El 8 de marzo: una fecha para conmemorar y honrar todos los días 
 
Aunque el 8 de marzo sea la fecha que la  ONU institucionalizó como Día Internacional de la Mujer, el recordatorio sobre el propósito de luchar en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las Mujeres en cualquier edad, no puede reducirse solamente a esta fecha y menos en una época en la que estamos presenciando que se avanza en la conquista de derechos, pero se retrocede en la garantía para su ejercicio.
 
La igualdad total, real, efectiva, inmediata, sólida, permanente e inmarcesible para las Mujeres no puede dar más espera y su reconocimiento no puede ni debe continuar a cuenta gotas.  Urgen actos y conductas que se materialicen a diario en todo los escenarios de lo público y de lo privado con tratos que den cuenta de que no hay, ni volverá a presentarse, discriminación alguna, imposición de credos y doctrinas, ni estados y Estados de esclavitud o que esclavicen, que victimicen y atemoricen, y menos condicionamientos para ejercer plenamente la libertad.
 
Debemos, entonces, todos los días, en todos los espacios y no solamente en el día internacional de la Mujer, alzar las manos para recordar y confirmar que hemos estado, estamos y estaremos presentes en la historia de la humanidad y que ningún esfuerzo, grande o pequeño, por invisibilizarnos, destruirnos o perseguirnos, tendrá éxito.  Ningún esfuerzo por discriminarnos, someternos a los acostumbrados y hasta disimulados abusos, engaños y manipulaciones, se mantendrá vigente o impune, porque tenemos las manos levantadas siempre para ayudar, servir, hacer, crear, consolar, abrazar, desarmar, amar, aprender, defender y defendernos, unir y unirnos, sumar y sumarnos, pero nunca para discriminar o discriminarnos.
 
Llenemos cada día de los propósitos que para la defensa de las Mujeres se conmemora el 8 de marzo e imitemos a todas esas mujeres que con su vida y obra han hecho historia, que han roto techos de cristal, que nos han heredado espacios laborales, políticos, sociales, académicos, científicos y culturales y edifiquemos en ellos esperanza, paz, colaboración, justicia, equidad y reivindicación.
 

Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
3108371657
 
 
 
.

Que vergüenza la homofobia
​
Qué vergüenza hallar, aún, personas que se atreven a irrespetar los derechos constitucionales fundamentales de expresión y al libre desarrollo de la personalidad, mediante actos con los que ponen en evidencia odio y discriminación como fue el desmonte y la destrucción, en el Pueblito Paisa de Medellín, de la bandera que identifica a la Comunidad LGBTIQ.

Estos actos encierran un germen de lo que otrora se vivió en el holocausto nazi, por eso todas las autoridades y la sociedad civil sea LGBTIQ o no, deben, desde ahora, tomar acciones para reprender y rechazar estos actos y garantizar la efectividad de los derechos en un país pluralista como lo es Colombia.

La expresión de una Comunidad que decidió hace 50 años no tolerar más el abuso policial y protestar por seis noches consecutivas y que es la génesis del movimiento de liberación gay, no será callada por el hecho de que unos o algunos maltraten su bandera, pero maltratar la bandera LGBTIQ es una forma de mordaza, de censura, de afectación a la libertad de expresión entre otros derechos constitucionales fundamentales, es una vulneración flagrante del Estado Social de Derecho y un claro incumplimiento de los deberes ciudadanos contenidos en el Artículo 95 de la Constitución, esto es:

“Artículo 95. ... Son deberes de la persona y del ciudadano:

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;”.

Nada de honra, ni de gloria, hay en esos actos de discriminación, por lo tanto, la respuesta debe ser el ejercicio de las acciones legítimas y válidas ante y con las autoridades, para que en la historia quede claro que el camino no es la violencia, la provocación, la tiranía, la persecución, ni las ejecuciones, y que quienes despliegan odio ante la diferencia, se conducen de forma equivocada en la sociedad que estamos construyendo: Una Sociedad Libre, Igualitaria, Democrática, Pluralista, Digna, basada en el Interés General y en Paz.

Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
3108371657
direccion@vozjuridica.com

Obras y No Símbolos, Son Amores y No Buenas Razones

Hoy 28 de junio de 2019 en el que se celebra el día del Orgullo Gay, he visto en redes sociales como muchas organizaciones gubernamentales de distintas ramas del poder público, entidades bancarias, emisoras y otro tanto de las no gubernamentales, decidieron incluir la bandera gay en sus logotipos y hasta izar la misma.  

Este acto que no se qué tan pasajero o duradero será, ni qué intención encierra, que de buena fe pienso puede ser la inclusión o como más me gusta decirlo y entenderlo: la no exclusión, me llevó a hacerme la pregunta de si ¿todos los que hoy decidieron izar la bandera del orgullo gay lo hacen porque realmente aceptan la diferencia, la diversidad, el pluralismo, el libre desarrollo de la personalidad, en fin... o porque es otra forma para vender más, aumentar el rating y ganar votos?

En el día del Orgullo Gay la invitación es a dividir y clasificar menos a las personas como LGBTIQ, porque a ese paso no alcanzará el alfabeto, por lo tanto, emprendamos la campaña de reconocer a todo ser humano más allá de lo que libremente decida escoger como forma de vida y de familia o con quién o cuántas personas decida acostarse o convivir. La doble moral no edifica.

La aceptación del otro no la determina la decisión de izar una bandera con todos los colores, sino el respeto que a diario brindemos, sin discriminación alguna, sin señalamientos, sin persecuciones, ni ejecuciones, sin juzgar y sin agresiones a la integridad física y psicológica del otro como otro.

