Sobre el primer Acuerdo entre el Comité Distrital del Paro Nacional y el Gobierno Nacional (Buenaventura): son más los avances positivos que negativos
De un primer análisis del “acta de concertación entre el Comité Distrital del Paro Nacional y el Gobierno Nacional”, se infiere que, salvo la afectación al derecho constitucional fundamental a la libertad de locomoción por la restricción de horarios tan significativa y porque nada se dijo sobre el paso de las ambulancias, sí hay un ánimo:
1. De realizar protestas pacíficas y que ellas sean respetadas sin estigmatización,
2. Respetar las competencias y el deseo de una intervención del ministerio público como garante;
3. Que se ejerza la función de verificación a las cargas por la PONAL como les corresponde en funciones y se lleve a cabo una veeduría por parte del Comité sobre la inspección que realice la PONAL.
Es de señalar que la veeduría es el medio de control ciudadano válido y si lo que se pretende es crear confianza entre la fuerza pública y la ciudadanía, la veeduría no debe ser un problema.
Contrario a lo que muchos han indicado, lo que se deduce es un positivo avance en los diálogos y unos primeros acuerdos que muestran que la democracia es posible y que se reconoce la institucionalidad. Se debe avanzar hacia el ejercicio pleno de la libertad de locomoción.
En situaciones tensas como las que se viven, la perfección no debe ser el ideal, pero el diálogo constructivo y pluralista, así como el reconocimiento mutuo como actores válidos, contribuye a la recuperación de la confianza y al restablecimiento de la institucionalidad y normalidad para seguir construyendo el Estado social de derecho declarado en la Constitución Política de 1991.
En términos metodológicos se considera importante que la veeduría que se ejerza se documente. Además, es importante que el Ministerio Público haga presencia real y efectiva y documente su acompañamiento al proceso.
De un primer análisis del “acta de concertación entre el Comité Distrital del Paro Nacional y el Gobierno Nacional”, se infiere que, salvo la afectación al derecho constitucional fundamental a la libertad de locomoción por la restricción de horarios tan significativa y porque nada se dijo sobre el paso de las ambulancias, sí hay un ánimo:
1. De realizar protestas pacíficas y que ellas sean respetadas sin estigmatización,
2. Respetar las competencias y el deseo de una intervención del ministerio público como garante;
3. Que se ejerza la función de verificación a las cargas por la PONAL como les corresponde en funciones y se lleve a cabo una veeduría por parte del Comité sobre la inspección que realice la PONAL.
Es de señalar que la veeduría es el medio de control ciudadano válido y si lo que se pretende es crear confianza entre la fuerza pública y la ciudadanía, la veeduría no debe ser un problema.
Contrario a lo que muchos han indicado, lo que se deduce es un positivo avance en los diálogos y unos primeros acuerdos que muestran que la democracia es posible y que se reconoce la institucionalidad. Se debe avanzar hacia el ejercicio pleno de la libertad de locomoción.
En situaciones tensas como las que se viven, la perfección no debe ser el ideal, pero el diálogo constructivo y pluralista, así como el reconocimiento mutuo como actores válidos, contribuye a la recuperación de la confianza y al restablecimiento de la institucionalidad y normalidad para seguir construyendo el Estado social de derecho declarado en la Constitución Política de 1991.
En términos metodológicos se considera importante que la veeduría que se ejerza se documente. Además, es importante que el Ministerio Público haga presencia real y efectiva y documente su acompañamiento al proceso.
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