Cuando estábamos en pregrado nos enseñaron que las normas del ordenamiento jurídico se derogan por una ley posterior y específicamente esta nueva norma lo manifiesta en sus articulados o cuando se declara inexequible por parte de la Corte Constitucional ya que su “uso” vulnera y lesiona el orden constitucional y ante tal evento no es viable su aplicación.

En la actualidad por la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial se expidió por el Ejecutivo un Decreto con fuerza de ley para conjurar la crisis, dando origen al decreto 806 del 2020 el cual en su objeto indica lo siguiente: “ Este decreto tiene por objeto implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como, las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales, durante el término de vigencia del presente decreto. Adicionalmente, este decreto pretende flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivación de las actividades económicas que dependen de este.”

En diferentes pronunciamientos por parte de doctrinantes y altas cortes han sido enfáticas en establecer que este decreto lo que busca es la armonización de las normas vigentes con la implementación y/o utilización de las TICS, pero en ninguno de sus apartes el decreto estableció y ordenó la derogatoria de norma alguna del ordenamiento jurídico antes, durante y posterior a su vigencia, en la cartilla jurídica elaborada por el Juez 15 de familia de Medellín, diego Fernando Henríquez Gómez indicó lo siguiente: “…Que este marco normativo procurará que por regla general las actuaciones judiciales se tramiten a través de medios virtuales y excepcionalmente de manera presencial. Por lo que se debe entender que las disposiciones de este decreto complementan las normas procesales vigentes, las cuales seguirán siendo aplicables a las actuaciones no reguladas en este decreto.”[1] Subrayadas, cursiva y negrita por fuera del texto real.

De igual forma la Corte Constitucional con la Sentencia C- 420 del 2020 con MP RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES declaro la exequibilidad de dicho decreto[2], encontrando que sus articulados se engranaban con el orden constitucional colombiano y no trasgrede, ni lesiona norma alguna al momento de su implementación, sin embargo, se condicionaron varios articulados a la hora de su puesta en funcionamiento.

Todo ello lo hago para llegar al eje central de este escrito, si bien es cierto, en el decreto en mención se hace uso de las herramientas de informática para procurar el normal desarrollo de las actuaciones judiciales flexibilizando la forma de notificación al demandado, lo cual se puede hacer, de manera preferente, por conducto de correo electrónico, el cual se debe demostrar de manera fehaciente que es el que normalmente usa el demandando a efectos de no vulnerar el debido proceso, no es menos cierto, ni  real que las normas que consagra el Código General del Proceso (CGP) a efectos de delimitar la competencia y conocimiento de ciertos asuntos por parte de los jueces estén derogadas o no se “usen” en vigencia del decreto 806 del 2020.

Específicamente, hago alusión a las reglas consagradas en el artículo 28 del CGP en la cual se consagra el factor de competencia territorial a las que deben dársele plena observancia a la hora de interponer una demanda, en la actualidad están muchos abogados en ejercicio del litigio haciendo una interpretación errónea, errada y equivocada de la utilización de las TICS y de la flexibilización de las formas de notificar al demandado, verbigracia; vía Email, para no darle cumplimiento a dicho canon, razón por la cual es menester que el juez de conocimiento a la hora de hacer el estudio de admisibilidad pueda conforme al artículo 90 del CGP rechazar una demanda cuando se establezca que el domicilio del demandado no es aquel donde se pretende fundar la demanda y enviarla al juez competente para su conocimiento basado en lo estatuido en el artículo 28 del CGP., siempre se preferirá el domicilio del demandado, salvo norma en contrario o cuando se trate de regular situaciones en beneficio del menor se preferirá el juez del domicilio del menor, cuando se presente un divorcio y/o cesación de efectos civiles del matrimonio el juez de conocimiento será aquel del domicilio común anterior.

Ahora bien, es real, y si se busca la flexibilización y el desarrollo de los procesos judiciales haciendo uso de las herramientas de informática, esta norma entra en un estado de contradicción, pues ante la forma célere, practica y puntual para notificar al demandado por conducto de correo electrónico, el otorgamiento de poderes judiciales a los abogados por mensaje de datos, la celebración de audiencias por plataformas tecnológicas y la digitalización de la justicia, deben entonces también armonizar todo el ordenamiento jurídico amparados en la norma de turno- Decreto 806 del 2020-, es que en realidad estamos atrasados, desde la implementación de la oralidad en la justicia hay muchos baches que se deben enderezar y el Estado está en deuda con los ciudadanos cuando se trata de administrar justicia, normas obsoletas, sin sentido y tortuosas que hacen que la justicia se vea sosa, lenta y pesada.

Por último, siempre en mi necedad con situaciones como estas acudo a personas que tienen más autoridad que yo, y a través de twitter el día 4 de febrero del 2021 le pregunte al Dr. Nattan Nisimblat lo siguiente: “…con el decreto 806 del 2020 la competencia territorial (art. 28 del CGP) debe replantearse o es necesario su estricto cumplimiento en algunos casos? Sin discusión, reglas Generales tales como cuando hay menores, Privativo el domicilio de este.”  

A vuelta de tweet me contesto lo siguiente: “Muchos hemos avalado desde la academia esa propuesta, pero no se incluyó en el D. 806/20 (que es un excelente decreto).” [3] Por lo que entonces es de obligatorio cumplimiento a la hora de interponer una demanda darle aplicación a las reglas que consagra el artículo 28 del CGP.
 
Referencias:

[1]https://www.contraloriapereira.gov.co/sitio/phocadownload/gestion_reponsabilidad_fiscal/informes_gestion/encuestas_satisfaccion_cliente/Camunicados/cartilla%20juridica%20decreto%20806%20con%20comentarios%20con%20base%20al%20cgp.pdf
 

[2] https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-420-20.htm
 

[3] https://twitter.com/nattannisimblat/status/1357806034237153283

La pandemia nos llevó a todos los seres humanos a comprender lo que en realidad necesitamos para sobrevivir, nos ha tocado vivir momentos duros de confinamiento absoluto, luego se flexibilizo, pero ante lo avasallador del virus, nuevamente se han tomado medidas tendientes a mitigar la propagación de la enfermedad, lastimosamente nos toca convivir con el virus, pues no es fácil que desaparezca.