Un verdadero Estado Social de Derecho materializa la igualdad, la libertad, el pluralismo y la diversidad con hechos claros que garantizan las oportunidades para todos y mejores condiciones de vida digna, así no adopte por un día los colores del arco iris.

Obras y No Símbolos, Son Amores y No Buenas Razones.

Abogada Gloria Yaneth Vélez Perez
3108371657
direccion@vozjuridica.com

​Comentarios a los Argumentos incluidos en el escrito de Tutela interpuesta para solicitar la protección de los derechos del Doctor Antanas Mockus 
 
El 11 de abril de 2019, la Sección Quinta del Consejo de Estado emitió sentencia declarando la nulidad de la elección del Doctor Antanas Mockus como Senador de la República, por estimar que se encontraba inhabilitado, razones que expuso en la sentencia.
 
Según se lee en redes sociales, el Doctor Antanas Mockus por intermedio del Abogado Humberto de la Calle, interpuso una acción de tutela en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado por considerar que con la decisión de anular su elección, le ha vulnerado los derechos constitucionales fundamentales:  “al non bis in idem y al debido proceso (art. 29 CP), a la tutela judicial efectiva (art. 229 CP), a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (art. 40-1 CP), así como los derechos políticos de más de 500.000 ciudadanos que depositaron su confianza en él y lo eligieron como Senador de la República para el periodo constitucional 2018-2002”. (Fuente:  texto de la Acción de Tutela).
 
Por tratarse de un tema de interés jurídico y no sólo político, dado lo que se discute y las razones que se invocan en el escrito de tutela, de forma respetuosa expongo unos primeros comentarios sobre el escrito de la tutela, con el fin de abrir el debate académico, ya que, a mi juicio, es un asunto que interesa al Derecho Constitucional, Administrativo y Procesal.
 
Debo indicar que luego de leer con atención el escrito de tutela, encuentro muy interesantes los argumentos que brinda el Doctor Humberto de la Calle para fundamentar la acción, no cabe duda que hay un esfuerzo por ofrecer razones que sustenten la inexistencia de una inhabilidad, sin embargo, no creo que los argumentos estén llamados a prosperar, por lo siguiente:
 
1.     Primer cargo de la Tutela:
 
En el primer cargo, indica el Doctor de la Calle que existe un fallo de la Sección Primera del Consejo de Estado que aún no está en firme porque fue objeto de apelación, pero que absolvió al Doctor  Antanas Mockus sobre su inhabilidad y que, por lo tanto, la Sección Quinta no podía pronunciarse en sentido contrario a ese fallo porque vulneraría el principio del non bis in ídem, en razón a que “El artículo 1o de la ley 1881 de 2018 establece que  “si una misma conducta da lugar a una acción electoral y a una de pérdida de investidura, entonces “el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados”.” 
 
Sobre este argumento, en mi opinión, el Doctor De la Calle pretende que el Consejo de Estado le dé fuerza vinculante a un fallo que fue apelado y cuya decisión definitiva para confirmarlo o revocarlo no ha sido tomada.  Es que un fallo no ejecutoriado aún no es un fallo y aceptar lo contrario equivale a sentar un precedente nocivo para la presunción de inocencia y equivale, en lo querido por el Tutelante a aceptar que si el fallo sin ejecutoriar beneficia al demandado, le cree una suerte de derechos aunque no esté aún en firme, lo cual, aunque sea el ideal de muchos Abogados para algunos casos, en estricto derecho sería nocivo para la Institución jurídica del contradictorio.  Es que ni siquiera en Derecho Penal, un fallo absolutorio es garantía de que se mantenga la absolución si dicho fallo es apelado, por la sencilla razón de que no está aún en firme, es más, incluso luego de la sentencia de segunda instancia, la vía de la casación es aún una posibilidad de que la decisión sea modificada. 
 
Así entonces, procurar cambiar la institucionalidad jurídica, sólo porque se trata del Doctor Antanas Mockus, es argumentar desde la falacia de la falsa autoridad o desde la falacia adverecundiam, ésta última creada por Locke hace más de 300 años.
 
A mi juicio el argumento en este caso sobre el non bis in ídem, no es de recibo y además en nada discute el fondo de la inhabilidad del Doctor Antanas Mockus.
 
 
2.    Segundo y tercer cargo
 
En el segundo cargo el accionante argumenta que la Sección Quinta del Consejo de Estado hizo una interpretación extensiva de una inhabilidad, y la sustenta el tutelante en el entendido de que como el Doctor Antanas Mockus no fue quien firmó los contratos con el Estado en representación de Corpovisionarios, no puede aplicársele la inhabilidad ni ser considerado el Representante Legal de dicha Corporación, máxime que él delegó tal facultad en el Director Ejecutivo, lo cual, en sentir del Abogado De la Calle, era suficiente para entender que el representante legal ya no era el Doctor Antanas. 
 
En el tercer cargo y sobre el mismo asunto señala que no se valoró la prueba porque se le mantuvo al Señor Antanas Mockus la inhabilidad considerándolo el representante legal de Corpovisionarios, no obstante que la representación legal fue delegada por el mismo Antanas Mockus en el Director Ejecutivo.  Agregó que el Consejo de Estado no podía interpretar, como lo hizo, lo relacionado con la delegación realizada por el Doctor Antanas, es decir, que el Consejo de Estado no debió asumir la delegación para firmar contratos como un mandato, sino como una entrega total de la representación legal, que lo despojaba de las implicaciones que tal condición le imponía. 
 
Sobre el particular, se considera que el Doctor De la Calle olvida que la representación legal de una persona jurídica se define en los Estatutos y se otorga por el órgano colegiado a una persona, la cual, aunque delegue, no puede desprenderse de tal responsabilidad y aceptar algo semejante, es crear una forma de eludir el ordenamiento jurídico general por vía estatutaria, es decir, que puede un particular crear normas internas que excepcionen el ordenamiento jurídico. 
 
