Democracia en desacato
Por: Abogado Víctor David Aucenon Liberato
La acción de tutela es sin duda, el mayor avance de la Constitución de 1991, ha tenido unos resultados ¡sorprendentes! No solo en los casos concretos, sino en la cultura democrática de la Nación, en nuestra forma de relacionarnos con el poder y el abuso del mismo (realizado por algunos), poder que antes se sentía intocable, por lo menos a corto plazo.
La tutela ha salvado vidas, ha traído reformas necesarias en materia de derechos y garantías a los más vulnerables, ha empoderado al ciudadano y ha servido como guardián para proteger nuestra endeble democracia, la acción de tutela ha tenido un papel preponderante en el avance hacia una Constitución antropocéntrica donde el ser humano es más importante que cualquier otra cosa.
Lastimosamente un problema ha venido acumulándose hasta llegar a un punto de quiebre insostenible en el que nos encontramos, y es que las autoridades públicas y las personas naturales comenzaron a perderle respeto a la acción de tutela y a sus órdenes, según la rama judicial, en 2019 más de 7 de cada 10 tutelas fueron desacatadas, una cifra muy preocupante, más si tenemos en cuenta que si se concedió la acción de tutela es porque es un caso de suma urgencia e importancia, por ejemplo, una cirugía para salvar un niño, cuya EPS le niega sin motivo alguno.
No existe peor sensación que estar ante una situación de extrema de vulneración de derechos, frente a una gran injusticia, acudir a la acción judicial, ver tus argumentos y tu caso vencer en franca lid y que el accionado no cumpla lo ordenado por el juez, indica que la acción de tutela quede en letra muerta ¡algo gravísimo!
Los renuentes a cumplir el fallo pero prestos para criticarlo aunados por la pasividad de algunos jueces para imponer las sanciones correspondientes, otros porque dichas sanciones no les hacen mella, o porque simplemente no respetan la ley hasta que ven la cárcel cerca, los últimos y no menos grave, por la ignorancia supina de lo que implica desacatar una tutela, muchos consiente o inconscientemente por el mal ejemplo que dan sus líderes políticos y/o administrativos al atacar y desacatar fallos, todas estas situaciones harán invivible la República en corto plazo a menos que tomemos medidas…
Cuando alguien desacata una tutela se muestra en rebeldía contra la Constitución, contra las leyes, está de facto renunciando al orden legal establecido, al contrato social, es un rebelde, un forajido que, guardando las proporciones, es igual al ELN, en el sentido en que ambas se sublevan contra el Estado de Derecho, no existe absolutamente ninguna excusa válida para no acatar estando dentro de nuestras posibilidades, gústenos o no, ese es el principio de toda democracia: “reglas ciertas para resultados inciertos que debemos sí o sí aceptar”, lo peor es que la mayoría de los desacatos, la autoridades no se defienden ni correctamente ni en el término legal, lo que implica también una falla en el funcionamiento estatal, que se demuestra en la cultura política, por ejemplo, a ningún gobernante se le pregunta en un debate o entrevistas, ni se refiere en sus propuestas(por qué el votante no se lo pide o no le interesa) al diligente cumplimiento que debería tener de los fallos de tutela de la entidades que dirigirá, tema que demuestra el menosprecio que sufre en la agenda nacional un área tan importante, que la máxima autoridad administrativa y sus ministros despotriquen abiertamente de fallos judiciales relacionándolos con fallas, como si fuera el presidente un juez o “el primer magistrado de la nación”, no da buen ejemplo para todos los funcionarios de menor rango de quien es jefe.
Finalmente, por disposición jurisprudencial, las sanciones de desacato tiene un fin persuasivo para presionar a cumplir la orden, por tal motivo, una vez cumplida la orden no hay lugar a su imposición, siguiendo ese conducto, algunas salidas para enmendar esta grave situación pueden ser: aumentar la sanción, amplificar dicho aumento para los desacatos, en los cuales el derecho tutelado, sea el derecho a la vida y la salud o cual derecho fundamental que vincule menores de edad o miembros de la tercera edad, que las autoridades políticas se comprometan en campaña y se les cuestione si cumplirán los fallos de tutela en las entidades que dirigirán, que a las autoridades judiciales se les exija el seguimiento disciplinado y la interposición de sanciones cuando existan motivos, pero la principal arma para acabar con el crecimiento del desacato, es un reproche social fuerte y generalizado para aquel subversivo, aquel vándalo que ose desafiarnos como sociedad, creyéndose por encima de la ley para desacatar una orden judicial.