Varios sectores activos del país se han visto afectado con las diferentes medidas que se han tomado, verbigracia la economía, el turismo, el agro, el comercio, entre otros, pero el Gobierno Nacional ha lanzado salvavidas, casi que imperceptibles, para que dichos sectores sigan manteniendo el punto de equilibrio necesario para no irse a la quiebra.

Hoy me quiero dedicar a exponer un sector ampliamente golpeado no solamente por el virus, si no por las malas administraciones que se encargan de organizar esta cartera, y es el Sector Educativo, uno de los más débiles, endebles y atribulado, más allá de cualquier situación, los actores activos participes de la educación son niños, niñas y adolescentes, que como pilar fundamental de la sociedad se debe brindar por parte del Gobierno Nacional la prestación efectiva y sin dilación alguna del derecho a la educación.

Vayamos al marco constitucional, el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia consagra los Derechos de los niños de la siguiente manera: “ Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.”.

En armonía se debe mirar el artículo 45 del mismo canon: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.”.

La Constitución Colombiana establece la educación como un derecho fundamental en el artículo 67,  dándole un sinfín de prerrogativas tendientes a su materialización, si hacemos un contraste de lo que esta consignado en la Carta Política, con lo que está acaeciendo en la actualidad se convierte en letra muerta, no por el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes, porque no es menos cierto que ello se cumple, a lo que quiero llegar, es como se presta el servicio en el marco de la pandemia, no es secreto que la educación se está dando de manera virtual en todo el territorio colombiano, le toco a los padres de familia apegarse a celulares, tabletas y computadores para que sus hijos cumplieran a cabalidad los presupuestos académicos del establecimiento educativo para que procediera la promoción al siguiente curso, se habla de educación remota, en línea pero para que se materialice el contacto o la conexión Estudiante- Docente debe mediar conexión a internet.

El servicio de internet en Colombia es un servicio limitado, regular e inestable, y para poder disfrutar de él, debes contratar con una entidad que mes a mes factura unos costos que mayormente no son económicos y además debes contar con suerte que la cobertura abrogue el lugar donde vives, todas estas trabas hacen que me cuestione ¿ por qué el servicio de internet no es considerado servicio público esencial?, ello haría que él Estado procurara por su optima prestación para todos los ciudadanos.

Que es un servicio público esencial en Colombia: “ El carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad.” [1]

Es claro que todo aquello que se describe en la anterior definición enfrasca el servicio de internet, pues ante la coyuntura de la emergencia sanitaria que vive el país, le ha tocado hacer mano del internet a las diferentes familias para poder satisfacer o acceder a un derecho fundamental, como es el de la educación, se debe indicar que para que un servicio público sea considerado como “esencial” debe el legislador declararlo así, en Colombia ha habido total silencio y hermetismo en relación con el tema, se han dado pasos muy minúsculos que posteriormente detallare, ha de ser que se encuentran inmerso muchos intereses particulares y no puede de manera rápida pensarse que este servicio sea considerado como esencial, siendo ello contraproducente para toda la sociedad colombiana, pues para materializar su derecho a la educación de manera indefectible deben acceder a un dispositivo que cuente con servicio de internet, dispositivo este que también se convierte en un traspiés para su adquisición.

En el mundo existen paises que no les tembló la mano para considerar tal servicio gratuito y de acceso fácil para todos, tal este caso de Europa: España, Suecia, Francia, Portugal, Alemania, Bélgica, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Italia, Estonia (pionero), Norte América: Canadá y EE.UU., América del Sur: Brasil, Argentina, Chile, Otros: Australia, Japón, Mongolia, etc.

En Colombia existe una iniciativa legislativa que cursó en la Cámara de Representantes en la que se aprobó proyecto mediante el cual se establece el internet como servicio público esencial cuyo ponente es el Representante Rodrigo Rojas, básicamente lo que busca el proyecto es: “…El proyecto busca extender de modo permanente, más allá del contexto sanitario, lo previsto por el Decreto 464/2020, que había declarado como servicio esencial a las telecomunicaciones (incluido el acceso a Internet) durante la pandemia de COVID-19. El proyecto de Ley prevé que la prestación del servicio de internet fijo sea considerado un “servicio público domiciliario”. De este modo contaría con el mismo estatuto que los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, entre otros.” [2]

Ojalá se materialice, se de la iniciativa legislativa y se convierta en ley la calidad de servicio público esencial del internet en Colombia sería un avance no solo en materia de telecomunicaciones, sino a nivel educativo y social.

Por ultimo debo indicar que la ONU- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAD- organización a la cual está adscrita Colombia considera que: “…el acceso a Internet como un derecho humano. La ONU considera a la red no solo como una posibilidad de las personas de comunicarse y relacionarse con su entorno sino como una necesidad, derivada de la globalización existente hoy en día, favoreciendo el progreso de la sociedad y como herramienta de difusión y ejercicio de la libertad de expresión. Es por ello que el órgano internacional lo considera como un derecho universal de los individuos, abogando para que sea facilitado el acceso por parte de los gobiernos nacionales. En consonancia con esta declaración, la ONU, ha criticado las medidas que están siendo utilizadas por ciertos Estados para dificultar el acceso libre a Internet…

…Es por esto por lo que la ONU insta a los gobiernos a esforzarse para no solo proteger sino impulsar el acceso a Internet como un derecho de sus ciudadanos, debiendo establecerse como una prioridad para mantener y promover la libertad de expresión.”[3].  

Colombia como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde el 5 de noviembre del 1945 debe velar por el cumplimiento de aquellas acciones y planes que dicha organización internacional se idee en pro de salvaguardar los derechos humanos, haciendo que los convenios y tratados que allí se suscriban y posteriormente el Congreso ratifique hagan parte del bloque de constitucionalidad tal como lo establece el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, en este punto ha hecho caso omiso absoluto.
Lograremos tener en Colombia INTERNET COMO SERVICIO PUBLICO ESCENCIAL, DE CALIDAD, CON COBERTURA Y OPTIMO, Amanecerá y veremos.
 
Referencias:

[1] Sentencia C-691-2008, Corte Constitucional- https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-691-08.htm#:~:text=En%20tal%20sentido%2C%20la%20Corte,son%20materialmente%20servicios%20p%C3%BAblicos%20esenciales.
 