Los argumentos que se exponen en la tutela no desvirtúan jurídicamente la inhabilidad ya que si bien el Director Ejecutivo firmó los contratos por un acto de delegación y como lo señala De la Calle las entidades públicas entendieron que en los contratos la Corporación se obligaba a través de éste, lo cierto es que en el Registro Público que sobre la representación legal administra la Cámara de Comercio, sólo figura como representante legal el Doctor Antanas Mockus y es éste el único acto oponible a terceros, lo demás es una situación interna de la Corporación, funcional y de mandato como lo precisó el Consejo de Estado, porque si la representación legal hubiese sido efectivamente trasladada al Director Ejecutivo, ella se hubiese tenido que inscribir en el registro Público de la Cámara de Comercio.
 
Hay que separar la facultad de delegar la representación legal que como función se indica en los Estatutos que figuran en el Certificado de la Cámara de Comercio para firmar contratos, del cambio de representación legal que ante la Cámara de Comercio debe surtirse e inscribirse con nombres propios porque ella es intuito personae y ese cambio no se hizo en la correspondiente Cámara de Comercio y no es un asunto de mera formalidad como se argumenta en la tutela.
 
Otro argumento que se expuso, está relacionado con el derecho a elegir y ser elegido y se sustenta en que más de 500.000 ciudadanos votaron para elegir al Doctor Antanas Mockus.  Esto, sin duda, políticamente es algo de suma importancia, sin embargo, frente al derecho, la cantidad de electores no convierten, por ese solo hecho, una situación que no se ajusta a derecho a una situación ajustada a él.  Un argumento de esa naturaleza conllevaría a generar unos precedentes que permitirían excepcionar el ordenamiento jurídico por el hecho de obtener un significativo número de votos en procesos de elección popular, lo cual implicaría decidir a partir de la falacia de “apelación a la multitud”, también conocida como “sofisma populista o argumento ad populum”.

Por lo expuesto, en lo anotado en la acción de tutela, no hallo razones para desvirtuar la existencia de la inhabilidad en el Doctor Antanas Mockus y tampoco encuentro que el principio del non bis in idem se le hubiese vulnerado, porque no hay un fallo anterior en firme que haya decidido el caso de forma más benéfica para el Doctor Antanas Mockus.
 
Como lo señalé al inicio, dada la importancia jurídica del caso lo que busco es propiciar el debate académico sobre el tema.
 
 
Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez 
Directora Portal www.vozjuridica.com
3108371657
 

Dilema de los buenos (heterosexuales) y los malos (LGBTI) o viceversa y en sentido contrario
​
Los recientes hechos de presunta discriminación que se presentaron en el Centro Comercial ANDINO ubicado en la zona rosa de la ciudad de Bogotá, concretados en la reacción violenta de un ciudadano en contra de una pareja de jóvenes gay, porque, según su parecer, ellos se tocaban de forma tal que podían escandalizar con ello, según él, moralmente a un grupo de niños que se hallaban jugando, pone de nuevo en el debate público lo que significa un Estado pluralista, democrático, liberal, que propugna por la igualdad real y por una paz estable y duradera.

Y resurge el debate de forma concreta en relación con los derechos, también deberes, de la población LGBTI, pero también de aquella que no lo es, ya que en una Estado plural, diverso, que reconoce la igualdad y la libertad, los derechos y los deberes deben tener vocación universal, nos guste o no.
​
De los derechos de los heterosexuales y de los que no son homosexuales, no hay mucho que decir, ellos están reconocidos, ejercidos y protegidos desde siempre, claro que más los derechos de los hombres que los derechos de las mujeres, salvo el eterno derecho a reproducir de las mujeres, en veces o muchas veces impuesto, porque, eso sí, el derecho a votar se les restringió a las mujeres hasta 1957, sin importar su condición de heterosexual, lo cual confirma una moral selectiva y de conveniencia en la comunidad heterosexual.

Ahora, en relación con los derechos de la población LGBTI, ellos son históricamente recientes, aunque su práctica sea de todos los tiempos en la clandestinidad y contra toda persecución.  Sin embargo, ya los derechos de la comunidad LGBTI, como derechos, guste a muchos o a pocos, o no guste ni a muchos, ni a pocos, tienen amparo constitucional y legal, su reconocimiento ya no es un clamor, sino un hecho. En ese sentido, la invitación es a que muchos no hagan el ridículo, ni incurran en infracciones jurídicas al exponer sus prejuicios, frustraciones, homofobia y doble moral, y menos violentamente, porque esos actos, en veces conductas, en nada le aportan al ejercicio pleno de la libertad, la igualdad y la paz en un Estado que se ha proclamado como Estado Social de Derecho.

Las personas deben ser libres para decidir con quién se acuestan y con quién se levantan y eso hace parte de su derecho a la intimidad y al derecho al libre desarrollo de su personalidad, y también deben serlo para decidir a quién, cuándo y cómo brindarle y expresarle su afecto, consentido por supuesto, y esto debe ser respetado si se hace en público, naturalmente, sin que esas manifestaciones afectuosas constituyan actos obscenos que atenten contra la poca moral que aún queda, pero la calificación de obsceno no es el producto de la simple creencia individual.

