Grupos armados ilegales: grandes beneficiarios de la minería en Colombia
Por: Abogada Zinzi Melissa Cuesta Romaña
Desde hace mucho tiempo, se tiene presente en Colombia que la principal fuente de financiación para los grupos armados ilegales de nuestro país ha sido el narcotráfico, con el cual buscan cumplir sus objetivos los cuales incluyen el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero por ser esta una actividad ilícita en todas sus etapas es muy arriesgado y difícil lograr su cometido, además el capital que se invierte en esta actividad es alto.
La minería hoy en día es uno de los motores de desarrollo económico en Colombia, y con la pandemia se ha convertido en la tabla de salvación para muchos países, por las ganancias que ocasiona y los precios de los minerales preciosos, lo que ha ocasionado que esta actividad se vea permeada por la presencia de ciertos actores armados no estatales (AANE) que la han convertido en una de sus principales actividades de financiación y acceden a ella por medio de la ilicitud, ya sea extorsión, secuestro o por medio de constreñimiento ilegal. Existen factores determinantes que ayudan a la incursión de estos grupos dentro de la actividad minera, los cuales son: la rentabilidad del mineral, la zona geográfica en la que se desarrolla la minería, la comercialización, menor inversión y el abandono estatal.
Por consiguiente; el aspecto geográfico juega un papel importante en cuanto a la apropiación de la actividad minera por parte de los grupos armados ilegales, debido a que en Colombia la minería se desarrolla principalmente en zonas rurales y estas al ser lugares en muchos casos de difícil acceso, quedan muy distanciadas de los centros urbanos, esto genera facilidad para que estos grupos ingresen a dicho territorio.
Por otra parte, en las zonas rurales la población campesina muchas veces por presiones, ganas de trabajar y salir adelante, acceden a las coacciones que ejercen los grupos armados al margen de la ley y facilitan la vulneración de derechos individuales y colectivos, los cuales se encuentran consagrados en la Constitución Política de Colombia, y que en su deber ser, deberían ser salvaguardados y respetados.
Toda esta situación hace que los actores armados no estatales (AANE) los cuales ejercen un control social sobre la zona, obtengan dividendos con relación a recursos no renovables; debido a que se ha evidenciado que entre más alejado se encuentre un municipio de las ciudades principales (zona urbana) se hace más difícil la vigilancia, control y acompañamiento por parte de las entidades territoriales, facilitando así la incursión de grupos armados ilegales, adueñándose del proceso de extracción minera. “La presencia de actores armados en el territorio; actividades de explotación maderera y minera, por multinacionales y por los grupos armados ilegales; combates en sus territorios y bombardeos; maltratos por los actores armados” Garay, Cabrera, Espitia, Fierro, Negrete, Pardo, Rudas, Vargas, 2013, p. 61 citando el (Auto 004, 2009, Corte constitucional).
Es evidente que estos grupos armados para cumplir con sus objetivos realizan acciones por fuera de la constitución y la ley, lo que hace mucho más fácil que puedan desarrollar cada una de las etapas del ciclo minero, en especial la de comercialización, esto permite que coaccionen a la comunidad de un manera fácil, convirtiéndose así en la autoridad de las diferentes zonas rurales, generando gran utilidad con muy poca inversión porque en muchas ocasiones no tienen que correr con gastos de maquinaria o de implementos que se necesitan para la transformación o beneficio del mineral, ya que lo consiguen de forma intimidante y arbitraria con los propietarios de entables mineros en la que se desarrolla minería artesanal y de pequeña escala.
Es paradójico hablar de seguridad cuando los grupos armados ilegales tienen la capacidad de ingresar al negocio de la actividad minera tan fácilmente, existen demasiadas formas que se los permite, es aquí donde se evidencia la falencia del Estado en cuanto a seguridad, políticas claras y cumplimiento a cabalidad de la normativa con relación a la minería.
Para concluir, es necesario que se cree una normatividad clara y eficaz donde se desarrollen temas como el de Derechos Humanos, patrones de comercialización, políticas ambientales y de seguridad, con el fin de que no exista cabida para estos grupos armados y no logren su cometido, el cual es desprestigiar y convertir a la minería en su principal actividad económica, debido a las características de factor geográfico, menor inversión, abandono estatal, comercialización y rentabilidad, las cuales son la razón por la que los grupos armados al margen de la ley quieren ingresar al negocio minero y así financiar sus acciones delictivas y comisión de delitos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Garay, L., Cabrera, M., Espitia, J., Fierro, J., Negrete, R., Pardo, L., Rudas, G., Vargas, F. (2013). Minería en Colombia, Derechos, políticas públicas y gobernanza. Recuperado de https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/472306/01_CGR_mineria_I_2013_comp.pdf/40d982e6-ceb7-4b2e-8cf2-5d46b5390dad
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