 

[2] https://www.observacom.org/camara-de-representantes-de-colombia-aprobo-proyecto-para-declarar-acceso-a-internet-servicio-publico-esencial/
 

[3] https://www.audea.com/la-onu-declara-el-acceso-a-internet-como-un-derecho-humano/

El pasado 30 de agosto del 2020 había escrito en este espacio virtual y académico una primera entrega en relación a lo que había ocurrido después de un año de vigencia de la ley 1996 del 2019 que regula la capacidad de las personas en Colombia, pues con la expedición de dicha ley, desapareció la declaratoria de interdicción del ordenamiento jurídico y se sometió a un plazo determinado la reglamentación de varios de sus artículos, los cuales después de transcurrido el termino otorgado no habían señales de decretos que regularan su aplicación.

Es así como en aquella columna indique: “…Pero bueno entrando en la actualidad legislativa que nos ocupa y al hacer una lectura del articulado de la ley 1996 del 2019 se observa que la mayoría de ellos están sometido a un marco de temporalidad para su vigencia, es así que a manera de ejemplo…En relación con el artículo 17 de la ley 1996 del 2019 y el plazo no superior a un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente ley, para que el MINJUSTICIA diseñará e implementará un plan de formación a conciliadores extrajudiciales después de investigar encontré que los conciliadores periódicamente están siendo capacitados por el Ministerio de Justicia pero me fue imposible establecer si en relación con este ítem están siendo formados, sin embargo, halle una propuesta de Decreto expedido por el ejecutivo en el cual reglamentan la labor de los conciliadores extrajudiciales pero el mismo no está suscrito y se echa de menos si fue promulgado y puesto en vigencia….”[1]. Negrita, cursiva y subrayado por fuera del texto real.

Hoy transcurrido casi tres (03) meses después de la expiración del término legal para reglamentar dicho artículo, el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto 1429 del 5 de noviembre del 2020 en el cual reglamentan los artículos 16, 17 y 22 de la ley 1996 del 2019, que básicamente regula o da unas indicaciones puntuales a los Notarios y a los Conciliadores extrajudiciales en Derecho para la formalización de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas.

Leerlo no reviste mayor tecnicismo jurídico pues es muy básico, sencillo y detallado, si hay algunos artículos o apartes que se deben entrar a mirar con detenimiento pues allí puede tornarse algún tipo de imprecisiones al momento de la puesta en marcha de la figura en las Notarías del País o en los Centros de Conciliación a los cuales se debe dejar claro que, se deberá adelantar SOLAMENTE ante los Conciliadores Extrajudiciales en Derecho, no en Equidad.

Aterrizando en el Decreto 1429 del 2020 en la parte inicial concibe el objeto, el ámbito de aplicación y las obligaciones de los Centros de Conciliación y Notarios donde se observa que los exhortan a garantizar durante la realización, estructuración y protocolización de la figura de apoyos a informar a las partes la naturaleza del acto que van a celebrar generando y propiciando espacios libres de algún tipo de fuerza o tensión que pueda permear la toma de decisiones de quien solicita el apoyo. Se debe dejar claro que en el decreto en mención se indica que el personal humano debe estar capacitado y formados en la ley 1996 del 2016 ( art. 2.2.4.5.2.1 numeral 6to).

El artículo 2.2.4.5.2.3 consagra el trámite para la formalización de acuerdos de apoyo o directivas anticipadas ante los Centros de Conciliación el cual básicamente comprende una solicitud previa de audiencia que luego de aportar y verificar unos documentos requeridos el Conciliador deberá realizar una audiencia privada con la persona con discapacidad titular del acto jurídico en la que se deberá verificar que es su voluntad de suscribir el acuerdo, puede el conciliador apoyarse de personas de otras disciplinas que ayuden o faciliten la interacción con el discapacitado, luego de lo anterior el Conciliador deberá emitir una constancia en la que indique si la persona que solicita el apoyo dio signos inequívocos de comprender el acuerdo que va a suscribir, si su decisión fue libre, exenta de violencia, error, engaño o manipulación, me quiero detener en este punto, que labor tan difícil le toca a los conciliadores, sí es complejo para un Juez natural que en medio de un proceso en el cual se surte un periodo probatorio y este en duda sobre cómo proceder para desatar una Litis, pueden lograr imaginar la tensión que se manejará en los Centros de Conciliación cuando en medio de una entrevista privada este indique que existe algún tipo de constreñimiento o vicio del consentimiento para la expresión de la libre voluntad de quien solicita apoyo, que se tiene de presente, que si se acude a esa figura es porque el “discapacitado” está de acuerdo en suscribir o celebrar dicho acto, anudado a ello los gastos de acudir a un centro de conciliación no siempre son asequibles.

Siguiendo con el trámite se debe posteriormente realizar la audiencia de suscripción del acuerdo de apoyo o puede ocurrir que se deje una constancia de no suscripción del acuerdo, en el evento que ocurra esto último, la persona titular del acto jurídico puede convocar dentro del mismo trámite por una vez más a otras personas que puedan actuar como su apoyo. Por ultimo esta la suscripción del acuerdo de apoyo o directiva anticipada que deberá contener lo estipulado en la ley 1996 de 2019 y los aspectos que consagra el numeral 7mo del artículo citado anteriormente. (El artículo 2.2.4.5.2.3).

Para el trámite de la formalización de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas en Notarias se deberá seguir casi el mismo procedimiento que se adelanta ante los Centros de Conciliación en relación con la solicitud y recepción, deberá mediar una citación previa por parte del Notario al titular del acto jurídico y a las personas que este haya indicado para que sea su apoyo, posterior a ello se realizara una entrevista previa a fin de verificar su inequívoca voluntad para formalizar el acuerdo de apoyo o la directiva anticipada  aquí la misma critica que anteriormente expresé y es como de manera inequívoca se puede establecer esa voluntad, es una tarea titánica, dándole continuidad al trámite se da la lectura y el otorgamiento de la escritura pública, la autorización y la publicidad propia de estos procedimiento.

En el decreto se deja claro como es y como procede la terminación, modificación y/o sustitución de los acuerdos de apoyos, pues puede operar por consenso de las partes o de manera unilateral de la persona titular del acto jurídico o de la persona que fue designada como apoyo, ello sin perjuicio de las causales previstas en el parágrafo del artículo 20 de la ley 1996 del 2019.

