Ratificar o no ratificar el Acuerdo de Escazú, he aquí el dilema
Por: Abogada Beatriz Suárez Duque
El presidente Iván Duque y algunos de sus ministros presentaron ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley que busca la Ratificación del Acuerdo de Escazú, ¿por qué es tan importante este Acuerdo para que se haya generado un debate colosal a nivel nacional en el que toman parte, el Gobierno nacional, los gremios, la sociedad civil y la Academia?
El Acuerdo de Escazú obliga a los Estados Partes a:
- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano.
- Fortalecer la protección a los derechos de acceso, que son:
1. El derecho de acceso a la información. 2. El derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente y, 3. El derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales.
- Asegurar que se oriente y asista al público -en especial a grupos en situaciones de vulnerabilidad- en el ejercicio de sus derechos de acceso.
- Garantizar la implementación de las medidas necesarias para promover y proteger a las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promuevan la protección del ambiente, proporcionándoles reconocimiento y protección.
- Fortalecer las políticas internas e instituciones y consolidar los mecanismos efectivos que permitan a los ciudadanos el goce de los derechos ya reconocidos.
En teoría el Tratado “suena bien”, no obstante, en aras de socializar este proyecto de ley, se realizó una audiencia pública el 03 de septiembre por parte de la Comisión Segunda del Senado, se escucharon voces de representantes del Gobierno Nacional, los gremios económicos, Asocars, la Academia y Organizaciones de la Sociedad civil y de forma general esto manifestaron algunos de ellos:
La Sociedad de Agricultores de Colombia manifestó que el espíritu del acuerdo es válido, pero se preocupan por el lenguaje utilizado, se preguntan ¿qué es impacto significativo de las decisiones ambientales? En su sentir, el acuerdo vulneraría la seguridad jurídica y consideran que tenemos normas suficientes sobre participación y los derechos de los defensores ambientales. solicitaron no firmar el acuerdo y archivar el proyecto de ley.
La ANDI señaló que al ratificar este Acuerdo cedemos soberanía nacional y nos someteríamos a instrumentos de control de un sistema internacional, la CEPAL no tiene estructuras particulares para deliberaciones y controles ambientales, este no es un tratado cualquiera y Colombia cuenta con una amplia legislación ambiental, se considera que la verificación del cumplimiento de los estados partes es dar una potestad amplia indeterminada.
Desde la inversión hay sensibilidades en lo referente a la extensión de la participación pública y sería la posibilidad de que otros estados o empresas extranjeras puedan tener injerencia en decisiones de Colombia.
Señaló su representante, que les preocupaba que el estado se obligara internacionalmente como fruto de una conversación a consecuencia de un paro estatal y solicitan al Congreso no aprobar el Acuerdo.
El Director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales ASOCARS, considera positiva la ratificación del acuerdo para optimizar la gestión ambiental, es un gran impulso para el estado y fortalecimiento de capacidades, cooperación y acceso a financiamiento.
El Movimiento Ambiental señaló que las diferentes posiciones expresadas durante la audiencia evidencian la conflictividad ambiental que se vive en el país y vemos como se percibe el mundo desde los gremios, desde la academia, desde el gobierno, las intervenciones de gremios dicen que el acuerdo vulnera soberanía, lo cual es falso, se busca fortalecer al estado colombiano para garantizar derechos, el mundo necesita tender puentes de cooperación no muros de aislamiento, se dice que tenemos mecanismos de acceso a la información, en Colombia no hay transparencia en la información, no hay datos abiertos para tomar decisiones óptimas y se vive un aniquilamiento sistemático de líderes ambientales, por lo que se requiere aprobar el Acuerdo.
