrariedades que hoy se cometen en nombre de la eficiencia queden en evidencia por la violación de los principios y las garantías.

Ahora mismo el riesgo es para todos, los funcionarios obligados a acudir están en riesgo de contagio, los jueces que se niegan a formar parte de la puesta en escena de la justicia virtual arriesgándose a ser disciplinados, los defensores otro tanto y por las mismas causas y los usuarios, en riesgo de ver sus causas perdidas por la falta de rigor, porque la administración de justicia está en riesgo de ser utilizada como otra carta para mostrar sin importar que para ello se lleven por delante, impunemente, la Constitución y la ley.
                                     
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No todo lo del Pobre es Robado

7/12/2020

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No todo lo del Pobre es Robado

Por:  Abogada Diana Muñoz Castellanos

Un camión siniestrado en medio de la carretera, un conductor desesperado calmando a una turba iracunda dispuesta a morir y a matar por conseguir un bidón de gasolina, unos policías impotentes ante la escena y de repente una inmensa explosión. Las imágenes de la tragedia son perturbadoras, y rápidamente inundaron las redes sociales y los titulares de los noticieros, algunos calcinados hasta los huesos quedaron en el acto, otros con inmensas quemaduras caminaban desnudos y erráticos buscando auxilio, las camionetas raudas transportando a los heridos evocando las imágenes de la avalancha que borró del mapa a Armero. En últimas todo, un cuadro aterrador.

Esto ocurre en Tasajera, un poblado del Magdalena donde antes la vegetación era abundante y la naturaleza permitía a sus habitantes hacerse la vida y llevar el pan al plato de sus hijos, ahora viven en una miseria tan desgarradora como el fuego abrasador que arrancó de sus hogares a más de treinta hombres de todas las edades, porque como es costumbre, la llegada del progreso para unos, significa la ruina de otros, en el caso de Tasajera, la construcción de la carretera sin planeación ambiental cercenó sus fuentes hídricas y con ello la fuente de ingresos de prácticamente toda la comunidad.

La criminología ha intentado por siglos entender el comportamiento desviado que por su gravedad es elevado a la categoría de delito, y con el paso de los años se nos han revelado distintas respuestas, casi siempre insuficientes, desde Lombroso que consideraba las características físicas de las personas para determinar si eran proclives a delinquir, hasta llegar en nuestros días al estudio del delito desde la criminología crítica que entiende la necesidad de examinar una multiplicidad de factores que explicarían el comportamiento desviado, uno de esos factores por supuesto es la pobreza.

La pobreza como factor para la delincuencia es un hecho suficientemente estudiado y decantado, sin embargo, no puede justificar al delincuente, porque existiendo tantísimas personas viviendo en la miseria, una pequeña proporción opta por la empresa criminal como proyecto de vida, los demás, los que se encuentran en una pobreza extrema pero que no delinquen los vemos a diario en las calles sobreviviendo, vendiendo bolsas de basura en los semáforos, pidiendo caridad cristiana en una esquina o montándose a los buses a cantar ese horrible rap conciencia que se inventaron, en el trabajo mal pago, en la mendicidad, incluso en la prostitución, pero no delinquiendo, los que delinquen son la minoría.

Esa minoría que delinque, no puede arroparse con la cobija de la miseria para lograr impunidad, sin embargo, la marginalidad, la ignorancia y la pobreza extremas si se erigen como circunstancia de menor punibilidad y permiten una rebaja sustancial en la pena a imponer, situación que dista mucho el hurto famélico que es impune absoluto y obedece a un estado de necesidad, donde además lo hurtado ha de ser de primera necesidad y no puede realizarse mediante la violencia.