Las explosiones de paternidad para coartar el ejercicio de lo que me atrevo a denominar derecho a dar y recibir afecto con mutuo respeto, so pretexto de que se está velando por los derechos de los niños, es una falacia, un sofisma, que, a mi juicio, en el caso de lo sucedido en el ANDINO, es la falacia de “petición de principio o petitio principii”, cuya estructura del sofisma sería:

                        Todos los tocamientos en público de los gay corrompen a los niños
                               ¿por qué corrompen a los niños los tocamientos?
                                       Porque son tocamientos de los gay
 
                                                         (Y nada más alejado de la realidad)
 
Cuando la realidad es que reaccionar violentamente delante de los niños, para afectar el ejercicio de un derecho, es más bien una forma de negarle a los mismos niños, la oportunidad de que puedan crecer reconociendo y aceptando la diferencia, y de que sean más libres si desde temprana edad se les brinda una adecuada educación sexual, en valores, libre de prejuicios, respetuosa de la pluralidad y la diversidad y se  les deja claro que la homosexualidad no es, ni pecado, ni delito, y que la población LGBTI no tiene negado ni a Dios, ni al Estado y menos al Estado de Derecho, en el que sus derechos le alcanzan, incluso,  para conformar y disfrutar de su propia forma de vida y de familia, aunque esa forma no responda a la concepción clásica de familia, muchas veces integrada por padres y madres casados múltiples veces, viviendo con "los tuyos, los míos y los nuestros" o "rejuntados" (en uniones maritales de hecho), de manera simultánea con su matrimonio vigente, aunque sea el segundo o tercero o más, según la moral, suerte o conveniencia, o también disuelto.
​
Tal vez, en ese dilema de los buenos (heterosexuales) y los malos (LGBTI) o viceversa y en sentido contrario, la sociedad debería preguntarse: ¿qué es lo que necesitamos más?, ¿personas que se consideran mejores por sus prácticas heterosexuales?, ¿personas que se consideran mejores por sus prácticas homosexuales? o ¿simplemente lo que necesitamos es:  mejores personas que, más allá de sus gustos sexuales, sepan lo que es la solidaridad, la concordia, el respeto, la responsabilidad, la ecosensibilidad, vivir en paz, la felicidad, la unidad, el trabajo en equipo, la fraternidad, la gratitud y el verdadero afecto y obren en consecuencia?.
 
GLORIA YANETH VÉLEZ PÉREZ
Directora Portal
www.vozjuridica.com
Email:  direccion@vozjuridica.com
3108371657

El 25 de noviembre se instituyó por parte de las Naciones Unidas como el día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, este es uno de los logros internacionales que obtiene la mujer para que sus derechos logren una mayor materialidad. Aunque importante es precisar que el 25 de noviembre tiene su origen en 1981 en el contexto del Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, allí 262 mujeres reunidas se comprometieron a conmemorar el 25 de noviembre como día internacional de no a la violencia en contra de las mujeres y de este dato histórico da cuenta la Casa de la Mujer en su sitio web.

Y aunque de gran relevancia es que se tenga un día para hacer un mayor eco a la eliminación de la violencia contra la mujer, es claro que cada día es propicio para que todo tipo de violencia (física, psicológica, emocional, espiritual, política, académica, religiosa, cultural, de género, credo, raza) que se ejerza contra la mujer, sea abolida o al menos reprendida o reflexionada.

La Mujer a lo largo de la historia ha sido invisibilizada en muchos escenarios:  político, laboral, académico, social, cultural, religioso, entre otros, aunque ha sido usada en los mismos escenarios y en muchos hasta abusada, desprestigiada, subutilizada, maltratada, humillada, golpeada, discriminada, escondida y muchas otras atrocidades que están bien documentadas y registradas en los anaqueles de bibliotecas, juzgados, empresas, instituciones educativas, organizaciones estatales, organizaciones no gubernamentales, Clinicas y Hospitales, organizaciones religiosas, archivos personales y sobre todo en la mente y el corazón de cada mujer.

No ha sido fácil para las mujeres conquistar un espacio.  Los espacios religiosos y académicos se conquistaron primero antes que los políticos y laborales, aunque dichos espacios fueron primero en calidad de ayudantías y ecónomas y sólo con el pasar del tiempo las ideas de las mujeres en lo político y académico, empezaron a tener un poco de consideración, sin embargo e infortunadamente, la ambición y la creencia de superioridad masculina siempre salió al paso para derruir los espacios conquistados por mujeres.  

Infortunadamente, muchos hombres veían a la mujer como una peligrosa rival que debía mantenerse sometida, muchos ni siquiera la reconocían como rival válido y; unos u otros, acudían al descrédito, disminución, invisibilización,  desconocimiento y deslegitimación y otro tanto a la violencia física, aunque lo otro también era y es violencia, porque es la violencia de la descalificación y el desconocimiento que se traduce en hacer ver y creer que la mujer no es apta sino para ciertas labores y oficios, pero no para pensar, dirigir, administrar, devengar un salario, participar en política con voz y voto, decidir su rumbo de vida y autodeterminarse.

En muchos contextos políticos se podía ser mujer con grandes ideas y grandes obras, pero siempre que la mujer se situara detrás de un hombre, aunque éste no tuviera ideas, no tuviera obra, ni fuera grande.  

Si una mujer florecía, conquistaba espacios de acción e interacción, conquistaba jeans o escotes, o conquistaba en sí misma el empoderamiento necesario para enfrentar el mundo dominado por lo masculino y reclamar de él, en él y dentro de él un espacio igualitario, se veía abocada a que los señalamientos y persecuciones violentas le llovieran cual tormenta capaz de derribarla o desenraizarla, aunque para ello tuvieran que acudir a vulnerar, incluso su dignidad.