La Universidad del Rosario indicó que toda la participación que promueve el acuerdo es desde la legislación interna, no se impone la obligación de acudir a la CIJ, prácticamente todos los acuerdos incluyen esta cláusula de resolución de conflictos entre las partes. Indicó también que la CIDH actúa con base en la convención americana de dd.hh que ya incluye estos derechos, el Acuerdo de Escazú no crea derechos nuevos ni obligaciones que ya Colombia no tenga, considera que el Acuerdo podría reducir los litigios y aumentar los arreglos directos a través de la promoción de métodos alternativos de solución de conflictos.
Por su parte el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga indicó que consideraba inconveniente la ratificación del Acuerdo de Escazú por qué si bien es cierto que el acuerdo tiene muy buenas intenciones, consideran que duplica innecesariamente la normatividad inexistente, contribuye a la ineficiencia normativa, incrementa los costos de transacción, crea inseguridad jurídica, desestimula la inversión y promueve la creación de nuevas entidades burocráticas. Afirma que ya existen suficientes mecanismos que garantizan el acceso a la información ambiental, los procesos de consulta previa y la participación pública en los procesos de tomas ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. adicionalmente, ya existe en el país un entorno institucional que vela por el cumplimiento de esta normatividad.
La ratificación de este acuerdo implicaría la apropiación de partidas presupuestales para crear nuevas entidades que se encarguen de la vigilancia de estas obligaciones, creando más burocracia y complejizando la institucionalidad del país. Y una vez ratificado este acuerdo pondría trabas al desarrollo del país y limitaría nuestra capacidad de gestión ambiental.
DEJUSTICIA por otra parte expresó que se debe ratificar el acuerdo, por qué es una herramienta para demostrar el compromiso que tenemos con la protección de los defensores del medio ambiente, la corte constitucional ha señalado al Congreso que tiene que enfrentar las carencias para ejercer el derecho de participación que no está pudiendo ejercer la comunidad y las instituciones ambientales tienen una tarea con la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Cómo debería decidir el Congreso? En mi sentir, el Presidente Iván Duque cometió una enorme ligereza política de gran impacto y es que no consultó con los gremios productivos del país, su opinión sobre la conveniencia o no de ratificar este Acuerdo, máxime que desde la firma del Acuerdo en el 2018 estas oposiciones ya existían y sobre todo, antes de comprometerse con aquellas personas promotoras o participantes del Paro Nacional y que fueron protagonistas de los temas y acuerdos de la “Gran Conversación Nacional”. Comparto por tanto los argumentos y la preocupación legitima de los gremios frente a las implicaciones de un Acuerdo tan general y tan vago en el lenguaje utilizado para su construcción.
Señalan quienes solicitan la ratificación del Acuerdo, que su ratificación disminuirá o evitará el asesinato de líderes de derechos humanos en materia ambiental, sobre este argumento considero que si la firma de Acuerdos de Paz y Tratados Internacionales produjera efectos milagrosos, hace mucho que en Colombia no se reclutarían menores para el conflicto armado, no se cometerían crímenes transnacionales, no habría minas antipersona en gran parte del territorio, ni se violarían derechos humanos, por qué para prevenir cada una de estas conductas criminales Colombia ya ha firmado bastantes instrumentos jurídicos internacionales. Sin embargo, siguen ocurriendo estas conductas perversas.
Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta y forma parte de los países que comparten la selva amazónica, pulmón del planeta y cuyos servicios ambientales a la humanidad no son debidamente reconocidos por el resto de países del mundo. Evidencia de ello, es que mientras el incendio de la Catedral de Notre Dame en París logró recolectar más de 500 millones de euros para su reconstrucción, las donaciones para hacer frente a los incendios en la Amazonía durante igual época que el incendio de Notre Dame, no llegaron a los 50 millones de euros, lo que demuestra lo subestimados que se encuentran los servicios ambientales de la selva Amazónica que es un activo estratégico de los países amazónicos que debemos defender.
