Quieren el inactivismo judicial y los moderados muerden el anzuelo
Por: Abogado Víctor David Aucenon Liberato
Siempre que en Colombia hay una decisión polémica, surge de nuevo la crítica catastrófica de los que no están de acuerdo con esa decisión, tachándola de activismo judicial, término que no es neutro, ni proviene del ámbito académico, sino que por el contrario, es usada por quienes de manera despectiva señalan de activistas a los jueces que por obligación legal deben interpretar ahora principios y usar más ampliamente su criterio, activistas de una causa que no es la de ellos, activistas que por supuesto no fallan en derecho según tal critica, quien afirma que una decisión judicial es activista, en realidad quiere decir que no le gustó, pero de una manera más airada e irresponsable, y por supuesto, con argumentaciones más políticas que jurídicas, más furibundas que razonables.
En esta ocasión la crítica va orientada a la falta de pericia de los jueces para conocer de temas técnicos, pruebas PCR,( como lo exigen casi todos los temas que siempre han fallado los jueces, desde una paternidad en derecho de familia con prueba de adn, a una deuda que exige conocimientos contables, pasando incluso por un homicidio que requiera tecnicismos en balística), según esos críticos en el caso del homicidio, el juez no podría fallar, pues no tiene los conocimientos técnicos en balística que requiere el caso, supone uno que terminaría el experto en balística decidiendo sobre la libertad o no de ese acusado, el término lo crean en Estados Unidos los conservadores que no están de acuerdo con que la Corte Suprema de Justicia tome decisiones en contra de la segregación racial universitaria y en favor de la igualdad, en contra de los monopolios y otros grupos de poder, pues según esos conservadores esas decisiones le correspondían en exclusiva al congreso.
La discusión ahora es por el fallo de tutela en el que un juez de la República obliga al gobierno a exigir la prueba PCR a los viajeros que intentan ingresar al país, esto no tendría nada raro o diferente a fallos polémicos anteriores, pues como ya dije, suele ocurrir que los mal perdedores de un litigio recurran a esa estrategia difamatoria, más aún cuando el perdedor es un gobierno autoritario que ataca a la justicia que le pone límites a sus abusos, gobierno autoritario como el que tenemos, esta discusión no sería diferente a las anteriores y más recientes de no ser porque en esta ocasión no solo fueron los gobiernistas quienes activaron la crítica sobre activismo judicial, demócratas y moderados de algunas otras corrientes activaron dicha crítica, lo que sin duda es inusual, desde un profundo desconocimiento del neoconsititucionalismo y ni siquiera entender lo despectivo que es el término activismo judicial, han osado afirmar que el juez se extralimitó al definir una decisión que le compete única y exclusivamente al gobierno, al decir esto dejan entrever que apoyan la ya superada visión dictatorial donde gobierno y sus decisiones no son susceptibles de control judicial, ¡peligrosísimo!
En Colombia toda decisión judicial que implique un cambio o que no esté alineada con nuestros intereses debe dejar de ser llamada activismo judicial o extralimitación, quienes insistan en tal improperio como mínimo deben esforzarse mucho más que su pobre argumentación actual, pues la falta de técnica o la falta de legitimidad son situaciones ya superadas con la imposición del neoconstitucionalismo en Colombia, conservadores que quieran retroceder a una Constitución positivista autoritaria como la de 1886, quitándole el criterio de los jueces de por medio, bienvenidos a la discusión, pero ojalá los moderados no caigan en esa trampa tan fácilmente.
En conclusión, es mucho más aceptable que los jueces decidan sobre temas técnicos que no conocen como siempre ha ocurrido, con peritaje, con asesoría experta y con la actividad de las partes en litigio, a que los técnicos expertos o el gobierno mismo tomen las decisiones judiciales, o tomen sus propias decisiones sin ningún control judicial, como en las peores dictaduras.
En esta ocasión la crítica va orientada a la falta de pericia de los jueces para conocer de temas técnicos, pruebas PCR,( como lo exigen casi todos los temas que siempre han fallado los jueces, desde una paternidad en derecho de familia con prueba de adn, a una deuda que exige conocimientos contables, pasando incluso por un homicidio que requiera tecnicismos en balística), según esos críticos en el caso del homicidio, el juez no podría fallar, pues no tiene los conocimientos técnicos en balística que requiere el caso, supone uno que terminaría el experto en balística decidiendo sobre la libertad o no de ese acusado, el término lo crean en Estados Unidos los conservadores que no están de acuerdo con que la Corte Suprema de Justicia tome decisiones en contra de la segregación racial universitaria y en favor de la igualdad, en contra de los monopolios y otros grupos de poder, pues según esos conservadores esas decisiones le correspondían en exclusiva al congreso.
La discusión ahora es por el fallo de tutela en el que un juez de la República obliga al gobierno a exigir la prueba PCR a los viajeros que intentan ingresar al país, esto no tendría nada raro o diferente a fallos polémicos anteriores, pues como ya dije, suele ocurrir que los mal perdedores de un litigio recurran a esa estrategia difamatoria, más aún cuando el perdedor es un gobierno autoritario que ataca a la justicia que le pone límites a sus abusos, gobierno autoritario como el que tenemos, esta discusión no sería diferente a las anteriores y más recientes de no ser porque en esta ocasión no solo fueron los gobiernistas quienes activaron la crítica sobre activismo judicial, demócratas y moderados de algunas otras corrientes activaron dicha crítica, lo que sin duda es inusual, desde un profundo desconocimiento del neoconsititucionalismo y ni siquiera entender lo despectivo que es el término activismo judicial, han osado afirmar que el juez se extralimitó al definir una decisión que le compete única y exclusivamente al gobierno, al decir esto dejan entrever que apoyan la ya superada visión dictatorial donde gobierno y sus decisiones no son susceptibles de control judicial, ¡peligrosísimo!
En Colombia toda decisión judicial que implique un cambio o que no esté alineada con nuestros intereses debe dejar de ser llamada activismo judicial o extralimitación, quienes insistan en tal improperio como mínimo deben esforzarse mucho más que su pobre argumentación actual, pues la falta de técnica o la falta de legitimidad son situaciones ya superadas con la imposición del neoconstitucionalismo en Colombia, conservadores que quieran retroceder a una Constitución positivista autoritaria como la de 1886, quitándole el criterio de los jueces de por medio, bienvenidos a la discusión, pero ojalá los moderados no caigan en esa trampa tan fácilmente.
En conclusión, es mucho más aceptable que los jueces decidan sobre temas técnicos que no conocen como siempre ha ocurrido, con peritaje, con asesoría experta y con la actividad de las partes en litigio, a que los técnicos expertos o el gobierno mismo tomen las decisiones judiciales, o tomen sus propias decisiones sin ningún control judicial, como en las peores dictaduras.
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