Lo que se ha afirmado ha ocurrido en todas las latitudes, ningún contexto geográfico escapa en la historia a estas descripciones, en ellos se encuentran registros claros y contundentes que dan cuenta histórica, pero también presente, de que en relación con la conquista de derechos y logros de las mujeres:  Hay personas que por frustración, envidia, ingratitud, resentimiento, ignorancia, deslealtad, falta de ética interpersonal, inseguridad, incompetencia, imprudencia o simplemente porque se trata de mujeres,  dan rienda suelta a señalamientos y afirmaciones mentirosas que las desprestigian y las difaman, olvidando que cuando se acude a esa mala práctica, lo que logran es desprestigiarse, dejar de ser de confianza y perder credibilidad y respeto en el devenir histórico que les dejará un registro no grato por ser generadores de actos de violencia contra la mujer, afirmación esta confirmada en los argumentos fundantes y fundamentadores de los derechos y espacios hoy reconocidos.

Lo descrito, pasaba y aún pasa en todos los escenarios:  políticos, laborales, académicos, sociales, deportivos, entre otros, y era y es, realmente lamentable porque dicha conducta se enmarcaba y enmarca en una mala práctica que no edifica nada y lo que desvela, sobre todo en lo político, es a personas que acuden a falacias como la del ‘Argumento ad hominem’  “que, traducido del latín, significa ‘Argumento contra el hombre’ (la persona, en este escrito la mujer) y se trata de una de las falacias más famosas y utilizadas en múltiples discusiones cuando una de las partes (por lo general el hombre con una conducta mentirosa, frustrada, envidiosa, insegura, resentida, imprudente, etcétera), en lugar de rebatir lo que la parte contraria dice y argumentar su postura con algo demostrable que le dé la razón lo que hace es ofender al contrincante.” (En este contexto la mujer y tal vez esto hace parte de las causas del retraso en el reconocimiento igualitario de los derechos). De hecho en Colombia el derecho al voto solamente le fue reconocido a la Mujer en 1954 y materializado apenas en 1957, aunque ello no implicó, per se, la ocupación de liderazgo en cargos y dignidades políticas, pues ello ha implicado otro proceso de luchas para poder conquistarlos.

Tal vez una de las causas de la violencia contra las mujeres está representada en que las mujeres hemos colonizado y conquistado espacios y protagonismos que han sido muy del género masculino, y tal vez el medio más usado por hombres en contra de las mujeres ha sido el argumento de la ofensa, descrédito, desprestigio e inutilidad, muy propio de falacias como la mencionada ‘Argumento ad hominem’.

Sin embargo, una sociedad que aspira a vivir en paz y a mejorar procesos y resultados, debe rechazar con vehemencia a todo aquel, no sólo hombres, que tiene por mala práctica el ‘Argumento ad hominem’ o lo que es lo mismo el ‘Argumento contra el hombre’ (la persona y no sólo la mujer).

El debate siempre será un buen camino para reconocernos y aceptarnos en la diferencia,  pero la descalificación del otro no puede nunca hacer parte de un buen debate y menos de un buen argumento.

Que la eliminación de la violencia, no sólo de la mujer, se convierta en un tema cotidiano para que cada día la práctica y acciones se dirijan en ese sentido y que no lo recordemos sólo el 25 de noviembre de cada año.


Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez 
3108371657

En Colombia existe el derecho a la igualdad, pero... ¿unos son más iguales que otros?

​Luego del debate político realizado el 16 de agosto de 2016 en el Congreso de  la República a la Ministra de Educación Gina Parody, se extrae un preocupante mensaje que desnaturaliza el Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista que según la Constitución Política de 1991 es Colombia y ese mensaje que se extrae de la intervención de varios congresistas es que la igualdad si existe en Colombia, pero que unos son más iguales que otros, que la tolerancia existe porque les toca, que la participación para algunos se permite, pero no se les acepta como válida si de ajustar, mejorar, actualizar o discutir paradigmas se trata, que la libertad es un derecho si quienes lo ejercen son las mayorías que tienen una cosmovisión preconcebida y consensuada de su propio ideal de moral, de valores y de principios, aunque sean excluyentes y discriminatorios y se extrae además de la intervención de varios congresistas el mensaje según el cual hay que tolerar en Colombia que a la población LGBTI se le prive de Dios, del Estado, de la Igualdad, de la libertad, de la educación y también de la FAMILIA, lo cual se suma a otras privaciones que padecen, a título enunciativo,  otro conjunto de poblaciones como las que están en situación de discapacidad: privadas ellas de las vías, de la tecnología, del transporte, del empleo real y efectivo, del ingreso no a una parte, sino a toda la infraestructura e instituciones del Estado, del goce de una recreación, de una salud óptima y de la oportunidad de educarse según sus talentos y no según la poca oferta del mercado.  Y si seguimos sumando desigualdades podemos agregar a los deportistas, a las poblaciones afro e indígena, a los desplazados, a los habitantes de calle que ya no tienen calle, ni casa, ni hogar, ni familia y ni Estado y podemos sumar también a las víctimas de tantos vejámenes.  Señores congresistas: ha quedado claro el mensaje:  la igualdad existe en Colombia, pero para ustedes unos son más iguales que otros. 

Gloria Yaneth Velez Perez
Abogada
Especialista en Derecho Público
Especialista en Derecho Civil
Candidata a Magister en Derecho Procesal Contemporáneo
Candidata a Doctora En Derecho
Conciliadora en Derecho
Email:  direccion@vozjuridica.com
​3108371657

Algunas elucubraciones, reflexiones, pensamientos, en fin... no absolutos, ni definitivos, sobre el tema ventilado por la Periodista Vicky Dávila:

Sigo pensando y pensando en cuál fue el daño que hizo @vickydavilalafm con la publicación del sonado video y la verdad aún no logro identificar con exactitud, desde el punto de vista jurídico, ese daño por lo siguiente:

1. Daño a la intimidad? No es muy claro. Realmente uno de los actores del video que se mostró más afectado por su publicación es una persona de la esfera pública que ha contribuido a dirigir y determinar los destinos del país, así que saber socialmente su orientación sexual tal vez sería necesario, a mi juicio, como conocer su filiación política, porque ello ayuda a entender un poco los prejuicios, juicios y decisiones políticas, jurídicas y administrativas en las que intervenga. Además no fue la Periodista quien realizó la grabación (aunque claro la reprodujo y bueno las palabras de la esfera íntima, se le digan a quien se le digan, son de la esfera íntima?