De manera resumida este es el contenido del decreto reglamentario, que en hora buena, nos da señales de cómo proceder ante la solicitud de adjudicación de apoyos Notariales o en Centro de Conciliación extrajudicial en Derecho, yéndonos a la realidad de las entidades antes mencionadas, estas deben contar con el personal idóneo para la puesta en marcha de esta figura, capacitación exhaustiva sobre la ley 1996 del 2019, apoyo constante de disciplinas a fin y disciplinas auxiliares a la hora de establecer ese aspecto que me preocupa y que el decreto titula “VOLUNTAD INEQUIVOCA” porqué lo inequívoco, a mi parecer, a la hora de establecer la voluntad y más en personas que tienen algún tipo de discapacidad se vuelve incierto, es por eso que se busca apoyar o complementar su capacidad con figura como la que nos ocupa.

Solo nos quedamos en el eslabón de la persona titular del acto jurídico, pero no miramos atrás, hacia los interesados para ser nombrados de apoyos a estas personas, esa es otra batalla campal y es allí donde esa voluntad inequívoca se ve flaquear, pero AMANECERA Y VEREMOS!!!.
Aquí pueden consultar el decreto 1429 del 2020.[2]

Seguiremos esperando los demás decretos reglamentarios para que queden absueltas todas y cada una de las dudas que se originan en torno a la expedición de la ley 1996 del 2019 que luego de trascurrido un (1) año aún son más las dudas que las certezas.

Referencias:

[1] https://www.vozjuridica.com/columnista-abogado-keivin-cardona-theran/archives/08-2020
 

[2] https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201429%20DEL%205%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202020.pdf

No recuerdo que domingo, ahora en medio de la pandemia, trasmitían un programa de televisión en el cual el tema central era la manera en cómo se habían disparado los casos de violencia intrafamiliar en Colombia, como con ocasión, al encerramiento que vivimos como contención para que no se propague la enfermedad esa, que ya me da pereza hasta de pronunciar, pero en realidad las cifras que daban no nacen de este periodo de tiempo, porque desde siempre este flagelo, es decir, la violencia intrafamiliar ha sido constante su ocurrencia en nuestro país.
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Empezaré diciendo que, hasta en las investigaciones que se realizan a nivel nacional sobre la incidencia de algún tipo de violencia al interior de las familias Colombianas existe un cierto porcentaje de “sexismo” porque le hemos puesto genero a la figura de la violencia intrafamiliar, ya que, siempre al escuchar la palabra, lo asociamos en que el Cónyuge, Compañero permanente, Novio, del sexo masculino, agredió o violentó a la Cónyuge, Compañera permanente, Novia, del sexo femenino, y es cuando se convierte, a mi modo de ver, en un “cliché sexual” porque, no podemos hacernos los de la vista gorda que hay mujeres que también son maltratadoras y violentas, esto lo hago a manera de crítica, pero pongámosle un punto final, es real que existen más casos de violencia intrafamiliar denunciada del hombre para con la mujer, que, de mujeres para con el hombre y esto se debe quizás al miedo, quizás al temor de burla de la sociedad y hasta por el mismo machismo que los hombres no denuncian, pues siempre se concibe al sexo masculino como el ser fuerte, burdo, bravo y maltratador.

Colombia al ser un estado proteccionista y garante de los derechos humanos y fundamentales debe concebir en su ordenamiento jurídico normas que se encarguen de proteger a las personas que sufran de algún tipo de violencia intrafamiliar, es así como encontramos que en el artículo 42 de nuestra Constitución Política en relación a la protección de la familia como núcleo esencial de la sociedad que: “…Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley…” . A su vez para reglamentar dicho artículo se expidieron leyes tales como: Ley 294 de 1996 Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar., luego modificada por la ley 575 del 2000, ley 1257 de 2008 y por la ley 599 del 2000 que subrogo algunos artículos de las precitadas normas.

Las anteriores normas descritas dotaron de legalidad y protección a las personas que sufren este flagelo al interior de las familias, pero la pregunta real y valida es, Sí todo ese andamiaje jurídico hace o incide en que no se causen o se disminuyan los porcentajes de ocurrencia de violencia intrafamiliar en Colombia y la respuesta es NO.

El artículo 4to de la ley 294 de 1996 subrogado por el artículo 1ro de la ley 575 de 2000 establece como violencia intrafamiliar lo siguiente: “ Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal,…”.

A su vez el artículo 16 de la ley 1275 de 2008 reformo el citado artículo y amplio el alcance del daño que se puede cuásar en la persona que sufre violencia intrafamiliar y este puede ser psicológico, físico, sexual y patrimonial.

Voy a describir algunas razones de muchas, por las cuales considero que, aun con las normas vigentes, que vienen cargadas de sanciones, siguen en aumento los casos de violencia intrafamiliar:

Empezaré diciendo que el violento (a) es creado en la familia. Como sociedad estigmatizamos desde niños la razón o la forma de pensar, decir y hacer las cosas clasificando que deben hacer los niños y que deben hacer las niñas creando un “cerco” de duda en los niños del porque no se puede hacer eso; se crean y se crían niños y niñas dominantes, poco receptivos, intolerantes, rápidos a la ira y al ego.

El (la) violento (a) es cobarde. Porque debe tener siempre disminuido a la persona que tiene a su lado para sentirse realizado y quien recibe las agresiones vive dependiente de él o de ella, porque esa es una de las consecuencias de la violencia intrafamiliar, el temor al cambio, a denunciar, a ponerle fin a todo y nosotros como sociedad decimos “Le gusta el mal como el burro” “ahorita lo perdona” “Masoquista” sin darnos cuenta que estamos siendo violentos también.

Las normas jurídicas que regulan el tema establecieron las instituciones que deben brindar el acompañamiento a las personas que sufran de violencia intrafamiliar.

Es ahí a donde quiero aterrizar en las instituciones que brindan este acompañamiento a las personas que sufren de violencia intrafamiliar las cuales buscan de alguna forma protección por parte del Estado, aquí en este aspecto Reprobamos, las Comisarias de Familia que son el primer filtro legal para solicitar protección, están desabastecidas de profesionales idóneos, carecen de insumos físicos, tecnológicos y pocos materiales para lograr desarrollar bien su labor; cuando una persona acude a esta institución, es porque siente que su vida ya está en peligro y la situación de espera y letargo en que se ve sumida la prestación de este servicio hace que su problema se agrande, de tal forma que su desespero lo haga replantear para que hice esto?, Debí quedarme como estaba!, regresando nuevamente a su estado natural.

