El Riesgo de los que hacen Justicia
Por: Abogada Diana Muñoz Castellanos
Los juzgados en Colombia distan bastante de la imagen que de ellos tiene el imaginario colectivo, lejos de ser lugares de sofisticación son el reflejo de la precariedad de nuestro país, filas eternas para entrar a unos pocos ascensores desvencijados en los que el riesgo de accidente es permanente, funcionarios hacinados, casi tanto como los presos, rodeados de pilas y pilas de expedientes que acumulan polvo, ácaros y solo Dios sabrá que otra cosas más.
Salvo por las altas cortes y los tribunales superiores de distrito judicial, la realidad de nuestros despachos judiciales es lamentable, lamentable en las ciudades capitales y la situación se va poniendo peor conforme más alejado sea el municipio, para retratar la escena, los juzgados se parecen más al cuartucho desde el que despachaba Betty La Fea que a los elegantes escenarios de las películas de abogados que nos repiten hasta la saciedad en los canales nacionales. Y debe ser por eso que quienes toman las medidas administrativas y logísticas para el funcionamiento de la administración de justicia lo hacen como si todos los funcionarios despacharan desde Bogotá.
La administración de justicia es mucho más que los magistrados y jueces, miles de funcionarios, fiscales, judicantes y practicantes aportan para tal fin, y todos en este momento histórico de pandemia están en riesgo vital. En principio el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre de despachos judiciales y la suspensión de términos, medida que aunque impopular para muchos, resultaba necesaria, sin embargo, cada juzgado estableció sus propias reglas y hoy estamos ante un completo caos en la administración de justicia en la que todos están en riesgo.
La primera línea en este caos de la administración de justicia son los más vulnerables, mientras jueces y magistrados despachan desde sus casas con los recursos que tienen a mano en audiencias virtuales que difícilmente superarían un análisis serio respecto del cumplimiento de principios y garantías del proceso, los demás funcionarios de los juzgados se ven obligados a acudir presencialmente a las sedes, protegidos en el mejor de los casos con un tapabocas que les han entregado para fingir un supuesto protocolo de bioseguridad.
En días pasados circuló entre los colegas un audio en el que una juez informaba respecto del contagio de uno de sus colaboradores, lejos de referirse a la tragedia humana que podía estar viviendo, la extensa nota hacía énfasis en que el funcionario había acudido a la sede judicial por cuenta propia y a pesar de que se le había advertido que no debía ingresar, y es natural, les piden no ingresar a las sedes judiciales mientras presionan para que garanticen la prestación del servicio.
Ese afán de mostrar resultados, de venderle a la ciudadanía una falsa normalidad en la administración de justicia tiene a los más vulnerables en un riesgo permanente, que las audiencias se realicen de forma virtual no significa que los funcionarios no estén acudiendo, de ninguna otra manera podrían acceder a las carpetas y expedientes necesarios para el desarrollo de los trámites y son los más vulnerables los que están arriesgando sus vidas, con medidas de bioseguridad que solo sirven para proveer contratos de suministros y con unos mecanismos tecnológicos que han brillado por su ineficiencia.
La pandemia terminará en algún momento, y mientras eso ocurre estamos todos ejerciendo en una irregularidad abrumadora, páginas institucionales que funcionan menos que un tapabocas de croché, despachos judiciales con interpretación propia de la prestación del servicio, defensores que permiten realización de juicios sin observar la inmediación, y así la lista es infinita, y esa lista será evidente cuando empiece el festival de nulidades, cuando las arbitrariedades que hoy se cometen en nombre de la eficiencia queden en evidencia por la violación de los principios y las garantías.
Ahora mismo el riesgo es para todos, los funcionarios obligados a acudir están en riesgo de contagio, los jueces que se niegan a formar parte de la puesta en escena de la justicia virtual arriesgándose a ser disciplinados, los defensores otro tanto y por las mismas causas y los usuarios, en riesgo de ver sus causas perdidas por la falta de rigor, porque la administración de justicia está en riesgo de ser utilizada como otra carta para mostrar sin importar que para ello se lleven por delante, impunemente, la Constitución y la ley.
Salvo por las altas cortes y los tribunales superiores de distrito judicial, la realidad de nuestros despachos judiciales es lamentable, lamentable en las ciudades capitales y la situación se va poniendo peor conforme más alejado sea el municipio, para retratar la escena, los juzgados se parecen más al cuartucho desde el que despachaba Betty La Fea que a los elegantes escenarios de las películas de abogados que nos repiten hasta la saciedad en los canales nacionales. Y debe ser por eso que quienes toman las medidas administrativas y logísticas para el funcionamiento de la administración de justicia lo hacen como si todos los funcionarios despacharan desde Bogotá.
La administración de justicia es mucho más que los magistrados y jueces, miles de funcionarios, fiscales, judicantes y practicantes aportan para tal fin, y todos en este momento histórico de pandemia están en riesgo vital. En principio el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre de despachos judiciales y la suspensión de términos, medida que aunque impopular para muchos, resultaba necesaria, sin embargo, cada juzgado estableció sus propias reglas y hoy estamos ante un completo caos en la administración de justicia en la que todos están en riesgo.
La primera línea en este caos de la administración de justicia son los más vulnerables, mientras jueces y magistrados despachan desde sus casas con los recursos que tienen a mano en audiencias virtuales que difícilmente superarían un análisis serio respecto del cumplimiento de principios y garantías del proceso, los demás funcionarios de los juzgados se ven obligados a acudir presencialmente a las sedes, protegidos en el mejor de los casos con un tapabocas que les han entregado para fingir un supuesto protocolo de bioseguridad.
En días pasados circuló entre los colegas un audio en el que una juez informaba respecto del contagio de uno de sus colaboradores, lejos de referirse a la tragedia humana que podía estar viviendo, la extensa nota hacía énfasis en que el funcionario había acudido a la sede judicial por cuenta propia y a pesar de que se le había advertido que no debía ingresar, y es natural, les piden no ingresar a las sedes judiciales mientras presionan para que garanticen la prestación del servicio.
Ese afán de mostrar resultados, de venderle a la ciudadanía una falsa normalidad en la administración de justicia tiene a los más vulnerables en un riesgo permanente, que las audiencias se realicen de forma virtual no significa que los funcionarios no estén acudiendo, de ninguna otra manera podrían acceder a las carpetas y expedientes necesarios para el desarrollo de los trámites y son los más vulnerables los que están arriesgando sus vidas, con medidas de bioseguridad que solo sirven para proveer contratos de suministros y con unos mecanismos tecnológicos que han brillado por su ineficiencia.
La pandemia terminará en algún momento, y mientras eso ocurre estamos todos ejerciendo en una irregularidad abrumadora, páginas institucionales que funcionan menos que un tapabocas de croché, despachos judiciales con interpretación propia de la prestación del servicio, defensores que permiten realización de juicios sin observar la inmediación, y así la lista es infinita, y esa lista será evidente cuando empiece el festival de nulidades, cuando las arbitrariedades que hoy se cometen en nombre de la eficiencia queden en evidencia por la violación de los principios y las garantías.
Ahora mismo el riesgo es para todos, los funcionarios obligados a acudir están en riesgo de contagio, los jueces que se niegan a formar parte de la puesta en escena de la justicia virtual arriesgándose a ser disciplinados, los defensores otro tanto y por las mismas causas y los usuarios, en riesgo de ver sus causas perdidas por la falta de rigor, porque la administración de justicia está en riesgo de ser utilizada como otra carta para mostrar sin importar que para ello se lleven por delante, impunemente, la Constitución y la ley.
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