2. Daño a la familia? No lo sé, tal vez si la esposa no le hubiese dejado claro al país cuánto comprende a su esposo, lo entienden y lo aceptan, pensaría que hay daño efectivo, pero como tal preferencia no es un delito en Colombia, no es un pecado y goza, al parecer, de plena aceptación de la familia, su práctica no será, entonces, tal vez, causal de divorcio y seguramente tampoco de nulidad del matrimonio. Por su puesto que comprendo que el contenido del video tal vez no era para todas las edades, ni para todos los miembros de su familia. Y bueno las palabras de la esfera íntima, se le digan a quien se le digan, son de la esfera íntima?

3. Daño al libre desarrollo de la personalidad? Creo que nadie en este país le cuestiona sus preferencias y no habría por qué hacerlo, es más, tiene una familia de pensamiento liberal en un país pluralista.

Así que sigo, por curiosidad académica, buscando el daño pues como lo dije no son absolutas, ni definitivas estas reflexiones.

Por ahora, creo que el vídeo mantiene el contexto que le dieron: una presunta red de prostitución y mantiene su función, tal vez servir de prueba o dar alguna luz al respecto en procesos con alcance jurídico cuyo valor probatorio darán las autoridades competentes.

Quedará si abierta la pregunta sobre cuál hubiese sido la parte del video que debió hacerse pública en el contexto que tiene para haber evitado tanta lluvia de opinión y los efectos y consecuencias políticas apresuradas que hoy todos conocemos.




Abogada Gloria Vélez

¿En dónde está el Derecho?

Una referencia sobre el Derecho se encuentra en las Constituciones Políticas que adoptan los Estados, muchos de los cuales se identifican o erigen como Estado de Derecho o Estado Social de Derecho. Particularmente en Colombia el Estado se ha declarado como Estado de Derecho y ha evolucionado a Estado Social de Derecho tal y como se indica en el Artículo 1 de la Constitución Política de 1991, aùn vigente. Sobre estos tipos de Estado, importante referencia realiza el Profesor Luis Villar Borda en su escrito “Estado de Derecho y Estado Social de Derecho” y al respecto señala:  “El concepto de Estado de derecho, tal como se le conoce en la época moderna,  nace en el ámbito jurídico-político alemán entre los siglos xviii y xix y tiene un origen claramente liberal. Se trata de oponer un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano al despotismo del Estado absolutista. La idea básica de este concepto de Estado de derecho consiste en que su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo y, de esa manera, conformar su carácter como “ente común (res publica). Se trataría de un orden estatal justo expresado a través de una Constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos. Si bien esta noción del Estado de derecho tiene ancestros que pudieran llevarnos hasta la antigüedad griega y romana y la Edad Media, lo mismo que manifestaciones importantes en la época de la Ilustración, sólo puede decirse que se precisa científicamente a partir de la obra del profesor alemán Robert Von Mohl (1799-1875). El profesor determina entre las formas de Estado, el Estado de derecho “de los tiempos modernos” y lo caracteriza así: “Su esencia se sitúa en el hecho que protege y estimula el desarrollo de todas las fuerzas naturales, desarrollo reconocido por el pueblo como objetivo de la vida del individuo y el conjunto de la sociedad”.  A pesar de que la idea liberal establece el deber del Estado sólo allí, donde el individuo no se baste a sí mismo, el Estado de derecho así concebido incluye tareas económicas y culturales, superando el concepto de Kant, quien establece una separación entre el Estado de derecho y el Estado de administración”.  Y ya sobre  el Estado Social de Derecho Agrega en su escrito el Profesor Villar Borda que “Como Estado social se define aquel que acepta e incorpora al orden jurídico, a partir de la propia Constitución, derechos sociales fundamentales junto a los clásicos derechos políticos y civiles. Se habla de derechos de segunda generación y más adelante se vendrán a complementar aún con los de tercera generación. La característica de los derechos sociales es que no plantean, como las libertades civiles y políticas, derechos negativos de defensa, sino fundan derechos de prestaciones a cargo del Estado. La primera Constitución en consignar tales derechos fue la alemana de 1919, conocida como Constitución de Weimar. Luego la Constitución de la República española (1931) y varias otras, entre ellas la colombiana de 1936, incluyeron algunos de esos derechos. Esto era apenas un esbozo de lo que después habría de ser el Estado social de derecho, que además ha recibido otras denominaciones como las de “Estado de bienestar (Welfare State)“ o “Estado neocapitalista” “.
​
Y aunque sobre el Estado se alude a que pueden ser de Derecho y muchos ya se erigen como Sociales de Derecho, no quiere ello significar que la existencia del Derecho esté atada al reconocimiento o posición que de él se hace en un texto constitucional, sino que a lo largo de la historia el Derecho se ha acuñado como un campo del conocimiento. Diferentes escuelas del pensamiento se han ocupado de definir el derecho y de plantear lo que estiman es el mejor modo de concebirlo, configurarlo y aplicarlo, para muchos como el positivista formalista Hans Kelsen el Derecho es ciencia  y para otros, entre ellos, Carlos Marx y Michel Foucault considerados entre los Maestros de la Sospecha no es ciencia alguna, sin embargo, sobre tales aspectos, no es la reflexión que realizaré o que pretendo generar con este escrito, en el que insinúo que, a pesar de los innumerables esfuerzos de los iusteóricos, el derecho ha perdido visibilidad, dominio y reconocimiento en los diferentes escenarios de la vida de los seres humanos. 
 