La biodiversidad más que el petróleo, el café y el oro, constituye la riqueza más grande de este país, gran parte de la población desconoce su valor estratégico, pero los países más desarrollados y sus multinacionales farmacéuticas sí que lo conocen. El Acuerdo de Escazú podría ser el equivalente a “un mapa del tesoro” de los recursos ambientales de la Región de Latinoamérica y el Caribe, y les pregunto a los lectores, ¿sí su país albergara gran parte de ese tesoro, ¿a quién le compartiría dicho mapa además de los colombianos? ¿Creen ustedes que, si los países más desarrollados del planeta tuvieran en su territorio a la selva amazónica y la mayor biodiversidad del mundo, compartirían libremente con la humanidad su tesoro?
Es posible reproducir el espíritu del Acuerdo a través de una ley colombiana sin necesidad de obligarse internacionalmente, es necesario que el Gobierno nacional refuerce la seguridad de los defensores de derechos humanos, evite su asesinato y judicialice efectivamente a los culpables para evitar que se siga dando a entender entre ciertos sectores políticos que las muertes de líderes y las masacres de este país son responsabilidad directa del Estado y no de grupos delincuenciales organizados, es factible fomentar la cooperación técnica y el acceso a recursos de financiación para fortalecimiento de capacidades humanas y tecnológicas sin correr los riesgos que implica la ratificación del Acuerdo de Escazú frente a la información ambiental del segundo país más biodiverso del planeta.
Existe un principio en el derecho internacional ambiental denominado de precaución y significa que en caso de duda sobre la posibilidad o no de que una actividad genere un daño ambiental, lo mejor es abstenerse de realizar la conducta, ese principio debería ser aplicado para la ratificación de los Tratados internacionales, si existen dudas sobre el daño que pueda generar la ratificación del Tratado, el Congreso debería abstenerse de ratificarlo.
Por todo lo anterior, en mi concepto, el Congreso de la República no debe ratificar el Acuerdo de Escazú pero si debe centrarse en desarrollar la legislación necesaria para implementar los derechos ya reconocidos, el Estado debe proteger efectivamente la vida de todos sus habitantes, judicializando a los culpables de todos los homicidios en este país, fortaleciendo sus sistemas de información y acceso a esta, así como la participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones que afectan a sus territorios, promoviendo consensos entre sector público, privado y las comunidades, exigiendo que se materialice la protección ambiental y el desarrollo económico y humano.
El Acuerdo de Escazú obliga a los Estados Partes a:
- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano.
- Fortalecer la protección a los derechos de acceso, que son:
1. El derecho de acceso a la información. 2. El derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente y, 3. El derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales.
- Asegurar que se oriente y asista al público -en especial a grupos en situaciones de vulnerabilidad- en el ejercicio de sus derechos de acceso.
- Garantizar la implementación de las medidas necesarias para promover y proteger a las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promuevan la protección del ambiente, proporcionándoles reconocimiento y protección.
- Fortalecer las políticas internas e instituciones y consolidar los mecanismos efectivos que permitan a los ciudadanos el goce de los derechos ya reconocidos.
En teoría el Tratado “suena bien”, no obstante, en aras de socializar este proyecto de ley, se realizó una audiencia pública el 03 de septiembre por parte de la Comisión Segunda del Senado, se escucharon voces de representantes del Gobierno Nacional, los gremios económicos, Asocars, la Academia y Organizaciones de la Sociedad civil y de forma general esto manifestaron algunos de ellos:
La Sociedad de Agricultores de Colombia manifestó que el espíritu del acuerdo es válido, pero se preocupan por el lenguaje utilizado, se preguntan ¿qué es impacto significativo de las decisiones ambientales? En su sentir, el acuerdo vulneraría la seguridad jurídica y consideran que tenemos normas suficientes sobre participación y los derechos de los defensores ambientales. solicitaron no firmar el acuerdo y archivar el proyecto de ley.
La ANDI señaló que al ratificar este Acuerdo cedemos soberanía nacional y nos someteríamos a instrumentos de control de un sistema internacional, la CEPAL no tiene estructuras particulares para deliberaciones y controles ambientales, este no es un tratado cualquiera y Colombia cuenta con una amplia legislación ambiental, se considera que la verificación del cumplimiento de los estados partes es dar una potestad amplia indeterminada.