Por otra parte, si acuden ante un juez, este debe darle prioridad a este tipo de casos, pero por la desinformación de las personas no asisten ante el juez, pues desde el punto de vista institucional siempre es re-direccionado este tipo de casos a comisarías de familia.

Un aspecto trasversal que observé cuando leía las normas que regulan esta situación es que, la persona víctima de violencia debe, en el procedimiento administrativo, agotar una etapa de conciliación, escenario este que a mi parecer es denigrante y desequilibrante, ya que, un acto de barbarie, violencia, agresión y daño a una persona no se debe conciliar, se debe, si existen los méritos suficientes, con todos los poderes que otorga la ley a los Comisarios y a los Jueces sentar precedentes sancionatorios hitos que hagan dignificante la vida del que dañaron.

También se debe mencionar que la víctima puede acudir a la Fiscalía General de la Nación directamente a colocar la denuncia pues la ley 599 del 2000 lo concibe como tipo penal, pero aquí también está toda esa carga probatoria y desgastante del sistema que hace que las personas desistan, desde el punto de vista personal, de la continuidad de la investigación, pues estos delitos pueden investigarse aun hasta de oficio por la autoridad judicial y más cuando existan niños, niñas y adolescentes por la supremacía de la protección de sus derechos, por la arista que lo veamos, además de sufrir por la situación de violencia en la que se encuentra inmerso deben entrar a luchar con el sistema judicial que está colapsado, congestionado y atiborrado de situaciones que también revisten importancia.

Debo indicar que a nivel de Altas Cortes se han proferido sentencias de tutela, de constitucionalidad que han dado un avance y protección a las víctimas de violencia intrafamiliar, tal es el caso de la sentencia C-1195 de 2001 proferida por la Corte Constitucional magistrados ponentes Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA del 15 de noviembre del 2001 que establece que no es necesario la conciliación como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción cuando se logre establecer siquiera de manera sumaria que ha sido víctima de violencia intrafamiliar: …Para la Corte la obligatoriedad de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, resulta no sólo adecuada para alcanzar los fines señalados, sino efectivamente conducente para el logro de éstos, salvo en el caso de la conciliación en asuntos de familia cuando existen condiciones de violencia intrafamiliar. Por esta razón, en materia de familia, la constitucionalidad de este medio depende de que no se hayan presentado situaciones de violencia intrafamiliar, pues en esos eventos no resulta adecuado ni efectivamente conducente que se obligue a la víctima a encontrarse con su agresor. Por ello, la exequibilidad de la norma será condicionada a que cuando hubiere violencia intrafamiliar, la víctima no esté obligada a asistir a la audiencia de conciliación y que pueda manifestar tal circunstancia ante el juez competente, si opta por acudir directamente a la jurisdicción del Estado”[1].

Sintetizando y a manera muy personal consideró que, no debe haber ningún tipo de violencia al interior de las familias por el mismo ideal y propósito que ella tiene, puede que existan diferencias en puntos de vista, criterios y forma de ver alguna situación, pero se puede dialogar las diferencias, no acudir a dañar, golpear y agredir verbalmente, desde el punto de vista institucional se debe dotar de personal idóneo para activar el plan de ejecución cuando acuda una persona que propenda por protección, deben las familias procurar la crianza de ciudadanos honestos, responsables y comprometidos con el bien común, ah y la violencia intrafamiliar no tiene Genero y su ocurrencia es cada vez mas real.  
 
 
 Referencias:


[1] https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm

Es apenas lógico que cuando que cuando creamos algo debemos ser responsables de aquello que ideamos, traer hijos al mundo es una responsabilidad vitalicia, como dadores de vida debemos ser mínimamente responsable en lo que se derive de los cuidados, crianza y educación de los descendientes, es real que a diario vemos como el núcleo esencial de la sociedad se quiebra, con familias día a día más disfuncionales y que no tienen sentido común de lograr ideales que busquen el bienestar de todos aquellos que la integran.

Una de las instituciones que más se mueve en el derecho de familia es sin duda el derecho de dar alimentos, que básicamente lo que se busca con ella, es que, una autoridad judicial y/o administrativa establezca el monto con el cual uno de los padres, casi siempre aquel que no tiene la custodia, debe contribuir para los gastos de cuidado y crianza de los hijos en común, pero en diligencias orales donde se busca algo tan sencillo como lo anteriormente expuesto, salen a relucir situaciones penosas, denigrantes y hasta delictivas de los progenitores del menor que hacen que se vuelva el proceso tedioso, aburrido y difícil.
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El proceso de fijación de cuota de alimentos es de los llamados procesos verbales sumarios que su trámite logra ser célere, rápido y sutil, sin embargo, por los actores que participan en la Litis, como casi siempre lo hacen predispuestos para “zanjar” duelos personales de algo que no funcionó, demandan a veces hasta al padre que se presume responsable, porque vengan, si nunca se ha llamado al progenitor- casi siempre hombre- a una diligencia administrativa o judicial de fijación de una cuota de alimentos y este aporta, a manera de ejemplo un (1) peso, está contribuyendo con los gastos del menor, ahora bien, si eso no alcanza, es donde se debe buscar reglamentar dicha cuota a través de este proceso, ojo si se demanda y se solicitan alimentos provisionales mediante embargo y secuestro de ingresos salariales, en el escenario planteado a manera de ejemplo, lamento decirles que no será decretada la medida cautelar, porque el demandado mal o bien está cumpliendo.

En la actualidad está teniendo mucha incidencia demandar a los abuelos de los menores, para que este supla la responsabilidad de su hijo que es irresponsable, que dicotomía, y si, es factible que ocurra, el Código Civil en el Artículo 411 establece a quien se le deben alimentos y quien está obligado a suministrarlo, pero debemos idearlo como una escalera, que se pasa al siguiente escalón cuando en el que estamos fue inocuo e inerme su solicitud, por tanto si quiere demandar al abuelo de los menores se debe agotar el titulo preferente que tiene frente al padre biológico, primer obligado en dar alimentos, para cuando se agote hasta el último recurso que tiene y logre demostrar al juez que se realizó lo propio y fue sin resultados, puede pasar al siguiente eslabón y son los abuelos, que por principio de solidaridad y por remisión normativa son obligados también en dar alimentos, ojo se debe demostrar lo que establece adicionalmente el artículo 118 del Código Civil: “ Se entenderá faltar el padre o la madre y otro ascendiente, no sólo por haber fallecido, sino por estar {demente} o fatuo; o por hallarse ausente del territorio nacional, y no esperarse su pronto regreso; o por ignorarse el lugar de su residencia.” En armonía con lo que establece el artículo 260 del mismo canon: “La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, pasa, por la falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos legítimos por una y otra línea conjuntamente. El juez reglará la contribución, tomadas en consideración las facultades de los contribuyentes, y podrá de tiempo en tiempo modificarla, según las circunstancias que sobrevengan.”. Logra ser a veces injusto, pero “Dura lex, sed lex” la ley es dura, pero es ley.

