Somos de cartón
Por: Abogado Keivin Cardona Theran
Miren… en realidad que es bastante desolador, triste y árido, escribir en momentos tan coyunturales para el país que lucha a muerte y en el campo de “guerra” cual enemigos entre ciudadanos y gobernantes, ciudadanos y fuerza pública, así para tratar de demostrar quién “es el más grande”, “el más fuerte” y “el más poderoso”, dejando como saldo: desilusión, desesperanza, desaliento y mucho dolor, porque en medio de esas luchas ideológicas, se han perdido vidas humanas, pues no miremos si era civil, político, policía; lo que sea, en el sentido estricto, era un ser humano que al igual que tú y yo, tenemos ilusiones, promesas, metas, sueños y una familia que albergará, de por vida, la tristeza de recordar que perdieron a un miembro de su núcleo familiar por la vil y estúpida diferencia de criterios, que puede si o si, solucionarse con el diálogo, ajustado a la realidad y bien estructurado, pero no; desistimos de ese arma letal que nos dan a los seres humanos, que es el poder hablar, y utilizamos la fuerza bruta, la desobediencia civil, la represión, la indisciplina y la irresponsabilidad, entre otros, para solucionar las diferencias, obteniendo como consecuencia de ello, lo que hoy vemos en periódicos, redes sociales y medios de comunicación, el pueblo desangrándose en una causa justa para unos, en una oportunidad para delinquir para otros y en una necesidad de figurar para muchos.
Todo empieza con un proyecto de reforma tributaria propuesto por el ejecutivo y radicado en el Congreso de la república como “ley de solidaridad sostenible” el cual consagraba gravar productos de la canasta familiar con cargas impositivas, ampliar la base gravable para declarar impuesto de renta, entre otros mecanismos que de una u otra forma harían que el Estado colombiano recaudara ingresos para seguir con los planes sociales que se han implementado para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria que nos aqueja a nivel mundial.
En el marco de la negociación y promoción de dicha ley, el Ministro de Hacienda en un tono burlesco y jocoso ofendió a los habitantes del Estado Colombiano cuando indicó que la docena (12) de huevos costaban Mil ochocientos pesos MCL ($1.800), entre otros episodios y situaciones que iban llenando la copa de la tranquilidad.
Posteriormente se realizó una gesta por parte del pueblo colombiano consistente en marchar pacíficamente en contra de estas medidas tributarias, exigiéndole y solicitándole al Presidente que retirara del Congreso dicho proyecto de reforma tributaria.
Se debe dejar claro que el derecho a la protesta es un derecho constitucional consagrado en la constitución política de Colombia en el artículo 37 de la siguiente manera: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.” Es decir, que ante tal barbaridad legislativa podía el pueblo reunirse a mostrar su descontento y así lo hizo, esto aconteció el día 28 de abril del 2021.
Ocurrido lo anterior el Presidente de la Republica “retiró” el proyecto de ley de reforma tributaria, aun cuando en los corrillos del Congreso se dice que este aún yace en los anales de la corporación.
¿Se hizo sentir el pueblo colombiano? ¿Se escucharon sus peticiones? ¿Propugnó la soberanía que yace en la población? Pues para mí la respuesta es NO, Colombia como Estado social de derecho debe velar porque las mínimas garantías y los derechos fundamentales de todos los colombianos se cumplan sin el más mínimo impedimento, es así, que nuestro ordenamiento jurídico está dotado de normas jurídicas que velan porque nuestros derechos sean garantizados sin interrupción alguna, pero todo queda en letra muerta.
El Estado Colombiano a su vez está adscrito, y es miembro de sendas organizaciones y organismos internacionales cuya función principal es garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales como la ONU, la OEA, UNICEF entre otros, los cuales en el rango de estas dos últimas semanas han sacado informes de los atropellos, abusos y excesos por parte de la autoridad a los colombianos que buscaban el cumplimiento de sus derechos fundamentales y personalísimos haciendo efectivo su derecho constitucional de salir a marchar pacíficamente- artículo 37 de Constitución Política de Colombia- de manera burda y cruel.
