Unas Jugaditas, pero no de Futbol
Por: Abogado Víctor David Aucenon Liberato
Un senador del partido de gobierno hizo infame hace algún tiempo la palabra “jugadita” refiriéndose sin duda a una trampa ilegal, aprovechándose de un vacío o de la teoría del daño consumado, la cual indica que es mejor pedir perdón(si es que los descubren), que pedir permiso (o actuar legalmente), cuando dicha ilegalidad ya sea corregida, si es que puede ser corregida, jugaditas que sin duda representan un abuso de poder, este tipo de trampas han sido el común denominador del gobierno actual y de su mentor, gobierno que ha demostrado sin duda un interés permanente en imponer el estado de opinión por encima del estado derecho (como lo demuestra al darle más importancia a un salvamento de voto sin fuerza vinculante que a la sentencia obligatoria).
No es la primera vez que el Presidente ataca y desacata un fallo judicial solapadamente con jugaditas, hace pocos meses le obligaron a borrar un mensaje religioso de inmediato y esperó en desacato 20 días, sin excusa alguna, aprovechándose de la lentitud de la Comisión de acusaciones, después cuando ordenaron medida de aseguramiento contra el ex Presidente Uribe, momento en el cual procedió a atacar a la Corte Suprema de Justicia invitándola a reflexionar sobre un ciudadano probo que no merecía eso, en dicha situación mediante tutela, igualmente fue obligado a no volver a opinar de forma despectiva, ni referirse sobre fallos judiciales pues rompe el principio de separación de poderes y de obediencia absoluta a la Rama Judicial (ante lo cual se le exhorta para que en adelante se abstenga de emitir opiniones que desconozcan la autonomía e independencia de los órganos del Estado como instituciones legítimamente constituidas de acuerdo con el principio de separación de poderes).
Tampoco es la primera vez que reta a la rama judicial y al sistema democrático del Estado social de derecho, en esa misma ocasión manifestado que él era el primer magistrado de la nación, amenazando con un posible golpe de estado, si se llegara a condenar a su mentor.
Ahora el gobierno pierde una tutela en la que se le ordena que respete el derecho fundamental a la protesta pacífica, y exige unas rectificaciones encaminadas a corregir el abuso de la fuerza pública, y principalmente, para que en un futuro no se siga reprimiendo injustificadamente a quien disienta del gobierno, la orden que más les molestó y la de más fácil cumplimiento, es la de pedir perdón, pero al parecer, es lo que más les cuesta.
Aunque el ministro de defensa, el Presidente y algunos pocos pseudojuristas, defensores de oficio del poder, quizás detrás de un puesto o de una afinidad política extrema que los lleva a perder el raciocinio jurídico, han intentado poner en tela de juicio la supremacía constitucional, el imperio absoluto de la ley, el principio de legalidad y el principio de separación de poderes, arguyendo según ellos que la corte se extralimitó, que el gobierno tiene otra instancia para apelar en la Corte Constitucional, y que nadie, le puede ordenar al gobierno a pedir perdón por ningún hecho, pues eso es extralimitación, pareciera que no conocieran en absoluto el ordenamiento jurídico que impera en Colombia en donde todos los jueces son constitucionales, todos los colombianos y con más razón, las instituciones y sus representantes, son sujetos de control judicial bajo el juez de tutela, no existe una tercera instancia, la tutela está en firme, las ordenes de tutela son de inmediato cumplimiento, dichas ordenes de tutela no están limitadas taxativamente por ninguna norma, ni jurisprudencia constitucional, lo que quiere decir que ninguna orden de tutela puede ser considerada extralimitada porque no tienen más límite que hacer cumplir los derechos fundamentales, lo cual no fue criticado porque es muy probable que no hayan leído la tutela antes de criticarla.
Alguno de esos fanáticos argumentó que era inédita o totalmente nueva la orden de pedir perdón en sede de tutela lo cual es falso, en otras sentencias de tutela con rasgo jurisprudencial como la Sentencia T-050/16 o la T-564 de 2016 y muchas otras ya habían ordenado pedir perdón.
Otro argumento absurdo deviene de la supuesta imposibilidad que tendría el poder judicial de entrometerse en funciones o competencias propias de otras ramas del poder público, lo que algunos admiradores del poder ejecutivo y sin límites llaman despectivamente como “la dictadura de los jueces”, lo que no encuentra ningún asidero, pues contemplar dicha imposibilidad significaría que la cortes deberían permitir los numerosos abusos por acción y omisión que cometen el congreso y el ejecutivo, lo cual por mandato legal, y por la estructura misma de nuestro Estado de Derecho, es imposible, pues precisamente en el sistema de pesos y contrapesos la rama judicial es la encargada de contener esos abusos y salvaguardar la ley y la Constitución, las Cortes no legislan ni se entrometen por que quieran tener protagonismo o por gusto, lo hacen ante violaciones graves de derechos fundamentales por parte del ejecutivo, como los abusos de las marchas del 21N y por omisiones injustificables del poder legislativo, como la omisión legislativa de 20 años sobre temas como el aborto, la dosis mínima, la eutanasia y el matrimonio igualitario, ante esta omisión injustificada y ante la evidente inconstitucionalidad y vulneración continuada de derechos fundamentales de la fuerza pública, deben las Cortes reglamentar esos temas e intervenir para evitar que se sigan cometiendo en desmedro la carta magna, así que quienes critican el activismo judicial, en realidad están criticando la ineptitud de las otras ramas del poder público que pretenden defender ciegamente.