Estos alimentos que se tasan a través de este proceso tiene un límite de vigencia, la ley y la jurisprudencia han sido claros hasta cuando se entiende la obligación.

El artículo 422 del Código Civil indica: “Los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Con todo, ningún varón de aquéllos a quienes sólo se deben alimentos necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido veintiún años, salvo que por algún impedimento corporal o mental, se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare, revivirá la obligación de alimentarle.” .

Es claro el articulo al establecer como límite de edad los veintiún (21) años, sin embargo, ha sido la Corte Suprema de justicia y la Corte Constitucional la que le ha dado el alcance a esta norma, verbigracia la siguiente jurisprudencia STC14750-2018, Corte Suprema de Justicia, SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA, Mp. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA: “De lo dicho se concluye que tanto la jurisprudencia como la ley han sostenido que la obligación alimentaria que deben los padres a sus hijos es:  “(i) Por regla general, hasta la mayoría de edad, es decir, 18 años, excepto que por la existencia de impedimento físico o mental la persona se encuentre incapacitada para subsistir de su trabajo;  “(ii) Asimismo, han reconocido la obligación a favor de los hijos mayores de 18 y hasta los 25 años de edad que se encuentran estudiando, siempre y cuando no exista prueba que demuestre que sobreviven por su propia cuenta (…); y  “(iii) Solamente los hijos que superan los 25 años cuando están estudiando, hasta que terminen su preparación educativa, siempre dependiendo de la especificidad del caso. En este evento, los funcionarios al momento de tomar alguna decisión sobre la obligación de alimentos deben tener en cuenta las especiales circunstancias de cada situación, con el fin de que tal beneficio no se torne indefinido para los progenitores en razón de dejadez o desidia de sus hijos (…)” (subraya fuera de texto). De igual modo, esta Sala, en recientes asuntos, aceptó la posibilidad de mantener la obligación alimentaria más allá de los 25 años de edad; empero, en casos donde el estudiante no contaba con un título de formación para poder emplearse y subsistir por sí mismo y dado que resultaba imperioso, ante las especiales condiciones del beneficiado, persistir en el pago de la cuota para garantizar la finalización de los programas académicos elegidos.”[1]

Siendo critico de los diferentes pronunciamientos de las altas cortes y respetuoso además de ellas, consideró que en casos como el anteriormente expuesto se convierte su aplicación a una medida tendiente a generar dependencia de los padres, poca o nula ganas de superación personal e irresponsabilidad, porque una persona que reciba un dinero con el cual se busca sufragar gastos de alimentación y sean los 25 años y aún no tenga un proyecto de vida y aun este cursando primeros semestre de la tercera carrera profesional, porque la primera y la segunda no le gusto, no deja de ser un acto de alcahuetería y deshonra para con sus padres y es donde las facultades de fallar extra y ultra petita y proceder de oficio del juez de familia que conoció del asunto de fijación de cuota de alimentos pasa a ser un convidado de piedra y sofisma de distracción, ya que le está totalmente prohibido que pueda dar por terminada la obligación de suministrar alimentos al padre condenado en sentencia de un hijo de 25 años que tiene hijos pero sigue estudiando, FATAL.

Recientemente la Corte suprema de justicia expidió la sentencia de tutela STC3052-202, Radicación n.° 76111-22-13-000-2020-00006-01 del 18 de marzo del 2020 con Mp. Dr. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO en la que sentó las bases y ratifico que la solicitud de exoneración debe ser elevada por el padre y no puede ser de oficio por el Juez de Familia.[2]

Consideró que sí la figura de la exoneración de cuota de alimentos cuando el beneficiario pasa los 25 años de edad y el juez pueda poner fin a esa obligación de manera oficiosa, la carga de los juzgados de familia se minimizaría, pues estos procesos al no hacer tránsito a cosa juzgada, siempre se encontraran activos, y los juzgados de familia se convierten eternamente en pagadores y banqueros, se vuelven en un agente mecánico de generar títulos y requerimientos para determinar porque el pagador no ha consignado, en fin darle este poder judicial al juez de familia de terminar estos procesos de forma oficiosa ayudaría a descongestionar muchos despachos a nivel nacional, pero debemos ser cumplidores de la ley.

Seguimos generando en la sociedad miembros dependientes, parásitos y sin ideales claros para su vida, pero sigamos reproduciéndonos sin conciencia y de manera irracional.
 
 
 Referencias:


[1] STC14750-2018, Corte Suprema de Justicia, SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA, Mp. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA.

[2] http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml

Hablar de temas Sucesorales siempre se convierte para mí en un mapa mental, empiezo, mientras examino el caso puntual, a hacer las ramificaciones del caso y hasta ideo lo que a futuro puede pasar, y es impresionante como aun “Post mortem” quedan en cabeza del finado un sin número de situaciones que mal o bien podrían solucionarse en vida, es que no es solo comentar, es vivir las guerras familiares que se dan en el curso de un proceso judicial, por obtener beneficio de lo que dejo mi ascendiente o de quien se busca heredar, solamente por tener el vínculo consanguíneo y así, sin saber leer ni escribir, porque en oportunidades aquellos que más exigen son los que en vida nunca vieron, correspondieron o socorrieron a la persona que pretenden heredar.