La tutela ha salvado vidas, ha traído reformas necesarias en materia de derechos y garantías a los más vulnerables, ha empoderado al ciudadano y ha servido como guardián para proteger nuestra endeble democracia, la acción de tutela ha tenido un papel preponderante en el avance hacia una Constitución antropocéntrica donde el ser humano es más importante que cualquier otra cosa.
Lastimosamente un problema ha venido acumulándose hasta llegar a un punto de quiebre insostenible en el que nos encontramos, y es que las autoridades públicas y las personas naturales comenzaron a perderle respeto a la acción de tutela y a sus órdenes, según la rama judicial, en 2019 más de 7 de cada 10 tutelas fueron desacatadas, una cifra muy preocupante, más si tenemos en cuenta que si se concedió la acción de tutela es porque es un caso de suma urgencia e importancia, por ejemplo, una cirugía para salvar un niño, cuya EPS le niega sin motivo alguno.
No existe peor sensación que estar ante una situación de extrema de vulneración de derechos, frente a una gran injusticia, acudir a la acción judicial, ver tus argumentos y tu caso vencer en franca lid y que el accionado no cumpla lo ordenado por el juez, indica que la acción de tutela quede en letra muerta ¡algo gravísimo!
Los renuentes a cumplir el fallo pero prestos para criticarlo aunados por la pasividad de algunos jueces para imponer las sanciones correspondientes, otros porque dichas sanciones no les hacen mella, o porque simplemente no respetan la ley hasta que ven la cárcel cerca, los últimos y no menos grave, por la ignorancia supina de lo que implica desacatar una tutela, muchos consiente o inconscientemente por el mal ejemplo que dan sus líderes políticos y/o administrativos al atacar y desacatar fallos, todas estas situaciones harán invivible la República en corto plazo a menos que tomemos medidas…
Cuando alguien desacata una tutela se muestra en rebeldía contra la Constitución, contra las leyes, está de facto renunciando al orden legal establecido, al contrato social, es un rebelde, un forajido que, guardando las proporciones, es igual al ELN, en el sentido en que ambas se sublevan contra el Estado de Derecho, no existe absolutamente ninguna excusa válida para no acatar estando dentro de nuestras posibilidades, gústenos o no, ese es el principio de toda democracia: “reglas ciertas para resultados inciertos que debemos sí o sí aceptar”, lo peor es que la mayoría de los desacatos, la autoridades no se defienden ni correctamente ni en el término legal, lo que implica también una falla en el funcionamiento estatal, que se demuestra en la cultura política, por ejemplo, a ningún gobernante se le pregunta en un debate o entrevistas, ni se refiere en sus propuestas(por qué el votante no se lo pide o no le interesa) al diligente cumplimiento que debería tener de los fallos de tutela de la entidades que dirigirá, tema que demuestra el menosprecio que sufre en la agenda nacional un área tan importante, que la máxima autoridad administrativa y sus ministros despotriquen abiertamente de fallos judiciales relacionándolos con fallas, como si fuera el presidente un juez o “el primer magistrado de la nación”, no da buen ejemplo para todos los funcionarios de menor rango de quien es jefe.
Finalmente, por disposición jurisprudencial, las sanciones de desacato tiene un fin persuasivo para presionar a cumplir la orden, por tal motivo, una vez cumplida la orden no hay lugar a su imposición, siguiendo ese conducto, algunas salidas para enmendar esta grave situación pueden ser: aumentar la sanción, amplificar dicho aumento para los desacatos, en los cuales el derecho tutelado, sea el derecho a la vida y la salud o cual derecho fundamental que vincule menores de edad o miembros de la tercera edad, que las autoridades políticas se comprometan en campaña y se les cuestione si cumplirán los fallos de tutela en las entidades que dirigirán, que a las autoridades judiciales se les exija el seguimiento disciplinado y la interposición de sanciones cuando existan motivos, pero la principal arma para acabar con el crecimiento del desacato, es un reproche social fuerte y generalizado para aquel subversivo, aquel vándalo que ose desafiarnos como sociedad, creyéndose por encima de la ley para desacatar una orden judicial.
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