El populismo: la única condena eterna
Por: Abogado Víctor David Aucenon Liberato
La alcaldesa de Bogotá luego de emitir un discurso xenófobo nunca antes visto en Colombia, mediante decreto prohibió a las aplicaciones de domicilios contratar ex convictos e indocumentados, la alcaldesa sabe que ese tipo de medidas son inconstitucionales y anti técnicas y no dudarán mucho, pero muy populares entre las mayorías votantes. Como casi todas las xenofobias, son un escape simplista, un chivo expiatorio para canalizar el odio y la rabia que producen los múltiples problemas que tiene la sociedad, canalizar esas emociones primarias de manera equivocada es la mejor manera de obtener votos por parte de extremistas con Trump, vox en España, o en su momento Hitler, la válvula de escape perfecta además porque las víctimas son quienes menos pueden defenderse, los más débiles, los excluidos extranjeros, desplazados, refugiados, pobres sin educación ni mas opciones de empleo.
Nuestra constitución provee de derechos fundamentales a todas las “personas residentes en Colombia”, sin excepción alguna, prohíbe la discriminación, la desigualdad, y las penas eternas, ese decreto igualmente vulnera el derecho fundamental a un mínimo vital y móvil de un sector de la población que solo puede subsistir gracias a esas aplicaciones, una condena penal ya pagada, no quiere decir en ningún momento un veto de por vida, un destierro ni nada por el estilo, todo lo contrario la pena tiene un fin resocializador, no es su objetivo la venganza o retaliación contra los condenados, nuestro deber como sociedad y de las autoridades es propiciar la resocialización de los condenados que han pagado su condena, facilitando su ingreso en el sistema productivo, sin excluirlos que además es un incentivo perverso para que vuelvan a delinquir.
No solamente desde el punto de vista legal es un medida inconveniente, no se puede demostrar o motivar tal decisión desde el punto de vista técnico, no existen estudios o datos que permitan concluir siquiera someramente que los ex convictos que usan la aplicación son los que están robando por ser contratados por las aplicaciones de domicilios, tampoco se puede comprobar que los hurtos aumentaran significativamente con la llegada de venezolanos, en Colombia siempre han robado, y mucho, cualquier persona puede comprar una caja de domiciliario o un uniforme sin tomarse la molestia de trabajar en la aplicación.
La alcaldesa de Bogotá que se ufanaba de ser una defensora e impulsora de nuestra constitución mediante la séptima papeleta, demuestra como cambia el poder a las personas, y que las contradicciones y el extremismo no solo es son de izquierda o derecha sino también de centro, demuestra igualmente que el hecho que un gobernante sea mujer, o que sea parte de una minoría comúnmente discriminada como los LGTBI no es garantía de respeto por los demás excluidos.
Nuestra constitución provee de derechos fundamentales a todas las “personas residentes en Colombia”, sin excepción alguna, prohíbe la discriminación, la desigualdad, y las penas eternas, ese decreto igualmente vulnera el derecho fundamental a un mínimo vital y móvil de un sector de la población que solo puede subsistir gracias a esas aplicaciones, una condena penal ya pagada, no quiere decir en ningún momento un veto de por vida, un destierro ni nada por el estilo, todo lo contrario la pena tiene un fin resocializador, no es su objetivo la venganza o retaliación contra los condenados, nuestro deber como sociedad y de las autoridades es propiciar la resocialización de los condenados que han pagado su condena, facilitando su ingreso en el sistema productivo, sin excluirlos que además es un incentivo perverso para que vuelvan a delinquir.
No solamente desde el punto de vista legal es un medida inconveniente, no se puede demostrar o motivar tal decisión desde el punto de vista técnico, no existen estudios o datos que permitan concluir siquiera someramente que los ex convictos que usan la aplicación son los que están robando por ser contratados por las aplicaciones de domicilios, tampoco se puede comprobar que los hurtos aumentaran significativamente con la llegada de venezolanos, en Colombia siempre han robado, y mucho, cualquier persona puede comprar una caja de domiciliario o un uniforme sin tomarse la molestia de trabajar en la aplicación.
La alcaldesa de Bogotá que se ufanaba de ser una defensora e impulsora de nuestra constitución mediante la séptima papeleta, demuestra como cambia el poder a las personas, y que las contradicciones y el extremismo no solo es son de izquierda o derecha sino también de centro, demuestra igualmente que el hecho que un gobernante sea mujer, o que sea parte de una minoría comúnmente discriminada como los LGTBI no es garantía de respeto por los demás excluidos.
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