PD: El ministro no cumplió la orden de pedir perdón por el hecho específico, sino que hizo un refrito de unas supuestas disculpas genéricas que ya había recitado con antelación por el caso del asesinato de Javier Ordoñez, allí dice que pide perdón sobre cualquier delito que hubieran podido cometer (poniendo en duda el abuso judicialmente comprobado en sede de tutela).
No es la primera vez que el Presidente ataca y desacata un fallo judicial solapadamente con jugaditas, hace pocos meses le obligaron a borrar un mensaje religioso de inmediato y esperó en desacato 20 días, sin excusa alguna, aprovechándose de la lentitud de la Comisión de acusaciones, después cuando ordenaron medida de aseguramiento contra el ex Presidente Uribe, momento en el cual procedió a atacar a la Corte Suprema de Justicia invitándola a reflexionar sobre un ciudadano probo que no merecía eso, en dicha situación mediante tutela, igualmente fue obligado a no volver a opinar de forma despectiva, ni referirse sobre fallos judiciales pues rompe el principio de separación de poderes y de obediencia absoluta a la Rama Judicial (ante lo cual se le exhorta para que en adelante se abstenga de emitir opiniones que desconozcan la autonomía e independencia de los órganos del Estado como instituciones legítimamente constituidas de acuerdo con el principio de separación de poderes).
Tampoco es la primera vez que reta a la rama judicial y al sistema democrático del Estado social de derecho, en esa misma ocasión manifestado que él era el primer magistrado de la nación, amenazando con un posible golpe de estado, si se llegara a condenar a su mentor.
Ahora el gobierno pierde una tutela en la que se le ordena que respete el derecho fundamental a la protesta pacífica, y exige unas rectificaciones encaminadas a corregir el abuso de la fuerza pública, y principalmente, para que en un futuro no se siga reprimiendo injustificadamente a quien disienta del gobierno, la orden que más les molestó y la de más fácil cumplimiento, es la de pedir perdón, pero al parecer, es lo que más les cuesta.
Aunque el ministro de defensa, el Presidente y algunos pocos pseudojuristas, defensores de oficio del poder, quizás detrás de un puesto o de una afinidad política extrema que los lleva a perder el raciocinio jurídico, han intentado poner en tela de juicio la supremacía constitucional, el imperio absoluto de la ley, el principio de legalidad y el principio de separación de poderes, arguyendo según ellos que la corte se extralimitó, que el gobierno tiene otra instancia para apelar en la Corte Constitucional, y que nadie, le puede ordenar al gobierno a pedir perdón por ningún hecho, pues eso es extralimitación, pareciera que no conocieran en absoluto el ordenamiento jurídico que impera en Colombia en donde todos los jueces son constitucionales, todos los colombianos y con más razón, las instituciones y sus representantes, son sujetos de control judicial bajo el juez de tutela, no existe una tercera instancia, la tutela está en firme, las ordenes de tutela son de inmediato cumplimiento, dichas ordenes de tutela no están limitadas taxativamente por ninguna norma, ni jurisprudencia constitucional, lo que quiere decir que ninguna orden de tutela puede ser considerada extralimitada porque no tienen más límite que hacer cumplir los derechos fundamentales, lo cual no fue criticado porque es muy probable que no hayan leído la tutela antes de criticarla.
Alguno de esos fanáticos argumentó que era inédita o totalmente nueva la orden de pedir perdón en sede de tutela lo cual es falso, en otras sentencias de tutela con rasgo jurisprudencial como la Sentencia T-050/16 o la T-564 de 2016 y muchas otras ya habían ordenado pedir perdón.
Otro argumento absurdo deviene de la supuesta imposibilidad que tendría el poder judicial de entrometerse en funciones o competencias propias de otras ramas del poder público, lo que algunos admiradores del poder ejecutivo y sin límites llaman despectivamente como “la dictadura de los jueces”, lo que no encuentra ningún asidero, pues contemplar dicha imposibilidad significaría que la cortes deberían permitir los numerosos abusos por acción y omisión que cometen el congreso y el ejecutivo, lo cual por mandato legal, y por la estructura misma de nuestro Estado de Derecho, es imposible, pues precisamente en el sistema de pesos y contrapesos la rama judicial es la encargada de contener esos abusos y salvaguardar la ley y la Constitución, las Cortes no legislan ni se entrometen por que quieran tener protagonismo o por gusto, lo hacen ante violaciones graves de derechos fundamentales por parte del ejecutivo, como los abusos de las marchas del 21N y por omisiones injustificables del poder legislativo, como la omisión legislativa de 20 años sobre temas como el aborto, la dosis mínima, la eutanasia y el matrimonio igualitario, ante esta omisión injustificada y ante la evidente inconstitucionalidad y vulneración continuada de derechos fundamentales de la fuerza pública, deben las Cortes reglamentar esos temas e intervenir para evitar que se sigan cometiendo en desmedro la carta magna, así que quienes critican el activismo judicial, en realidad están criticando la ineptitud de las otras ramas del poder público que pretenden defender ciegamente.
PD: El ministro no cumplió la orden de pedir perdón por el hecho específico, sino que hizo un refrito de unas supuestas disculpas genéricas que ya había recitado con antelación por el caso del asesinato de Javier Ordoñez, allí dice que pide perdón sobre cualquier delito que hubieran podido cometer (poniendo en duda el abuso judicialmente comprobado en sede de tutela).
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