La pobreza puede ser factor que explica el comportamiento del delincuente, pero no excluye su responsabilidad, esos hombres que sobrevivieron a la tragedia de Tasajera han de ser judicializados con todo y sus heridas que son fruto de una decisión irresponsable y criminal, dentro de un acto de saqueo que se sigue repitiendo en esa carretera, hordas furiosas arrasando con mercancía, destruyendo carros, un comportamiento irracional e inhumano que ni tiene en consideración la posibilidad de socorrer al accidentado sino que busca la forma de aprovechar el infortunio, como si un humilde conductor de camión fuera el responsable de décadas de saqueos de las clases políticas que nos han gobernado.
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No tienen Vergüenza ni Persecución Penal

7/5/2020

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No tienen vergüenza ni persecución penal

Por:  Abogada Diana Muñoz Castellanos

El Fiscal General Francisco Barbosa lleva menos de un semestre en el cargo y ya ha merecido la atención de todos los medios de comunicación y de la comunidad académica y judicial, no por su gestión en el cargo sino por los errores que a diario nos escandalizan y que suele salir a tapar a los berridos, dándoselas de importante, de imprescindible, de irrepetible, y la verdad es que los únicos que creen que esas declaraciones repletas de autoalabanzas tienen impacto social es él y el comité de aplausos que tímidamente lo respalda.
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Pero no es único ni irrepetible, es solo un ejemplo visible de lo que ya se convirtió en la regla general, funcionarios públicos que sin méritos ocupan cargos de relevancia nacional y que, como dijo una funcionaria diplomática a una compatriota que rogaba su repatriación, no basta estudiar.

Esta generación de burócratas ya lo reconoce así sin ninguna vergüenza, no basta estudiar, se necesita estar en la rosca, tener las palancas, los amigos, dárselo a algún litigante que salga en el noticiero con ínfulas de rockstar, así están llegando a consulados, a ministerios, a universidades dizque a enseñar, no solamente cobrando lo que no deben sino privando a la ciudadanía de funcionarios que realmente merezcan ostentar esos cargos, funcionarios que entiendan que el servicio púbico es por y para la ciudadanía y no para recibir una colección de privilegios que les permitan impunemente delinquir.

Se nos convirtió en paisaje que los servidores públicos de más alto nivel usen sus cargos para favorecer a sus cercanos más que a los ciudadanos, pareciera judicialmente tolerada esa evidente corrupción que ha permitido nombramientos diplomáticos que funcionan como caja menor de los políticos ignorando de tajo los méritos de quienes juiciosamente han realizado carrera en la función pública, haciéndole un daño inmenso a la institucionalidad. La academia y la burocracia son una mezcla supremamente peligrosa, que tristemente nos muestra como, el apetito puestero y ególatra de algunos, puede impactar de manera negativa a toda una institución impunemente.

Gracias a la borrachera de poder del Fiscal Francisco Barbosa tuvimos que ver a miembros del CTI patrullando un centro comercial con música dramática de fondo, como si de un capítulo de CSI se tratara, gracias a él también nos estremecimos al saber que por salir a tiempo en el noticiero con mas sintonía se imputó de manera equivocada el acceso carnal violento agravado que padeció la menor indígena en Risaralda, también nos tocó verlo en una conferencia de prensa totalmente errática en San Andrés, conferencia que perfectamente podía haber sido un correo electrónico, un comunicado de prensa o en últimas una videoconferencia.

A los cuatro vientos se anunció persecución penal contra la alcaldesa Claudia López por el delito de violación de medida sanitaria, por haber salido a hacer la compra con su esposa, y muy clarito nos quedó, porque lo vociferó el Fiscal Barbosa, que esa conducta no podía permitirse, pues diáfano resultaría ahora hacer para él la misma imputación, no por el paseo, que ya lo quiere justificar usando como chivo expiatorio al Gobernador de San Andrés, sino por llevar además en el paseo a su esposa, a su hija y de ñapa a la amiga de su hija.

Pero nada pasa, aquí nada pasa, porque han conformado un swinger de impunidad, se han encargado de blindarse entre ellos, esa recua de funcionarios mediocres y puesteros se cubren las espaldas y reclaman vociferando su derecho al privilegio, su derecho a nombrar a los amigos sin méritos, su derecho a usar los bienes del Estado para transportar a los invitados de una fiesta infantil, su derecho a irse de paseo familiar en plena pandemia, mientras todos nos recorremos la casa en un tour que parece no acabar jamás, allá están ellos tomando coco loco y brindando por su impunidad, porque el uso recursos públicos es sagrado para todos menos para ellos, porque ya no tienen vergüenza y tampoco tienen ni tendrán persecución penal.
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    Diana Muñoz Castellanos Abogada Penalista @DianaMunozC

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