Desde la inversión hay sensibilidades en lo referente a la extensión de la participación pública y sería la posibilidad de que otros estados o empresas extranjeras puedan tener injerencia en decisiones de Colombia.
Señaló su representante, que les preocupaba que el estado se obligara internacionalmente como fruto de una conversación a consecuencia de un paro estatal y solicitan al Congreso no aprobar el Acuerdo.
El Director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales ASOCARS, considera positiva la ratificación del acuerdo para optimizar la gestión ambiental, es un gran impulso para el estado y fortalecimiento de capacidades, cooperación y acceso a financiamiento.
El Movimiento Ambiental señaló que las diferentes posiciones expresadas durante la audiencia evidencian la conflictividad ambiental que se vive en el país y vemos como se percibe el mundo desde los gremios, desde la academia, desde el gobierno, las intervenciones de gremios dicen que el acuerdo vulnera soberanía, lo cual es falso, se busca fortalecer al estado colombiano para garantizar derechos, el mundo necesita tender puentes de cooperación no muros de aislamiento, se dice que tenemos mecanismos de acceso a la información, en Colombia no hay transparencia en la información, no hay datos abiertos para tomar decisiones óptimas y se vive un aniquilamiento sistemático de líderes ambientales, por lo que se requiere aprobar el Acuerdo.
La Universidad del Rosario indicó que toda la participación que promueve el acuerdo es desde la legislación interna, no se impone la obligación de acudir a la CIJ, prácticamente todos los acuerdos incluyen esta cláusula de resolución de conflictos entre las partes. Indicó también que la CIDH actúa con base en la convención americana de dd.hh que ya incluye estos derechos, el Acuerdo de Escazú no crea derechos nuevos ni obligaciones que ya Colombia no tenga, considera que el Acuerdo podría reducir los litigios y aumentar los arreglos directos a través de la promoción de métodos alternativos de solución de conflictos.
Por su parte el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga indicó que consideraba inconveniente la ratificación del Acuerdo de Escazú por qué si bien es cierto que el acuerdo tiene muy buenas intenciones, consideran que duplica innecesariamente la normatividad inexistente, contribuye a la ineficiencia normativa, incrementa los costos de transacción, crea inseguridad jurídica, desestimula la inversión y promueve la creación de nuevas entidades burocráticas. Afirma que ya existen suficientes mecanismos que garantizan el acceso a la información ambiental, los procesos de consulta previa y la participación pública en los procesos de tomas ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. adicionalmente, ya existe en el país un entorno institucional que vela por el cumplimiento de esta normatividad.
La ratificación de este acuerdo implicaría la apropiación de partidas presupuestales para crear nuevas entidades que se encarguen de la vigilancia de estas obligaciones, creando más burocracia y complejizando la institucionalidad del país. Y una vez ratificado este acuerdo pondría trabas al desarrollo del país y limitaría nuestra capacidad de gestión ambiental.
DEJUSTICIA por otra parte expresó que se debe ratificar el acuerdo, por qué es una herramienta para demostrar el compromiso que tenemos con la protección de los defensores del medio ambiente, la corte constitucional ha señalado al Congreso que tiene que enfrentar las carencias para ejercer el derecho de participación que no está pudiendo ejercer la comunidad y las instituciones ambientales tienen una tarea con la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Cómo debería decidir el Congreso? En mi sentir, el Presidente Iván Duque cometió una enorme ligereza política de gran impacto y es que no consultó con los gremios productivos del país, su opinión sobre la conveniencia o no de ratificar este Acuerdo, máxime que desde la firma del Acuerdo en el 2018 estas oposiciones ya existían y sobre todo, antes de comprometerse con aquellas personas promotoras o participantes del Paro Nacional y que fueron protagonistas de los temas y acuerdos de la “Gran Conversación Nacional”. Comparto por tanto los argumentos y la preocupación legitima de los gremios frente a las implicaciones de un Acuerdo tan general y tan vago en el lenguaje utilizado para su construcción.