Sobre el derecho, un importante autor reconocido por la comunidad Jurídica y científica del derecho llamado Francesco Carnelutti, indicó que “el derecho nace bajo el signo de la contradicción: se sirve de la guerra para combatir la guerra; para que el bandido no ataque al caminante (persona de a pie y de bien), el carabinero (Estado, fuerza pública legítima) ataca al bandido”.
 
El derecho también se ha edificado como un medio apto para regular las relaciones entre las personas, naturales y jurídicas, y entre los Estados y entre ellos con la personas,  en escenarios de lo público y de lo privado, en un contexto nacional e internacional, logrando una clasificación entre Derecho Público y Derecho Privado y una bifurcación amplia de esa clasificación, la cual en la actualidad ya no logra sostenerse por cuanto es innegable que el Derecho Público tiene alta presencia en la esfera de lo privado y en su praxis se entrelaza con las instituciones y principios del ámbito privado llevando a pensar en que el Derecho es uno solo y se manifiesta en una forma temporo-espacial como público o como privado según el objeto que esté en acción de regulación, reglamentación o en aplicación, pero siempre en una interactiva y sistémica relación. El derecho, igualmente, se ha reconocido como el  garante de derechos subjetivos en tanto con él es posible no solo consagrar las garantías que permiten su ejercicio, sino la forma de lograr su restablecimiento y de evitar los abusos y amenazas a los mismos, bien por el Estado y/o por los particulares. Es más, con el Derecho, y por virtud de él, es posible prescribir, mandar, prohibir, permitir, sancionar, formar, reformar, transformar, reprimir, hacer, deshacer, pactar, conciliar, transigir, desistir, proteger, garantizar, en fin…y todo ello, en la esperanza de un Derecho válido, validez que para autores como el Iusteórico Robert Alexy, inscrito en la teoría de la vinculación entre la moral y el derecho,  debe estar contenida y representada en la triada de una validez moral, validez jurídica y validez social.

Pero, si el derecho es todo lo que he enunciado y mucho más, la pregunta que con preocupación hago, es:  ¿En dónde está el Derecho?.  Y esta pregunta la formulo porque si bien el derecho existe, la existencia de algo no determina, per se, la presencia y acción de ese algo, toda vez que la existencia puede ser pasiva, inactiva o ignorada. 

Formulo además la pregunta de ¿en dónde está el derecho? Porque hoy la humanidad, en todo el orbe, no solo vivencia actos y hechos atroces, injustos y corruptos al extremo, sino que se enteran de ellos, y de otros, a través de las noticias de los últimos años y hasta hoy, que muchos Diarios de amplia, y también de restringida, circulación, física y electrónica, informan y en los que se puede ver y/o inferir a:   Militares que abusan de los menores y de la población civil en general; Gobernantes que no velan por los Gobernados, servidores públicos que desconocen el interés general y para quiénes el saber o no saber de lo público poco importa siempre que haya mediado una elección popular; padres que abusan de sus hijas y de sus hijos; madres que comercializan con sus hijas; médicos y enfermeras que venden a los bebes y mujeres que los hurtan a sus madres; fosas comunes creadas por la fuerza y por la fuerza pública; inconformes que se toman las instituciones por la fuerza de la mayoría aunque no tengan la razón ni la razón jurídica; Jueces y Magistrados que fallan en política, por política y para… la política y ni siquiera en equidad y sin dejar espacio ni para un mal arreglo, ni para un buen litigio, además de alejar en las personas la esperanza en una pronta y real justicia; Fiscales del lado del acusado, jueces y ministerio público de parte de los victimarios; gobernantes nacionales, distritales, departamentales y municipales al margen de las necesidades del pueblo, encuestas de opinión que sustituyen los mecanismos legítimos de participación ciudadana, presupuestos participativos con ejecuciones que en nada guardan relación con la participación y con la necesidad; planes, programas y proyectos en el papel y sin pertinencia; servicios públicos domiciliarios sin cobertura rural y agua poco potable en gran parte del territorio; servicios públicos con restricción de acceso; victimas sin reparación; victimarios sin sanción; insurgencia; poderes públicos que no colaboran armónicamente; falsos positivos; falsos verdaderos; vulneraciones al debido proceso; desaparición y desplazamiento forzado; niños sin educación cívica y adultos mal educados en ella; vulneración y amenaza a derechos como la intimidad y las libertades de conciencia, expresión y movilidad; compra de testigos; Concejales que transitan a toda marcha por la vía... de la ilegalidad, exconcejales que extorsionan a los Alcaldes; hijos que matan y abandonan a sus padres; niños en la calle; igualdad relativa; gobernantes que bombardean la población civil; aviones utilizados como proyectiles; notarias y oficinas de registro de instrumentos públicos que falsean la propiedad; deportes con barras bravas que matan o maltratan; animales abusados por humanos; impuestos sin cancelar; despidos sin justa causa; acoso laboral; niños criminales; trata de personas; violación a los derechos humanos; reformas administrativas que deforman lo administrativo; Abogados sancionados y Abogados sin sanción y  algunos hasta sin honra y honor; profesionales de otras disciplinas ocupando cargos de abogados y deshonrando su propia profesión; clínicas ilegales de abortos; clínicas legales que no dan confianza o no dan respuesta o no dan la atención; proyectos de ley que desconocen la unidad de materia; directivas ministeriales que contravienen la Constitución y la Ley; decisiones judiciales que en veces no amparan derechos ni de iguales y menos de los desiguales, sino que los vulneran; poder sin control, control sin poder y control sin control. 
 