A nivel interno contamos con unos órganos de control entre los que se encuentra el Ministerio Publico dirigido por el Procurador General de la Nación y forma parte de esta cartera la Defensoría del Pueblo que es elegido por la Cámara de Representantes de senda terna elaborada por el Presidente de la Republica y en sus funciones principales que están consagradas en el artículo 282 de la Constitución Política están:
“…2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.
3. Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados…”
Si hacemos contraste de lo consignado en la carta de navegación con la realidad que vive el país, creo que el barco que dirige el Presidente se hundió, no existe en la actualidad la más mínima gestión por parte de la Defensoría del pueblo para realizar un acompañamiento a la ciudadanía en estas marchas en pro de la defensa de los derechos humanos, no hay la más mínima disposición por parte del Defensor de tener una gestión clara y preventiva ante situaciones como las que vive el país, verbigracia, el Defensor del Pueblo Dr. Carlos Camargo Assis fue entrevistado por un medio de comunicación radial en días pasados y no supo mantener una entrevista convincente con datos certeros y claros, porque se encontraba de vacaciones en Anapoima, cuando el pueblo Colombiano ardía en las calles y era objeto de represión y miedo, es que cargos como éste, considero que deben ser replanteados en el Estado Colombiano, desde su postulación hasta su elección, no es dable que, aquel que defienda tus derechos como ciudadano, que responda por ti ante el Estado con ocasión a atropellos en su gestión, sea escogido por una entidad “gubernamental” donde reposan los más grandes intereses políticos, pero que anticipadamente es propuesto por el Presidente el nombre de tres (3) personas que deben ser elegidas, ¿incoherente no?. Siempre he pensado que estos cargos deben escogerse por mérito y no por nombramientos de mera liberalidad.
Es aquí donde concluyo el título de mi columna que los COLOMBIANOS somos de cartón, haciendo remembranza de cuando éramos niños que estábamos en el juego con nuestros primos y amigos más grandes, pero no representábamos nada para el desarrollo de la actividad o la dinámica solamente corríamos y reíamos, llevándolo al contexto actual, nosotros los COLOMBIANOS solamente servimos para llevar a una persona al poder, solamente servimos para hacer bulto, solamente servimos para llenar las estadísticas de pobreza, solamente servimos para NADA. Debemos despertar, debemos resurgir y saber que cuando vamos a las urnas ponemos en juego la vida futura de nuestras generaciones, YA BASTA!!!.
“A una justicia igualitaria corresponde también una igualitaria aplicación de impuestos…
Los ricos no pueden pagar menos, o el contrato social queda socavado.”
Thomas Hobbes
Todo empieza con un proyecto de reforma tributaria propuesto por el ejecutivo y radicado en el Congreso de la república como “ley de solidaridad sostenible” el cual consagraba gravar productos de la canasta familiar con cargas impositivas, ampliar la base gravable para declarar impuesto de renta, entre otros mecanismos que de una u otra forma harían que el Estado colombiano recaudara ingresos para seguir con los planes sociales que se han implementado para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria que nos aqueja a nivel mundial.
En el marco de la negociación y promoción de dicha ley, el Ministro de Hacienda en un tono burlesco y jocoso ofendió a los habitantes del Estado Colombiano cuando indicó que la docena (12) de huevos costaban Mil ochocientos pesos MCL ($1.800), entre otros episodios y situaciones que iban llenando la copa de la tranquilidad.
Posteriormente se realizó una gesta por parte del pueblo colombiano consistente en marchar pacíficamente en contra de estas medidas tributarias, exigiéndole y solicitándole al Presidente que retirara del Congreso dicho proyecto de reforma tributaria.
Se debe dejar claro que el derecho a la protesta es un derecho constitucional consagrado en la constitución política de Colombia en el artículo 37 de la siguiente manera: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.” Es decir, que ante tal barbaridad legislativa podía el pueblo reunirse a mostrar su descontento y así lo hizo, esto aconteció el día 28 de abril del 2021.