Señalan quienes solicitan la ratificación del Acuerdo, que su ratificación disminuirá o evitará el asesinato de líderes de derechos humanos en materia ambiental, sobre este argumento considero que si la firma de Acuerdos de Paz y Tratados Internacionales produjera efectos milagrosos, hace mucho que en Colombia no se reclutarían menores para el conflicto armado, no se cometerían crímenes transnacionales, no habría minas antipersona en gran parte del territorio, ni se violarían derechos humanos, por qué para prevenir cada una de estas conductas criminales Colombia ya ha firmado bastantes instrumentos jurídicos internacionales. Sin embargo, siguen ocurriendo estas conductas perversas.
Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta y forma parte de los países que comparten la selva amazónica, pulmón del planeta y cuyos servicios ambientales a la humanidad no son debidamente reconocidos por el resto de países del mundo. Evidencia de ello, es que mientras el incendio de la Catedral de Notre Dame en París logró recolectar más de 500 millones de euros para su reconstrucción, las donaciones para hacer frente a los incendios en la Amazonía durante igual época que el incendio de Notre Dame, no llegaron a los 50 millones de euros, lo que demuestra lo subestimados que se encuentran los servicios ambientales de la selva Amazónica que es un activo estratégico de los países amazónicos que debemos defender.
La biodiversidad más que el petróleo, el café y el oro, constituye la riqueza más grande de este país, gran parte de la población desconoce su valor estratégico, pero los países más desarrollados y sus multinacionales farmacéuticas sí que lo conocen. El Acuerdo de Escazú podría ser el equivalente a “un mapa del tesoro” de los recursos ambientales de la Región de Latinoamérica y el Caribe, y les pregunto a los lectores, ¿sí su país albergara gran parte de ese tesoro, ¿a quién le compartiría dicho mapa además de los colombianos? ¿Creen ustedes que, si los países más desarrollados del planeta tuvieran en su territorio a la selva amazónica y la mayor biodiversidad del mundo, compartirían libremente con la humanidad su tesoro?
Es posible reproducir el espíritu del Acuerdo a través de una ley colombiana sin necesidad de obligarse internacionalmente, es necesario que el Gobierno nacional refuerce la seguridad de los defensores de derechos humanos, evite su asesinato y judicialice efectivamente a los culpables para evitar que se siga dando a entender entre ciertos sectores políticos que las muertes de líderes y las masacres de este país son responsabilidad directa del Estado y no de grupos delincuenciales organizados, es factible fomentar la cooperación técnica y el acceso a recursos de financiación para fortalecimiento de capacidades humanas y tecnológicas sin correr los riesgos que implica la ratificación del Acuerdo de Escazú frente a la información ambiental del segundo país más biodiverso del planeta.
Existe un principio en el derecho internacional ambiental denominado de precaución y significa que en caso de duda sobre la posibilidad o no de que una actividad genere un daño ambiental, lo mejor es abstenerse de realizar la conducta, ese principio debería ser aplicado para la ratificación de los Tratados internacionales, si existen dudas sobre el daño que pueda generar la ratificación del Tratado, el Congreso debería abstenerse de ratificarlo.
Por todo lo anterior, en mi concepto, el Congreso de la República no debe ratificar el Acuerdo de Escazú pero si debe centrarse en desarrollar la legislación necesaria para implementar los derechos ya reconocidos, el Estado debe proteger efectivamente la vida de todos sus habitantes, judicializando a los culpables de todos los homicidios en este país, fortaleciendo sus sistemas de información y acceso a esta, así como la participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones que afectan a sus territorios, promoviendo consensos entre sector público, privado y las comunidades, exigiendo que se materialice la protección ambiental y el desarrollo económico y humano.
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