Sin duda, la lista enunciada puede ser incluso más larga, pero con lo expuesto se  permite mantener la pregunta de ¿en dónde está el derecho? Y dado que no es una pregunta de poca monta, si no de grueso calado, sugiero para lograr respuestas, unas pistas de corte metafórico,  ya que las respuestas de contenido epistemológico requerirán un poco más de tiiempo y esfuerzo.  Esas metafóricas respuestas sobre ¿en dónde está el derecho? las esbozo así:
 
-         El derecho está enfermo y no cumple su función porque el sistema de seguridad social no cubre los medicamentos que necesita para recuperarse.

-         Está secuestrado y todavía no hay señales de supervivencia o está haciendo la paz en alguna parte.

-         Está estudiando y por lo tanto aún no tiene título de idoneidad para operar o suspendió su estudio porque no ha podido con los intereses del crédito educativo que otorga el ICETEX y aunque el programa “Ser Pilo Paga”, no todos pueden acceder a él

-         Es invisible y no hay un mecanismo que lo detecte o es ignorado por el legislador y, en veces,  por jueces,  fiscales y los órganos de control,

-         El derecho está representado en los ancianos, discapacitados y habitantes de calle, todos ellos ignorados que reflejan lo que familias y el Estado aún no han hecho o han dejado de hacer.

-         El derecho como la justicia tiene una relativa ceguera y por lo tanto no sabe a qué, cómo y a quién le es útil o servir. O lo saben algunos para algunos.

-         El derecho está en la Constitución Política de un Estado y/o en la ley, pero… si es verdad lo que dicen de que la Constitución es letra muerta, es que ¿el derecho está muerto?
 
- El derecho está en manos de algunos Legisladores, Gobernantes, Jueces y Magistrados y funcionarios que no son dignos para tener en sus manos la facultad de realizarlo?

Lo que se diga para dar cuenta sobre ¿en dónde está el derecho?, sin duda, es especulación, dado que las pistas no son claras, las pruebas no son suficientes y los pocos indicios que pudieren mostrar el camino no se pueden tener en consideración porque al no saber en dónde está el derecho, estas pruebas estarían al margen de él.

Como lo precisé al principio de este escrito, Francesco Carnelutti indicó que “el derecho nace bajo el signo de la contradicción: se sirve de la guerra para combatir la guerra; para que el bandido no ataque al caminante (persona de a pie y de bien), el carabinero ataca al bandido (Estado y fuerza pública legítima)” y si eso es así: ¿En dónde está el derecho si lo que presenciamos es que el carabinero se comporta como un bandido y ataca al caminante? ¿en dónde está  el derecho para el caminante, para el hombre de bien aunque no  haga el bien, o para el que ha hecho el mal con razón o sin ella? Y ¿en dónde está  derecho para las víctimas a quienes no solo se les reconozca su derecho, sino que se les garantice? ¿En dónde está el derecho de las libertades y de la igualdad y de la confianza legítima y del debido proceso?

Muchos iusteóricos se han ocupado de responder a la pregunta: ¿qué es el derecho? como una auscultación a su naturaleza y aunque no hay consenso sobre las respuestas, es claro que respuestas hay y en un buen número que permiten determinar que el derecho existe y que es una realidad natural, teórica, normativa, práctica, en fin y qué es el medio para alcanzar, tal vez, la justicia o el orden u otra cosa. Hoy, a la comunidad jurídica, incluida la que se encuentra en formación, nos queda responderle a la humanidad en dónde está el derecho y sobre todo el derecho de los derechos. Y nos queda, además, el imperativo de reivindicarlo, porque si bien el Derecho es un campo del conocimiento para abogados, en especial debe serlo para quienes no lo son, ya que como el caminante de Carnelutti, los no Abogados, son quienes, más a menudo, encuentran conculcados o vulnerados sus derechos y sólo el derecho válido, desde la triada de validez jurídica, validez moral y validez social, se cree, puede tener la entidad de restablecérselos para que, parafraseando a Carnelutii: ni el bandido, ni el carabinero, le disparen al caminante.


BIBLIOGRAFÍA
 
ALEXY, Robert. Concepto y Validez del Derecho, Barcelona: Gedisa, 1994, pp. 87-22.
 
CARNELUTTI, Francesco. Traducción de Santiago Sentis Melende y Marino Ayerra Redín Cómo nace el derecho. Editorial TEMIS S.A. Bogotá Colombia. 2004. Pág. 96
 
COLOMBIA.  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política (4, julio, 1991). Gaceta Constitucional. Bogotá.  no. 116.
COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-406 (5, junio, 1992).  Magistrado Ponente: Dr.  Ciro Angarita Baron.  Exp:. No. T-778
COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-426 (24, junio, 1992).  Magistrado Ponente: Dr.  Eduardo Cifuentes Muñoz.  Exp:. No. T-824
COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-572 (26, octubre, 1992).  Magistrado Ponente: Dr.  Jaime Sanin Greiffenstein.  Exp:. No. T-2975
 
Villar Borda, Luis. Estado de derecho y Estado social de derechoRevista Derecho del Estado [en linea] 2007, (Diciembre-Sin mes) : [Fecha de consulta: 31 de julio de 2015] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337630229006> ISSN 0122-9893


Gloria Yaneth Vélez Pérez
Abogada
Especializada en Derecho Civil - Área Pruebas Civiles
Especializada en Derecho Público
Candidata a Magister en Derecho Procesal
Candidta a Doctora en Derecho
Conciliadora en Derecho
Directora Portal www.vozjuridica.com
Email:  direccion@vozjuridica.com
3108371657