Si bien es cierto que el Código Civil Colombiano consagra en sus artículos las Indignidades – Art. 1025 y subsiguientes - y el Desheredamiento –Art. 1265 y subsiguientes- estas figuras además de convertir a una persona “No grata” para heredar, tienen una formula sacramental de configuración que se torna complicada, desgastante y si no se hace tal como lo consagra la ley, pueden ser declaradas hasta nulas, por ejemplo, el desheredamiento debe estar consignado en una clausula testamentaria sino, no es válida, tal como lo expresa el artículo 1267 del CC: “…No valdrá ninguna de las causas de desheredamiento, mencionadas en el artículo anterior, si no se expresa en el testamento específicamente, y si además no se hubiere probado judicialmente en vida del testador; o las personas a quienes interesare el desheredamiento no lo probaren después de su muerte…”

Por su parte las indignidades son un proceso declarativo, verbal que requiere de una etapa probatoria que puede llegar a ser tortuoso y hasta desequilibrante, porque quien busca que alguien sea declarado indigno debe tener un cumulo de pruebas para que si el juez halla mérito de ello profiera sentencia que lo declare así, y luego cuando se adelante la sucesión a quien sea declarado indigno, no se le pueda adjudicar nada de los bienes de su ascendiente o de a quien se busca heredar, el artículo 1031 del CC lo consagra tácitamente así: “La indignidad no produce efecto alguno, si no es declarada en juicio, a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno. Declarada judicialmente, es obligado el indigno a la restitución de la herencia o legado con sus accesiones y frutos.”

Por ultimo en relación con estas dos figuras, en los 4 años que llevo laborando en un Juzgado de Familia, no se ha tramitado ningún proceso que busque declarar indigno a una persona o aquel que busque la nulidad del testamento que desheredo a alguien, porque a mi modo de ver son figuras tan “sui generis” que su no utilización radica en lo casi imposible de obtener pruebas y su configuración, lo que debe hacer un llamado al legislador para revaluarlas, reajustarlas y hacerlas más flexibles, es que debemos tener en cuenta que el Derecho cada día debe ir ajustándose a las realidades de la sociedad, las Altas Cortes han hecho pronunciamientos a las figuras anteriores pero todas ellas siguen dotadas de un excesivo ritual manifiesto que me atrevería a decir que estamos en una modalidad de “tarifa legal” que en el Ordenamiento Jurídico Colombiano debería estar erradicado por el amplio bagaje de medios de pruebas que contamos.

Ahora bien, con la con la expedición de la ley 1564 del 2012 que lo llamamos coloquialmente Código General del Proceso en su artículo 487 introdujo una norma que aún, no se ha posicionado en nuestra praxis judicial, el parágrafo de dicho artículo nos indica: “PARÁGRAFO. La partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiera efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes, con o sin reserva de usufructo o administración, deberá, previa licencia judicial, efectuarse mediante escritura pública, en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los gananciales. En el caso de estos será necesario el consentimiento del cónyuge o compañero. Los herederos, el cónyuge o compañero permanente y los terceros que acrediten un interés legítimo, podrán solicitar su rescisión dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición. Esta partición no requiere proceso de sucesión.” .

Al hacer una lectura de este parágrafo de manera rápida diríamos todos, pero sencillo eso es un testamento y la respuesta es un NO rotundo, esta figura permite que una persona en vida diga de qué manera se deberán adjudicar sus bienes, eso sí respetando las asignaciones forzosas y demás.

Debe la persona interesada en realizar esta partición en vida, acudir al juez de familia quien a través de un proceso de jurisdicción voluntaria (NO hay oposición) solicita una licencia para poder en vida realizar la partición de los bienes.

Luego de obtenida la licencia judicial en cualquier Notaria puede realizar mediante escritura pública la partición de sus bienes y posterior adjudicación con la respectiva protocolización en la oficina de instrumentos públicos, esto evitaría litigios tormentosos entre familiares, guerras entre hermanos, flexibilidad en el Derecho, menor impacto al bolsillo de quien lo utiliza y le aseguro a quien divide su patrimonio en vida “QUE VA A MORIR EN PAZ”.

La Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-683 del 2014 declaró la exequibilidad de esta norma en nuestro ordenamiento jurídico y estableció los alcances de la figura.

En uno de sus apartes indico: “Los requisitos de la misma de acuerdo con el parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso son los siguientes: (1)   Capacidad. Debe ser un acto autónomo y libre de quien realiza la partición. (2)   Obtener una licencia judicial previa por parte del juez de familia en única instancia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 numeral 13 del Código General del Proceso. (3)   La partición deberá respetar las asignaciones forzosas, o bien, los derechos de alimentos, la porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejoras. Asimismo, deberán garantizarse los derechos de terceros y los gananciales. Estos requisitos que otorgan validez a la partición, deberán ser verificados por el juez antes de dar la licencia. (4)   Si hay sociedad conyugal vigente, debe liquidarse para respetar el derecho a los gananciales. Por esta razón se requiere el consentimiento del cónyuge o compañero permanente. (5)   Los asignatarios deben intervenir en el proceso y consentir la partición. (6)   Efectuar escritura pública. Por lo mismo se trata de un acto solemne. (7)   En la escritura pública, quien realiza la partición debe establecer si se reserva el usufructo o la administración de uno o varios de los bienes. (8)   La partición debe ser inscrita en las oficinas de registro para que se verifique la tradición. (9)   No se requiere proceso de sucesión. La transferencia no está supeditada a la muerte del causante.”. [1].

Es importante establecer que, si bien es cierto, NO es necesario adelantar sucesión cuando se hace mano de esta figura puede una persona que tenga interés legítimo sobre los bienes del Finado o de quien goza de vida, solicitar la recisión de la partición, ya que, considera que fue excluido de tal división y merece por pleno derecho porcentaje alguno sobre los bienes de su ascendiente o de quien se pretenda heredar.

A manera de síntesis considero que la figura es muy práctica, menos litigiosa, mas célere, avante y sobre todo permite en menor proporción que los herederos del finado, además de cargar con el dolor de su perdida inicien una batalla campal por determinar si tiene derecho o no o en que proporción, siempre lo he establecido en las diferentes columnas que he escrito, el derecho merece un cambio, el derecho debe trascender con figuras que permitan la flexibilidad y el acceso a la justicia a quien lo tenga, debemos exterminar de una vez por toda esas fórmulas exorbitantes de legalidad innecesarias que hacen que nuestra practica judicial se vea estática, longeva y octogenaria.

Hablar de estos temas sin duda me recuerdan a mi Querida Dra. VANINA MOADIE ORTEGA mi maestra de Sucesiones en la Facultad de Derecho en la Gloriosa Universidad de Cartagena, que en verdad necesito de manera urgente asistir a sus clases nuevamente, porque ella siempre nos dejaba tips de lo que se viene a futuro en temas de índole sucesoral, familia y en si al Derecho, varios de los avances que hoy tiene nuestro ordenamiento jurídico, ella lo vaticinaba como cual vidente.
 
