Diciembre 15 de 2013


Se ha convertido en parte del imaginario considerar, que cuando no se impone medida de aseguramiento nos encontramos ante una flagrante impunidad.

Mal haría yo en considerar que todos los operadores judiciales actúan bajo los efectos de la embriaguez que causa la presión mediática, pero es innegable el efecto que esta tiene en nuestros procesos judiciales, tanto así, que las victimas de un delito suelen buscar la asesoría jurídica y de la mano, intentan causar ruido en los medios de comunicación.

La humanidad ha luchado por centurias en pos de un catalogo de derechos esenciales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, que son los Derechos Humanos, son victorias jurídicas y sociales que nos permiten ufanarnos de demócratas, de humanistas. Pero esta humanidad tan enterada de sus derechos pretende sustraerlos a quien se ve involucrado en la comisión de un delito, aparentemente nos hemos convencido de que el juicio mediático es definitivo y a partir de allí buscamos privación de ese catalogo de derechos, una sustracción de los Derechos Humanos.

El articulo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece como tal la presunción de inocencia, es decir, en tanto no se encuentre judicialmente responsable el individuo es inocente mas allá de cualquier consideración, de cualquier elemento material probatorio, de cualquier declaración, la presunción de inocencia no se enerva hasta que no exista un fallo condenatorio. Es por esto, que la regla general ha de ser el enfrentar el juicio en libertad y solo cumplir una pena una vez se llegue a una condena.

Sin embargo, existen casos en los cuales es necesaria la aplicación de una medida previa a la condena que salvaguarde a la sociedad, a la victima y a la administración de justicia, en nuestra legislación penal es la medida de aseguramiento, y es aquí, donde nos aterramos al darnos cuenta, que en cualquier momento, todos podemos resultar individuos peligrosos.

La medida de aseguramiento debe ser la excepción pero se nos convirtió en regla general, porque la subjetividad del Juez puede encontrar argumentos para establecer la peligrosidad del individuo. Hemos sido testigos de medidas de aseguramiento que tienen como fundamento las calidades académicas del imputado entendiendo que la inteligencia que ostenta le permite cometer mas delitos, también hemos presenciado aterrados que jueces ponderan la peligrosidad del individuo conforme al delito cometido y no a la posibilidad de reincidencia. Todos somos peligrosos, y si usted no lo considera así, ojala no tenga que estar ante un juez de control de garantías que lo convenza de lo contrario.

Entonces, si usted no tiene empleo es peligroso, si tiene un alto cargo es peligroso, si es analfabeta es un peligro y si tiene un doctorado Dios nos libre de su peligrosidad. Usted es un peligro, seguramente yo también, y como somos peligrosos, ¿para que esperar el juicio?, a pagar pena de forma anticipada, porque la medida de aseguramiento, cuyos fines son proteger a la sociedad, a la victima y asegurar la comparecencia del procesado se lee en la sociedad como una forma anticipada de cumplir la pena que finalmente se imponga, pena cuyos fines son otros, sustancialmente distintos, la prevención general y especial, la retribución justa, reinserción social y protección al condenado.

Como sociedad necesitamos entender que la privación de libertad obedece, de acuerdo al momento procesal, a unos fines distintos, solo así aceptaremos la materialización de la presunción de inocencia y tal vez dejaremos todos de ser tan peligrosos, para finalmente poder enfrentar un juicio en libertad, como corresponde.

Me cuesta pensarlo y me cuesta decirlo, pero acudimos en los últimos años al lecho de enfermo del Derecho Penal.

En suspenso, como un enfermo terminal se encuentra nuestro sistema penal, lo hirió de muerte la implementación del sistema penal acusatorio que no es otra cosa que una importación mal concebida. Somos hijos del derecho romano germánico, nuestra idiosincrasia tan única, tan especial, tan convulsa, tan caótica, nuestra idiosincrasia criminal no puede asumir como propia una figura procesal anglosajona, mucho menos un sistema, que parte de premisas imposibles de implementar en nuestro ordenamiento.

Entendimos al revés el principio de publicidad, lo pusimos por encima de la dignidad humana y a partir de allí no tuvimos marcha atrás, sabido es, que los juicios de valor respecto de las conductas que revisten las características de delito empezaron a generarse en los medios de comunicación y no en estrados judiciales como corresponde. El sistema entonces se arrodillo al clamor del noticiero del mediodía, a la tendencia en las redes sociales y no a la dogmática penal. Crucificamos al juez que toma decisiones en derecho y presenciamos el linchamiento mediático de quien tiene la mala fortuna de estar bajo una investigación penal.

Agotamos la presunción de inocencia, se convirtió en lugar común escuchar a los procesados prometer que demostraran su inocencia, como si hiciera falta, como si no fuera labor de la fiscalía general de la nación enervarla y solo entonces acudir al juicio. La condena se hace social, sin importar que luego la persona resulte absuelta.

El sistema anglosajón que importamos, ese bonito vestido que no es de nuestra talla, no concibe la persecución penal de todas las conductas, el juicio debe ser la excepción cuando no se consigue una terminación anticipada del proceso, bien sea por un acuerdo o porque el ente acusador no encuentra elementos mínimos para acudir al estrado judicial y en virtud de ello renuncia a la persecución. Ello aquí no es permitido, es expresa obligación perseguir todas aquellas conductas que revistan características de delito sin importar el impacto o la connotación que tengan.

El derecho penal está gravemente enfermo, no solo porque el sistema penal acusatorio lo hirió de muerte sino porque no sirve para nada distinto a calmar las fauces hambrientas de los medios de Comunicacion amarillistas (que ahora parecen ser todos), que ruegan porque toda conducta sea perseguida penalmente, y suplican por incrementos en las penas consiguiendo con ello desquiciar el sistema, incrementar costos operativos penitenciarios y lo que es peor degradando a las personas que sufren la peor restricción de los derechos fundamentales, la indigna privación de libertad que no resocializa.

Permítanme entonces decir en voz alta lo que muchos pensamos, el derecho penal no nos protege, este solo opera cuando los bienes jurídicos han sido lesionados o puestos en peligro, la idea del aumento en las penas no disuade al delincuente, pues ninguno tiene en sus planes ser judicializado, el delincuente siempre le apuesta a la impunidad.

Más que una invitación es una exhortación a salvar nuestro sistema penal, necesitamos evitar que una transfusión no compatible lo lleve a la muerte, recordar que somos un Estado social y democrático de derecho que tiene como pilar fundamental la dignidad de las personas, dignidad que ahora mismo se convirtió en valor flexible, recuperar las instituciones que no por criollas son menos valiosas, instituciones como la reserva del sumario que debe entenderse como una forma de procurar salvaguardar al individuo y no como guarida de la corrupción al interior de los procesos penales. Luego del salvamento vendrá la rehabilitación, y seremos testigos de la implementación de penas accesorias como principales que permitirá realmente, la tan anhelada resocialización.