Ocurrido lo anterior el Presidente de la Republica “retiró” el proyecto de ley de reforma tributaria, aun cuando en los corrillos del Congreso se dice que este aún yace en los anales de la corporación.
¿Se hizo sentir el pueblo colombiano? ¿Se escucharon sus peticiones? ¿Propugnó la soberanía que yace en la población? Pues para mí la respuesta es NO, Colombia como Estado social de derecho debe velar porque las mínimas garantías y los derechos fundamentales de todos los colombianos se cumplan sin el más mínimo impedimento, es así, que nuestro ordenamiento jurídico está dotado de normas jurídicas que velan porque nuestros derechos sean garantizados sin interrupción alguna, pero todo queda en letra muerta.
El Estado Colombiano a su vez está adscrito, y es miembro de sendas organizaciones y organismos internacionales cuya función principal es garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales como la ONU, la OEA, UNICEF entre otros, los cuales en el rango de estas dos últimas semanas han sacado informes de los atropellos, abusos y excesos por parte de la autoridad a los colombianos que buscaban el cumplimiento de sus derechos fundamentales y personalísimos haciendo efectivo su derecho constitucional de salir a marchar pacíficamente- artículo 37 de Constitución Política de Colombia- de manera burda y cruel.
A nivel interno contamos con unos órganos de control entre los que se encuentra el Ministerio Publico dirigido por el Procurador General de la Nación y forma parte de esta cartera la Defensoría del Pueblo que es elegido por la Cámara de Representantes de senda terna elaborada por el Presidente de la Republica y en sus funciones principales que están consagradas en el artículo 282 de la Constitución Política están:
“…2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.
3. Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados…”
Si hacemos contraste de lo consignado en la carta de navegación con la realidad que vive el país, creo que el barco que dirige el Presidente se hundió, no existe en la actualidad la más mínima gestión por parte de la Defensoría del pueblo para realizar un acompañamiento a la ciudadanía en estas marchas en pro de la defensa de los derechos humanos, no hay la más mínima disposición por parte del Defensor de tener una gestión clara y preventiva ante situaciones como las que vive el país, verbigracia, el Defensor del Pueblo Dr. Carlos Camargo Assis fue entrevistado por un medio de comunicación radial en días pasados y no supo mantener una entrevista convincente con datos certeros y claros, porque se encontraba de vacaciones en Anapoima, cuando el pueblo Colombiano ardía en las calles y era objeto de represión y miedo, es que cargos como éste, considero que deben ser replanteados en el Estado Colombiano, desde su postulación hasta su elección, no es dable que, aquel que defienda tus derechos como ciudadano, que responda por ti ante el Estado con ocasión a atropellos en su gestión, sea escogido por una entidad “gubernamental” donde reposan los más grandes intereses políticos, pero que anticipadamente es propuesto por el Presidente el nombre de tres (3) personas que deben ser elegidas, ¿incoherente no?. Siempre he pensado que estos cargos deben escogerse por mérito y no por nombramientos de mera liberalidad.
Es aquí donde concluyo el título de mi columna que los COLOMBIANOS somos de cartón, haciendo remembranza de cuando éramos niños que estábamos en el juego con nuestros primos y amigos más grandes, pero no representábamos nada para el desarrollo de la actividad o la dinámica solamente corríamos y reíamos, llevándolo al contexto actual, nosotros los COLOMBIANOS solamente servimos para llevar a una persona al poder, solamente servimos para hacer bulto, solamente servimos para llenar las estadísticas de pobreza, solamente servimos para NADA. Debemos despertar, debemos resurgir y saber que cuando vamos a las urnas ponemos en juego la vida futura de nuestras generaciones, YA BASTA!!!.
“A una justicia igualitaria corresponde también una igualitaria aplicación de impuestos…
Los ricos no pueden pagar menos, o el contrato social queda socavado.”
Thomas Hobbes
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