[1] https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-683-14.htm

Colombia cada día me sorprende más, a diario se producen noticias asombrosas de toda índole, política, económica, social, farándula, música en fin todas tendientes a mantener informados a los ciudadanos, sin duda aquellas noticias de contenido  político son las que tiene mayor incidencia en nuestro país, en días pasados se desato una ola de noticias eufóricas en contra del Ministro de Defensa Nacional Carlos Holmes Trujillo por su desobediencia al no acatar una orden judicial tendiente a expresar una disculpa públicas por los excesos que habían desplegado la fuerza pública a la hora de restablecer el orden nacional, lo cual desencadeno en el Congreso de la Republica de Colombia más detalladamente en la Cámara de Representantes una puja para sancionar con moción de censura a dicho funcionario, sabía YO, de manera anticipada, cuál sería su desenlace y era que esta no avanzaría, ni mucho menos tendría los efectos que se derivan de la figura sancionatoria, el pasado 13 de octubre del 2020 la moción de censura fue derrotada y archivada por 136 votos contra 23, el chiste se cuenta solo, es obvio que en un país de favores políticos, de dependencias y ayudas nunca va a proceder un moción de censura –como mecanismo de control político-en contra de un funcionario de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo, del Presidente de la Republica que es el máximo jefe del Estado, es un mito y un sofisma de distracción aquello del sistema de pesos y contra pesos, aquí el Congreso es tibio a la hora de sancionar a alguien, obviamente porque se piensa en que cuando se presenten iniciativas legislativas que requieran de sanción presidencial todas las deudas pasadas serán cobradas, que triste este escenario, debemos tener claro que la oposición política al gobierno de turno siempre será mínima y mientras ellos sea así vamos a tener resultados como el de la derrota a proposiciones de moción de censura en contra de un Ministro, superintendente y directores de departamentos administrativos. 

El artículo 135 de la Constitución Política de Colombia numeral 9 establece lo siguiente en relación a las funciones de la Cámara de Representantes: “…Proponer moción de censura respecto de los Ministros, Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Pronunciada una Cámara sobre la moción de censura su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma.”  

Para definir doctrinariamente la figura de control político tenemos que: “La moción de censura es el procedimiento por el cual la rama del poder legislativo puede exigir la separación del cargo de funcionarios de la rama del poder ejecutivo.” [1].

Es triste lo que voy a decir y es la realidad en Colombia ninguna proposición de moción de censura en Cámara de Representantes ha tenido éxito, pues su trámite y desarrollo depende de los que conforman el cuerpo colegiado, pues puede que se ejecute, cosa que jamás va a pasar en esta “DEDOCRACIA” o simplemente se archive, “ESCENARIO PROBABLE”.

Me di a la tarea de buscar como había sido el devenir histórico de esta figura en Colombia y su trascendencia ha sido fútil, trivial e invisible, hallé una investigación de Javier Duque Daza Universidad del Valle (Colombia) que lo titula “La moción de censura en Colombia. Reglas, coaliciones e intentos fallidos”[2] en el cual establece una línea histórica desde el año 1992 al 2014 de los distintos fallidos que ha tenido esta figura en nuestra Nación, el cual en su resumen muy puntualmente detalla qué:”… En segundo lugar, aunque la moción es un importante mecanismo de control, ninguna de las iniciativas ha tenido éxito, lo cual se explica por su reglamentación y porque los seis gobiernos del período estudiado han sido respaldados por mayorías en el Congreso, las cuales han defendido a los ministros.”[3] Que tristeza, desconsuelo e insatisfacción logra dar al leer la investigación pues hay dos escenarios claros; uno el no acatamiento de lo que establece la Constitución Política y otro que se saborea y se olfatea la dependencia politica dañina que no debe existir.

Así mismo en los anales virtuales de la página de la Secretaria del Senado de Republica se encuentra un histórico de los diferentes debates - moción de censura- desactualizado a corte 1992 al 2016 en las que se observa en su resultado un común denominador de “NEGADA” [4], lo que quiere decir que esta figura ha sido un jarrón de porcelana en el ordenamiento jurídico.-

Cerrando lo anterior y a lo que quiero llegar es que a pesar de que existan instrumentos de control político de lujo, porqué mejor, no hacemos una moción de CORDURA para actuar con racionalidad, en derecho y con sensatez que es lo que hace falta en Colombia, ya basta de clientelismo, de subordinación, de dependencias, de pagar favores políticos con archivos de actuaciones que muy en el fondo requieren de una sanción ejemplar.

Yo si propongo una moción de cordura para lograr, así sea mínimamente, vivir en un país posible, en el cual lo que se presupueste se cumpla, donde los funcionarios acaten las funciones que por ley les compete hacer, basta de actuar desde la singularidad y el bien personal, creo que todos podemos hacer algo para salir del atolladero en el cual vivimos que cada día se va hundiendo más.

Antes de finalizar este escrito dejo una definición de lo que es Cordura y con ello denotar el alcance de lo que planteo.

Según la Real Academia Española Cordura viene definida así: “Prudencia, sensatez, buen juicio.”[5].
“La cordura es una característica humana perteneciente a aquellas personas que actúan en forma racional, lógica, con buen juicio, prudentemente. Son coherentes en sus acciones y en la toma de decisiones. Es lo opuesto a la locura, a la enajenación mental o insania, que padecen aquellos cuyas decisiones, opiniones y acciones se muestran desatinadas, impensadas, arrebatadas y peligrosas.”[6]

Seria loable que dignifiquemos nuestra Constitución, enalteciéramos nuestra democracia y poder lograr los fines que se planteó el Estado en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”


[1] https://razonpublica.com/la-mocion-de-censura-en-colombia-evento-poco-probable/

[2] file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-LaMocionDeCensuraEnColombiaReglasCoalicionesEInten-5430639.pdf

[3] IBIDEM

[4] https://drive.google.com/file/d/1caFlzFymUhsJOST5JFG0zBVHzp_yQD_r/view
 

[5] https://dle.rae.es/cordura?m=30_2

[6] https://deconceptos.com/ciencias-naturales/cordura#:~:text=La%20cordura%20es%20una%20caracter%C3%ADstica,en%20la%20toma%20de%20decisiones.